Ana Gabriela Molina y Chacon
Expediente 359/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana Gabriela Molina y Chacon
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda interpuesta; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se desechó de plano la demanda interpuesta, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VENTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Ana Gabriela Molina y Chacón, a través del cual cumple la prevención que se le practicara mediante proveído de dos de mayo del presente año, por lo que se le tiene desahogando en tiempo y forma el aducido requerimiento de la demanda de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Al respecto se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, el suscrito considera que es procedente tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda, sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del análisis armónico de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: El auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictado en los autos del expediente laboral 277/2011, del índice del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, en el cual se acordó lo siguiente: Se ordenó la reinstalación de Juana Villa Vázquez y otros trabajadores. Se apercibió al Ayuntamiento Constitucional de Misantla, Veracruz, que en caso de no cumplir con la reinstalación, se le aplicaría una multa equivalente a cien días de unidad de medida y actualización. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA REINSTALACIÓN DE JUANA VILLA VÁZQUEZ Y OTROS TRABAJADORES, ORDENADA EN EL AUTO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este último interpretado contrario sensu, disposiciones que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo de expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Por otro lado, el artículo 107, fracción IV, establece que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en dos supuestos, a saber: Cuando el peticionario de amparo se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional; o bien, Cuando se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia. Respecto al punto II (actos de ejecución de sentencia), el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como: a). Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; b). Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Amparo en el que podrá reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia número P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". De igual forma, se han establecido algunas excepciones al criterio general referido, como es el caso de los actos dictados después de concluido el juicio, que tienen autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; dentro de éstos actos se encuentra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del rubro y texto: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.-La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." Así como en la tesis de tenor literal: "LIQUIDACIÓN, INCIDENTE DE, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA EL.-El inciso segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo puede interponerse el amparo contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo y que hasta entonces se reclaman las violaciones cometidas durante el procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, la liquidación de la totalidad o de la parte de una sentencia, que condena a pagar una cantidad ilíquida, constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia, pero no es, rigurosamente hablando, la ejecución de la propia sentencia; en términos generales, las sentencias importan un título que trae aparejada ejecución, cuando el interesado no elige la vía de apremio, según lo dispone el artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; y para que pueda despacharse ejecución, se necesita que lo que se exija ejecutivamente, sea una cantidad líquida, ya que el artículo 446 del citado código prohíbe dictar auto ad exequendum por cantidad ilíquida; de modo que el incidente o artículo para resolver sobre la liquidación ordenada por una sentencia, no es la ejecución de la propia sentencia, sino un medio previo para hacerla ejecutable. Además, el artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles establece el procedimiento que debe seguirse para fijar la cantidad por la que ha de decretarse la ejecución, cuando la sentencia o parte de la misma, condena a pagar una cantidad ilíquida, y tal procedimiento concluye con la resolución del Juez; y como su decisión no tiene más recurso que el de responsabilidad, según lo previene el propio artículo, es inconcuso que si se reclama en amparo la resolución que niega a la parte quejosa el derecho de rendir pruebas en el incidente de liquidación de rentas e intereses, promovido en ejecución de sentencia y la resolución que aprobó dicha liquidación, la demanda no es notoriamente improcedente, ya que, suponiendo, sin conceder, que se tratara de ejecución de sentencia la demanda no pudo ser desechada, puesto que se endereza contra la última resolución que se dictó en el procedimiento establecido, por el mencionado artículo 115, y esta resolución no tiene más recurso que el de responsabilidad, el cual no puede producir efecto alguno de los que enumera la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, no puede modificar, confirmar ni revocar la decisión del Juez que fijó la cantidad por la cual debe decretarse la ejecución. También constituye una excepción la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. Se invoca la tesis que reza: "MEDIOS DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR UNA SENTENCIA, IMPROCEDENCIA DE LOS.-El arresto no puede ser considerado propiamente como un medio para ejecutar el fallo en un asunto civil, pues deben distinguirse los casos en que hay que hacer cumplir una simple determinación judicial, de aquellos en que se trata de ejecutar una verdadera sentencia, ya que para lo primero es para lo que el legislador ha establecido las medidas de apremio, en tanto que para lo segundo, ha dictado disposiciones relativas a ejecución de sentencia, previendo en ellas, dentro de lo posible, todos los obstáculos o dificultades que pudieran presentarse, para que tengan la debida solución. Igualmente, otra excepción sucede tratándose de actos en ejecución de sentencia cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Se cita la jurisprudencia P./J. 108/2010, de contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Aquí, sobre este tópico, es relevante subrayar que en el auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente laboral 277/2011, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, se ordena al Ayuntamiento Constitucional de Misantla, Veracruz, la reinstalación de Juana Villa Vázquez, y otros trabajadores, no se trasgreden los derechos sustantivos de la parte quejosa, es decir su libertad, propiedad privada y patrimonial. Por tanto, no nos encontramos en la hipótesis de excepción antes destacada, pues como se dijo no se afectan derechos sustantivos del quejoso en el acto reclamado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de los escritos aclaratorios, se advierte los siguientes antecedentes: 1. Juana Villa Vázquez y otros trabajadores, demandaron al Ayuntamiento Constitucional de Misantla, Veracruz, el despido injustificado, entre otras prestaciones, los cuales eran trabajadores de confianza dentro de la administración del referido ayuntamiento. 2. La parte promovente manifiesta que el Ayuntamiento Constitucional de Misantla, Veracruz, fue emplazado a juicio el veintiséis de abril de dos mil once, por conducto del entonces Sindico Ismael Rodríguez y Hernández. 3. Mediante laudo de ocho de septiembre de dos mil once, se condenó al multicitado Ayuntamiento por los conceptos de reinstalación laboral, el pago de salarios caídos, la expedición de nombramientos definitivos, pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y a pagar a cada uno de los actores el equivalente a treinta días de aguinaldo y cinco días por concepto de prima vacacional, por cada año que transcurra a partir del despido, todo hasta el cumplimiento del laudo. Bajo ese contexto, tenemos que la primera hipótesis no se actualiza, es decir, que la peticionaria de amparo tenga la calidad de tercera extraña a juicio, el Ayuntamiento de Misantla, es parte demandada en el expediente laboral 277/2011; por ende, se encontraba integrado en la relación procesal; es decir, no tiene la calidad de tercero extraño a juicio, además de que al ser parte demandada en el juicio natural, ya fue oído y vencido en juicio, pues la promovente manifiesta que el Ayuntamiento fue emplazado en el juicio natural el veintiséis de abril de dos mil once, teniendo con ello la posibilidad de ofrecer pruebas y oponer las excepciones que a sus derechos e intereses conviniera, por lo que el cumplimiento de las sentencias no deben obstaculizarse con la promoción de múltiples amparos, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, en la que estará en aptitud de promover la acción constitucional. Sin que obste la manifestación de la promovente, en el sentido de que se trata de una nueva administración municipal, la cual inició sus funciones el uno de enero de dos mil dieciocho, por lo que desconoce de los juicios en los que es parte el Ayuntamiento Constitucional de Misanlta, Veracruz, pues la anterior administración no le informó tales circunstancias; no obstante, el municipio como ente jurídico colectivo, cuenta con un órgano de gobierno denominado Ayuntamiento, el cual es colegiado, y el cual tiene la máxima representación política del Municipio y maneja su patrimonio, así también, el síndico es un integrante del Ayuntamiento que se ostenta con la representación legal del Municipio, de ahí que si en el año dos mil once, se emplazó al Ayuntamiento, desde esa fecha tuvo conocimiento, pues el acto recae en la esfera jurídica del Ayuntamiento como ente jurídico y no en las personas físicas que desempeñan alguna función en el aludido órgano administrativo. Apoya lo anterior la tesis XXXVIII.5 L, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, de rubro y texto siguiente "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. NO TIENE TAL CARÁCTER UN MUNICIPIO, SI EN EL JUICIO LABORAL FUE LLAMADO Y COMPARECIÓ COMO DEMANDADO EL AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DEL SÍNDICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007). De los artículos 90 de la Constitución Política; 1 a 4, 33, fracciones XIII y XXVIII, 42, fracciones II y III, de la Ley Municipal; y 1 y 2 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos (vigente hasta el 31 de diciembre de 2007), todos del Estado de Tlaxcala, se advierte que el Municipio, como ente jurídico colectivo, cuenta con un órgano de gobierno denominado Ayuntamiento, el cual es colegiado, tiene la máxima representación política del Municipio y maneja su patrimonio; además, el síndico es un integrante del Ayuntamiento que tiene la representación legal del Municipio, así como la vigilancia de sus recursos. De lo anterior se concluye que el síndico representa tanto al Municipio como al Ayuntamiento, toda vez que dentro de sus facultades se encuentra la de intervenir ante las autoridades cuando se afecten los intereses municipales, y le corresponde la defensa y representación del Ayuntamiento en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos. Consecuentemente, si en un juicio de amparo un Municipio reclama la falta de emplazamiento al procedimiento laboral burocrático, pero de las constancias se advierte que fue llamado el Ayuntamiento, y que éste compareció a través de su síndico, es inconcuso que el Municipio no tiene el carácter de persona extraña, toda vez que si la finalidad de la ley burocrática estatal es regular, entre otras cuestiones, las relaciones laborales establecidas entre los Ayuntamientos y los servidores públicos que le prestan sus servicios, es suficiente que el llamamiento a juicio se haya efectuado a través del Ayuntamiento." En el mismo sentido, resulta claro que no se actualiza la segunda hipótesis, en virtud de que el auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 277/2011, a través del cual se ordena la reinstalación de Juana Villa Vázquez y otros trabajadores, no se trata de una resolución que examine lo relativo al último acto dictado en la etapa de ejecución del juicio, pues el Juez no se pronunció en relación a la resolución definitiva en que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se ordenó al Ayuntamiento Constitucional de Misantla, Veracruz para que en caso de no llevar a cabo la reinstalación de la parte actora dentro del juicio natural, se le haría efectivo el apercibimiento de una multa, equivalente a cien días de unidad de medida y actualización. Situación que deriva en la improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, puesto que, como se apuntó, cuando se trata de violaciones cometidas tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo contra la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo (la que lo aprueba o desaprueba), pudiendo reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. También apoya lo anterior la tesis II.2o.C.389 Cde rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL APERCIBIMIENTO DE LA MULTA DE CIEN DÍAS DE UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el artículo 5°, fracción I, párrafo I de la propia Ley de Amparo, precisa: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.[.]" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la legislación de la materia. De lo transcrito, en el artículo 5° fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el ejercicio de la vía constitucional compete al quejoso y que ese carácter le corresponde, en el presente caso en específico, a la persona o personas que aduzca ser titular de un derecho subjetivo, quien debe alegar que el acto del que se duele viola sus derechos previstos en el artículo 1º de la ley de materia y que con motivo o como consecuencia de esa violación se produce una afectación que debe de cumplir con las características de ser real, actual y directa en su esfera jurídica de derechos, esto es, el carácter de quejoso corresponde a la persona a quien le perjudique el acto que reclama; entendiéndose como perjuicio, para efectos del juicio de amparo, la afectación a los derechos o intereses de una persona, derivada de la actuación de una autoridad, lo cual constituye el interés jurídico o legítimo para instar la protección federal. Así, para determinar la procedencia del juicio de amparo en tratándose de resoluciones jurisdiccionales, como la que aquí se reclama, la promovente deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo; además deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera actual, real y directa. De la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, así como de los escritos aclaratorios, se advierte que la peticionaria del amparo, se duele del auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 277/2011, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del cual se le apercibió en imponerle una multa equivalente a cien días de unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en caso de que no realice la reinstalación de los trabajadores despedidos pertenecientes al Ayuntamiento Constitucional de Misantla, Veracruz, que deriva en base a la ejecución del laudo en el expediente laboral 277/2017 del índice de la señalada como responsable. Conforme a lo anterior, el suscrito juzgador considera que el acto reclamado no ocasiona una afectación actual, real y directa a la esfera de derechos subjetivos de la promovente, en razón de que si el acto reclamado se hace consistir esencialmente en que la autoridad responsable le apercibe con la imposición de una multa para el caso de que no cumpla con el mandato que al efecto le realizó como parte integrante del Ayuntamiento, dentro de los autos del juicio laboral 277/2011, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, es incuestionable que dicho apercibimiento resulta ser un acto futuro e incierto pues su efectividad depende de la actitud que el apercibido asuma respecto del mandato de autoridad que se le requiere realizar, esto es, si la persona física o moral o sus integrantes a quienes se les realiza un requerimiento y se le conmina que de no cumplir tal exigencia se hará acreedor a una sanción, decide cumplir con el acto o acción que la autoridad determinó a su cargo, el apercibimiento que se le realizó dejará de tener vida jurídica y en caso de no cumplir tal mandato, implicará que de considerarlo procedente la autoridad determine si es o no procedente aplicar la medida correctiva con que conminó al requerido. Entonces, si la imposición de un multa, como es el caso, depende de si el Ayuntamiento Constitucional de Misantla, Veracruz da o no cumplimiento al requerimiento que le formuló la autoridad que señala como responsable, ello implica que no existe afectación actual, real y directa porque todavía no se ordena hacer efectiva la multicitada multa, ni si es procedente en contra Ayuntamiento apercibido, razones por las que el suscrito juzgador considera que hasta este momento el acto que se reclama se trata de un acto futuro e incierto que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues la imposición de la multa de que se trata se haría efectiva dependiendo la conducta asumida por la impetrante de amparo. De la misma forma, no se puede considerar en detrimento de la peticionaria de amparo, vulneradas sus defensas, menos aún que hayan existido violaciones a las leyes esenciales del procedimiento, en virtud de que el auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, en el que se le apercibe la imposición de una multa, esto al no dar cumplimiento al requerimiento consistente en la reinstalación de los actores en el juicio laboral 277/2011, en cumplimiento del laudo de ocho de septiembre de dos mil once, motivo por el cual sus derechos y el procedimiento materialmente se encuentra intactos, esto es, sin afectación alguna actual, real y directa. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis I.3º.C.121 K (9a), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al interés jurídico como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; por su parte el artículo 4o. de dicha ley, dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Luego entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso. De manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. Los apercibimientos de imposición de una medida de apremio (multa), son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo. Ello, toda vez que los actos intermedios previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final." De igual forma, apoya lo anterior la tesis PC.I.L. J/14 L Decima Época, Tomo III, pág. 2321, sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de una multa en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5º., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que imposición de una multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no seria posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, al actualizarse la referida causa de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, 5°, fracción I, primer párrafo, 6° y 7°, de la Ley de Amparo vigente, 107, fracciones I y IV, de la Carta Magna; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo que procede es desechar la demanda de amparo intentada por Ana Gabriela Molina y Chacón, en su carácter de Sindica del Ayuntamiento Constitucional de Misantla, Veracruz. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Notifíquese personalmente.Así lo acordó el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Ana Gabriela Molina y Chacón, mediante el cual pretendió desahogar el requerimiento que se le formulara por auto de dos de mayo del año en curso; sin embargo, si bien cumplió con solicitado en el aludido proveído, no menos cierto es, que no manifestó de manera expresa "bajo protesta de decir verdad", tal y como se le requirió en dicho auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, lo cual es un requisito formal en la demanda de amparo, y por ende en el escrito aclaratorio, que es un complemento de la misma, en consecuencia, no se tiene por cumplimentada la prevención formulada. Es aplicable al caso, por los datos que la informan, la jurisprudencia P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". En este contexto, dado que el promovente presentó su escrito aclaratorio el dieciocho de los actuales, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, es decir, el primer día de los cinco concedidos que para tal efecto se le concedió, por lo que una vez que sea debidamente notificado el presente auto, estese en espera de que transcurran los cuatro días restantes, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, 1a./J. 39/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo."
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos el escrito aparentemente signado por la quejosa Ana Gabriela Molina y Chacón, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento que se le formulara en proveído de dos de mayo del año en curso, en el cual se precisaron los puntos a cumplir, siendo estos los siguientes: "a) Deberá precisar la fecha en que se dictó el auto que reclama, es decir, si el acuerdo combatido es de diecisiete o dieciséis de marzo de dos mil dieciocho y cuando se le notificó ta determinación. b) Ampliara los antecedentes del acto que reclama, especificando cuando fue emplazado a juicio el Ayuntamiento que representa, cuando se emitió el laudo respectivo y cuáles fueron las pretensiones a las que fue condenada" Ahora, del análisis íntegro del escrito de cuenta, se advierte, que la promovente cumplió con el primer inciso de los requeridos, es decir, precisó que el auto que reclama es el de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mismo que fue notificado el seis de abril del año en curso, sin embargo, no cumplió con el segundo de los requerimientos, ya que no especifica cuando fue emplazada a juicio el Ayuntamiento de su representación. En este contexto, dado que la promovente presentó su escrito aclaratorio el ocho de los actuales en la Oficialía de Partes de este Juzgado, es decir, antes de que comience a correr el término que para tal efecto se le concedió, por lo que una vez que sea debidamente notificado el presente auto, estese en espera de que transcurran cinco días concedidos, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, subsistiendo el apercibimiento con el que se le conminó en el acuerdo de radicación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, 1a./J. 39/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época; Tomo XVIII, Noviembre de 2003; Pág. 133, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda. Notifíquese personalmente.Así lo acordó el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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