AMPARO OREA LOPEZ y Otros.

Expediente 5/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 44 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
5/2021
Año
2021
Actuaciones
44
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • AMPARO OREA LOPEZ y Otros.
  • Amparo Orea Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    MESA II ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 5104/2023 derivado del recurso de Revisión 372/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito con residencia en Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio de expresión de agravios relativo al recurso interpuesto por la autoridad responsable, y anexos precisadas; e informa que ADMITIÓ a trámite el medio de impugnación, que quedó registrado con el número 372/2023 de su índice. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II "....San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto que obran las constancias de notificación a las partes de la resolución del veintidós de mayo del presente año, y el traslado con el escrito de expresión de agravios de ******************** ********************delegado de las autoridades responsables, quien interpuso recurso de revisión; en tales circunstancias, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, REMÍTASE: 1. El original del juicio de amparo en que se actúa, promovido por ******************** ******************** ******************** ********************y ******************** ********************o ******************** ********************CRUZ. 2. La resolución del veintidós de mayo del presente año; y 3. Escrito de agravios dirigido al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia de los citados tribunales, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por Noel Carmona Rosales delegado de las autoridades responsables; atento a su contenido, se le tiene interponiendo RECURSO DE REVISIÓN contra la resolución dictada en el presente juicio; por lo tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito con sede en la Ciudad de Oaxaca, en turno, para su substanciación; para lo cual se ordena al secretario vigilar el cumplimiento del mandato. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las partes la copia del escrito de agravios, para los efectos legales correspondientes. SE DEJA DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Instrúyase a la Oficial Judicial "A", Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y el tribunal que por turno conozca tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 5/2021, promovido por ****, *****, ****, *****, **** y **** o *****, contra un acto del Ayuntamiento Municipal de Huajuapan de León, Oaxaca; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que por razón de turno correspondió conocer el doce de enero de dos mil veintiuno, a este órgano jurisdiccional, ****, *****, ****, *****, **** y **** o *****,, por propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal, contra el Ayuntamiento Municipal de Huajuapan de León, Oaxaca, por el acto que hicieron consistir en el acuerdo de sesión de cabildo mediante el cual decidieron cancelar, suspender o dejar de realizar la obra prioritaria para el año dos mil veinte a favor de la comunidad Agencia de Policía Dolores, para la ampliación de electrificación (red de distribución) en la calle sin nombre en la citada Agencia Municipal, municipio de Huajuapan de León, Oaxaca. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinente y señaló como derechos humanos violados los reconocidos en los artículos 1º, 2º y 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Tramitación del amparo. Desahoga la prevención inicial en el amparo que quedó registrado 5/2021, en proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo; dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; hizo del conocimiento de las partes que tenían expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual diferida, tuvo verificativo el cinco de abril de dos mil veintiuno; y, en resolución pronunciada el doce de abril siguiente, sobreseyó en el juicio de amparo. Tercero. Reposición del procedimiento. Inconforme con esa decisión, los quejosos interpusieron recurso de revisión, al cual se adhirió la autoridad responsable; y en ejecutoria de tres de junio de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa de este Circuito (Amparo en Revisión 248/2021), determinó la reposición del procedimiento para que se recabaran de oficio las pruebas pertinentes para la resolución y se emitiera una nueva resolución. En auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, este Juzgado llevó a cabo la reposición del procedimiento; requirió las pruebas que se consideró conducentes, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, DIANA LÓPEZ ROSARIO, el cual se llevó a cabo el cuatro de febrero de dos mil veintitrés; y, finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo en sus etapas de pruebas y alegatos el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra un acto emitido en una autoridad administrativa residente en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado al Ayuntamiento Municipal de Huajuapan de León, Oaxaca, es el ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO de catorce de noviembre de dos mil veinte, en que determinó la cancelación de la obra pública de "ampliación de electrificación (red de distribución)", en calles sin nombre, Agencia de Policía Rancho Dolores, municipio de Huajuapan de León, Oaxaca. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de actos. ES CIERTO el acto reclamado a la autoridad responsable, Ayuntamiento Municipal de Huajuapan de León, Oaxaca, ya que así lo manifestó en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad municipal responsable, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias presentadas por los quejosos, las cuales no fueron objetadas por las autoridades responsables y las que remitieron esas autoridades, las cuales previamente fueron valoradas. 1.- El uno de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la segunda sesión de la asamblea general comunitaria de la Comunidad Mixteca Agencia de Policía Dolores, municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, para la "priorización de obras, acciones y proyectos estratégicos para la atención a las carencias sociales y el mejoramiento de la línea de bienestar" de la agencia, en la que se aprobó como primera obra priorizada: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA DOLORES, MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN.- UNIDAD: POSTES.- CANTIDAD: 23.- .- HOGARES: 118.- MUJERES: 154.- HOMBRES 119.- TIPO DE INCIDENCIA: DIRECTA". 2. En sesión ordinaria de Cabildo de Huajuapan de León, Oaxaca, celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se aprobó el dictamen No. CIOTU-R33-FIII-005/2020 de la Comisión de Infraestructuras, ordenamiento territorial y urbano, y se autorizó la ejecución de obras, entre ellas: ". 5.-Orden de prioridad: No. 67, No. De obra FAISM-039-040-2020, nombre de la obra Ampliación de electrificación (red de distribución), en calles sin nombre, ubicación: Agencia de Policía Dolores, Modalidad, contrato. Por el importe de $519,323.74 (quinientos diecinueve mil trescientos veintitrés pesos 74/100 M.N.).- . Obras descritas en el dictamen y fichas técnicas anexas, para llevarse a cabo con recursos del Ramo 33 fondo III (Fondo de Aportaciones para la infraestructura social Municipal) ejercicio fiscal 2020 (dos mil veinte).- .". 3. En sesión extraordinaria de cabildo, de catorce de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable, aprobó el dictamen CIOTU-011/2020 de la Comisión de infraestructuras, ordenamiento territorial y urbano; autorizó la CANCELACIÓN de la obra autorizada, y ordenó la terminación del contrato de ejecución de obra pública municipal, por acuerdo mutuo, en los términos conducentes: ". PARTE EXPOSITIVA: 1.- Con fecha uno de enero del año dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria de cabildo fue integrada y aprobada la Comisión de Infraestructuras, Ordenamiento Territorial y Urbano.- 2Con fecha veintisiete de febrero del año dos mil veinte, se realizó el acto de Integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM).- 3.- Con fecha siete de marzo de año dos mil veinte, se realizó el acto de Priorización de Obras, Acciones y Proyectos del Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM), Ejercicio Fiscal 2020.- 4.- Con fecha 23 de septiembre del año dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Honorable Cabildo Municipal, aprobó la obra con fuente de financiamiento del Ramo 33.- Fondo III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), con un importe de $519,323.74 (quinientos diecinueve mil trescientos veintitrés pesos 74/100 M.N), la obra se autorizó fue una ampliación de electrificación (red de distribución) en calles sin nombre, ubicada en la Agencia de Policía Dolores, con una modalidad de contrato y una aportación de $519,323.74 (quinientos diecinueve mil trescientos veintitrés pesos 74/100 M.N).- 5. Esta comisión sustenta la solicitud por las siguientes razones: Primero.- Con fecha 19 de octubre de 2020, se celebró contrato de ejecución de obra con la C.P. Diana López Rosario, persona encargada de ejecutar obra pública consistente en una Ampliación de electrificación (red de distribución) en calles sin nombre, en la agencia de policía Rancho Dolores, perteneciente al municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, por la cantidad de $519.323.74 (quinientos diecinueve mil trescientos veintitrés pesos 74/100 M.N.).- Dos.- Resulta que el día veintitrés de octubre del año dos mil veinte, la contratista acudió al lugar designado para la ejecución de obra, para realizar los trabajos previos, en compañía de su personal, en dicho lugar dialogó con el C. Pedro Donaciano Guerrero Cruz, Agente de la Policía de Rancho Dolores, quien la amenazó con llamar al pueblo e impedirle la ejecución de la obra por la que fue contratada, retener su maquinaria y material para realizarla. Si no le entregaba el diez por ciento del valor total de la obra. Esto a dicho de la contratista que informo a los suscritos, responsable de obra pública municipal y director de infraestructuras, ordenamiento territorial y urbano. Quien además refirió que hay testigos de dicho hecho.- Tres.- Adicionalmente a estos hechos, la contratista nos ha informado que el día seis de noviembre del año dos mil veinte, el C. Pedro Donaciano Guerrero Cruz, Agente de policía de Rancho Dolores, se presentó en su oficina que se ubica en la calle prolongación de Valerio Trujano número 119, colonia el Calvario de esta Ciudad. Para reclamarle, que por su culpa había perdido la obra y nuevamente volvió a amenazarla, diciéndole que iba a boletinarla con todo el mundo, hablar mal de ella para que ya no obtuviera trabajo en ningún lugar, si no se retractaba de lo que había informado a los suscritos, al responsable de obra y al director de infraestructuras ordenamiento territorial y urbano, y volvió a pedirle dinero, consistente en el diez por ciento del valor total de la obra porque eso era una costumbre y así menciona la Constitución.- Cuatro.- Ante estos hechos deplorables, se ha iniciado el expediente de presunta responsabilidad administrativa UI011/2020, en la unidad de investigación mesa impar, adscrita a la Contraloría municipal. Cinco.- Así mismo, y toda vez que la conducta que ha cometido el C. Pedro Donaciano Guerrero Cruz, Agente de policía de Rancho Dolores, es Presumiblemente un delito. Tenemos conocimiento que la contratista C. P. Diana López Rosario presentó una denuncia en contra de la autoridad auxiliar referida, por los delitos de cohecho, amenazas y demás que se configuren en la fiscalía regional de la Mixteca 34789/FMIX/ Huajuapan/2020.- Seis.- Así mismo, toda vez que la modalidad de ejecución de obra fue aprobada por el cabildo mediante contrato, la contratista ha manifestado su voluntad en que se termine dicho contrato por acuerdo mutuo, el ejercicio fiscal 2020 está por concluir, existe el riesgo de devolver el recurso a la federación sino se ejercita. Son razones suficientes para poder cancelar la obra mencionada con recurso del ramo 33, como medida urgente, necesaria y además tener el cabildo la facultad de hacerlo, ponderando el interés público.- PARTE RESOLUTIVA: PRIMERO.- La cancelación de la obra pública autorizada con recursos del Ramo 33 Fondo III (Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social Municipal) ejercicio fiscal 2020. Consistente en: La ampliación de electrificación (red de distribución), en calles sin nombre, ubicación: Agencia de Policía Rancho Dolores, Modalidad, contrato. Orden de prioridad: No. 67, No de la obra FAISM-039-040-2020, Por el importe de $519,323.74 (quinientos diecinueve mil trescientos veintitrés pesos 74/100 M.N.).- SEGUNDO.- se ordena el término del contrato de ejecución de obra pública municipal por acuerdo mutuo.-.". Este es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, la autoridad responsable aduce que el juicio de amparo es improcedente porque el acto reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo de los quejosos, pues solo refieren ser habitantes de la Agencia de Policía de Dolores, sin relacionar el derecho o la afectación personal que el acto de autoridad presuntivamente se les ocasiona. Lo anterior es INFUNDADO, ya que el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. .". De las disposiciones insertas resulta, en lo de interés, que por regla general, el juicio de amparo puede promoverse por la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso, de los antecedentes narrados, destaca que los quejosos ****, *****, ****, *****, **** y **** o *****,, participaron en la asamblea general comunitaria de la Comunidad Mixteca Agencia de Policía Dolores, municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, realizada el uno de febrero de dos mil veinte, para la determinación sobre la "priorización de obras, acciones y proyectos estratégicos para la atención a las carencias sociales y el mejoramiento de la línea de bienestar" de la agencia. De ahí que, esté demostrado que son integrantes de la comunidad beneficiaria directa de la obra pública municipal que fue cancelada por el acto de la autoridad, lo cual constituye el interés jurídico de los quejosos contra dicho acto de autoridad. Por su parte, los restantes quejosos ****, *****, ****, *****, **** y **** o *****,, exhibieron copia de sus respectivas credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Nacional Electoral, sin que la autoridad responsable objetara dichas documentales, las cuales se adminiculan para dar convicción respecto que consideran su domicilio personal en "LOC DOLORES S/N.- LOC DOLORES 69000.- HEROICA CUIDAD D HUAJUAPAN D LEON, OAX", por ello, con interés legítimo contra el acto de autoridad, al tratarse de una obra pública, ampliación de la red de electrificación, destinada al beneficio de los habitantes de dicha comunidad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 08 de marzo de 2019, Décima Época, registro 2019456, materia Común, con el rubro y contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En otro aspecto, la autoridad municipal responsable alega que el juicio de amparo es improcedente al haberse consumado el acto reclamado de modo irreparable, porque la obra pública cancelada se rige por el principio de anualidad presupuestaria, correspondiente al año dos mil veinte, sin que sea posible ejercerla en otro presupuesto. Tal estimación es INFUNDADA, en virtud de que como consideró el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa al resolver en recurso de revisión 248/2021, derivada del inicial sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no es un impedimento jurídico para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, que ya haya concluido el año presupuestal dos mil veinte, porque ante una eventual concesión de amparo, sí se podría conseguir el fin u objeto de ésta, aunque para ello se tuvieran que realizar las adecuaciones presupuestales y la obtención de los recursos correspondientes. En diverso argumento, la autoridad responsable esgrime la improcedencia del juicio de amparo, porque los quejosos no agotaron el recurso administrativo de revocación que prevé el artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal, en relación al 80 y 81, del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Lo anterior es INFUNDADO, habida cuenta que en principio, acorde con lo dispuesto en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, no es condición de procedencia del juicio de amparo, agotar el recurso contra los actos de autoridad distintos a los tribunales jurisdiccionales, cuando la suspensión del acto impugnado exija requisitos mayores a los previstos en la Ley de Amparo; lo cual no se colma en dichos preceptos, ya que no prevén la suspensión del acto que se impugna mediante el recurso de revocación. Fundamenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia XIII.2o.C.A. J/1 A (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2368, registro digital 2021383, con el título y contenido: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA LEY DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS SEÑALADOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, POR LO QUE NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO O SU AMPLIACIÓN EN EL AUTO INICIAL, CON EL ARGUMENTO DE QUE PREVIAMENTE DEBE AGOTARSE AQUÉL. Una de las excepciones al principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consiste en que la ley que rija el acto reclamado establezca la existencia de un juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto de autoridad, en el que se suspendan sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los previstos en dicho ordenamiento para conceder la suspensión definitiva. Al respecto, el numeral 215, fracción III, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca establece mayores exigencias que las señaladas en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado, al disponer como requisito que con la ejecución de éste se generen al solicitante daños y perjuicios de difícil reparación; elemento que no está previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la excepción señalada, la causal de improcedencia del juicio constitucional no es manifiesta e indudable, en términos del artículo 113 de la misma ley, por lo que la demanda de amparo o su ampliación no debe desecharse en el auto inicial con el argumento de que es necesario promover, previamente, el juicio contencioso administrativo.". Finalmente, el Ayuntamiento responsable aduce que el juicio de amparo es improcedente, por extemporaneidad de la demanda, ya que el acto de autoridad data del catorce de noviembre de dos mil veintidós, y los quejosos presentaron su demanda de amparo hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. El argumento de la autoridad es INFUNDADO porque contrario a lo aseverado, la autoridad responsable no acreditó haber notificado a los quejosos o demostrado la fecha en que según su estimación, los quejosos tuvieron conocimiento del acto reclamado; en consecuencia, debe considerarse oportuna la acción de amparo instada por los peticionarios. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone esencialmente los conceptos de violación siguientes: En el primer concepto de violación, aducen que la cancelación de la obra pública municipal de ampliación de la red de distribución eléctrica, es ilegal porque no se les tomó en cuenta, ni existe causa o motivos justificados en alguna norma constitucional o secundaria para ello, cuando su implementación fue propuesta por la comunidad para el desarrollo comunitario. En el segundo concepto de violación, reiteran que se afecta el derecho al desarrollo como derecho humano de las comunidades indígenas, porque dicha obra fue resultado del acuerdo de asamblea y es necesaria para avanzar en la generación de una vida digna de sus integrantes. Agregan que la obra pública cancelada, fue considerada prioritaria y asignada de un monto del presupuesto del ramo 33 fondo III, para tener la posibilidad de acceder al tipo de desarrollo buscado de manera colectiva. En el tercer concepto de violación, los quejosos argumentan que el acto reclamado, viola su derecho a una vida digna y al desarrollo, al ser una decisión unilateral, a pesar de que la autoridad municipal estaba sabedora de los perjuicios que le ocasionaría la cancelación, como es continuar viviendo en la carencia del servicio público de electrificación en sus viviendas. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Suplida la deficiencia de la queja, es procedente la protección constitucional solicitada por los quejosos. En principio, es oportuno precisar que los peticionarios de amparo se autoadscriben indígenas mixtecos, habitantes de la comunidad de Dolores; lo cual se confirma con el acta de asamblea comunitaria, de uno de febrero de dos mil veinte, en la que dicha comunidad, a la que asistieron al menos tres de los aquí quejosos, tomaron el acuerdo de priorización de la obra de ampliación de la red de electrificación; autorizada por el Ayuntamiento responsable, con recurso del ramo 33 fondo III (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal), cuyo destino es para la población en pobreza extrema o localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. En esa situación, se actualiza la suplencia de la queja en términos del numeral 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, estatuida a favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Ahora, los artículos 2º, apartado B, y 25, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Art. 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. . B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. .". "Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. ." "Art. 26.- A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. .". En los dispositivos insertos, se reconoce la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas; así como el derecho al desarrollo social de los individuos, grupos y clases sociales, como un derecho fundamental de las personas y comunidades. Ilustra lo anterior, el contenido de la jurisprudencia P./J. 75/2009 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XXX, Julio de 2009, página 1539, registro digital 166968, del rubro y contenido: "DESARROLLO SOCIAL. SURGE COMO PARTE INTEGRAL DE LA INSTAURACIÓN CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ECONÓMICA, DEMOCRÁTICA Y SOCIAL, RECONOCIENDO LA NATURALEZA MIXTA DEL ESTADO, POR LO QUE ES PIEZA CENTRAL DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO NACIONAL EN GENERAL. La facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de "planeación nacional del desarrollo económico y social" se incorporó a la Constitución Federal mediante decreto de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, al adicionarse la letra D a la fracción XXIX del artículo 73 constitucional. Esta reforma al artículo 73 no fue aislada, sino que se incorporó en un paquete de reformas relativo a las principales atribuciones del Estado en materia económica en la que se modificaron, entre otros, los artículos 16, 25, 26, 27 y 28. De este modo, esa facultad surge como parte integral de la instauración constitucional del sistema de planeación económica, democrática y social, reconociendo la naturaleza mixta del Estado. La reforma unificó los elementos de planeación nacional y buscó la coordinación e inducción de distintos niveles de gobierno o particulares al incorporarlos de manera expresa en el sistema nacional de planeación. La materia de desarrollo social es, entonces, una pieza central del proceso de planeación del desarrollo nacional en general, que se desarrolla en concreto a través del sistema nacional de planeación del desarrollo social y se ejecuta mediante la cooperación de las entidades y coordinación de las competencias, en materia de desarrollo social, previstas tanto a nivel federal, como a nivel estatal y municipal.". Por otra parte, los artículos 115, fracción IV, inciso b), y 134, de la misma Constitución General, disponen: "Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: . IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. .". "Art. 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. . El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. .". De estas otras disposiciones constitucionales, resulta que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, entre ellos, las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. Además, el manejo de recursos económicos federales por parte de los municipios, se sujetará a las bases constitucionales y a las leyes reglamentarias. Luego, en términos de los numerales 25 y 33, de la Ley de Coordinación Fiscal, independiente a las participaciones federales, existen las APORTACIONES FEDERALES, que son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de fondo establece la Ley, entre ellos, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el cual se destina exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, como las de electrificación rural. Robustece lo anterior, la jurisprudencia P./J. 9/2000 pronunciada el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia Constitucional, Tomo XI, Febrero de 2000, página 514, registro digital 192327, del rubro y texto: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. Las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria de los Municipios conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; por su parte, las aportaciones federales no están sujetas a dicho régimen, dado que son recursos netamente federales que se rigen por disposiciones federales.". Así como en lo conducente, la diversa jurisprudencia P./J. 27/2012 (9a.) pronunciada por el mismo Pleno del Alto Tribunal del País, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materias Constitucional, Administrativa, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, página 53, registro digital 159945, del contenido: "APORTACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HACENDARIA FEDERAL (DECRETO NÚMERO 748, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008). Al establecerse en el párrafo tercero del referido precepto legal la posibilidad de que los Municipios destinen hasta el 1.5% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a programas de evaluación y seguimiento en la rendición de cuentas a cargo del órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado de Oaxaca, provoca que dicho fondo no se ajuste a los lineamientos generales que prevé la Ley de Coordinación Fiscal respecto de las aportaciones federales, esencialmente, a lo dispuesto en el artículo 49 de la citada ley y, por ende, que violente el principio de libre administración pública hacendaria federal que consagran los artículos 124 y 134, párrafos primero y quinto, en relación con el 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, a pesar de que los recursos provenientes de las aportaciones federales pasan a formar parte del patrimonio del Municipio, éstos no quedan comprendidos dentro del régimen de libre administración municipal, toda vez que es la Federación, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, la que autoriza su destino y aplicación, y éstos no pueden ser modificados por los Estados o los Municipios, ni siquiera con motivo de un convenio celebrado con el referido órgano técnico de fiscalización.". Así, en los numerales 10, fracción V, 19 fracciones III y IX, y 45, fracción V, de la Ley General de Desarrollo Social, se dispone: "Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones: . V. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada; .". "Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: . III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad; . IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.". "Artículo 45. Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: . V. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría, a través de los gobiernos estatales, sobre el avance y resultados de esas acciones; .". En tales preceptos, se reconoce el derecho de los beneficiarios de los programas de desarrollo social, entre sus componente, el de recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, así como los programas y obras de infraestructura de electrificación, son prioritarios y de interés público. Correlativamente, los ayuntamientos tienen en sus funciones, la atribución de ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría, a través de los gobiernos estatales, sobre el avance y resultados de esas acciones. Adicionalmente, respecto los deberes de los Municipios en el ejercicio de las aportaciones federales para la Infraestructura Social, el citado artículo 33, apartado B, fracción II, y 49, de la Ley de Coordinación Fiscal, establece: "ARTICULO 33.- . B. La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones: . II. De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; b) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades; e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos, y .". "ARTICULO 49.- . Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan que los recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se señale en la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública en forma inmediata. .". En todo ese marco normativo, se advierte que, las APORTACIONES FEDERALES con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social son recursos que la Federación destina en forma exclusiva para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención prioritaria. Los programas y obras priorizados, son de interés público y deberán ejercerse conforme a las reglas de operación, para alcanzar los objetivos del desarrollo social para la comunidad y beneficiarios; y sólo pueden ser suspendidos por resolución administrativa o judicial. A diferencia de las participaciones federales que reciben los municipios, las APORTACIONES FEDERALES, en alguno de sus rubros legales establecidos, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, no participan de la característica de libre administración hacendaria, es decir, en la determinación de su destino es condición que se trate y justifique que los recursos correspondientes se destinen exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. Y en cuanto a su ejercicio, es obligación de la autoridad municipal darle participación a la o las comunidades beneficiarias, incluyendo las acciones de seguimiento, control y evaluación. Acorde con esas directrices, el acto reclamado de la autoridad municipal es inconstitucional porque de forma unilateral y de propia autoridad, el Ayuntamiento municipal CANCELÓ la obra autorizada con recursos del ramo 33, Fondo III, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, sin que la autoridad municipal tenga la facultad de libre administración sobre ellos, incluso sin darle la participación a los ya beneficiarios de la obra autorizada, ni de instancia de la Federación correspondiente. Además que el Ayuntamiento responsable carece de facultades para cancelar el proyecto de obra pública, el cual es de orden prioritario y de interés público, los beneficiarios de ese programa tiene derecho a recibir el beneficio ya autorizado, en tanto no ha sido suspendido por resolución de la autoridad administrativa competente, ni judicial. De ahí que la causa de pedir de los quejosos sea fundada en cuanto que se les priva del beneficio ya autorizado formal y presupuestariamente proyectado para el beneficio social de esa comunidad, lo cual les afecta en el derecho al desarrollo comunitario y de dignidad de las personas, para acceder a una mejor condición de vida, en cuanto al servicio de energía eléctrica, proyectado para la ampliación de la red de distribución eléctrica en varias calles sin nombre de esa comunidad, para el beneficio de ciento dieciocho hogares y mediante la instalación de veintitrés postes, sin que la autoridad municipal tenga facultad para suspender o cancelar el proyecto de obra. Por el contrario, el Ayuntamiento responsable está obligado a llevar a cabo la obra prevista en beneficio de la comunidad, y cuyos recursos federales fueron autorizados para esa finalidad social, esto es, darle consecución a las acciones para cumplir con el objetivo del fondo presupuestario asignado. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a. CXI/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, página 1213, registro digital 163468, con el título y texto: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios.". Al haberse determinado la inconstitucionalidad del acto reclamado, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitada por AMPARO OREA LÓPEZ, FAUSTO ÁNGEL RAMOS LUCERO, JUANA ELSA RAMOS LUCERO, CUAUHTÉMOC GUERRERO RIVERA, ALICIA LÓPEZ HERNÁNDEZ y ÁNGEL GUERRERO o ÁNGEL GUERRERO CRUZ, contra el acto reclamado del Ayuntamiento Municipal de Huajuapan de León, Oaxaca. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para los efectos siguientes: Deje insubsistente el acto reclamado; Dentro del plazo de tres días, autorice la REANUDACIÓN de la ejecución del proyecto de la obra de ampliación de electrificación, en los términos y objetivos autorizados, determinando su calendarización y conclusión en el presente ejercicio presupuestal; y, En ese mismo plazo, deberá dar inicio a las obras de ampliación de electrificación. OCTAVO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****, *****, ****, *****, **** y **** o *****,, contra el acto que reclamaron del Ayuntamiento Municipal de Huajuapan de León, Oaxaca, para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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