Amelia de los Ángeles Caceres Chi

Expediente 94/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
94/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
01/08/2016

Partes del expediente

  • Amelia de los Ángeles Caceres Chi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de uno de julio de dos mil dieciséis en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran manifestación alguna al respecto; en consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido envíese al archivo. Después de transcurridos cinco años el presente expediente es susceptible de depuración, por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita.

  2. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de cuatro de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de uno de julio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, por conducto del Secretario General, informó el cumplimiento al fallo protector; por lo que, en acuerdo de veintiuno de junio del presente año, se dio vista a las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, feneció el plazo de tres días concedido a las partes para que realizaran manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo que dio la autoridad responsable, por lo que procede pronunciarse de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo: El veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 35 a 41), se dictó sentencia definitiva, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Amelia de los Ángeles Cáceres Chi, para el efecto siguiente: En el término de tres días siguiente a que se le notifique que causó ejecutoria esta sentencia, se pronuncie respecto del escrito presentado por la parte actora [aquí quejosa] el catorce de diciembre de dos mil quince, en el juicio DIT-54/2002 de su índice. En proveído de veinticinco de mayo del año en curso (fojas 48 y 49), se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo a la autoridad responsable. Por oficio STYPS/TCA/538/2016 de veinte de junio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable remitió la transcripción del auto de diecisiete de junio del mismo año, dictado dentro del juicio laboral DIT-054/2002 de su índice, así como las constancias certificadas de éste, mediante diverso oficio STYPS/TCA/597/2016 de veintidós de junio de dos mil dieciséis. Conviene precisar que a la referida documental se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, como en la sentencia de amparo se precisaron los efectos con los que la autoridad responsable podría restituir a la promovente de los derechos fundamentales violados, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, de la documental aportada por el Tribunal responsable se advierte que mediante acuerdo de siete de junio de dos mil dieciséis emitido en el juicio laboral DIT-54/2002, se dio contestación al escrito presentado por la quejosa el catorce de diciembre de dos mil quince, cuya falta de respuesta se reclamó en este expediente. En ese contexto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo al satisfacer su efecto y, con ello, restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental contemplado en artículo 17 constitucional, que le había sido vulnerado. Luego, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, veintiuno de junio de dos mil dieciséis. Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese orden, dése vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido del licenciado Marco Vinicio Alvarado Sanz, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en el presente juicio sin que las partes hayan hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA EJECUTORIADA, para todos los efectos legales. Así, toda vez que en la aludida sentencia se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, cumpla con la sentencia de amparo, remitiéndole copia autorizada de la ejecutoria de mérito para tal efecto. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá, a cada uno de sus integrantes, una multa, además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, para iniciar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación.

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