Ambrosio Andres Jimenez

Expediente 41/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
41/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Ambrosio Andres Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos; se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Ambrosio Andrés Jiménez, interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, en la que se sobreseyó. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que por auto de tres de enero de dos mil veinte, se decretó la suspensión de oficio y de plano; así también, que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó, pero se concedió la suspensión de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso a), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. En el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 41/2021-III-A, promovido por Ambrosio Andrés Jiménez, por derecho propio, contra actos de las autoridades precisadas, así como por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que dentro del término de tres días que se otorgó a la parte quejosa por acuerdo de diecisiete de febrero del año en curso, a efecto de que precisara los puntos ahí indicados, en relación con las pruebas ofrecidas de inspección judicial, pericial en materia de construcción, arquitectura e ingeniería, con la finalidad de proveer sobre su desahogo, no lo hizo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que se desechan las pruebas de inspección judicial y pericial, proveyéndose únicamente sobre el desahogo de la testimonial. Ahora bien, visto el estado de autos, lo procedente es desechar dicha testimonial por no ser idónea. Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto, para ofrecer pruebas la partes cuentan con la amplia facultad que la ley les concede, también lo es que ella no le es plena, sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra lo relativo a que los medios de convicción ofrecidos necesariamente tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, por lo que no es dable jurídicamente aportar pruebas para acreditar aspectos que no son tema de discusión entre las partes o que no influyen en el ánimo del juzgador para emitir una resolución, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la Ley de Amparo, sí se contempla en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta aplicable supletoriamente al juicio de amparo. Si se ofrece una prueba que no satisfaga ese requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y en esa hipótesis el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como en el caso acontece, pueden y deben desecharse incluso hasta en la celebración de la audiencia constitucional. En esencia, la parte quejosa señaló como actos reclamados: 1. La ejecutada orden de traslado involuntario del centro penitenciario de San Pedro Pochutla, Oaxaca, al diverso de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, sin previo aviso; 2. La omisión de las autoridades responsables de hacerle de su conocimiento que sería trasladado conforme al punto anterior; y 3. La omisión por parte de las autoridades de seguir las formalidades que señala el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, la parte quejosa ofrece como medio de convicción para tratar de acreditar los actos reclamados, la testimonial a cargo de Leydi Yurabi Luis Luis y Javier Carbajal Díaz. Sin embargo, el interrogatorio correspondiente va encaminado a cuestionarlos si saben dónde se ubicaba el CERESO número once; si estuvieron presentes en el desahogo de la inspección judicial (la cual en párrafos que antecede se desechó); si las bardas del inmueble respectivo presenta daños estructurales severos; si el dictamen de protección civil referente a esos daños es suficiente para cerrar el penal; así como si el deterioro es un proceso normal de la construcción; y, cuál es el pronóstico de vida útil del inmueble respectivo. De lo anterior se deduce que la prueba de mérito no resulta ser idónea para efectos del presente juicio de amparo, toda vez que la legalidad del traslado involuntario del que se duele, no guarda relación alguna con el testimonio que se pudiera rendir ya que esa actuación por parte de las autoridades responsables se trató de un acto de carácter administrativo en el cual no tienen injerencia terceras personas, como lo son los atestes. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 41/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y siete, tomo XIII, abril de dos mil uno, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189894, que establece: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 421, Tomo IV, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, octava época, con registro 227289, visible en el Semanario Judicial de la Federación del tenor literal siguiente: "PRUEBAS IDÓNEAS. SU CONCEPTO. De conformidad con lo establecido por el texto del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, "sólo los hechos estarán sujetos a prueba", de lo anterior, se colige que las partes en litigio deberán acreditar ante el juez la veracidad de sus afirmaciones a través de la demostración del hecho ausente, así, los elementos útiles para lograr dicha convicción en el juzgador lo serán las pruebas. Por otro lado, indica el cuerpo del artículo 87 del ordenamiento procesal ya invocado, que todo "tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley". Por su parte, el texto del artículo 150 de la Ley de Amparo, explica que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral y contrarias a derecho, entendiendo por esto último que no serán admitidas aquellas probanzas que no se ofrezcan en la forma y términos que al efecto establece la Ley. Ahora bien, es incontrovertible el hecho de que, de acuerdo con la naturaleza propia de cada prueba, las hay unas más idóneas que otras para demostrar el hecho ausente por acreditar. Dicha calidad de idoneidad se identifica con la suficiencia para obtener un resultado previamente determinado o determinable, esto es, una prueba será más idónea que otra mientras más suficiente sea para demostrar ante los ojos del juzgador el hecho ausente que se pretenda acreditar. La naturaleza de cada prueba no sólo permite distinguir entre sí a las diversas clases de probanzas útiles para crear convicción en el juzgador sino, además, ofrece a las partes que integran la relación jurídica procesal (juez, actor y demandado) la oportunidad de escoger y decidir, entre los diversos métodos que cada una de ellas importa, cuál es más idónea que las restantes para demostrar el hecho concreto por conocer. Así, dependiendo de la naturaleza de ese hecho concreto, se desprenderá la idoneidad de la prueba que resulte más apta para lograr el extremo que se pretenda acreditar." Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 480, Tomo IV, volumen 217-228, sexta parte, séptima época, registro 247152, visible en el Semanario Judicial de la Federación, misma que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA NO IDONEA. CONCEPTO. Procesalmente, debe estimarse no idóneo a un medio de prueba, cuando no sea apto para justificar el hecho de que se trate, porque la ley exija otro, o cuando por razón lógica o natural el hecho sea demostrable exclusivamente a través de un medio particular, distinto del ofrecido." Ahora bien, para dar margen, en caso de que la parte quejosa haga valer el recurso respectivo contra lo determinado en este proveído, se difiere la audiencia constitucional fijada para hoy, señalándose las DIECIOCHO HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración, como se desprende de la certificación secretarial; siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Máxime que en el caso, el acto reclamado, no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas conforme a la certificación secretarial que antecede. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado que rinde el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, residente en Oaxaca de Juárez; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. DOMICILIO Y DELEGADOS Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la responsable a las personas que menciona; asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita. Ahora bien, toda vez que dicho informe no fue presentado con ocho días de anticipación, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional fijada para las catorce horas con dieciocho minutos del veintiséis del actual, señalándose las DOCE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración, como se desprende de la certificación secretarial. Siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Máxime que en el caso, el acto reclamado, no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas conforme a la certificación secretarial que antecede. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 191995, cuyo tenor literal es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que el once de febrero de dos mil veinte, se reservó acordar lo procedente respecto de las pruebas de inspección judicial, pericial en materia de construcción, arquitectura e ingeniería y testimonial a cargo de Leydi Yurabi Luis Luis y Javier Carbajal Díaz (folio 1202), hasta en tanto el juez respectivo informara sobre la calificación de legal o no del traslado del quejoso Ambrosio Andrés Jiménez, lo que ya aconteció. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en tiempo, se tienen por ofrecidas dichas probanzas. A efecto de proveer sobre su desahogo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este proveído, precise lo siguiente: 1. Si la intervención de Luis Bastida Reyes, técnico en construcción y de Emilio Cornelio Marino Bourguet de León, licenciado en ingeniería y arquitectura, es únicamente en el desahogo de la inspección judicial, en virtud de que también se ofrece la pericial en esas materias. 2. Si dichas personas en la inspección de mérito, auxiliarán al personal que lleve a cabo la misma, a efecto de dar contestación a los puntos propuestos en el cuestionario respectivo y, tomarán las fotografías correspondientes. 3. Indique si también ostentan la calidad de testigos, en virtud de que uno de los interrogatorios que se adjuntan, se solicita sean examinados al tenor de las preguntas ahí incluidas, pero expresamente no se proponen como tal. 4. Proporcione los nombres y apellidos de los testigos de identidad del inmueble materia de la inspección judicial. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo otorgado, se desecharán las pruebas de inspección y pericial, proveyéndose únicamente sobre el desahogo de la testimonial. Por último, glósese el oficio firmado por el Director General de Amparos y Contencioso, en representación del Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en Ciudad de México; en su atención, téngase remitiendo copia simple del informe justificado que en su oportunidad rindió dicha autoridad en el juicio de amparo 2/2020, del que derivó la separación de autos que dio origen a este asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

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