Ana Carolina Zamora Alfonzo y Otros.
Expediente 22/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 21/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ana Carolina Zamora Alfonzo y Otros.
- Ana Carolina Zamora Alfonzo
- Fernanda Zamora Alfonzo y Otros.
- Fernanda Zamora Alfonzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 9149/2018 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de dieciocho de junio pasado y se le enviaron dos tomos de pruebas que contenía copias certificadas del expediente C166/2010, de su estadística.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracciones I y III del referido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión, deberá ser destruido en el plazo a que alude dicha disposición, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponda en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de dos tomos de pruebas consistentes en copias certificadas del juicio 166/2010 que como justificación a su informe anexó el Juez Segundo Civil, de Partido con sede en esta ciudad, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tienen aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." A manera de preámbulo, conviene señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y protección de la justicia federal, entre los que destaca el de la fracción III, que estatuye que se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mencionado ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en la fracción III, del artículo 5º, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto. A fin de comprender por qué se actualiza la causal de improcedencia en análisis, conviene señalar que en su escrito de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado: IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; "Se reclama de la autoridad responsable, el acuerdo tomado en fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete y cuya notificación se me realizó mediante correo el día cuatro de enero de dos mil dieciocho, por el cual faltando a los derechos fundamentales de mis menores hijas, ordena se cumpla con unas visitas decretadas en una sentencia de veintitrés de marzo de dos mil once; sin tomar en consideración el tiempo transcurrido, la nueva edad de las menores, la vista que necesariamente debió otorgar como principio de contradicción, en beneficio e interés superior de las menores." Cabe señalar que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la afectación de la que se duele la parte quejosa consiste en: La determinación de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante la que se ordenó el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil C166/2010 del índice del Juzgado de Partido Segundo Civil residente en esta ciudad, y como consecuencia que se efectuaran las convivencias familiares entre ********** y ********** ambas de apellidos **********, con su padre **********; así como su ejecución. Ahora bien, de lectura de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló como autoridad responsable al Juez de Partido Segundo Civil residente en esta ciudad. Asimismo, cabe señalar que aunque el juicio que dio origen al acto reclamado se tramita ante el Juzgado de Partido Segundo Civil residente en esta ciudad, lo cierto es que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar en la ciudad de San Luis Potosí, en razón de que para hacer cumplir su determinación, la autoridad ordenadora libró exhorto al juez competente en turno en San Luis Potosí, a fin de que se sirviera dar cumplimiento a la referida sentencia en cuanto a las convivencias de las menores con su progenitor; comunicación de la que tocó conocer al Juez Tercero de los Familiar con residencia en la capital de aquel estado, quien el doce de junio de dos mil diecisiete ordenó cumplimentar en sus términos la encomienda solicitada. Por tal motivo, el treinta de abril del presente año se requirió a la parte quejosa por conducto del representante especial licenciado Romeo Ramón Vasco Reyes, para que en el plazo de quince días ampliara su demanda por lo que se refería al señalamiento de la autoridad ejecutora con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, con el apercibimiento que de hacerlo se proseguiría la secuela procesal teniendo únicamente como autoridad responsable y acto reclamado el señalado en el escrito inicial de demanda. En ese sentido, el representante especial incumplió con dicho requerimiento, motivo por el cual en proveído de veinticuatro de los actuales se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó continuar con la secuela procesal del juicio teniendo como autoridad responsable, únicamente a la señalada en el escrito inicial de demanda. En ese contexto, si de autos se desprende que se dio oportunidad al representante especial de las menores quejosas, a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Tercero de lo Familiar, residente en la ciudad de San Luis Potosí, sin que lo hubiera hecho. En virtud a lo anterior, es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues, al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno a la parte quejosa para que la señalaran como responsable, o sea, se le dio la oportunidad para ello, ésta no cumplió con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque el Juez Tercero de lo Familiar, residente en la ciudad de San Luis Potosí fue el que ejecutó la orden de cumplimiento de régimen de convivencias establecidas en la sentencia dictada dentro del juicio civil C166/2010; por tanto, es precisamente a quien corresponde defender la constitucionalidad de los pormenores de dicho acto, al ser de su exclusiva responsabilidad. Luego, si fácticamente no se llamó a juicio a la autoridad que ejecutó la orden de cumplimiento de régimen de convivencias establecidas en la sentencia dictada dentro del juicio civil C166/2010, porque la parte quejosa soslayó el requerimiento en ese sentido, es inconcuso que respecto del acto reclamado que se analiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del diverso numeral 108, del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO: Visto el estado de autos, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." A manera de preámbulo, conviene señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y protección de la justicia federal, entre los que destaca el de la fracción III, que estatuye que se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mencionado ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en la fracción III, del artículo 5º, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto. A fin de comprender por qué se actualiza la causal de improcedencia en análisis, conviene señalar que en su escrito de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado: IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; "Se reclama de la autoridad responsable, el acuerdo tomado en fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete y cuya notificación se me realizó mediante correo el día cuatro de enero de dos mil dieciocho, por el cual faltando a los derechos fundamentales de mis menores hijas, ordena se cumpla con unas visitas decretadas en una sentencia de veintitrés de marzo de dos mil once; sin tomar en consideración el tiempo transcurrido, la nueva edad de las menores, la vista que necesariamente debió otorgar como principio de contradicción, en beneficio e interés superior de las menores." Cabe señalar que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la afectación de la que se duele la parte quejosa consiste en: La determinación de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante la que se ordenó el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil C166/2010 del índice del Juzgado de Partido Segundo Civil residente en esta ciudad, y como consecuencia que se efectuaran las convivencias familiares entre ********** y ********** ambas de apellidos **********, con su padre **********; así como su ejecución. Ahora bien, de lectura de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló como autoridad responsable al Juez de Partido Segundo Civil residente en esta ciudad. Asimismo, cabe señalar que aunque el juicio que dio origen al acto reclamado se tramita ante el Juzgado de Partido Segundo Civil residente en esta ciudad, lo cierto es que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar en la ciudad de San Luis Potosí, en razón de que para hacer cumplir su determinación, la autoridad ordenadora libró exhorto al juez competente en turno en San Luis Potosí, a fin de que se sirviera dar cumplimiento a la referida sentencia en cuanto a las convivencias de las menores con su progenitor; comunicación de la que tocó conocer al Juez Tercero de los Familiar con residencia en la capital de aquel estado, quien el doce de junio de dos mil diecisiete ordenó cumplimentar en sus términos la encomienda solicitada. Por tal motivo, el treinta de abril del presente año se requirió a la parte quejosa por conducto del representante especial licenciado Romeo Ramón Vasco Reyes, para que en el plazo de quince días ampliara su demanda por lo que se refería al señalamiento de la autoridad ejecutora con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, con el apercibimiento que de hacerlo se proseguiría la secuela procesal teniendo únicamente como autoridad responsable y acto reclamado el señalado en el escrito inicial de demanda. En ese sentido, el representante especial incumplió con dicho requerimiento, motivo por el cual en proveído de veinticuatro de los actuales se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó continuar con la secuela procesal del juicio teniendo como autoridad responsable, únicamente a la señalada en el escrito inicial de demanda. En ese contexto, si de autos se desprende que se dio oportunidad al representante especial de las menores quejosas, a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Tercero de lo Familiar, residente en la ciudad de San Luis Potosí, sin que lo hubiera hecho. En virtud a lo anterior, es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues, al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno a la parte quejosa para que la señalaran como responsable, o sea, se le dio la oportunidad para ello, ésta no cumplió con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque el Juez Tercero de lo Familiar, residente en la ciudad de San Luis Potosí fue el que ejecutó la orden de cumplimiento de régimen de convivencias establecidas en la sentencia dictada dentro del juicio civil C166/2010; por tanto, es precisamente a quien corresponde defender la constitucionalidad de los pormenores de dicho acto, al ser de su exclusiva responsabilidad. Luego, si fácticamente no se llamó a juicio a la autoridad que ejecutó la orden de cumplimiento de régimen de convivencias establecidas en la sentencia dictada dentro del juicio civil C166/2010, porque la parte quejosa soslayó el requerimiento en ese sentido, es inconcuso que respecto del acto reclamado que se analiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del diverso numeral 108, del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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