Amanda María Riveron Roque

Expediente 272/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
272/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Amanda María Riveron Roque y Otros.
  • Amanda María Riveron Roque
  • Ernesto Gabriel Machado Reyes
  • Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Huatulco, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintidós Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que los quejosos ****, ***y ***, interpusieran recurso de revisión contra el auto de veintitrés de junio del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo 272/2022. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, vista la certificación que antecede de la que se advierte que por auto de dieciséis de abril de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de oficio y de plano; se destaca que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda, pero se concedió la suspensión de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso a), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de julio de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor proveído el oficio INM/OROAX/DAJ/954/2022, remitido vía correo electrónico, por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, en representación de la autoridad responsable Sub Representante Local de dicha dependencia en Huatulco, Oaxaca, por el cual informa que los quejosos ***, *** y ***, egresaron del recinto migratorio al habérseles otorgado documento provisional de visitante por razones humanitarias, quienes se encuentran sujetos a control de firmas ante esa Sub representación, hasta en tanto se resuelva sus solicitudes de reconocimiento de la condiciones de refugiados. Lo anterior, ya que en proveído de veintitrés de junio del presente año, se sobreseyó el presente asunto, por desistimiento de la parte quejosa. SIGILO Por otro lado, la autoridad antes mencionada refiere que lo que adjunta tiene el carácter de información confidencial, en términos de los numerales que cita en la misiva y del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 113 fracción V, y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que este Juzgado de Distrito, adopta las medidas necesarias a efecto de resguardar y mantener la secrecía con la finalidad de salvaguardar los principios de reserva de identidad y la protección de los datos personales de identificación y localización; ello, en aras de salvaguardar sus derechos humanos, únicamente se permite el acceso de éste a los servidores públicos facultados para ello; debiéndose observar en todo momento lo dispuesto en los preceptos 9, 10 y 11, fracción VI, del primero de los ordenamientos citados, así como del numeral 24, fracción VI, del último estatuto mencionado; por tanto, su resguardo, de la promoción que se provee, testando al efecto los datos sensibles de identificación. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el oficio, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, así como el escrito de Raúl Osorio Mendoza, autorizado de los quejosos Amanda María Riverón Roque, Ernesto Gabriel Machado Reyes y Carlos Javier Bernal García, de la que se advierte que los aludidos quejosos, ratificaron el escrito por el cual se desisten del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se provee al respecto: Los artículos 5 fracción I y 6 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En tanto que el numeral 63, fracción I, del citado ordenamiento legal, establece: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." En efecto, si el juicio de amparo únicamente puede seguirse por el agraviado, por su representante legal, su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley y, si en el caso, los quejosos Amanda María Riverón Roque, Ernesto Gabriel Machado Reyes y Carlos Javier Bernal García, como se advierte de la razón de cuenta, ratificaron su desistimiento de la demanda de este juicio de amparo, es inconcuso que no es jurídico proseguir con su trámite contra la voluntad de los gobernados; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio. ****** Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, se deja sin efectos la suspensión de plano concedida a los directos quejosos por auto de dieciséis de abril de dos mil veintidós; que como providencia cautelar fue decretada; así como la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de junio próximo. Comuníquese la anterior determinación a las autoridades responsables. Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos; advirtiéndose que se encuentra pendiente de realizar la diligencia de ratificación de firma ordenada en proveído de diez de los actuales; en cosecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Máxime que en el caso, el acto reclamado, no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas para su desahogo. Notifíquese.

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