Ana Bertha Hernandez Segundo
Expediente 40/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana Bertha Hernandez Segundo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley concede para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión contra el auto de dos de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho valer. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. ... Notifíquese por lista de acuerdos y mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y a la gente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintitrés. Ténganse por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibo y acta de comparecencia de entrega del certificado parcelario número 1110985 y el certificado de derechos sobre tierras de uso común 000001010897; al respecto, agréguense para que obren como correspondan y surtan sus efectos legales conducentes. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable las documentales que anexó a su ocurso de cuenta. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa Ana Bertha Hernández Segundo, reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: La falta u omisión de otorgarle citas dentro del portal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, para ingresar a las instalaciones de dicha dependencia y como consecuencia la negativa de entregarle los certificados parcelarios solicitados. Ahora bien, toda vez que del oficio de cuenta, remitido por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se advierte que en treinta y uno de enero del año en curso, le fuera entregado personalmente a la quejosa, en las instalaciones de dicho Registro, el certificado parcelario número 1110985 y el certificado de derechos sobre tierras de uso común 1010897. Constancias a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numeral 2 De lo anterior, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de la responsable ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo que, resulta innecesario la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto reclamado en el presente juicio es la falta u omisión de otorgarle citas dentro del portal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, para ingresar a las instalaciones de dicha dependencia y como consecuencia la negativa de entregarle los certificados parcelarios solicitados y en este momento procesal obran las constancias con las que se acredita que el treinta y uno de enero del año en curso, la promovente acudió personalmente a dicho Registro a recoger los certificados parcelarios solicitados, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99,1 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). Asimismo, al haberse analizado de oficio la actualización de la causa de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98,2 cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos de los actos reclamados han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, la suscrita considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003,3 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS De igual modo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,4 que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y a la gente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. De igual forma, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por otra parte, téngase a la autoridad responsable informando que fue expedido el certificado parcelario 000001110985 y el certificado de derechos sobre tierras de uso común 000001010897 a favor de la quejosa Ana Bertha Hernández Segundo; de igual modo, informa que se encuentran a disposición en el módulo de atención a tramites de dicha de delegación, previa identificación y firma de recibido, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes. En consecuencia, córrasele traslado a la parte quejosa con la copia simple del oficio y anexo de cuenta, para que esté en condiciones de allegarse de su contenido e imponerse ante las instalaciones de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a recoger los certificados parcelarios correspondientes, de conformidad con lo señalado por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a las demás partes. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
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