Amelia Hernandez Pacheco

Expediente 606/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
606/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Amelia Hernandez Pacheco
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 En Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    MESA I "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por ********************, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de los terceros interesados ********************, ******************** y ********************, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorera del ********************, en atención a su contenido, dígasele que una vez que proporcione el usuario a través del cual solicita la consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se proveerá lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA "... C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 de Oaxaca. - La omisión de vigilar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio Agrario número 1248/2016. Del Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca - La omisión de inscribir la sentencia dictada en el juicio Agrario 1248/2016; así como expedir el título de propiedad, bien inmueble que refiere dicha sentencia. TERCERO. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado manifiestan que es cierto el acto que se les reclama. CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en la inscripción de la sentencia dictada en el Juicio Agrario 1248/2016, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA por cesación de efectos, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "CAPÍTULO VII Improcedencia Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De dicho precepto se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Precisamente, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad a quien se le atribuyó tal proceder deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la extinción definitiva del actuar de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos inmersos, que se puede ver acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es evidente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una determinación que ya no está surtiendo sus efectos, al ser sustituida procesalmente. Es de citarse al respecto, por identidad de razón, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página dos mil cuatrocientos sesenta y seis del tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En ese sentido, se precisa que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: a) Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. b) Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el particular, se estima que se actualiza el segundo de los supuestos mencionados para que opere la cesación de efectos del acto controvertido, pues de la lectura de las constancias que obran en autos a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que el dos de agosto fue inscrita la sentencia dictada en el juicio agrario 12148/2016, bajo el folio 20067002113101927R, pues refiere: ".EN CONSECUENCIA Y EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE MÉRITO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 152 FRACCIÓN I, DE LA LEY AGRARIA, RESULTA PROCEDENTE LA INSCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA, REALIZAR LAS ANOTACIONES Y/O CANCELACIONES EN EL FOLIO AGRARIO RESPECTIVO Y EXPEDIR EN SU CASO, LAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES." Actuación con la que cesaron los efectos del acto reclamado, dado que desapareció la omisión de inscripción de la sentencia que refiere la quejosa. Es de apuntar que se actualiza la citada causa de improcedencia, porque los efectos de la omisión o dilación reclamadas quedaron superados por la inscripción realizada el dos de agosto del año en curso; de modo tal que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que ya no surte efectos al ser reemplazada procesalmente por la inscripción. De esta manera, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. QUINTO. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto, es necesario narrar algunos aspectos que se estiman relevantes para resolver la cuestión efectivamente planteada. De las copias certificadas del Juicio Agrario 1248/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, en Oaxaca, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por remisión expresa del numeral 2º, de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: a). El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el Juicio Agrario, 1248/2016, promovido por ESTEBAN HERNANDEZ CRUZ, JUAN MÁXIMO MARTÍNEZ PEREZ Y MARIA DE LA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, en contra de AMELIA HERNÁNDEZ PACHECO Y LEOPOLDO MAUREL PACHECO MEDINA, el mejor derecho a poseer el bien inmueble ubicado en el paraje denominado "LA LOMA" O "LAS LOMAS" actualmente calle Prolongación de eucaliptos esq. Jazmines, Col. Azucenas en el Ejido de San Martín Mexicapam. b). Dicha sentencia fue impugnada mediante el juicio de amparo por los terceros interesados ante el Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa, que al ser resuelta se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. c). Firme la sentencia el Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 en Oaxaca, ordenó la ejecución de la sentencia, requiriendo al Encargado del Registro Agrario Nacional que inscribiera la sentencia del juicio agrario 1248/2016, y expidiera el título de propiedad a favor de la aquí quejosa; sin que a la fecha se haya expedido el título de que se trata. Omisión aquí reclamada. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. ... En resumen, el acto reclamado por el que se analizará el amparo, es la omisión del Tribunal Unitario de vigilar el debido cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio agrario 1248/2016 y del Delegado del Registro Agrario Nacional, en la ciudad de Oaxaca, la omisión de expedir el título de propiedad a favor de la aquí quejosa como está ordenado en la sentencia citada. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad de la omisiones reclamadas y señaladas en la parte final del considerando anterior. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en los cuales esencialmente plantea que el acto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues hasta el momento no se ha dado cumplimiento a la sentencia firme dictada en el juicio agrario 1248/2016, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, en Oaxaca. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) El citado precepto establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Del artículo transcrito se advierte la obligación de toda autoridad encargada de administrar justicia de cumplir con los tres objetivos esenciales que debe reunir dicha impartición, a saber: Pronta. Se refiere a que las resoluciones que dicten los tribunales, deberán emitirse dentro de los plazos que fijen las leyes. Completa. Significa que antes de emitir la resolución que en derecho proceda, el Tribunal deberá examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos y resolver el caso de manera integral. Imparcial. Se traduce en que los tribunales por naturaleza propia deben dictar sus fallos con equidad y justicia, atentos al principio de igualdad procesal entre las partes; es decir, el juzgado debe tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos y pruebas aportadas y resolver a favor de la parte que hubiese aportado elementos de convicción definitivos. Gratuita. Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Plena ejecución. La cual versa en el sentido de que las resoluciones que constriñan a su acatamiento, tendrán que realizarse en la forma en que se haya fallado dentro de ella misma, es decir, deberá darse cumplimiento a lo resuelto por los órganos jurisdiccionales en los términos y condiciones que se dijeron en la misma, obligación a la que por regla general nadie puede eximirse alegando alguna circunstancia ajena a la litis. Estos atributos concernientes a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala, en la tesis visible en el Apéndice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VI, común, P.R. SCJN, página 95, registro 922523, del texto siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Por otra parte, el artículo 191 dela Ley Agraria concerniente al procedimiento de ejecución de sentencia, establece: "Artículo 191.- Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes: I. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto; y II. El vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar o de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte que obtuvo, calificará la fianza o garantía según su arbitrio y si la aceptare podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario. En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las razones que impidan la ejecución, en el acta circunstanciada que levante. Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el tribunal del conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobará el plano definitivo. Del citado precepto se advierte el procedimiento de ejecución de sentencias en materia agraria que fue diseñado para lograr el cumplimiento de las mismas de una forma eficaz, sencilla y rápida; además, que el tribunal Unitario Agrario se encuentra constreñido a realizar todas las gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución, incluyendo los medios de apremio. En el caso, del análisis de las constancias que integran este asunto, se advierte que el dos de agosto de dos mil veintidós la autoridad responsable inscribió la sentencia dictada en el juicio agrario 1248/2016, mas no expidió el título de propiedad a favor de la aquí quejosa, como se plasmó en la sentencia de que se trata, pues en el último párrafo de la foja 39 vta., dice: ".Igualmente es procedente ordenar a la Delegación del Registro Agrario en el Estado, para que inscriba la presente resolución conforme a lo previsto en el artículo 152 de la Ley Agraria, 49 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; y conforme al artículo 81 del citado ordenamiento, expida el Título de Propiedad correspondiente a favor de AMELIA HERNANDEZ PACHECO, el cual deberá observar se ciña a los requisitos formales que prevé el citado numeral". Lo anterior evidencia que las autoridades responsables no han acatado, en perjuicio de la parte quejosa, el principio de impartición de justicia completa y expedita a que se refiere el artículo 17 constitucional; pues, sin causa justificada, han retardado dar cumplimiento total a la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que dictó el Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 en Oaxaca, en el juicio agrario 1248/2016. Por tanto, la sentencia definitiva de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, no se encuentra cumplida. Así, al no existir constancias que acrediten el cumplimiento total de lo sentenciado en autos del expediente 1248/2016, es inconcuso que existe desacato al artículo 17 constitucional. En tales condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa AMELIA HERNANDEZ PACHECO, para que las autoridades responsables realicen lo siguiente: - El Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, en Oaxaca. Agote el procedimiento de ejecución que establece el artículo 191 de la Ley Agraria, tomando las medidas necesarias para que la sentencia definitiva que emitió en el juicio agrario 1248/2016 sea cumplida en su totalidad, debiendo incluso adoptar las medidas de apremio correspondientes; lo cual debe hacerlo con plenitud de jurisdicción y de manera inmediata, dado que el numeral citado refiere que las sentencias deben ser ejecutadas de manera eficaz de inmediatamente. Por su parte, el Encargado de la Delegación del Registro Agrario en el Estado de Oaxaca, en el ámbito de sus funciones: De inmediato de cumplimiento total a la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que dictó el Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, en Oaxaca, en el expediente Agrario 1248/2016, esto es, otorgue el Título de Propiedad a favor de la quejosa AMELIA HERNÁNDEZ PACHECO. Todo lo cual deben acreditar ante este juzgado con las constancias respectivas. OCTAVO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ..., en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., por conducto de su apoderada IRMA HERNÁNDEZ PACHECO en términos del considerando séptimo de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de AMELIA HERNÁNDEZ PACHECO, por conducto de su apoderada legal Irma Hernández Pacheco; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual el la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales Sede Tanivet, devuelve diligenciado el despacho 146/2022 de este índice, enviado para emplazar a juicio al tercero interesado Leopoldo Maurel Pacheco Medina; en consecuencia, dése de baja la aludida comunicación oficial en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

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