America Carmona Olivares
Expediente 855/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- America Carmona Olivares
- Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubieran hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido la suspensión de plano, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficios a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveer el oficio y anexos de cuenta, signado por el Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en representación del Secretario de Salud del Estado de Veracruz y/o Director General de Servicios de Salud de Veracruz, toda vez que por auto de nueve de diciembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Cúmplase.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en representación del Secretario de Salud del Estado de Veracruz, mediante el cual rinde su informe justificado; al respecto, agréguese sin mayor proveer, en virtud de que por auto de nueve de diciembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Cúmplase. Así lo proveyó la ciudadana licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por la quejosa ****, se trata de la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de incluir, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de COVID-19, a su menor hijo de identidad reservada con las iniciales B.A.E.C. Por otra parte, obra en autos la copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Encargado de Despacho de la Dirección General del Registro Civil, la cual merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Documental de la que se advierte que, a la fecha, el menor quejoso de identidad reservada con las iniciales B.A.E.C., cuenta con la edad de quince años. Por otra parte, es oportuno tener como hecho notorio el perfil oficial de twitter de la Secretaría de Salud, del que se advierte que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, el dieciséis de noviembre del año en curso, informaron que el 19 de noviembre, se abriría el pre registro para adolescentes de 15 a 17 años SIN COMORBILIDADES, a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19, tal como se evidencia con las imágenes que se insertan: Además, de la consulta realizada en esta propia fecha a la página oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, se advierte que ya se encuentra disponible el pre registro para que tanto los adolescentes de 15 a 17 años de edad sin comorbilidades, como los menores de edad de 12 a 17 años con comorbilidades, puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por su parte, el diverso numeral 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Asimismo, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. De lo anterior, la suscrita advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de incluir, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de COVID-19, a su menor hijo de identidad reservada con las iniciales B.A.E.C.; sin embargo, si se toma en consideración que el menor de edad antes nombrado -directo quejoso-, a la presente fecha, cuenta con una edad de quince años (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su representante legal y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquélla); es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye la materia del acto reclamado en la demanda que se provee. En esa virtud, se estima que las omisiones reclamadas en estancia relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores de dieciocho años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplica dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación del citado virus, además de la diversa omisión de proteger la vida y supervivencia de la parte quejosa, con motivo de la reanudación presencial de las actividades escolares han cesado en sus efectos, puesto que la directa parte quejosa a partir del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, está en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de residencia de la parte quejosa, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de quince años o más sin comorbilidades, y de doce a diecisiete años con comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlo de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna para evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo proteger la vida y supervivencia de la directa parte quejosa menor de edad. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS FUERA DE AUDIENCIA. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Finamente, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Coordinadora de las Brigadas Especiales del Estado de Veracruz y en su calidad de Coordinadora Estatal Correcaminos en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, mediante el cual rinde su informe justificado; al respecto, agréguese sin mayor proveer, en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables.
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