Ana Belly Magaña Jiménez
Expediente 244/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ana Belly Magaña Jiménez
- Agustín Zapata López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de quince de julio del año en curso, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricardez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López, para los efectos siguientes: 1. Deje insubsistente, la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral 297/2007, de su índice, únicamente respecto a la determinación de los incrementos y mejoras salariales de actualización. 2. Siguiendo los lineamientos del presente fallo, con libertad de jurisdicción, emita otra en la que considere el porcentaje anual del incremento anual del salario mínimo de los periodos comprendidos del uno de octubre de dos mil dieciocho al treinta de junio de dos mil veintiuno. 3. En el entendido, que deberá exponer los motivos que justifiquen su determinación conforme, y precisando las operaciones aritméticas que sirvan de base para su cuantificación, y constriñéndose a las condenas establecidas en el laudo de veinticuatro de septiembre de dos mil trece. El nueve de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. En razón de lo anterior, mediante oficio TCYA/AMP/7875/2022, se tuvo al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitiendo copia certificada del proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, inherente al expediente laboral 297/2007 de su índice, del que se obtuvo lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de diecisiete de enero del año en curso, materia del reclamo en la presente controversia constitucional, únicamente en relación a la determinación de los incrementos y mejoras salariales de la actualización. Posteriormente, procedió a realizar la cuantificación correspondiente tomando como base el porcentaje del incremento anual del salario mínimo, esto es: Documento a lo que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, se observa que acató tales efectos, ya que el quince de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente el proveído de diecisiete de enero del año en curso y en esa misma fecha, emitió otra en la que consideró el porcentaje anual del incremento anual del salario mínimo de los periodos comprendidos del uno de octubre de dos mil dieciocho al treinta de junio de dos mil veintiuno, esto es: Quedando de la siguiente manera: La entidad pública Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, deberá pagar a la actora Ana Belli Magaña Jiménez, la cantidad de $433,158.49 (cuatrocientos treinta y tres mil ciento cincuenta y ocho pesos 49/100 moneda nacional), más la cantidad que aún se le adeuda de $993,191.88 (novecientos noventa y tres mil ciento noventa y un pesos 88/100 moneda nacional), danto un total de $1,426,350.37 (un millón cuatrocientos veintiséis mil trescientos cincuenta pesos 37/100 moneda nacional). La entidad pública Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, deberá pagar al actor Carmelo Rivera Ricardez, la cantidad de $813,187.72 ochocientos trece mil ciento ochenta y siete pesos 72/100 moneda nacional), más la cantidad que aún se le adeuda de $2,148,321.92 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil trescientos veintiún pesos 92/100 moneda nacional), danto un total de $4,296,643.84 (cuatro millones doscientos noventa y seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 84/100 moneda nacional). La entidad pública Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, deberá pagar a la actora Rosa María Sánchez Castellanos, la cantidad de 321,403.60 (trescientos veintiún mil cuatrocientos tres pesos 60/100 moneda nacional), más la cantidad que aún se le adeuda de $996,824.89 (novecientos noventa y seis mil ochocientos veinticuatro pesos 89/100 moneda nacional), danto un total de $1,318,228.49 (un millón trescientos dieciocho mil doscientos veintiocho pesos 49/100 moneda nacional). La entidad pública Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, deberá pagar al actor Agustín Zapata López, la cantidad de $413,668.61 (cuatrocientos trece mil seiscientos sesenta y ocho pesos 61/100 moneda nacional), más la cantidad que aún se le adeuda de $1,310,636.53 (un millón trescientos diez mil seiscientos treinta y seis pesos 53/100 moneda nacional), danto un total de $1,724,305.14 (un millón setecientos veinticuatro mil trescientos cinco pesos 14/100 moneda nacional). Exponiendo los motivos que justificaron su determinación, precisando las operaciones aritméticas que sirvieron de base para su cuantificación, y constriñéndose a las condenas establecidas en el laudo de veinticuatro de septiembre de dos mil trece; lo cual, constituyó el punto primordial de la protección constitucional concedida al citado impetrante. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses convinieren, haciendo lo propio la parte quejosa. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del proveído de quince de agosto del año en curso, dictado en autos de la controversia laboral 297/2007 de su índice, a través del cual resuelve la actualización de planilla de liquidación promovido por la parte actora. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el quince de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos 1) ANA BELLY MAGAÑA JIMENEZ, 2) CARMELO RIVERA RICARDEZ, 3) ROSA MARIA SANCHEZ CASTELLANOS y 4) AGUSTIN ZAPATA LOPEZ; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] Deje insubsistente, la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral 297/2007, de su índice, únicamente respecto a la determinación de los incrementos y mejoras salariales de actualización. Siguiendo los lineamientos del presente fallo, con libertad de jurisdicción, emita otra en la que considere el porcentaje anual del incremento anual del salario mínimo de los periodos comprendidos del uno de octubre de dos mil dieciocho al treinta de junio de dos mil veintiuno. En el entendido, que deberá exponer los motivos que justifiquen su determinación conforme, y precisando las operaciones aritméticas que sirvan de base para su cuantificación, y constriñéndose a las condenas establecidas en el laudo de veinticuatro de septiembre de dos mil trece. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Devuélvase al TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, la copia certificada del expediente laboral 297/2007, a partir del laudo, que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada constante de cuatro tomos. Notifíquese.
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VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 244/2022-4, promovido por Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricardez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por violación a los artículos 1, 8, 9, 14, 16, 17 y 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial, recibida el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, y turnado a este Juzgado el veinticinco siguiente, los quejosos Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricárdez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López, promovieron juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado y autoridad responsable, que más adelante se precisaran. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada bajo el expediente 244/2022-4, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, fue emplazado a juicio mediante oficio 7440, de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el cual fue recibido según sello oficial que obra en el acuse de recibo el cuatro de marzo del presente año. CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia fue celebrada al tenor de la minuta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral 297/2007, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, promovido por Ana Belly Magaña Jiménez y otro, en contra del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora, con las copias certificadas del expediente laboral 297/2007, que adjunto a su informe justificado, y del que se desprende el acto reclamado. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento. Por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado. CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Antes de proceder al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el juicio de derechos fundamentales, lo aleguen o no las partes, dado que son de orden público de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un estudio de las constancias obrantes en autos, se advierte que las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, ni se actualiza diversa que de oficio deba ser examinada por el suscrito. QUINTO.- ESTUDIO. Por una parte, son fundados pero insuficientes y por otra infundados los conceptos de violación hecho valer por la parte quejosa en su demanda de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, para mejor comprensión de los motivos que sustentarán la presente resolución, conviene señalar los antecedentes del juicio laboral, así como las consideraciones de la responsable, para emitir el acto reclamado. Inicialmente, el Tribunal responsable, el veinticuatro de septiembre de dos mil trece, emitió el laudo dentro del juicio laboral 297/2007. En dicho laudo, el Tribunal responsable, estableció que Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricardez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López, y otros acreditaron parcialmente sus defensas. Asimismo, condenó al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, a reinstalar a los actores Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricardez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López, y otros, en sus puestos de trabajo en los términos y condiciones en que se desarrollaban antes del despido y con los aumentos y mejoras que se den para cada uno de sus puestos, así como para pagarles, los salarios caídos, generados desde la fecha del despido quince de enero de dos mil siete, hasta que sean reinstalados. De igual forma, se condenó al Ayuntamiento a pagar a los actores los salarios devengados del uno al quince de enero de dos mil siete, vacaciones, por el último año de servicios que va desde el catorce de marzo de dos mil seis al quince de enero de dos mil siete; primas vacacionales y aguinaldo desde el último año de servicios y hasta que sean reinstalados; a pagar seis horas extra a la semana por el último año de servicios; a pagarles bonos de puntualidad y asistencia; canasta básica; bono de despensa; riesgo de trabajo; mil cien pesos por concento de bono navideño; bono del día del servidor público y dotación de uniformes; así a reconocerles antigüedad, declaración de ser trabajador de base, a la inscripción, afiliación y aseguramiento de los hoy actores, así como el pago de las aportaciones omitidas, generados por el último año de servicios que va del catorce de marzo de dos mil seis al quince de enero de dos mil siete, y por el tiempo de la tramitación del juicio. En ese orden, contra esa determinación, la parte demandada, promovió juicio de amparo directo, el cual le correspondió conocer por turno al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, el cual se registró con el número 41/2014, y en sesión de veintisiete de mayo de dos mil catorce, se negó el amparo. Seguidamente, la responsable, continúo el trámite de ejecución del laudo y en resolución de dieciséis de octubre de dos mil catorce, emitió la planilla de liquidación. Contra esa determinación, las partes promovieron juicio de amparo indirecto, el cual por razón de turno le correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito y Juzgado Tercero de Distrito, ambos del estado de Tabasco, mismo que se registraron con los números 2809/2014-IV y 2808/2014-II-M, el primero promovido por la parte actora dentro del juicio laboral y el segundo por el Ayuntamiento demandado y en sentencias de cinco de junio y veinticuatro de abril, ambos de dos mil quince, en el primero de ellos se concedió el amparo y en el segundo se negó. En relación al amparo 2809/2014-IV, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, promovido por Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricardez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López, las consideraciones para su concesión fueron que el tribunal responsable no señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración que la llevaron a estimar procedente realizar la conducta respectiva en la tabla de salarios mínimos indicada, así como considerar que el resultado a esa consulta era lo más benéfico a las partes. Además, el Juez de amparo destacó que el tribunal optó por indagar en la tabla de salarios mínimos general promedio del país, en vez de requerir a la demandada la información que pudiera ser de utilidad para proveer en relación a la cuantificación de los incrementos y mejoras salariales, para resolver el incidente de liquidación planteado por la actora. Tampoco, dijo el Juez de amparo, el tribunal no especificó las indagaciones o gestiones realizadas, para llevar a cabo la investigación relacionada con la consulta efectuada en la tabla de salarios mínimos general promedio de los Estados Unidos Mexicanos, para con ello determinar lo conducente a las mejoras que debían incluirse al pago de los salarios a que se constriño a la demandada en el laudo correspondiente. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable, en resolución de cuatro de agosto de dos mil quince, emitió la planilla de liquidación la cual se cuantificó según los cuadros plasmados del dos mil siete al dos mil quince. Asimismo, precisó el tribunal responsable que al no existir informes del Ayuntamiento demandado, ni del Órgano Superior de Fiscalización (de los tabuladores de salarios), así como de la revisión y análisis de la planilla de liquidación de los actores, no se advierte que se haya planteado incrementos y mejoras salariales para mejor proveer tuvo que indagar en la tabla de salarios mínimos general promedio de los Estados Unidos Mexicanos, la cual resulta ser la más benéfica para ambas partes, en virtud de que la patronal no exhibió los documentos idóneos para acreditar los incrementos de conformidad con los artículos 782 y 784 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, la que se tomara para cuantificar los incrementos y mejoras salariales los establecidos en el diario. Después de ello, en proveído veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la responsable, resolvió la planilla de liquidación promovida por la parte actora, la que cuantificó del veintidós de agosto de dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. Posteriormente, los quejosos Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricardez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López y otros, por conducto de su apoderado legal, mediante escrito recepcionado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, promovieron planilla de liquidación por los salarios correspondientes al periodo de dos mil quince al dos mil diecinueve. En ese orden, la responsable realizó su trámite dando vista a la parte demandada y recibiendo su contestación, y en audiencia de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia incidental. Consecuentemente, los quejosos por conducto de su apoderado legal, presentaron ante la responsable, mediante escrito recepcionado el diez de marzo de dos mil veinte, nuevamente planilla de liquidación por el periodo correspondiente del dos mil quince a dos mil veinte. Seguida la secuela procesal de esa incidencia, en resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, la responsable resolvió la planilla de liquidación por el periodo comprendido del uno de octubre de dos mil dieciocho al treinta de junio de dos mil veintiuno. Sentado lo anterior, los quejosos Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricardez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López, hacen valer los siguientes conceptos de violación : 1.- La responsable al momento de resolver la resolución reclamada, fue omisa en resolver la planilla de liquidación propuesta mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por el periodo comprendido del dos mil quince al año dos mil diecinueve. 2.- Asimismo, la autoridad responsable, fue omisa en cuantificar el pago de los salarios caídos de los años correspondientes a dos mil quince, dieciséis y dos mil diecisiete. 3.- Por último, la responsable cuantificó de manera incorrecta los periodos correspondientes al año dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, pues aplicó los siguientes: Año Porcentaje 1 2018 3.9% 2 2019 5.0% 3 2020 5.0% 4 2021 6.0% Siendo la correcta las siguientes: Año Porcentaje 1 2018 10.39% 2 2019 16.21% 3 2020 20.0% 4 2021 15.0% Expuesto lo anterior, en relación al concepto de violación identificado con el número 1, es fundado pero insuficiente para conceder el amparo. En efecto, de autos, se advierte que si bien la autoridad responsable desahogó la audiencia incidental de liquidación de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, para resolver la planilla de liquidación propuesta por la parte actora Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricardez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López, por conducto de su apoderado legal mediante escrito recepcionado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Sin embargo, de autos no se advierte que la responsable se haya pronunciado respecto a la citada planilla de liquidación, en la que los actores por conducto de su apoderado legal propusieron la cuantificación de las condenas establecidas a partir del año de dos mil quince al dos mil diecinueve. No obstante, tal omisión no le causa perjuicio a los quejosos Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricardez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López, toda vez que como se precisó la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en resolución de cuatro de agosto de dos mil quince, cuantificó las condenas establecidas en el laudo del periodo comprendido del dos mil siete al dos mil quince. Asimismo, en proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, previa propuesta de planilla de liquidación de Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricardez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López y otros, por conducto de su apoderado legal la responsable cuantificó a favor de éstos las condenas establecidas en el laudo del periodo comprendido del veintidós de agosto de dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. A su vez, en la resolución que aquí se analiza la responsable cuantificó las condenas establecidas en el laudo del periodo comprendido del uno de octubre de dos mil dieciocho al treinta de junio de dos mil veintiuno. De ahí que esta Juzgadora, considera que no le causa ningún perjuicio la omisión de resolver la planilla de liquidación propuesta mediante escrito recepcionado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, toda vez que antes de su presentación la responsable, cuantificó las condenas establecidas en el laudo por el periodo comprendido del dos mil siete al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, y con posterioridad hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno, en la resolución que se analiza; por lo que los periodos propuestos en aquél escrito ya fueron cuantificados. De igual forma, resulta, infundado el segundo concepto de violación, toda vez que la autoridad responsable como se precisó en el párrafo anterior cuantificó las condenas establecidas en el laudo del dos mil siete hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciocho. Por lo tanto, es infundado el segundo concepto de violación. Por su parte, es fundado el concento de violación identificado con el número 3. Lo anterior es así, toda vez que en la resolución reclamada la responsable precisó que resolvería la actualización de salarios presentada por el apoderado legal de la parte actora mediante escrito de diez de marzo de dos mil veinte. Conforme lo anterior, el tribunal responsable, realizó la cuantificación de las condenas establecidas en el laudo del periodo comprendido del uno de octubre de dos mil dieciocho al treinta de junio de dos mil veintiuno. Precisando la responsable, que realizaría la cuantificación tomando como referencia los porcentajes publicados en el tabulador de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y que dijo eran los siguientes: Año Porcentaje 1 2018 3.9% 2 2019 5.0% 3 2020 5.0% 4 2021 6.0% Sin embargo, tales porcentajes no corresponden al incremento anual del salario mínimo, sino al porcentaje de aumento por fijación, que es el resultado del salario mínimo vigente anterior, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación. Es decir, a manera de explicación la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se determinó incrementar el salario mínimo que regía en el año 2016, de $73.04, en un 3.9%, más cuatro pesos diarios, el concepto denominado "Monto Independiente de Recuperación" (MIR), constituye un incremento salarial cuyo objeto es apoyar la recuperación económica, única y exclusivamente de los trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo general. Sirve de apoyo la tesis aislada con registro 2019107, emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2492, Tomo IV, de enero de 2019, Libro 62 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACIÓN (MIR). CONSTITUYE UN INCREMENTO SALARIAL NOMINATIVO CUYO OBJETO ES APOYAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS QUE PERCIBEN UN SALARIO MÍNIMO GENERAL, POR LO QUE ES INAPLICABLE A LOS PENSIONADOS". En esas condiciones, la autoridad responsable, para ampliar la planilla de liquidación de las condenas establecidas en el laudo, en el periodo comprendido del uno de octubre de dos mil dieciocho al treinta de junio de dos mil veintiuno, debió hacerlo en base al incremento anual del salario mínimo y que resultan: Año Incremento por Porcentaje Incremento en cantidad 1 2018 10.39% $88.36 2 2019 16.20% $102.68 3 2020 20.0% $123.22 4 2021 15.0% $141.70 Los datos del salario mínimo, se obtuvieron del portal electrónico https://www.gob.mx/conasami#7327, lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que se le otorga valor pleno. En mérito de lo anterior, ante lo fundado de los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricárdez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López. SÉPTIMO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, realicé lo siguiente: Deje insubsistente, la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral 297/2007, de su índice, únicamente respecto a la determinación de los incrementos y mejoras salariales de actualización. Siguiendo los lineamientos del presente fallo, con libertad de jurisdicción, emita otra en la que considere el porcentaje anual del incremento anual del salario mínimo de los periodos comprendidos del uno de octubre de dos mil dieciocho al treinta de junio de dos mil veintiuno. En el entendido, que deberá exponer los motivos que justifiquen su determinación conforme, y precisando las operaciones aritméticas que sirvan de base para su cuantificación, y constriñéndose a las condenas establecidas en el laudo de veinticuatro de septiembre de dos mil trece. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Ana Belly Magaña Jiménez, Carmelo Rivera Ricárdez, Rosa María Sánchez Castellanos y Agustín Zapata López, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos QUINTO Y SEXTO de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
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