Ana Bertha Coll Roche

Expediente 155/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
155/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Ana Bertha Coll Roche
  • Miguel Ángel Herrera Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    mesa 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se NEGÓ a la quejosa Ana Bertha Coll Roche, el amparo y la protección de la Justicia Federal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al juez civil responsable un tomo de pruebas consistente en copia certificada de las actuaciones del expediente civil 193/2019, que remitió como apoyo a su informe justificado, mismo que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 2 En Villahermosa, Tabasco, a las doce horas con cinco minutos del diez de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 155/2021-2, promovido por Ana Bertha Coll Roche. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informó de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las rendidas por la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco al rendir su informe justificado, acompañó copia certificada del expediente 193/2019 de su índice. Constancias que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta como Tomo I. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los formulados por el tercero interesado Miguel Ángel Herrera Gómez, mediante su escrito acordado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. [Foja 67] Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos que expresan la parte tercero interesado, para ser tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; asimismo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes para expresar alegatos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 155/2021-2, promovido por Ana Bertha Coll Roche, contra actos que reclamó de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco y otra autoridad, que estima violatorio de los artículos 1°, 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Ana Bertha Coll Roche solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "(.) el punto ÚNICO de la resolución de fecha 14 de enero de 2021(...)" AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Segundo de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco. Actuaria Judicial de su adscripción. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el expediente 155/2021-3 y se le requirió a la promovente para que: proporcionase el nombre y domicilio de la persona que le revista carácter de tercero interesado, precisare la denominación de la autoridad judicial responsable y efectuase la protesta de decir verdad a la que hace alusión la fracción V del artículo 108 de la ley de la materia, respecto de los antecedentes que enuncia en su demanda. Cumplido lo anterior, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reconoció carácter de tercero interesado a Miguel Ángel Herrera Gómez y se instruyó su emplazamiento; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERA INTERESADA. Mediante lista de acuerdos de diez de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado Miguel Ángel Herrera Gómez. [Foja 26 vuelta] CUARTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como acto reclamado: El auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, que desechó de plano por notoriamente improcedente el recurso de reconsideración interpuesto en contra del decreto de divorcio de nueve de diciembre de dos mil veinte, dentro del juicio de divorcio incausado 193/2019 del índice del Juzgado responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, dado que así lo manifestó la Juez Civil responsable, al rendir el informe justificado respectivo [Foja 72]; lo cual se corrobora con la copia certificada del expediente 193/2019 que obra por cuerda separada como Tomo I. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por ser expedida por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. En el presente juicio se carece del causal de improcedencia aducida por las partes y, en cumplimiento a lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio que se actualice causa alguna. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias citadas en considerando que precede que se acompañaron al informe justificado en original. Visto lo anterior, resulta necesario referir los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: 1. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el entonces Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Huimanguillo, Tabasco dio entrada a la demanda interpuesta por Miguel Ángel Herrera Gómez -aquí tercero interesado-, en la vía del juicio ordinario civil de divorcio necesario (incausado) en contra de Ana Bertha Coll Roche -aquí quejoso- bajo el expediente 193/2019. [Foja 81 a 83 del Tomo I] 2. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se desahogaron diversos medios de convicción y en el cual, quedaron pendientes diversas probanzas. [Fojas 326 a 342 del Tomo I] 3. Mediante decreto de nueve de diciembre de dos mil veinte, la juez familiar responsable, resolvió en definitiva la prestación principal del actor Miguel Ángel Herrera Gómez -aquí tercero interesado-, por lo que disolvió el vínculo matrimonial entre las partes. [Fojas 598 a 601 del Tomo I] 4. Inconforme con lo anterior, la demanda Ana Bertha Coll Roche -aquí quejoso- interpuso recurso de reconsideración. [Foja 614 a 622 del Tomo I] 5. Finalmente, mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno [Fojas 624 del Tomo I], la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial de Centro, desechó de plano por notoriamente improcedente el recurso de reconsideración intentado por los motivos siguientes: "Único. (.) Sin embargo, es de decirle que el recurso de reconsideración que intenta hacer valer, con fundamento en el artículo 3ro fracción IV del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de Tabasco, se desecha de plano por notoriamente improcedente, en razón de que dicho auto no es impugnable al (sic) través del medio de defensa que invoca, acorde a lo dispuesto en los preceptos 347, 352 y 353 fracción III del Código antes mencionado, ya que no resulta ser un auto de mero trámite que pueda ser reconsiderado, sino uno que decreta una prestación solicitada por el acto inicialmente. (.)" La citada resolución constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la amparista se duele que el auto reclamado es carente de toda motivación y fundamentación, puesto que vulnera en su perjuicio los derechos de defensa, contradicción, igualdad, exhaustividad de la sentencia, audiencia, así como la garantía al debido proceso. Lo anterior, dado la falta de análisis y razonamiento lógico jurídicos en que incurre la Juez responsable al emitir el acto que por esta vía reclama. Aduce, esencialmente en su apartado de conceptos de violación, que la resolución de nueve de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se decreta la disolución del vínculo matrimonial que la unía con Miguel Ángel Herrera Gómez -aquí tercero interesado- es contradictoria e incongruente con el contenido del artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Tabasco, ya que debió resolver tal prestación por medio de una sentencia. Sostiene que tal cuestión es lo que le agravia, toda vez que un decreto de mero trámite no puede resolver sobre el divorcio en el juicio de origen y es tal cuestión lo que le impulso a interponer el medio de defensa correspondiente, esto es, el recurso de reconsideración previsto en el artículo 347 de la citada codificación procedimental. Devienen infundados los argumentos antes sintetizados; sin que en el caso, a criterio de este juzgador, se advierta que opere en favor de la parte impetrante, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, como ya quedó asentado, el acto reclamado lo constituye el auto de catorce de enero de dos mil veintiuno que desechó de plano por notoriamente improcedente el recurso de reconsideración interpuesto en contra del decreto de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictado en los autos de expediente 193/2019, relativo al juicio ordinario civil de divorcio incausado del registro de la Juez Civil responsable. En el caso que nos ocupa, este juzgador de amparo estima que la se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.] " Además, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. En la especie el auto que por esta vía se reclama atendió, como ya se afirmó, las formalidades esenciales del procedimiento y se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que citó los dispositivos en los cuales estableció su proceder, así como los argumentos que indican la improcedencia del medio de impugnación intentado. Para mejor proveer se reproduce, en lo que interesa, el acuerdo reclamado a continuación: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ahora, conforme a lo establecido en el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Tabasco, la procedencia del recurso de reconsideración se regula de la siguiente manera: ARTÍCULO 347.- Procedencia. En ningún caso las sentencias podrán ser sujetas al recurso de reconsideración. Los autos que no fueren apelables y los decretos podrán ser impugnados a través del recurso de reconsideración, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles. De lo anterior se advierte que, el medio de impugnación intentado por la aquí amparista no resulta procedente en contra de sentencias, sin que exista caso de excepción. Ahora, en la especie la resolución materia del recurso intentado -que decretó el divorcio incausado- [Foja 598 a 601 del Tomo I], tiene el carácter de sentencia, toda vez que resuelve en definitiva una de las cuestiones principales materia de la controversia, en este caso, la disolución del vínculo matrimonial. Al respecto, la fracción IV del artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Tabasco establece que son sentencias definitivas aquellas que deciden el fondo de la controversia. Con base en tal porción normativa, es dable afirmar que la determinación que resolvió sobre la disolución del vínculo matrimonial -que decretó el divorcio entre la quejosa y el tercero interesado-, aún sin aprobar la totalidad de las cuestiones inherentes a éste [alimentos y disolución de la sociedad conyugal], constituye una sentencia con carácter definitivo, en virtud que la decisión relativa a ese tema estriba una condición concluyente, en tanto que impide la prosecución del juicio respecto de esa precisa pretensión. En esa guisa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2019 estimó que, en cuanto al régimen procesal del juicio de divorcio sin expresión de causa, que judicialmente ha de tramitarse en la vía ordinaria civil, tiene como objeto dos pretensiones bien identificadas: a) La disolución del vínculo matrimonial; y, b) La regulación de las consecuencias de dicha disolución. De tal suerte, que ambas pretensiones deben ser atendidas por medio de una determinación judicial que las resuelva en definitiva sea por el acuerdo de ambas partes que, aprobado por la persona juzgadora, adquiera la calidad de cosa juzgada; o bien, mediante la resolución dictada por el órgano judicial al resolver la controversia que se llegue a suscitar. Del estudio anterior se desprende la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, página 597, décima época, materia civil, registro 2021695, de rubro y texto: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito. Ahora bien, en el caso del juicio en cuestión, el decreto de nueve de diciembre de dos mil veinte, resolvió la pretensión principal que impulsó la controversia -la disolución del vínculo matrimonial-, por tanto dicha acción constituye sentencia definitiva [supuesto de la fracción IV del artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Tabasco], independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella la Juez responsable. En ese sentido, es dable afirmar que inverso a lo sostenido por la peticionaria de amparo, tal decreto no es contradictoria ni incongruente, dado que la resolución en comento se apega a lo dispuesto en la norma procedimental, pues constituye en efecto una determinación de carácter definitivo por lo que hace al tema del matrimonio, pues se pronuncia categóricamente sobre su disolución y por ende, su naturaleza no es de mero trámite o de impulso procesal ordinario, sino que resulta, como ya se afirmó, una sentencia en toda regla. Luego, contrario a lo sostenido por la impetrante, el auto de catorce de enero de dos mil veintiuno que desechó el medio de impugnación intentado en contra del decreto de nueve de diciembre de dos mil veinte, tampoco resulta incongruente ni mucho menos inadecuado, pues que si tenemos que el acto combatido tiene carácter del sentencia definitiva deviene inconcuso que el recurso de reconsideración no sea procedente por disposición expresa del artículo 347 de la codificación adjetiva que rige el procedimiento y por ende, es dable afirmar que el actuar de la Juez Civil responsable fue correcto. De ahí que no le asista la razón a la impetrante de amparo, dado lo infundado de sus argumentos de disenso. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por la parte quejosa, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el tercero interesado, dado que si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los argumentos de disenso propuestos por el quejoso, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva a la autoridad denominada Actuaria adscrita a la Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco, dado que del análisis de las constancias que integran el sumario no se advierte que la parte quejosa haya señalado acto concreto de dicha responsable que vulnerasen su esfera jurídica, ni mucho menos aportó medio de prueba idóneo durante la secuela procesal que involucrase conducta lesiva de esa autoridad. Máxime que dadas la características que revisten la función de esta autoridad, sino se reclama acto concreto por vicio propio, se entiende que su los actos que pudiesen ejecutar son en vía de consecuencia del mandato de una autoridad ordenadora, en este caso el Juzgado Civil responsable, respecto de quien ya se afirmó la constitucionalidad del acto reclamado. Esta misma lógica sustenta el criterio de jurisprudencia V.2o. J/6 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Junio de 1995, página 267, novena época, materia común, registro 204875, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- La justicia de la unión no ampara ni protege a Ana Bertha Cool Roche, en contra del acto reclamado a la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco, rinde informe justificado; asimismo, manifiesta que se adhiere a lo manifestado por su superior jerárquico mediante oficio 964 de nueve de abril de dos mil veintiuno, con el cual rindió su informe con justificación; en tal razón, con el contenido de éste, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco, rinde informe justificado, al cual adjuntó un tomo de pruebas consistentes en copias certificadas de las actuaciones del expediente civil 193/2019, constante de (640) seiscientos cuarenta fojas, según folio de la autoridad ocursante, así como del auto que decretó el divorcio materia de la litis; en tal razón, con el contenido de ambos, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las constancias que anexó, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, en virtud de la voluminosidad del tomo de pruebas remitido, manéjese éste por cuerda separada. Notifíquese.

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