Amelia Gomez Rios
Expediente 440/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 07/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Amelia Gomez Rios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis (fojas 269 a 271), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido debiéndose glosar a este expediente, el original del incidente de suspensión y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la medida cautelar, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-B Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose que la quejosa Amelia Gómez Ríos, dentro del plazo legal que se le concedió por proveído de fecha trece de septiembre del año en curso (fojas 254 y 255), para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de Amado Marín Santiago, Presidente Municipal; Jorge García Alfaro, Síndico Municipal; Martha Antonio Santiago, Regidora de Hacienda; Hazzel Marcos Cabrera, Regidor de Obras Públicas; Narciso Ramos Cabrera, Regidor de Agricultura; Joseles Jiménez Martínez, Regidor de Salud; y Sergio Carrasco López, Regidor de Educación Cultura y Deportes, integrantes del Cabildo Municipal de Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Oaxaca, no hizo manifestación alguna. En consecuencia, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y no obstante que la quejosa no hizo manifestación alguna, se estima pertinente resolver sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; atento al criterio sustentado en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por ejecutoria dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis (fojas 219 y 227), por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, residente en Xalapa, Veracruz, se modificó la sentencia recurrida, concediéndose a la quejosa Amelia Gómez Ríos, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables dejaran sin efectos la orden de clausura emitida en contra del establecimiento de su propiedad, así como sus consecuencias legales; y, en el caso de que pretendieran llevar a cabo visita de inspección en dicho establecimiento, deberían observar el procedimiento administrativo previsto por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca en el cual deberían respetar el derecho de audiencia a la quejosa. Por tal motivo, Amado Marín Santiago, Presidente Municipal; Jorge García Alfaro, Síndico Municipal; Martha Antonio Santiago, Regidora de Hacienda; Hazzel Marcos Cabrera, Regidor de Obras Públicas; Narciso Ramos Cabrera, Regidor de Agricultura; Joseles Jiménez Martínez, Regidor de Salud; y Sergio Carrasco López, Regidor de Educación Cultura y Deportes, integrantes del Cabildo Municipal de Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Oaxaca, por oficio sin número (fojas 250 a 253), informaron que ese cuerpo colegiado municipal nunca ha emitido ni emitirá orden de clausura alguna en contra de la quejosa o del establecimiento comercial que refiere, agregando, bajo protesta legal de decir verdad que no existe impedimento legal para que la quejosa Amelia Gómez Ríos realice actividades de comercio que refiere. De lo anterior, se advierte que las autoridades responsables, integrantes del Cabildo Municipal de Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Oaxaca, cumplieron con la ejecutoria de amparo, toda vez que tácitamente dejaron sin efecto la orden de clausura emitida en contra del establecimiento propiedad de la quejosa Amelia Gómez Ríos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio para los efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los citados efectos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. IIIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose que la quejosa Amelia Gómez Ríos, dentro del plazo legal que se le concedió por proveído de fecha trece de septiembre del año en curso (fojas 254 y 255), para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de Amado Marín Santiago, Presidente Municipal; Jorge García Alfaro, Síndico Municipal; Martha Antonio Santiago, Regidora de Hacienda; Hazzel Marcos Cabrera, Regidor de Obras Públicas; Narciso Ramos Cabrera, Regidor de Agricultura; Joseles Jiménez Martínez, Regidor de Salud; y Sergio Carrasco López, Regidor de Educación Cultura y Deportes, integrantes del Cabildo Municipal de Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Oaxaca, no hizo manifestación alguna. En consecuencia, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y no obstante que la quejosa no hizo manifestación alguna, se estima pertinente resolver sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; atento al criterio sustentado en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por ejecutoria dictada el seis de mayo de dos mil dieciséis (fojas 219 y 227), por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, residente en Xalapa, Veracruz, se modificó la sentencia recurrida, concediéndose a la quejosa Amelia Gómez Ríos, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables dejaran sin efectos la orden de clausura emitida en contra del establecimiento de su propiedad, así como sus consecuencias legales; y, en el caso de que pretendieran llevar a cabo visita de inspección en dicho establecimiento, deberían observar el procedimiento administrativo previsto por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca en el cual deberían respetar el derecho de audiencia a la quejosa. Por tal motivo, Amado Marín Santiago, Presidente Municipal; Jorge García Alfaro, Síndico Municipal; Martha Antonio Santiago, Regidora de Hacienda; Hazzel Marcos Cabrera, Regidor de Obras Públicas; Narciso Ramos Cabrera, Regidor de Agricultura; Joseles Jiménez Martínez, Regidor de Salud; y Sergio Carrasco López, Regidor de Educación Cultura y Deportes, integrantes del Cabildo Municipal de Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Oaxaca, por oficio sin número (fojas 250 a 253), informaron que ese cuerpo colegiado municipal nunca ha emitido ni emitirá orden de clausura alguna en contra de la quejosa o del establecimiento comercial que refiere, agregando, bajo protesta legal de decir verdad que no existe impedimento legal para que la quejosa Amelia Gómez Ríos realice actividades de comercio que refiere. De lo anterior, se advierte que las autoridades responsables, integrantes del Cabildo Municipal de Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Oaxaca, cumplieron con la ejecutoria de amparo, toda vez que tácitamente dejaron sin efecto la orden de clausura emitida en contra del establecimiento propiedad de la quejosa Amelia Gómez Ríos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio para los efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los citados efectos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. IIIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio sin número, signado por Amado Marín Santiago, Presidente Municipal; Jorge García Alfaro, Síndico Municipal; Martha Antonio Santiago, Regidora de Hacienda; Hazzel Marcos Cabrera, Regidor de Obras Públicas; Narciso Ramos Cabrera, Regidor de Agricultura; Joseles Jiménez Martínez, Regidor de Salud; Sergio Carrasco López, Regidor de Educación Cultura y Deportes, integrantes del Cabildo Municipal de Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Oaxaca, por el que informan el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. III-B
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