Ana Carolina Presenda Priego
Expediente 1135/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 41 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1135/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ana Carolina Presenda Priego
- Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Jusiticia del Estado de Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguese a los autos el escrito signado por José Cornelio López, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita copia certificada por duplicado del análisis de cumplimiento de dos de los actuales y la sentencia dictada en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las reproducciones indicadas, hágase entrega de ellas a cualquiera de las personas que autoriza para tal efecto, previa firma de recibo que otorguen en autos. En la inteligencia que previo a ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la entrega del citado documento. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 16/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, a través del cual devuelve el diverso 26932/2022 de dos de los actuales, mediante el cual se le comunicó que la ejecutoria dictada en el presente asunto quedó cumplida, toda vez que en el apartado de antecedentes se asentó que la sentencia dictada fue el veintiocho de noviembre de dos mil veintiocho. Al respecto, se le hace saber a la autoridad responsable que, como se advierte del estado procesal de autos, la sentencia de referencia se emitió el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, reenvíese el precitado oficio a la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, a través del cual informa que le remitió a su homologo Juez Segundo Penal, el oficio 26931/2022 de dos de los actuales, relacionado con el presente asunto, por el que se declaró cumplido el fallo protector; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación, se tiene que la parte tercero interesada desahogó vista ordenada en auto de dieciocho de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintiocho, se negó el amparo y la protección de la justicia federal a Ana Carolina Presenda Priego, Lorena Leticia Priego Castillo y José Aranda Martínez. Inconforme con la anterior determinación interpusieron recurso de revisión que fue registrado con el número 28/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Mediante oficio recibido el treinta de mayo de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 28/2019 de su índice, de la que se advierte que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto al acto reclamado consistente en la confirmación de la interlocutoria de revisión de medida cautelar promovido por Ana Carolina Presenda Priego y José Aranda Martínez, por las razones expuestas en el considerando séptimo. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana Carolina Presenda Priego, en contra del acto y de las autoridades señaladas en la sentencia recurrida, por las razones expuestas en el considerando octavo. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ana Carolina Presenda Priego, en contra del acto y de las autoridades señaladas en la sentencia recurrida, por las razones expuestas en el considerando noveno. QUINTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lorena Leticia Priego Castillo, en contra del acto y de las autoridades señaladas en la sentencia recurrida, por las razones expuestas en el considerando décimo". Por oficio recepcionado el dos de junio de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en la ciudad, remitió copia certificada de la sentencia de esa misma fecha, emitida en el Toca Penal 047/2018-I de su índice, derivado de la causa penal 03/2017 acumulada al 148/2014, así como la boleta de libertad relativa. En resolución de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo y se requirió lo conducente a la autoridad responsable. Por oficio recibido el veintisiete de junio de dos mil veintidós, la Sala responsable remitió copia certificada de la sentencia de veinticuatro del referido mes, emitida en el Toca Penal 047/2018-I de su índice, derivado de la causa penal 03/2017 acumulada al 148/2014. En resolución de doce de julio de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo y se requirió lo conducente a la autoridad responsable. Mediante oficio recibido el quince de julio de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en la ciudad, remitió copia certificada de la sentencia de esa misma fecha, emitida en el Toca Penal 047/2018-I de su índice, derivado de la causa penal 03/2017 acumulada al 148/2014. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 28/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal Décimo Circuito, se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto al acto reclamado consistente en la confirmación de la interlocutoria de revisión de medida cautelar promovido por Ana Carolina Presenda Priego y José Aranda Martínez, por las razones expuestas en el considerando séptimo. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana Carolina Presenda Priego, en contra del acto y de las autoridades señaladas en la sentencia recurrida, por las razones expuestas en el considerando octavo. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ana Carolina Presenda Priego, en contra del acto y de las autoridades señaladas en la sentencia recurrida, por las razones expuestas en el considerando noveno: QUINTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lorena Leticia Priego Castillo, en contra del acto y de las autoridades señaladas en la sentencia recurrida, por las razones expuestas en el considerando décimo.". Del examen de la ejecutoria de mérito, se obtiene que se concedió la protección constitucional a Ana Carolina Presenda Priego, por las siguientes consideraciones: ". No obstante, lo anterior este órgano colegiado advierte que tanto el auto de formal prisión de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que se confirmó en este mismo recurso, como en el auto de formal prisión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete materia de este estudio, se emite por los mismos hechos, por el mismo delito y sustentado en los mismos documentos nominativos -cheques- identificados con los números 1564, 1657, 933475, 933496, 932945, 933720, 933502, 9333830 y 933815. [.] Determinándose así que al existir un doble reproche se vulnera el principio de non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces por el mismo delito, pues ha quedado evidenciado que ambos autos de formal prisión reclamados fueron emitidos por los mismo hechos, delito y sustentado en los mismos documentos nominativos en contra de la misma persona, Ana Calorina Presenda Priego, en agravio de la propia persona moral ofendida, sin que se advierta diversidad alguna. Para poner en contexto la violación invocada es oportuno traer colación las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3731/2015, en la que en síntesis sostuvo lo siguiente: Indicó que el principio de prohibición de doble juzgamiento o non bis in ídem es una máxima trascendental para el derecho penal, que se encuentra consagrada en el texto de la primera parte del artículo 23 Constitucional, que textualmente establece: "Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. [.]" Sostuvo la Primera Sala del Alto Tribunal que la esencia normativa de este precepto que consagra el principio non bis in ídem, es la de que nadie pueda ser sometido a un proceso más de una vez y, en consecuencia, que tampoco pueda ser doblemente sancionado por los mismos hechos. Además, que la prohibición de doble juzgamiento recae en los hechos atribuidos que configuran una conducta delictuosa concreta y no a la denominación general del delito. Que, desde una perspectiva de corte convencional, el citado principio se encuentra previsto en el artículo 8.4 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos, que establece: "Artículo 8. Garantías Judiciales. [.] 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos." De igual manera, se encuentra reconocido en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece: "Artículo 14. [.] 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país." Tal figura está dirigida a dotar de seguridad jurídica a todo gobernado frente a la actuación represiva del Estado, ya que la circunstancia de que una persona pueda ser procesada o sancionada por segunda ocasión con respecto a un mismo hecho, atenta contra la dignidad humana, la libertad, la presunción de inocencia y, en general, al debido proceso, todo esto derivado del ejercicio excesivo o arbitrario del Estado. De esta forma, la prerrogativa constitucional y convencional en estudio, prohíbe la persecución penal múltiple, en otras palabras, que alguien sea juzgado más de una vez por la misma conducta delictuosa o por los mismos hechos constitutivos de un delito previsto por la ley, por lo que lo importante es que no se haga más de un pronunciamiento en relación con una conducta concreta, ya sea que obtenga una sentencia condenatoria o absolutoria. Esto es, constituye un derecho de libertad y de legalidad en favor de todo gobernado la imposibilidad de ser objeto de una persecución estatal doble o bien, ser sancionado con la imposición de varias penas por un mismo hecho. Luego, derivado del análisis de los instrumentos jurídicos citados, la doctrina constitucional sostiene que el principio en estudio tiene dos modalidades: 1) Una vertiente sustantiva o material, consistente en que nadie debe ser castigado dos veces por la misma conducta. Con lo que se veda la plural de consecuencias jurídicas sobre una misma infracción; y, 2) La vertiente adjetiva-procesal, que consiste en que nadie debe ser juzgado o procesado dos veces por el mismo hecho, siempre que sobre el mismo haya recaído una sentencia firme, auto de sobreseimiento, o confirmación del no ejercicio de la acción penal definitivo. Por lo que hace a la vertiente o modalidad adjetiva-procesal el principio en estudio prohíbe un segundo procesamiento con relación a un mismo delito; en este supuesto el presupuesto radica no en el delito, sino el hecho, por lo que la consecuencia sería evitar el segundo proceso. Así, se constituye como una protección prejudicial, precisamente para evitar la carga de una segunda tramitación procesal. Es importante destacar que la vulneración al derecho humano sobre la prohibición de doble juzgamiento por los mismos hechos, debe ser analizada oficiosamente por los órganos ministeriales y jurisdiccionales, con independencia de que las propias partes lo hayan hecho valer; examen que además, es procedente en cualquier etapa del proceso, lógicamente incluida la fase de recursos ordinarios e incluso, en sede constitucional de amparo. Esto, al tratarse de una violación directa al artículo 23 Constitucional. Así, la Primera Sala a manera de conclusión dijo que el derecho fundamental en examen es un principio de derecho que respeta la dignidad humana, al prohibir expresamente la doble persecución, procesamiento o juzgamiento de una misma persona con relación a un mismo hecho. Es de carácter personal y absoluto, y se proyecta en todos los sistemas punitivos, exigiendo que el ejercicio del derecho sancionador estatal se realice de manera armónica, sistemática y articulada cuya eventual vulneración es de estudio oficioso y preferente para todos los órganos del Estado. Luego que la prohibición de doble juzgamiento a que se refiere el precepto constitucional en mención, en sus vertientes sustantiva o adjetiva, se refiere a los hechos que describen una determinada conducta sancionable en el derecho penal. De esa forma, los hechos atribuidos a una misma persona, que son materia de procesamiento o decisión definitiva no deben referirse a la misma denominación de delito previsto en un mismo ordenamiento o en uno de distinto fuero, basta que se describa el mismo hecho. Porque si bien la vertiente adjetiva-procesal del principio de prohibición de doble juzgamiento se refiere a que una persona no puede ser procesada dos veces por los mismos hechos que constituyan la misma conducta tipificada como delito, pero que cuando esto ocurre, la consecuencia posible a dicha afectación es la anulación de uno de esos procesos, pero no la absolución en ambos asuntos, pues de proceder así generaría impunidad, situación que es incompatible con los propósitos garantistas del artículo 23 Constitucional. De la ejecutoria que se sintetiza surgió la tesis 1a. LXV/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2011235, Materias(s) Constitucional, Penal, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I, página 988, de rubro y texto siguiente: "NON BIS IN IDEM. LA VIOLACIÓN A ESTE PRINCIPIO SE ACTUALIZA CON LA CONCURRENCIA DE LA MISMA CONDUCTA TÍPICA ATRIBUIDA AL INCULPADO EN DISTINTOS PROCESOS, AUN CUANDO ESTÉ PREVISTA EN NORMAS DE DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS O EN DISTINTOS FUEROS. Conforme a la doctrina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado del principio non bis in idem derivado del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe el doble juzgamiento a una persona en sus vertientes sustantiva o adjetiva, se actualiza la transgresión a dicho principio cuando concurran tres presupuestos de identidad: a) en el sujeto, b) en el hecho; y, c) en el fundamento normativo. Respecto del último inciso, el fundamento jurídico que describe y sanciona la conducta atribuida al inculpado no debe estar necesariamente previsto en el mismo cuerpo normativo, pues puede ocurrir que se instruya otro proceso penal a una persona por los mismos hechos, pero previstos en una legislación diversa, correspondiente a otra entidad federativa o en distinto fuero, lo que es compatible con la interpretación que sobre ese principio ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Loayza Tamayo vs. Perú, en relación con el artículo 8, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De esta forma, los hechos atribuidos a una persona, materia de procesamiento o decisión definitiva (condena o absolución), no deben referirse exclusivamente a la misma denominación de delito previsto en un solo ordenamiento o en uno de distinto fuero, pues basta que se describa el mismo hecho punible para que exista transgresión al principio non bis in ídem". Bajo ese tenor, resulta que si bien el agente del Ministerio tiene facultades para instar diversa persecución penal, cuando advierta la posible existencia de diverso delito al perseguido en un primer ejercicio de la acción penal, sin embargo, para tales efectos debe entenderse como delito al conjunto de actos que integran el hecho criminoso, así si se advierte un delito diverso este supone un conjunto de actos objetivamente diferentes de los que constituyen el primer hecho delictuoso, de ahí que, ante el nuevo delito advertido para desplegar la persecución legal sin modificar el principio de que todo proceso debe seguirse forzosamente por el o los delitos contemplados en el auto de formal prisión, se faculta al Ministerio Público incoar otra averiguación, ello con la finalidad de que sobre todo delito que se impute al inculpado, haya una resolución expresa que declare su presunta responsabilidad, para que el procesado tenga conocimiento exacto de cuáles son los hechos delictivos que se le imputan, y cuáles fueron los elementos que se tuvieron en cuenta para presumirlo responsable de ese hecho, a fin de poder normar su defensa. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 16/95 de la también Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 200444, Novena Época, Materia Penal, Constitucional, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, página 119, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO, LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL PARA INICIAR OTRA AVERIGUACIÓN POR DELITO ADVERTIDO DESPUÉS DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, GARANTIZA LA DEFENSA DEL INCULPADO. En el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, se establece que el proceso se seguirá por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión y que, si en el curso del procedimiento aparece que el reo ha cometido un delito diverso del perseguido, éste deberá ser objeto de averiguación por separado. Ahora bien, la palabra "delito" no significa la clasificación jurídica que, de los hechos atribuidos al procesado, hace la ley, sino el conjunto de actos que integran el hecho criminoso. Así, por "delito diverso", debe entenderse según la recta interpretación de la ley, un conjunto de actos objetivamente diferentes de los que constituyen el primer hecho delictuoso, de ahí que, ante el nuevo delito advertido para desplegar la persecución legal sin modificar el principio de que todo proceso debe seguirse forzosamente por el o los delitos contemplados en el auto de formal prisión, se faculta al Ministerio Público incoar otra averiguación, ello con la finalidad de que sobre todo delito que se impute al inculpado, haya una resolución expresa que declare su presunta responsabilidad, para que el procesado tenga conocimiento exacto de cuáles son los hechos delictivos que se le imputan, y cuáles fueron los elementos que se tuvieron en cuenta para presumirlo responsable de ese hecho, a fin de poder normar su defensa, respondiendo a los cargos que se le hacen con las comprobaciones y argumentaciones procedentes". Así como la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 301151, Quinta Época, Materia Penal, Fuente Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCIX, página 190, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN (CLASIFICACIÓN DEL DELITO). El error cometido, en la clasificación del delito, al dictarse la formal prisión, no es fundamento legal para conceder el amparo contra el auto que la decretó; y con ello no se viola la garantía que consagra el artículo 19 constitucional, ya que, si bien éste previene que el proceso se seguirá por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión, la connotación de la palabra delito que utiliza el artículo 19 constitucional, no es la del concepto jurídico, sino que debe referirse al conjunto de circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, y los datos que origine la averiguación previa; el artículo 23 de la Constitución Federal, al establecer que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, aclara el sentido de este propio vocablo, pues sería absurdo que con sólo variar la clasificación jurídica de los hechos, se pudiera juzgar indefinidamente a un mismo proceso, absurdo que se evita con atender a que los hechos son los que deben ser contemplados para no juzgar dos veces a la persona que los ejecute." De igual manera ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 15/95, de la Primera Sala del Alto Tribunal del país, Registro digital 200442, Novena Época, Materia Penal, Constitucional, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Noviembre de 1995, página 97, de rubro y texto siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO AL INCOAR OTRA AVERIGUACIÓN POR DELITO DIVERSO AL INCULPADO ADVERTIDO CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, NO INFRINGE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. El Ministerio Público al incoar una nueva averiguación por cuerda separada, apoyada en hechos de los que ya tenía conocimiento al integrar la primera indagatoria en contra del indiciado, no contraría lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, porque la omisión o el error en que incurrió el representante social al no ejercitar la acción penal en la primigenia averiguación por todos los delitos, no genera la invalidez de la acción persecutoria que realizó posteriormente por delito diverso que derivó del mismo conjunto de actos que motivaron la instauración del procedimiento penal, en virtud de que con la reforma al invocado precepto constitucional en el segundo párrafo en el sentido de cambiar el vocablo "acusación" por el de "averiguación separada", se busca evitar la práctica del Ministerio Público en situaciones como la mencionada de limitarse a ampliar el ejercicio de la acción penal, exigiéndosele ahora que si aparece delito distinto del que se persigue, deberá ser materia de averiguación separada, entendiendo que la palabra delito distinto se refiere a que sean hechos delictivos diferentes, pues la circunstancia de que las conductas desplegadas por el activo integren a la vez varias figuras delictivas es legal, en razón de que, lo que importa es que no se haga más de un pronunciamiento en relación con una conducta concreta". En las relatadas condiciones lo procedente es revocar en esta parte la sentencia sujeta a revisión y conceder a Ana Carolina Presenda Priego el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, proceda a dejar insubsistente el auto de formal prisión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 03/2017 acumulada a la diversa 148/2014 y, en su lugar, emita una nueva resolución, en la que, con base a los argumentos esgrimidos en esta ejecutoria, emita auto de libertad a favor de la quejosa Ana Carolina Presenda Priego; con las consecuencias legales inherentes a dicha determinación.". De los alcances y efectos de la aludida ejecutoria, se obtiene que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, autoridad responsable, se encontraba constreñida a dejar insubsistente el auto de formal prisión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 03/2017 acumulada a la diversa 148/2014 y, en su lugar, con base en los argumentos esgrimidos en el fallo protector, emitir auto de libertad a favor de la quejosa Ana Carolina Presenda Priego, con las consecuencias legales inherentes a dicha determinación. Al respecto, de las constancias remitidas por la referida Sala, se advierte que en resolución de dos de junio de dos mil veintidós, dejó insubsistente el precitado auto de formal prisión, así como el último párrafo del punto segundo resolutivo y su respectivo considerando de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca 47/2018-I, que confirmó el referido auto. De igual forma, revocó el auto de término constitucional de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, que decretó la formal prisión de Ana Carolina Presenda Priego, por el delito de encubrimiento por receptación, cometido en agravio de Inmobiliaria Grijalva, Sociedad Anónima de Capital Variable, dictado en la causa penal 03/2017 acumulada a la diversa 148/2014. En su lugar, emitió auto de libertad por doble juzgamiento a favor de Ana Carolina Presenda Priego, ordenando expedir la boleta de libertad correspondiente. Sobre el particular, la quejosa Ana Carolina Presenda Priego, al desahogar la vista relativa, adujo que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida porque, al momento de su notificación no le fue otorgada la boleta de libertad. No obstante, en los anexos proporcionados por la autoridad responsable obra la referida boleta, con la firma de recepción de la aludida quejosa. Por otra parte, del examen de la ejecutoria de mérito, se obtiene que se concedió la protección constitucional a Lorena Leticia Priego Castillo, sustancialmente, por las siguientes consideraciones: "... No obstante, lo insuficiente de los argumentos vertidos por el representante social, la Sala responsable al reasumir jurisdicción, estableció que era improcedente modificar o sustituir la medida cautelar de prisión preventiva sobre la base de que subsisten el peligro de sustracción de la justicia, atendiendo a que la inculpada no acreditó contar con arraigo en el lugar donde será juzgada, que su comportamiento posterior al hecho cometido y durante el procedimiento ha sido inadecuado, y atendiendo a que el delito por el que se le juzga es calificado como grave, así como en relación al máximo de la pena que puede llegar a imponérsele, determinó improcedente la sustitución de la medida de prisión preventiva por otra diversa de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, pasó por alto que, tratándose de la revisión de la medida cautelar en cuestión, la representación social tiene la carga de investigar y acreditar la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla. Pues no puede perder de vista que se trata de una medida que debe ser justificada, tanto en su imposición, como en la subsistencia de esta, al no encuadrar en los casos de prisión preventiva oficiosa. Y la justificación de su imposición, como su subsistencia, compete al agente del Ministerio Público. Aunado a ello, de la resolución reclamada se advierte que la alzada consideró en su decisión la gravedad del delito y el máximo de la pena que pudiera establecerse. En efecto, la responsable aduce que la modificación de la medida cautelar es improcedente porque se trata de un delito grave y que por ese delito a la procesada Lorena Leticia Priego Castillo, se le podría imponer de cuatro años seis meses a once años de prisión, y para el caso de que alcanzara la mínima, no tendría ningún beneficio ni sustitutivo, por lo que dicha circunstancia tampoco les favorece. Sin embargo, la alzada omite establecer los hechos y la correlación con los numerales en que se apoya, para poder determinar que el delito por el que se les dictó auto de formal prisión a las aquí impetrantes de amparo es grave y por ello no se puede modificar la medida cautelar respectiva, sin hacer mayor análisis al respecto, que permita advertir que en efecto el delito de que se trata es grave. Tal análisis es indispensable si se toma en cuenta que tanto el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, instituyen que la imposición de la prisión preventiva oficiosa, se reduce a los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose delos delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Como quedó establecido, la representación social tiene la carga de investigar y acreditar la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar y la necesidad, en su caso, de mantenerla, sin embargo, de los argumentos vertidos por este no se advierte que el ministerio público, haya vertido manifestaciones en torno a porque ninguna otra medida puede asegurar la presencia de la imputada al proceso, o porque no consideró verifico la existencia del domicilio de la imputada en la ciudad de Villahermosa. Por tanto, la Sala no puede tomar esa decisión excepcional, de manera unilateral, menos sobre la base del máximo de la pena que pudiera imponérsele a las imputadas, como únicas razones para mantenerla. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia VI.2o.P. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Libro 60, noviembre de 2018, Tomo III, página 2077, con número de registro 2018459, del siguiente rubro y texto: "PRISIÓN PREVENTIVA. LA PENA MÁXIMA COMO ÚNICA RAZÓN PARA JUSTIFICAR SU IMPOSICIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR, VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL, CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 7 Y 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, ya que debe solicitarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Asimismo, precisa que la prisión preventiva procede oficiosamente cuando se trata de delitos muy específicos y de alto impacto, como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Por su parte, el artículo 20, apartado B, fracción I, de la propia Constitución, regula el principio de presunción de inocencia, que implica que toda persona debe ser tratada como inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio mediante una sentencia, impidiendo, en la mayor medida posible, la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. De igual forma, de los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal; y que todo inculpado por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. En ese orden de ideas, la necesidad de la prisión preventiva en función únicamente de la pena de prisión que prevé el hecho delictuoso señalado por la ley como delito, deviene contraria a los preceptos constitucionales y tratado internacional invocados, pues atento al carácter excepcional de la medida cautelar en análisis, como al principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, su imposición con el solo argumento de la penalidad es una postura anticipada sin justificación alguna, pues se tiene por cierto que el imputado se sustraerá del procedimiento penal con base en la posible imposición de la pena de prisión que el tipo penal sanciona. Máxime si se tiene en cuenta que la fracción II del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales expresa que para decidir sobre el peligro de sustracción del imputado, deberá atenderse al máximo de la pena que, en su caso, pudiera llegar a imponerse de acuerdo con el delito de que se trate y a la actitud que voluntariamente adopte el imputado, de lo que se advierte que el factor relativo al máximo de la pena no debe ponderarse aisladamente, sino en conjunto con las circunstancias señaladas". De ahí que le asista la razón a la impetrante de amparo, pues, como se evidenció, la resolución reclamada contiene una indebida y deficiente fundamentación y motivación, motivo por el cual la resolución reclamada resulta violatoria de los derechos de la quejosa contenido en los artículos 16 y19 constitucionales.". En la nueva sentencia, la autoridad responsable dejó insubsistente, por lo que hace a Lorena Leticia Priego Castillo, la resolución de tres de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 47/2018-1, mediante la cual se confirmaron las interlocutorias de veintinueve de junio y tres de julio de dos mil diecisiete, dictadas en el incidente de revisión y sustitución de la medida cautelar de. prisión preventiva, y, por ende, los párrafos tercero y cuarto del punto segundo resolutivo y su respectivo considerando, de la determinación de veintiocho de junio de de mil dieciocho, así como el punto cuarto resolutivo y su respectivo considerando, de la resolución de dos de junio de dos mil veintidós, y el punto tercero resolutivo y su correspondiente considerando del fallo de veinticuatro de junio del precitado año. De la resolución de mérito, se obtiene que, en lo que interese, la responsable estableció lo siguiente: De acuerdo con las consideraciones expuestas por la Sala de mérito, el artículo Quinto transitorio del Decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de, entre otros ordenamientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, no solo prevé el derecho del inculpado o imputado para solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva; también establece que, en términos de los numerales 153 a 171 del precitado ordenamiento jurídico, el Ministerio Publico investigará y acreditará lo conducente. En tanto que, al juez de la causa le corresponderá la evaluación del riesgo, para resolver sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese. Asimismo, la responsable consideró que la petición de sustitución de medida cautelar planteada por la defensa y la procesada, era procedente, toda vez que la fiscalía no justificó la necesidad de que siguiera subsistiendo la prisión preventiva. Al respecto, señaló que, si bien las medidas cautelares están dirigidas a garantizar el éxito del proceso y el cumplimiento efectivo de la sentencia, su existencia se justifica en el hecho de que las actuaciones procesales necesarias para la investigación del hecho delictivo y su presunto autor, requieren de un periodo de tiempo más o menos dilatado en función de la propia complejidad del caso, durante el cual existe el riesgo de que el imputado pueda ocultarse de la justicia o frustrar los efectos de la sentencia que pueda llegar a dictarse. Sobre el particular, dijo que los argumentos vertidos por la fiscalía, son insuficientes para establecer que se cumple con las exigencias para que siga subsistiendo la medida cautelar de referencia, estableciendo que "si bien la misma es excepcional, lo cierto es que la Fiscalía no justificó que resulte necesaria para asegurar la comparecencia de la imputada en el proceso, ni mucho menos justificó por qué otras medidas son insuficientes para asegurar la presencia de la procesada en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, testigos o evitar la obstaculización del procedimiento, siendo que esa carga procesal le corresponde al Ministerio Publico, además de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitan al juzgador determinar la subsistencia de la prisión preventiva y que esta medida resulte idónea, proporcional o necesaria, en términos del artículo 19 Constitucional y 153 al 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se advierte que la fiscal solicitó que subsista la prisión preventiva de la procesada Lorena Leticia Priego Castillo, argumentando que el último domicilio de la imputada fue en la Ciudad de México, que su conducta moral es reprochable y que el delito por el que se le juzga es considerado por la ley, en la época, tiempo y circunstancias en que ha ocurrido como grave, además que no es con respecto a los valores morales como se han conducido ante la sociedad la acusada, sino que su conducta es de menosprecio a esta pues abusando de su empleador, defraudó con su conducta la confianza depositada en ella, que con respecto al vínculo familiar este se encuentra desintegrado, que la procesada ha obstaculizado el proceso aun estando en prisión pues en la causa principal se evidencia que ha promovido diversos amparos obstaculizando el desahogo normal del proceso. Argumentos de la representación social que se estiman insuficientes para considerar improcedente modificar o sustituir la medida cautelar de prisión preventiva que fue solicitada, ya que no se puede tomar como base para negar dicha petición el peligro de sustracción de la justicia, atendiendo a que la inculpada no acreditó contar con arraigo en el lugar donde será juzgada, que su comportamiento posterior al hecho cometido y durante el procedimiento ha sido inadecuado, así como en relación al máximo de la pena que puede llegar a imponérsele; circunstancias que no inciden para negar la sustitución de la medida de prisión preventiva por otra diversa de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Perdiendo de vista la Fiscalía que desde que fue detenida la procesada, esto es el 26 de noviembre de 2014, con motivo de la orden de aprehensión de treinta de octubre de dos mil catorce, hasta la fecha en que promovió el incidente, 31 de mayo de 2017,habian transcurrido más de dos años. Lo anterior es así, ya que tratándose de la revisión de la medida cautelar en cuestión, la representación social tiene la carga de investigar y acreditar la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla. Pues no se puede perder de vista que se trata de una medida que debe ser justificada, tanto en su imposición, como en la subsistencia de esta, al no encuadrar en los casos de prisión preventiva oficiosa. Y la justificación de su imposici6n, como su subsistencia, compete al agente del Ministerio Publico. Por otro lado, la modificación de la medida cautelar no puede ser declarada improcedente por el hecho de que el delito sea grave y que por ese delito a la procesada Lorena Leticia Priego Castillo, se le podría imponer de cuatro años seis meses a once años de prisión, y para el caso de que alcanzara la mínima, no tendría ningún beneficio ni sustitutivo, por lo que dicha circunstancia no puede ser tomada en cuenta para negar la modificación de la medida cautelar, pues ello es tanto como prejuzgar la situación de la procesada, lo cual es propio de la sentencia definitiva. Lo anterior es así, ya que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, instituyen que la imposición de la prisión preventiva oficiosa, se reduce a los casos de .". Con motivo de lo anterior, la responsable estimó que no podía tomar esa decisión excepcional, de manera unilateral, menos sobre la base del máximo de la pena que pudiera imponérsele a la imputada, como únicas razones para mantenerla. Aunado a ello, expuso que: ". la Fiscalía para solicitar la subsistencia de la medida cautelar, así como su modificación o sustitución, solo verbalizó como argumento principal la falta de arraigo de la procesada ya que su último domicilio se localizaba en la Ciudad de México, lo que resulta insuficiente y violatorio de derechos humanos para continuar con una medida cautelar tan gravosa como es la prisión preventiva, ya que con ello no se justifica que las demás medidas cautelares a que alude el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales no sean suficientes para asegurar el adecuado desarrollo del proceso o la seguridad de la víctima, aunado a que de acuerdo al principio de proporcionalidad no se justificó que la prisión preventiva era necesaria, idónea e imprescindible para tal fin. En efecto, si bien es cierto que para la procedencia de la prisión preventiva se deben observar diversos principios, entre ellos los de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad e instrumentalidad, consistiendo el primero (legalidad) en que la privación de la libertad sólo se puede dar en los casos expresa y taxativamente previstos por la Ley y siempre y cuando se cumplan los presupuestos, los requisitos y/o las condiciones expresamente establecidos por la misma. El segundo (excepcionalidad) alude a que la prisión preventiva solo debe aplicarse en casos excepcionales, extremos, en que se hace necesaria para poder llevar a cabo y asegurar los fines del proceso de investigaci6n, lo que va ligado al principio de necesidad que señala que solo se podrá aplicar cuando no baste aplicar otra medida menos gravosa. Mientras que el principio de proporcionalidad significa que la prisi6n preventiva debe ser en un determinado caso: necesaria, idónea, imprescindible, para poder asegurar el proceso y la sujeción del imputado al mismo y se aplica sólo si de todas las demás medidas de coerción posibles resulta la única adecuada y proporcional a la necesidad y utilidad de garantizar la investigación y/o el proceso en su integridad. En tanto el principio de instrumentalidad consiste en garantizar que la medida cautelar solicitada coadyuve con la finalidad para la cual se está pidiendo. Cierto es también que, esos argumentos de la Fiscalía no son útiles para que este Tribunal considere procedente la subsistencia de la medida cautelar de prisión preventiva, por lo tanto, la petición de la defensa y la procesada sí resulta procedente para modificar la misma por una más benéfica, pero para ello resulta importante realizar un análisis minucioso a efectos de justificar tal aserto.". De igual forma, señaló que: ". en razón de que el fiscal del Ministerio Público no cumplió con la carga procesal de demostrar y justificar por qué otras medidas cautelares eran insuficientes para asegurar la presencia de la procesada Lorena Leticia Priego Castillo en el proceso, ni aportó los medios de pruebas necesarias y argumentos objetivos que permitiesen al juzgador determinar la subsistencia de la prisi6n preventiva y que ésta medida resulta idónea, proporcional o necesaria, tomando en cuenta que la parte ofendida no corre riesgo alguno y advirtiendo, en términos del artículo 19 Constitucional y 153 al 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se declara fundada la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva que tenía la procesada Lorena Leticia Priego Castillo, solicitada por ésta y su defensor particular. Además, también se toma consideración que aún existen pruebas pendientes por desahogar y la presentación de la procesada resulta importante para la secuela de este proceso. En ese sentido, y toda vez que la procesada y su defensor particular, únicamente se concretaron a solicitar la modificación de medida cautelar por una menos gravosa, sin precisar cuál de las medidas que establece el artículo 155 del ordenamiento nacional en cita, es la que consideran apropiada; en esa virtud, este Tribunal, estima que las medidas cautelares apropiadas sean las establecidas en las fracciones | y V, del precepto legal antes invocado, esto es, presentación periódica arte la Autoridad Judicial (Juzgado Segundo Penal De Centro, Tabasco), cada quince días y la prohibición de salir sin autorización del país, así como del Estado de Tabasco o del ámbito territorial que fije el juez. Si bien, esta autoridad en un primer momento consideró imponer como medida cautelar la exhibición de una garantía económica, empero atendiendo los lineamientos de la ejecutoria a la que se da cumplimiento es de advertirse que tal y como lo señala la autoridad federal, el Fiscal del Ministerio Publico fue omiso en aportar medios de pruebas con los que se pudiera sustentarse la imposición de !a referida medida cautelar, es decir la exhibici6n de una garantía económica, por ello esta sala colegiada se abstiene de imponer dicha medida al no existir bases ni sustento para ello, pues como ya se dijo no se aportaron medios de pruebas o argumentos objetivos por las partes para que pueda declararse procedente su imposición. En consecuencia, es que se estima ajustado a derecho fijar las siguientes medidas: A) PRESENTACIÓN PERIÓDICA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL (JUZGADO SEGUNDO PENAL DE CENTRO, TABASCO), CADA QUINCE DÍAS, no pasa por inadvertido que la causa, se encuentra en proceso, etapa de desahogo de pruebas, por lo que es necesaria su presencia en menos tiempo, para asegurar su presentación ante esa jurisdicción, por lo tanto, deberá acudir ante la autoridad previo registro de sus datos, a firmar el registro de control de procesados y sentenciados que se lleva en este Juzgado, cada quince días, los días viernes, en un horario de ocho a trece horas. Esto a partir de que obtengan su libertad. B) LA PROHIBICION DE SALIR_ SIN AUTORIZACIÓN DEL PAÍS, DEL ESTADO DE TABASCO O DEL ÁMBITO TERRITORIAL QUE FIJE EL JUEZ. Si bien, el fiscal del Ministerio Publico dentro de sus argumentos señaló que la procesada no tiene arraigo en esta localidad ya que su último domicilio es en la ciudad de México, empero no acreditó que por ello existe peligro de que la procesada de imponérsele una medida distinta a la prisión preventiva salga del país o del estado, contrario a ello lo que se advierte de las constancias que integran el sumario es que ésta al rendir su declaraci6n preparatoria ante el Juez de la causa en fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, señaló ser originaria de Villahermosa, Tabasco, domicilio actual antes de ser detenida en Avenida Rosas, numero 117 Fraccionamiento Real del Ángel, Centro, Tabasco, entidad federativa donde se lleva el proceso en el que se le dictó auto de formal prisión; sin embargo, aun cuando el fiscal del Ministerio Publico no aportó medios de prueba o argumentos objetivos para justificar que de salir en libertad con motivo de la modificación de la medida cautelar que solicitó la procesada, dicho domicilio no sea donde va a residir durante el tiempo que resta para concluir con el proceso, menos aún se justificó que en su caso las actividades labores que pudiera desplegar no las vaya a realizar en esta localidad, pero como tampoco se tiene la certeza que ese sea el domicilio donde la procesada vaya a residir en el momento de salir en libertad, de ahí que se considere que por el momento existe peligro de sustracción, ya que en este caso no solo se pondera la certidumbre en el domicilio donde residirá la procesada de manera habitual, para averiguar que no exista riesgo de que se garantice su comparecencia en el proceso, sino que también se verifica que no existe un lugar cierto donde pudiera desempeñar sus labores para tener la certeza que será en el sitio donde se le sigue el proceso, de ahí que no se puede hablar que exista certeza del arraigo de la procesada en el lugar donde se desarrolla el proceso, por lo tanto se surte la hipótesis de peligro de sustracción contemplada por la fracci6n |, del artículo 168, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que conlleva a determinar que deba imponérsele las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salir del país, del estado o del ámbito territorial que fije el Juez, por ser las menos gravosas, empero con las que se garantiza entre otras cosas la presencia de la procesada en el proceso, pues la imposición de una medida cautelar tiene por objeto o fin: la continuación del proceso, la protección de las víctimas, que el sujeto no se va a evadir; o la obstaculización del proceso. De ahí que, las medidas cautelares previstas en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales que en este caso se imponen tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de las determinaciones que se emitan en el proceso y garantizar la presencia de la procesada, para que sean efectivos, por una parte, la investigaci6n y el juzgamiento y, por otra, los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la he jurisprudencial 216, el objeto de la imposición de medidas cautelares es previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento jurisdiccional en el que se dicten.". Por otra parte, respecto del tiempo de reclusión de la procesada en cuestión en prisión preventiva, la Sala expuso que: ". De los preceptos antes transcritos, interpretados sistemáticamente llevan a considerar a este juzgador que una vez que una persona es puesta a disposición ante la autoridad judicial como consecuencia de una orden de aprehensión, el tribunal tiene la ineludible obligación de dictar auto de plazo constitucional en el que decrete la libertad del inculpado, la sujeción a proceso o bien, la formal prisión. En ese contexto, ante la interrelación material de las normas constitucionales y convencionales, los citados preceptos deben analizarse a la luz de los derechos humanos, de lo que se advierte que si bien el ordenamiento constitucional autoriza la prisión preventiva en ciertos supuestos, también dispone que el proceso penal en contra de una persona a la que se sometió a esta medida cautelar se lleve a cabo en un plazo razonable pues, si ello no se cumple, en realidad se estaría imponiendo una pena anticipada en franca vulneración al principio de presunción de inocencia. Tiene sustento lo anterior la tesis 1a. XXXIX/2017, de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA. DIFERENCIAS ENTRE SU JUSTIFICACIÓN INICIAL Y LA AUTORIZACIÓN DE SEGUIR EL PROCESO EN LIBERTAD POR LA IRRAZONABILIDAD DEL TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL JUICIO SIN QUE SE HUBIERE DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA. Así, aunque son conceptos interrelacionados, no debe confundirse la prisi6n preventiva y su justificación, con el alcance del derecho a la libertad personal consistente en que se autorice a una persona a seguir el proceso en libertad por la irrazonabilidad del tiempo transcurrido en su juicio sin dictársele sentencia definitiva, que equivaldría a la justificación de su prolongación. Partiendo de las anteriores consideraciones, en la presente causa penal, una vez que se dio cumplimiento a la orden de aprehensión y se dictó el auto de término constitucional, dio inicio el proceso judicial, dándole término a las partes para ofrecer y desahogar pruebas, en las que constan las ampliaciones de declaración, careos procesales, ratificaciones de periciales contables, y testimoniales, así como diversas documentales con las que se pretende acreditar el tipo penal por el que se sigue la presente causa. Advirtiendo lo anterior, que las partes en el proceso (procesadas, ofendido, defensor particular y asesor jurídico particular) durante el trámite de este sumario, y en específico, la procesada y su defensor particular han impugnado a través de recursos de apelaciones y/o juicios de amparos, las determinaciones que tienen a darle el impulso procesal correspondiente y concluir la litis en definitiva, tal como a continuación se detalla: 1. Escrito de la sentenciada interponiendo recurso de apelación en contra de los puntos 6°. 13° y 17° del auto de pruebas de 25 de febrero de 2015 2. Juicio de Amparo Indirecto 28/2015-VI-L, promovido por Lorena Leticia Priego Castillo, a través de su autorizado Jorge Zacarías Hernandez, en contra del auto de formal prisión de 01 de diciembre de 2016, que ordenó la reposición del procedimiento. 3. Juicio de Amparo Indirecto 923/2016-IV, del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, promovido por Lorena Leticia Priego Castillo. 4. Juicio de Amparo Indirecto 1296/2016-9, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, promovido por Lorena Leticia Priego Castillo, en el que también promovió recurso de revisión. 5. Juicio de Amparo | Indirecto 219/2017-5, promovido por Lorena Leticia Priego Castillo, promovido por Lorena Leticia Priego Castillo, en contra del auto de formal prisión de dos de febrero de dos mil diecisiete. 6. Juicio de Amparo 2019/2017-1 y 2021/2017-I, promovido por Lorena Leticia Priego Castillo. 7. Juicio de Amparo Indirecto 459/2018-3, promovido por Lorena Leticia Priego Castillo, en contra del auto de formal prisión de 19 de febrero de 2018. 8. Juicio de Amparo indirecto 970/2018-10, de! Juzgado Tercero de Distrito, promovido por Lorena Leticia Priego Castillo, en contra del auto de formal prisión de 25 de mayo de 2018. 9. Juicio de Amparo 1540/2019-9, promovido por Lorena Leticia Priego Castillo, en contra del auto de 30 de agosto de 2019, que fijó las cantidades para garantizar su libertad provisional bajo caución, solicitada por la referida procesada, en el cual la antes citada también promovió recurso de revisión y le fue concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, dentro del amparo en revisión 108/2020. 10. Juicio de Amparo Indirecto 1026/2021-6, promovido por Lorena Leticia Priego Castillo, en contra del auto de 9 de septiembre de 2021. 11. Recurso de Apelación, interpuesto por la procesada y otros, en contra de los puntos 7/o y 8/o, del auto de 28 de noviembre de 2018, y en contra de los puntos 1/o y 2/o del auto de 04 de enero de 2019, pendiente de resolver. 12. Recurso de apelación, interpuesto por la procesada Lorena Leticia Priego Castillo en contra de los apartados 2, 3, 4 y 5, del punto 3, relativo a pruebas, así como de los sub puntos 2 y 3 del apartado de pruebas del apoderado legal, pendiente de resolver. Sin perder de vista que la causa que nos ocupa resulta de diversos expedientes acumulados, en el que se encuentran relacionados, además de Lorena Leticia Priego Castillo, cuatro personas más, y que la causa !a integran hasta este momento 37 tomos. Por las razones antes expuestas, el Juez de origen se ha visto impedido para emitir la sentencia definitiva correspondiente, dentro del término establecido por nuestra Constitución; sin embargo, ello no es impedimento para que se autorice que la imputada siga el proceso en libertad, tomando en cuenta que el tiempo transcurrido ha sido razonable debido al desahogo de las pruebas y recursos promovidos, antes relatados. Así, si bien se toma en cuenta que la medida de prisión preventiva fue iniciada en el sistema de justicia penal mixto en el que el delito por el que se le instruye el proceso dentro de la causa es el de fraude, previsto y sancionado por el artículo 190, fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de la persona moral denominada Inmobiliaria Grijalva, S.A. de C.V., representada legalmente por German Espinola Latournerie, y que de acuerdo al sistema tradicional ameritaba medida de prisión preventiva. No obstante, de acuerdo a lo establecido en el transcrito artículo 19 Constitucional, la prisión preventiva, únicamente será oficiosa, cuando se trate de delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, de lo que tenemos que de acuerdo a dicho precepto constitucional la medida privativa de libertad debe ser revocada dado que el sistema de justicia penal actual ya no toma como base la prisión preventiva en este tipo de delitos (fraude, previsto y sancionado en el artículo 190, fracción IV, del Código Penal vigente). Ahora bien, es de advertirse que las partes fueron omisas respecto al tiempo que lleva la procesada en prisión preventiva, ya que en atención al principio de contradicción tenían que dar argumentos razonables y objetivos para resolver la procedencia o no de modificaci6n de la medida cautelar, por lo que era precisamente en la audiencia incidental donde se debió hacer ver que la petición de modificación de medida cautelar no era procedente, ya que aun cuando hasta la fecha ya se sobrepasó el término de dos años sin que haya recaído sentencia definitiva es atribuible a la procesada y su defensa, por lo que la omisión de las partes de no haber hecho valer los argumentos correspondientes permitió que el tiempo siguiera transcurriendo y que se sobrepasara el plazo de los dos años sin que se resolviera el asunto en definitiva, por lo que al no existir bases para acreditar que esos retrasos en el proceso son atribuibles a la procesada, no es procedente negar la petición del cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por otra menos lesiva. Por otro lado, el fiscal del Ministerio Publico no aportó medios de prueba o argumentos objetivos respecto a que se corre un peligro de sustracción de la acción de la justicia, pues el 6érgano acusador sólo se pronunció respecto a la pena sin prejuzgar que alcanzaría la procesada. Postura que se estima errada, ya que el hecho que señaló que por la pena que podría alcanzar la imputada por el delito por el que fue procesada, ello representa un riesgo para que se sustraiga de la acción de la justicia si se cambia la medida cautelar de prisión preventiva, argumento que solo constituye una apreciación subjetiva, pues atendiendo al artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, la prisión preventiva tiene el carácter de excepcional ya que debe solicitarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la procesada en el juicio, e! desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, as! como cuando la imputada esté siendo procesada o haya sido sentenciada previamente por la comisión de un delito doloso; circunstancias que no fueron debatidas por el fiscal del Ministerio Publico dentro de la audiencia incidental, pues en atención al principio de contradicción era a ella a quien correspondía señalar el motivo por el cual no era conveniente el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, pero al respecto sólo se concretó a señalar que por la pena que se le pudiera imponer a la imputada existía el riesgo de que se sustrajera de la acción de la justicia, lo cual se estima no es motivo suficiente para negar la petición de la imputada de que pueda seguir su proceso con una medida cautelar distinta a la de la prisión preventiva, ya que de tomarse en cuenta dicha circunstancia equivaldría a vulnerar su derecho de presunción de inocencia, el cual se encuentra regulado por el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política Mexicana, mismo que implica que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio con una sentencia, de ahí que de tomar en cuenta la posible pena de prisión que podría alcanzar la imputada, implicaría hacer una equiparación de hecho entre imputado y culpable; es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Además que de los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal; y que todo inculpado por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad; por lo tanto, la necesidad de la prisión preventiva en función únicamente de la pena de prisión que prevé el hecho delictuoso señalado por la ley como delito, deviene contraria a los preceptos constitucionales y tratado internacionales, pues atento al carácter excepcional de la medida cautelar de prisión preventiva, como al principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, su imposición con el solo argumento de la penalidad es una postura anticipada sin justificación alguna, pues se tiene por cierto que el imputado se sustraerá del procedimiento penal con base en la posible imposición de la pena de prisión que el tipo penal sanciona. Máxime si se tiene en cuenta que la fracción II del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales expresa que para decidir sobre el peligro de sustracción del imputado, deberá atenderse al máximo de la pena que, en su caso, pudiera llegar a imponerse de acuerdo con el delito de que se trate y a la actitud que voluntariamente adopte el imputado, de lo que se advierte que el factor relativo al máximo de la pena no debe ponderarse aisladamente, sino en conjunto con las circunstancias señaladas. Luego, es claro que la prisión preventiva por imperativo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad no puede prolongarla más allá del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y, en ningún caso, superior a dos años, lo que implica que si en este caso el procedimiento se prolongó con motivo de la promoción de diversos amparo y otros recursos ordinarios, no se acreditó que ello sea atribuible a la procesada, ya que no se debe pasar por alto la complejidad del asunto el cual hasta este momento se integra por treinta y siete tomos y además que existen otras personas implicadas en el mismo, las cuales han promovido también sus respectivos actos de defensa; de ahí que al resultar procedente la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva sea apegado a derecho ordenar su cese y poner de inmediato en libertad a la imputada mientras se sigue el proceso, ya que como quedó establecido en párrafos que anteceden se fijó otras medidas cautelares para garantizar su presencia durante el proceso penal instruido en su contra, lo cual es coherente con el principio de presunción de inocencia del que todo indiciado debe gozar.". Al respecto, el apoderado legal de la persona moral ofendida, aquí tercera interesada, realizó diversas manifestaciones con motivo de la vista que se le dio para tal efecto. Sin embargo, las mismas devienen inatendibles por novedosas, ya que de lo acontecido en las audiencias incidentales, relacionadas con las interlocutorias apeladas, objeto del fallo protector, se advierte que el representante legal de la empresa Inmobiliaria Grijalva, Sociedad Anónima de Capital Variable, únicamente manifestó que se adhería a lo expuesto por la fiscalía y la asesora jurídica particular. Es decir, omitió, con base en el principio de contradicción que rige en el caso, controvertir lo expuesto por la defensa y exponer las razones que ahora refiere, acerca de la improcedencia de la modificación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva planteada por la imputada en cuestión. Al no hacerlo, la Sala no estuvo en aptitud de atender dichos argumentos y, por lo mismo, se consideran ajenos. De igual forma, del escrito de cuenta también se obtiene que, el apoderado legal de la tercera interesada expuso que: "..como puede advertirse de los autos de la causa penal de origen, se encuentra subjudice el amparo en revisión 71/2022 derivado del amparo 3/2022 promovido por la procesada Lorena Leticia Priego Castillo. Asimismo, se incurrió en una falta grave, al dejar de observar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo revisión 108/2020 derivado del amparo indirecto 1540/2019, mismo que con fecha siete de agosto del año dos mil veintiuno, este mismo H. Juzgado lo declaró por cumplida, en el que él se fijó monto para que a la procesada Lorena Leticia Priego Castillo obtuviera y pudiera gozar de su libertad bajo caución por la cantidad fijó la cantidad de $7,507,788.54, considerando la cantidad de $8,339,807.07 de la suma de los bienes asegurados como garantía parcial de la cantidad de la probable reparación del daño. En ese contexto, pido respetuosamente a su señoría que al pronunciarse respecto al cumplimiento o no de la ejecutoria tome en consideraci6n lo siguiente: PRIMERO.- Que en el debate de las audiencias incidentales de fechas veintinueve de junio del años dos mil diecisiete y de fecha tres de julio de la esa misma anualidad, el abogado defensor de la procesada Lorena Leticia Priego Castillo, solicitó textualmente el cambio de la medida de prisión preventiva por cualquiera de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, en las causas penales 148/2014 y 03/2017, no existía dicha medida cautelar impuesta a la procesada Lorena Leticia Priego Castillo, por lo que el Juez de origen de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 20 Constitucional, debió fijar monto para que la procesada pudiera gozar de su libertad bajo caución. Por lo que al darse por cumplida la ejecutoria de amparo en los términos de la resolución emitida por la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado se estaría incurriéndose en una violación a la ejecutoria de amparo 1540/2019, amparo en revisión 108/2020 y a los principios elementales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en legalidad, congruencia, equidad procesal, seguridad jurídica y exhaustividad que deben imperar en toda resolución y consecuentemente en la ejecución de esta. SEGUNDO.- Que si bien el incidente es aut6nomo, no puede dejarse de considerar que se encuentra vinculado a la causa principal que generó el acto reclamado, y por lo tanto no puede pasarse por desapercibido de que en la causa penal de la cual se deriva el acto reclamo consiste en el reproche de una conducta delictiva dolosa de fraude genérico en el este propio H. Juzgado Tercero de Distrito, decreto firme el auto de formal prisi6n y confirmado recientemente por el H. Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Decimo Circuito, en el sentido de que las pruebas que se habían exhibido son documentales que hacen prueba plena, por lo que la conducta desplegada por la procesada Lorena Leticia Priego Castillo conformaban el delito de fraude genérico, asimismo que los montos por los que se encuentra procesada conforme a los autos de formal prisi6én, y en cuanto el monto del agravio que sufrió mi representada INMOBILIARIA GRIJALVA S.A. DE C.V., conforme a los peritajes contable, solo por la causa penal 148/2014 asciende a un monto de $16,831,746.17 (DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 17/100 M.N.) y por la causa penal 03/2017 asciende a la cantidad de $15'797,917.11 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 11/100 M.N.). De allí que si son dos causas penales que conforme a la penalidad -sin prejuzgar-, la procesada Lorena Leticia Priego Castillo puede compurgar una pena de cuatro años y seis meses a once años, aun cuando sea la mínima que serían nueve años mínimos, cuando para estos efectos debe tomarse la máxima pena, que serían por las dos causas penales 22 años de prisión, así como de que cuenta con los bienes suficientes para poder obtener su tu libertad bajo caución, mediante una hipoteca judicial.". Tales argumentos también resultan inatendibles, ya que controvierten las consideraciones que sustentan la nueva sentencia de apelación, dictada en cumplimiento de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 28/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal Décimo Circuito. Sobre el particular, sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 89/2007, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 66, del siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad". Lo anterior es así, porque en la ejecutoria de mérito se estableció que la autoridad responsable debía: ". 2. Deje insubsistente las resoluciones interlocutorias de veintinueve de junio y tres de julio de dos mil diecisiete, dictadas en el incidente de revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva en las causas penales 148/2014 y 3/2017, ahora causa penal 99/2019, respecto de Lorena Leticia Priego Castillo. 2.1. Dicte nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, resuelva sobre la procedencia de la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, ciñéndose a lo vertido por las partes en las correspondientes audiencias de debate, fundando y motivando debidamente su decisión, la que deberá ser congruente con los planteamientos de los intervinientes y las circunstancias del caso particular. En el entendido que es al Ministerio Público a quien le corresponde la carga procesal de demostrar y justificar por qué otras medidas cautelares eran insuficientes para asegurar la presencia de la acusada en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, testigos o evitar la obstaculización del procedimiento; además de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitan al juzgador determinar la subsistencia de la prisión preventiva y que ésta medida resulta idónea, proporcional o necesaria, en términos del artículo 19 constitucional y 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2.2. Debiendo incorporar en su nueva determinación, un apartado en el que verifique el tiempo de reclusión de la quejosa, y la razonabilidad de su prolongación, en términos de la tesis 1a. XXXIX/2017 (10a), de rubro "PRISIÓN PREVENTIVA. DIFERENCIAS ENTRE SU JUSTIFICACIÓN INICIAL Y LA AUTORIZACIÓN DE SEGUIR EL PROCESO EN LIBERTAD POR LA IRRAZONABILIDAD DEL TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL JUICIO SIN QUE SE HUBIERE DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA".". Lineamientos que, como se evidenció, fueron atendidos por la Sala responsable. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de dicho acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese personalmente.
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