Ambar Friné Castillo Castillo y Otros.

Expediente 857/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 1 actuación registrada, la última del 15 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
857/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
15/11/2016

Partes del expediente

  • Ambar Friné Castillo Castillo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el dieciocho de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de quince de noviembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Con fundamento en los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo mediante el cual Ambar Frine, Evelyn Esmeralda y Rubí Yaquelyn todas de apellidos Castillo Castillo, solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 857/2016. Ahora, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "II.- ACTO RECLAMADO Sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, dictado por LA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO con residencia en la Ciudad de Chetumal, dentro del Toca Familiar número 61/2016 relativo a la apelación promovida por las suscritas en contra de la sentencia definitiva de fecha cinco de mayo del año dos mil dieciséis pronunciada por el C, Juez de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, relativo al Juicio Ordinario Civil de Nulidad Absoluta de la Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para acreditar el Concubinato, número 830/2014 promovido por la C. NORMA YAMILI DZIB JIMÉNEZ, en la que se resuelve al tenor de lo siguiente: ------------------------------------RESUELVE------------------------------------- PRIMERO.- Se CONFIRMA la sentencia impugnada de fecha cinco de mayo del dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en el último considerando de la presente resolución.-------------------------- SEGUNDO.- Remítase copia certificada de eta resolución y el expediente original al Juzgado Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Chetumal Quintana Roo, para los fines correspondientes.------------------------------------------------------------------ TERCERO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. En su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.------- ---Así, lo resolvió y firma el ciudadano ALBERTO AGUILAR LANGUARDIA, Magistrado Titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, ante la Secretaria de Acuerdos de la Sala Familiar, Licenciada Judith Catalina Vivar Hernández, quien autoriza y da fe..- DOY FE.--------". De lo antes expuesto, así como del análisis a la demanda de amparo, se tiene que las quejosas se duelen de la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitida dentro del toca familiar 61/2016, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de cinco de mayo del año en curso, dictada por el Juez de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil de nulidad absoluta de la diligencias de jurisdicción voluntaria 830/2014. En el caso se considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora, a la luz de lo transcrito -como se dijo-, el acto reclamado por la parte quejosa no encuadra en alguno de los presupuestos del artículo de referencia, por las razones siguientes: El acto que reclaman en la demanda de amparo, no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general (fracción I). Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues en el caso concreto, el acto que se reclama fue dictado por una autoridad jurisdiccional (fracción II). No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que estamos frente a una sentencia dictada en un procedimiento judicial (fracción III). Ni se está frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido (fracción IV). No se trata de un acto, dentro o fuera de juicio, pues como se dijo el acto reclamado puso fin a la controversia (fracciones V y VI). Mucho menos se trata de una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto es de naturaleza administrativa (fracción VII). Finalmente, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto (fracción VIII). En mérito de lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente asunto [sentencia definitiva de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dentro del toca familiar 61/2016, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de cinco de mayo del año en curso, dictada por el Juez de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil de nulidad absoluta de la diligencias de jurisdicción voluntaria 830/2014] no se encuentra en alguno de los supuestos que el artículo 107 de la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse una sentencia definitiva dictada dentro del toca penal 61/2016, relativo al juicio ordinario civil 830/2016, lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver el mismo correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el juicio de amparo indirecto 857/2016 promovido por Ambar Frine, Evelyn Esmeralda y Rubí Yaquelyn todas de apellidos Castillo Castillo, con las nueve copias de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho, y solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fredi Manuel Poot Chan, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral a Rodrigo Cejudo Maldonado, Ismael Arturo López Bardales, Berenice de los Ángeles Moo Eb, Adolfo Raúl Angulo Hidalgo y María José Arguelles cruz, en virtud de que no cuentan con dicho registro ante el mencionado sistema. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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