Amairani Díaz Díaz

Expediente 749/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
749/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatrepec, Veracruz
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
  • Amairani Díaz Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, interpusiera recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio, asimismo, el original del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción y depuración, delos mismos, con posterioridad al OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, de autos se advierte que obra por separado un cuaderno auxiliar de pruebas formado con copias certificadas del Juicio Ordinario Civil 1101/2018/I, remitidas por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz; sin embargo, toda vez que por lo expuesto en párrafos anteriores resulta innecesaria la conservación de lo antes descrito, devuélvase a su lugar de origen, solicitando a dicha autoridad responsable el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito de Coatepec, Veracruz, mediante el cual, en alcance al informe justificado que rindió y que obra en autos, informa que el once de octubre del año en curso, procedió la solicitud respecto del juicio de alimentos, aprobándose el convenio que celebraron las partes en el expediente 1101/2018/I, de su índice, y para acreditar su dicho remite copia certificada de la citada resolución. En consecuencia, agréguese a los presentes autos para que obren como corresponda el oficio y anexo recibidos, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la autoridad responsable, las copias certificadas que envía, a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo que dio origen, se advierte que Amairani Díaz Díaz, por propio derecho y en representación de su menor hijo, señaló dentro del capítulo del acto reclamado, lo siguiente: "El acto reclamado lo hago consistir el INFUNDADO ACUERDO DE 12 DE JULIO DE 2019, DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL 1101/2018-I, PUBLICADA MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS EN ESA MISMA FECHA, ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LA PARTE MEDIANTE LA CUAL SE ADMITEN DOS PRUEBA PERICIALES CONSISTENTES EN UN DICTAMEN DE PSICOLOGÍA Y CRIMINOLOGÍA FORENSE POR CADA UNA PARA ESTABLECER, EN UNO DE ELLOS (PRUEBA PERICIAL SEÑALADA CON EL ARABIGO 9 DEL CAPÍTULO DE LA DEMANDA EN RECONVENCIÓN), SI LA SUSCRITA PRESENTO SIGNOS DE DAÑO PSICOLÓGICO, DAÑO EMOCIONAL Y TRASTORNO PSICOLOGICO QUE ME HAGAN AGRESIVA EN CONTRA DEL C. JAHAZIEL LOZADA VÁZQUEZ Y DE NUESTRO MENOR HIJO DE IDENTIDAD RESERVADA PERO IDENTIFICADO CON LAS INICIALES D.J.L.D.; Y EN EL OTRO (PRUEBA PERICIAL SEÑALADA CON EL ARABIGO 10 DEL CAPÍTULO DE PRUEBAS DE LA DEMANDA EN RECONVENCIÓN), PARA ESTABLECER SI MI MENOR HIJO DE IDENTIDAD RESERVADA PERO IDENTIFICADO CON LAS INICIALES D.J.L.D. PRESENTA SIGNOS DE DAÑO EMOCIONAL, DAÑO PSICOLÓGICO, ASÍ COMO SECUELAS O TRASTORNOS DE NIÑO MALTRATADO; Y QUE DICHAS PROBRANZAS CORRERAN A CARGO DEL MTRO. MIGUEL ÁNGEL CRUZ HERNÁNDEZ." En ese orden de ideas, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable, se advierte que el once de octubre del año en curso, procedió la solicitud que hicieron las partes contendientes en el juicio de alimentos de origen, aprobándose el convenio que celebraron en el expediente 1101/2018/I, de su índice, en el que determinó lo siguiente: "RESUELVE ---PRIMERO:- Ha sido procedente la solicitud respecto del Juicio de alimentos, aprobándose el convenio que celebraron los Ciudadanos AMAIRANI DÍAZ DÍAZ, y JAHAZIEL LOZADA VÁZQUEZ en los términos que esta resolución se dicta, en consecuencia:------------------------------ ---SEGUNDO: Una vez que cause estado el presente fallo gírese atento oficio al C. Pagador y/o Jefe de Recursos Humanos y/o Representante Legal y/o Encargado del Departamento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informándole que los descuentos al señor JAHAZIEL LOZADA VÁZQUEZ que consta en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) decretados como pensión provisional deberán dejarse sin efectos y en su lugar se descontará lo que resulte del veinte por ciento (20%) de su salario y demás prestaciones, ahora como pensión alimenticia definitiva en beneficio del menor de iniciales D.J.L.D.; asimismo, infórmese al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, que las partes han decidido resolver la controversia derivada de este expediente a través de un convenio, mismo que ha sido aprobado judicialmente, lo anterior para que surtan sus efectos en los Juicios de amparo 749/2019.------------------------- ---TERCERO.- Condenándose a las partes a estar y pasar por el presente convenio, en todo tiempo y lugar al tratarse de una sentencia con categoría de cosa juzgada.------------------------CUARTO.- Previa razón de recibo, devuélvanse los documentos originales a las partes, dejando copia certificada en su lugar.----------------------------------------------------------------------QUINTO.- Remítase copia de este fallo a la Superioridad, para su conocimiento y en su oportunidad, previa las anotaciones de rigor, archívese este asunto como legalmente concluido.--------------------------------------------------------------------- ---SEXTO.- Notifíquese por lista de acuerdos y cúmplase.------ASÍ lo resolvió la Ciudadana Licenciada ARIADNA ABURTO SÁNCHEZ, Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familia, del Decimosegundo Distrito Judicial, asistida por la Ciudadana Licenciada MAGDALENA MENDEZ JUAN, Secretaria de Acuerdos con quien actúa, y DA FE.------------------------------------------------------------------------" En consecuencia, acorde a la aquí plasmado, el suscrito analizará de oficio la actualización de la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia el acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve, en el que se admitieron dos pruebas periciales consistentes en un dictamen de psicología y criminología forense que se practicarían tanto en la persona de la directa quejosa así como del menor hijo de los contendientes del juicio natural, para establecer, en uno de ellos (prueba pericial señalada con el arábigo 9 del capítulo de la demanda en reconvención), si la quejosa presentaba signos de daño psicológico, daño emocional y trastorno psicológico que la hagan agresiva en contra del C. JAHAZIEL LOZADA VÁZQUEZ y de su menor hijo de identidad reservada pero identificado con las iniciales D.J.L.D., y en el otro (prueba pericial señalada con el arábigo 10 del capítulo de pruebas de la demanda en reconvención), para establecer si su menor hijo de identidad reservada pero identificado con las iniciales D.J.L.D. presenta signos de daño emocional, daño psicológico, así como secuelas o trastornos de niño maltratado; y que dichas probanzas correrían a cargo del maestro Miguel Ángel Cruz Hernández y en este momento procesal obra en autos copia certificada de la aprobación del convenio que celebraron las partes en el expediente 1101/2018/I, de su índice, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Ello en razón a que al haberse aprobado el multicitado convenio se precisó que se trataba de una sentencia con categoría de cosa juzgada, por lo que la controversia que se debería resolver en el expediente natural ya fue dirimida, y por consiguiente, resulta innecesario realizar el desahogo de las pruebas ofertadas y admitidas. Así las cosas, aun cuando el proveído reclamado no fue declarado sin efectos, y por consiguiente dicho acuerdo continúa subsistiendo, no menos cierto es que sus efectos desaparecieron de forma total e incondicional al haberse convenido por las partes resolver la controversia judicial a que se habían sujeto, por lo que resulta innecesario desahogar las pruebas que, para lograr demostrar sus posturas, ofertaron. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). Asimismo, al haberse analizado de oficio la actualización de la causal de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el suscrito considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las diez horas con veinte minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido.

  3. Principal

    Con fundamento en lo establecido por los artículos 27, fracción I, inciso c) y el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo Vigente, se notifica por lista de acuerdo a la parte tercero interesada el proveído siguiente: Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito de Coatepec, Veracruz, mediante el cual, en alcance al informe justificado que rindió y que obra en autos, informa que el once de octubre del año en curso, procedió la solicitud respecto del juicio de alimentos, aprobándose el convenio que celebraron las partes en el expediente 1101/2018/I, de su índice, y para acreditar su dicho remite copia certificada de la citada resolución. En consecuencia, agréguese a los presentes autos para que obren como corresponda el oficio y anexo recibidos, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la autoridad responsable, las copias certificadas que envía, a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo que dio origen, se advierte que Amairani Díaz Díaz, por propio derecho y en representación de su menor hijo , señaló dentro del capítulo del acto reclamado, lo siguiente: "El acto reclamado lo hago consistir el INFUNDADO ACUERDO DE 12 DE JULIO DE 2019, DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL 1101/2018-I, PUBLICADA MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS EN ESA MISMA FECHA, ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LA PARTE MEDIANTE LA CUAL SE ADMITEN DOS PRUEBA PERICIALES CONSISTENTES EN UN DICTAMEN DE PSICOLOGÍA Y CRIMINOLOGÍA FORENSE POR CADA UNA PARA ESTABLECER, EN UNO DE ELLOS (PRUEBA PERICIAL SEÑALADA CON EL ARABIGO 9 DEL CAPÍTULO DE LA DEMANDA EN RECONVENCIÓN), SI LA SUSCRITA PRESENTO SIGNOS DE DAÑO PSICOLÓGICO, DAÑO EMOCIONAL Y TRASTORNO PSICOLOGICO QUE ME HAGAN AGRESIVA EN CONTRA DEL C. JAHAZIEL LOZADA VÁZQUEZ Y DE NUESTRO MENOR HIJO DE IDENTIDAD RESERVADA PERO IDENTIFICADO CON LAS INICIALES D.J.L.D.; Y EN EL OTRO (PRUEBA PERICIAL SEÑALADA CON EL ARABIGO 10 DEL CAPÍTULO DE PRUEBAS DE LA DEMANDA EN RECONVENCIÓN), PARA ESTABLECER SI MI MENOR HIJO DE IDENTIDAD RESERVADA PERO IDENTIFICADO CON LAS INICIALES D.J.L.D. PRESENTA SIGNOS DE DAÑO EMOCIONAL, DAÑO PSICOLÓGICO, ASÍ COMO SECUELAS O TRASTORNOS DE NIÑO MALTRATADO; Y QUE DICHAS PROBRANZAS CORRERAN A CARGO DEL MTRO. MIGUEL ÁNGEL CRUZ HERNÁNDEZ." En ese orden de ideas, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable, se advierte que el once de octubre del año en curso, procedió la solicitud que hicieron las partes contendientes en el juicio de alimentos de origen, aprobándose el convenio que celebraron en el expediente 1101/2018/I, de su índice, en el que determinó lo siguiente: "RESUELVE ---PRIMERO:- Ha sido procedente la solicitud respecto del Juicio de alimentos, aprobándose el convenio que celebraron los Ciudadanos AMAIRANI DÍAZ DÍAZ, y JAHAZIEL LOZADA VÁZQUEZ en los términos que esta resolución se dicta, en consecuencia:------------------------------ ---SEGUNDO: Una vez que cause estado el presente fallo gírese atento oficio al C. Pagador y/o Jefe de Recursos Humanos y/o Representante Legal y/o Encargado del Departamento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informándole que los descuentos al señor JAHAZIEL LOZADA VÁZQUEZ que consta en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) decretados como pensión provisional deberán dejarse sin efectos y en su lugar se descontará lo que resulte del veinte por ciento (20%) de su salario y demás prestaciones, ahora como pensión alimenticia definitiva en beneficio del menor de iniciales D.J.L.D.; asimismo, infórmese al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, que las partes han decidido resolver la controversia derivada de este expediente a través de un convenio, mismo que ha sido aprobado judicialmente, lo anterior para que surtan sus efectos en los Juicios de amparo 749/2019.------------------------- ---TERCERO.- Condenándose a las partes a estar y pasar por el presente convenio, en todo tiempo y lugar al tratarse de una sentencia con categoría de cosa juzgada.------------------------CUARTO.- Previa razón de recibo, devuélvanse los documentos originales a las partes, dejando copia certificada en su lugar.----------------------------------------------------------------------QUINTO.- Remítase copia de este fallo a la Superioridad, para su conocimiento y en su oportunidad, previa las anotaciones de rigor, archívese este asunto como legalmente concluido.--------------------------------------------------------------------- ---SEXTO.- Notifíquese por lista de acuerdos y cúmplase.------ASÍ lo resolvió la Ciudadana Licenciada ARIADNA ABURTO SÁNCHEZ, Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familia, del Decimosegundo Distrito Judicial, asistida por la Ciudadana Licenciada MAGDALENA MENDEZ JUAN, Secretaria de Acuerdos con quien actúa, y DA FE.------------------------------------------------------------------------" En consecuencia, acorde a la aquí plasmado, el suscrito analizará de oficio la actualización de la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia el acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve, en el que se admitieron dos pruebas periciales consistentes en un dictamen de psicología y criminología forense que se practicarían tanto en la persona de la directa quejosa así como del menor hijo de los contendientes del juicio natural, para establecer, en uno de ellos (prueba pericial señalada con el arábigo 9 del capítulo de la demanda en reconvención), si la quejosa presentaba signos de daño psicológico, daño emocional y trastorno psicológico que la hagan agresiva en contra del C. JAHAZIEL LOZADA VÁZQUEZ y de su menor hijo de identidad reservada pero identificado con las iniciales D.J.L.D., y en el otro (prueba pericial señalada con el arábigo 10 del capítulo de pruebas de la demanda en reconvención), para establecer si su menor hijo de identidad reservada pero identificado con las iniciales D.J.L.D. presenta signos de daño emocional, daño psicológico, así como secuelas o trastornos de niño maltratado; y que dichas probanzas correrían a cargo del maestro Miguel Ángel Cruz Hernández y en este momento procesal obra en autos copia certificada de la aprobación del convenio que celebraron las partes en el expediente 1101/2018/I, de su índice, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Ello en razón a que al haberse aprobado el multicitado convenio se precisó que se trataba de una sentencia con categoría de cosa juzgada, por lo que la controversia que se debería resolver en el expediente natural ya fue dirimida, y por consiguiente, resulta innecesario realizar el desahogo de las pruebas ofertadas y admitidas. Así las cosas, aun cuando el proveído reclamado no fue declarado sin efectos, y por consiguiente dicho acuerdo continúa subsistiendo, no menos cierto es que sus efectos desaparecieron de forma total e incondicional al haberse convenido por las partes resolver la controversia judicial a que se habían sujeto, por lo que resulta innecesario desahogar las pruebas que, para lograr demostrar sus posturas, ofertaron. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). Asimismo, al haberse analizado de oficio la actualización de la causal de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el suscrito considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las diez horas con veinte minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese por lista de acuerdos a la quejosa, personalmente al tercero interesado; así como a Héctor Covarrubias Flores, en su carácter de representante especial del menor y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexos firmado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familiar, con sede en Coatepec, Veracruz, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho número 115/2019 con número de orden 567/2019, del índice de este Juzgado, girado a efecto de emplazar al tercero interesado Jahaziel Lozada Vázquez; por tanto, agréguese a los autos sin mayor proveer, toda vez que por auto de diecinueve de septiembre del año en curso, el mencionado tercero interesado, se apersonó al presente juicio de amparo. En consecuencia, exclúyanse las constancias que obren en copia a fin de evitar el engrosamiento del expediente de manera innecesaria. Asimismo, dese de baja la referida comunicación oficial, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales procedentes.

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