Ana Gabriela Hernandez Salaya
Expediente 754/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ana Gabriela Hernandez Salaya
Actuaciones
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; tres de agosto de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente. ********************Por tanto con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes.********************Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. ********************Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción IV del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que fue dictado un auto que desechó la demanda de amparo, este expediente es destruible, después de tres años. ********************Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en mención. ********************Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente electrónico con el registro 754/2023, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DE LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA ANA GABRIELA HERNANDEZ SALAYA, quien promueve por derecho propio y en representación de su menor hija de nombre S.A.H. PERSONALIDAD. La demanda es promovida por MARIO MARTIN PICHARDO CASTILLO apoderado legal de ANA GABRIELA HERNANDEZ SALAYA según copia certificada digital del instrumento notarial siete mil seiscientos setenta y cinco; volumen CXXXV de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve pasado ante la fe del notario público veinticuatro con sede en Villa Hermosa Tabasco; documentales que bajo protesta de decir verdad el promovente, menciona que son copia íntegra e inalteradas de su original. AUTORIDADES RESPONSABLES. Licenciado SERAFIN DIAZ ROSARIO, Jefe del Departamento Jurídico de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, División de Distribución Sureste, Departamento Jurídico Divisional, Con Residencia en Oaxaca De Juárez, Oaxaca Licenciado JAVIER JHAIR SANTIAGO CHÁVEZ, apoderado legal de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, División de Distribución Sureste, Departamento Jurídico Divisional. ACTO RECLAMADO. La omisión de no efectuar contestación a los mensajes de correos electrónicos enviados en fechas veinte y veintinueve de junio del año dos mil veintitrés a los correos institucionales de la Comisión Federal de Electricidad, mediante los cuales, se realizó las solicitudes siguientes: De información sobre el estatus en que se encuentra la entrega del cheque de pago de ANA GABRIELA HERNANDEZ SALAYA con motivo de la tramitación del expediente 64/22-26-01-6 radicado en la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en razón a haber fenecido el plazo pactado en el convenio celebrado el treinta de marzo de dos mil veintitrés; y para el caso de que ya existiera fecha de entrega del cheque le fuera notificado por esa vía. De información, a efecto de que se diera contestación a su solicitud enviada mediante correo electrónico de veinte de junio de esta anualidad. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES VULNERADAS. Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8°, 4°, 14°, 16°, 17° y 133° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo en el artículo 5°, fracción II, interpretada a contario sensu, ambos de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, dado que a la autoridad que señala como responsable, no le asiste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Los preceptos legales referidos establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Así, resulta oportuno acotar que en relación con el concepto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que para efectos del amparo, lo constituye aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones que afecten la esfera jurídica de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, el más Alto Tribunal del País acotó que autoridad, tratándose del juicio de amparo, es la que ejerce las facultades decisorias que legalmente le han sido atribuidas y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; y abandonó el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Por tanto, con el propósito de dilucidar las consideraciones de tipo legal de tal afirmación, resulta menester precisar cuándo y en qué casos la Comisión Federal de Electricidad es considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, y así estar en aptitud de definir si los actos desplegados encuadran como actos de imperio, requisito básico para la procedencia de juicio constitucional, en términos del numeral 1°, fracción I, en relación con el ordinal 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Para ello, es preciso establecer que ni el poder constituyente ni el legislador ordinario han definido legalmente lo que debe entenderse por autoridad. En efecto, el artículo 103 constitucional establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal." El diverso numeral 107 de la Norma Fundamental tampoco define el concepto de autoridad; ni menos aún su ley reglamentaria, pues en su precepto 5°, fracción II, transcrito en párrafos precedentes, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, empero, sin precisar las características que los mismos deben reunir para considerarse con tal calidad para efectos de dicho juicio. En esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, que en principio sostuvo que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por ende, están en posibilidad de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de disponer de fuerza pública, tenían el carácter de autoridad, lo que se interpretó con rigor en el sentido de que solo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de la fuerza pública; no obstante, dicha postura se abandonó al sustentar con posterioridad la tesis del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO"; de la que, en síntesis, debe destacarse, según las consideraciones que la informan que, para los efectos del juicio de amparo, se estima autoridad aquella que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella." Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: i) Que tenga particularidades de órgano público. ii) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, y iii) Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, a fin de poner en relieve las apuntadas notas distintivas, resulta necesario precisar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en sus artículos 1°, 2°, 3°, 45 y 46, lo siguiente: "Artículo 1º. La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal". "Artículo 2°. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: I. Secretarías de Estado; II. Consejería Jurídica, y III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución." "Artículo 3°. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: I. Organismos descentralizados; II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y III. Fideicomisos. "Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten que sea la estructura legal que adopten." "Artículo 46. Son empresas de participación estatal mayoritaria las siguientes: II. Las Sociedades de cualquier otra naturaleza."(.) Por su parte, los Acuerdos por los que se crean CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, de catorce de marzo de dos mil dieciséis, emitidos por el Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de los propios mes y año, en sus artículos 1° y 2°, establecen lo siguiente: Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos "Artículo 1. Se crea la empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Suministrador de Servicios Básicos, la cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propios." "Artículo 2. CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene por objeto proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo solicite en términos de lo dispuesto por dicha Ley. Deberá generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. CFE Suministrador de Servicios Básicos tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer oficinas o domicilios legales o convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." Acuerdo por el que se crea CFE Distribución "Artículo 1. Se crea la empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, la cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propios." "Artículo 2. CFE Distribución tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de distribución, de conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. CFE Distribución tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer oficinas o domicilios legales o convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." Por consiguiente, a la luz de los preceptos legales reproducidos, el Jefe del Departamento Comercial de Suministros de Servicios Básicos de la Zona Centro Oaxaca de la Comisión Federal de Electricidad, tiene el carácter de empresas productivas subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad, que a su vez, resulta ser un organismo público descentralizado, pues así lo establece el numeral 8º de la mencionada abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, cuyo tenor literal reza: "Artículo 8°. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio". Corolario a lo anterior, resulta menester precisar que de acuerdo con la doctrina, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: i) Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados; ii) Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones, y iii) Las relaciones de supra a subordinación que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y, el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende únicamente de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun contra la voluntad del gobernado, y son coercitivos ya que si no se acatan, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese sentido, para que un acto de autoridad pueda considerarse como tal, debe reunir los siguientes requisitos: Unilateral. Para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. Imperativo. Porque la voluntad del particular se encuentra supeditada, es decir sometida. Coercitivo. Puede constreñir y forzar al gobernado para hacerse respetar. De esta guisa, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos: los particulares por un lado y el Estado investido con su imperio, por el otro. Lo que es así, en tanto que el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien, por ambas. Sobre el tema es oportuno citar, la tesis P.XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De lo razonado y fundado, se obtiene que, no pueden considerarse actos de autoridad las omisiones de las responsables de no efectuar contestación a los mensajes de correos electrónicos enviados en fechas veinte y veintinueve de junio del año dos mil veintitrés a los correos institucionales de la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior, pues se está frente a una relación de coordinación emanada de un vínculo convencional cuyo origen es la celebración de un convenio de conciliación que fue celebrado el treinta de marzo del año dos mil veintitrés entre la quejosa ANA GABRIELA HERNANDEZ SALAYA con la Comisión Federal de Electricidad, para dar por terminada la reclamación administrativa, mediante el cual ejercicio la acción de responsabilidad objetiva y directa, relacionado con la reparación de daños y perjuicios así como del daño moral, por los derechos lesionados a la parte quejosa derivados del siniestro en que falleció DAVID AYALA MONTIEL. De ahí que, se reitera, ambas partes actúan en calidad de particulares como consecuencia de la aceptación de esa convención, en la que se establecen obligaciones y derechos. Sin que por otra parte sea dable considerar que en la especie las autoridades señaladas como responsables aun en su calidad de particular, hubiesen desplegado actos de imperio para los efectos del juicio de amparo, en los términos previstos en el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la ley de la materia; ya que de la interpretación de dicho precepto legal, desde una perspectiva de evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinal y, en atención al principio de progresividad que consagra el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite concluir que los actos equivalentes a los de autoridad, para la procedencia del juicio de amparo contra particulares, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que se realicen al amparo de la facultad que el Estado les haya otorgado para ejercer una función regulada en una norma general, de tal manera que se asimile al servicio que en su lugar brindaría el ente público, sin que para ello sea necesario que forme parte del Estado como tal. En otras palabras, el precepto legal del que se dio noticia establece que para que un particular pueda ser reconocido con la calidad de autoridad responsable dentro de un juicio de amparo es menester la actualización de dos supuestos legales, a saber: i) Que un particular realice actos equivalentes a los de autoridad que afecten la esfera jurídica de un gobernado; y ii) Que las funciones del particular se encuentren determinadas por una norma general. Requisitos que en el caso no se encuentran colmados, esencialmente, porque como los actos reclamados, no derivan de la observancia de una norma general; sino que tuvieron lugar con motivo del cumplimiento a un convenio celebrado el treinta de marzo del año dos mil veintitrés entre la quejosa ANA GABRIELA HERNANDEZ SALAYA con la Comisión Federal de Electricidad, en un plano de coordinación "entre iguales". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en el que proporciona en el proemio de su demanda. Por otra parte, se tiene por autorizado con las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mario Martin Pichardo Castillo; Honoria Díaz Pinzón; Leonardo Daniel Pardo Gerónimo y Ana Patricia Velázquez González pues sus cédulas se encuentran Inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por tanto, a Roberto Barrios Mendoza; Rosa Elizabeth Hernández Pérez, Beatriz Montero Gordillo, Verónica Revilla Laureano, María Alejandra López Rodríguez, Miguel Angel Broca García, Irene del Carmen de los Santos Monterroso, Maria Melissa Hernandez Lorenzo, Rosa Elizabeth Hernandez Perez, y Cinaid Nayo Santos se les tiene únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del numeral 24 de la ley de la materia. Por otra parte, en torno a la solitud para que sea reconocido el carácter de apoderados legales en el juicio de amparo a Honoria Díaz Pinzo e Inocencia Garcia Santiago, dígase que no ha lugar, en virtud de que si bien cuentan con esa personalidad conforme a la copia certificada digital del instrumento notarial siete mil seiscientos setenta y cinco; volumen CXXXV de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve pasado ante la fe del notario público veinticuatro con sede en Villa Hermosa Tabasco; la demanda es firmada electrónicamente por MARIO MARTIN PICHARDO CASTILLO no así de los restantes apoderados. ACCESO AL EXPEDIENTE. Atento a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se localizó a los usuarios "corporativopichardo" y "abogadahony" con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico de este asunto así como la práctica de notificaciones electrónicas. Para ello, instrúyase a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que proceda a vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente.- CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONOS Se toma conocimiento de los números telefónicos y correos electrónicos para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesario. PETICIÓN A LAS PARTES. En otro aspecto, se exhorta a las partes de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. Notifíquese vía electrónica y cúmplase.
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