Amapolo Gomez Lopez

Expediente 951/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
951/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2022

Partes del expediente

  • Amapolo Gomez Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite testimonio de la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en autos del conflicto competencial ****en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Sí EXISTE EL CONFLICTO COMPETENCIAL a que este toca se refiere. SEGUNDO. ES COMPETENTE el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, a quien deberán de enviarse las constancias respectivas. TERCERO. Remítanse los autos al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Cancún." Por tal motivo, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, toda vez que el Tribunal de Alzada determinó que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, es la autoridad competente para conocer la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. En ese contexto, debido a que no existe trámite por realizar ni documentos originales por devolver, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ordena el archivo definitivo del presente cuaderno de antecedentes, mismo que por tener el carácter de expediente auxiliar, carecer de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, es susceptible de destrucción, después de transcurridos seis meses. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno, así como en el libro de gobierno correspondiente, y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual informa que el seis de enero de dos mil veintidós, dicho órgano colegiado admitió a trámite el conflicto competencial, suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, y este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda planteada por el quejoso ***; el cual quedó registrado bajo el número *** de su índice. Ahora, en atención al requerimiento contenido en el oficio de cuenta, relativo a exponer lo pertinente con relación al conflicto competencial planteado, infórmese al tribunal colegiado oficiante que este juzgado de distrito, con respeto de los razonamientos expuestos por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, reitera las consideraciones señaladas en proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno dictado en este juicio de amparo, en el que no se aceptó la competencia planteada por el juzgado declinante, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. Ello atendiendo a que de la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sola jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente administrativo *** del índice del Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, en la cual determinó la procedencia del dictamen de reparación del daño solicitada por el quejoso. Acto que a consideración del suscrito, no conlleva una ejecución material, pues con dicha resolución únicamente se establece que resultó procedente un dictamen en el que se determinó el monto de ****, por la reparación del daño solicitada por el quejoso, por lo que a consideración del suscrito el Juez competente resultaría ser en donde se llevó a cabo la presentación de la demanda de amparo, esto es en Cancún, Quintana Roo. Más aún, a que dicho dictamen, fue derivado de la recomendación emitida en la queja que el promovente interpuso ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, por la violación de derechos humanos cometida en su contra en la averiguación previa *** y su acumulada ***, radicada en Playa del Carmen, Quintana Roo. De ahí, que si el criterio del juzgado declinante radica en que la parte quejosa no señaló a una autoridad ejecutora en el domicilio donde ejerce jurisdicción, y que la única autoridad que señaló, radica en la ciudad en donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional, lo cierto es que, el acto reclamado en el presente asunto no conlleva una ejecución material como se ha señalado en párrafos precedentes. De lo hasta aquí señalado se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por el quejoso, debe atenderse a la regla referida en el numeral 3 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del juez de distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente administrativo *** del índice del Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, debe atenderse al lugar en que en donde se llevó a cabo la presentación de la demanda, lo que en la especie ocurriría en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, ya que es ahí en donde el quejoso señaló su domicilio, y donde se llevó a cabo la presentación de la demanda de amparo. Ahora, en el supuesto de que se considerara que dicha resolución tiene ejecución, debe considerarse que deberá tenerla en la jurisdicción de la autoridad declinante, ello debido a que el acto que tiene ejecución material, entendida ésta como toda alteración en el mundo fáctico generada en cumplimiento a un acto de autoridad, a saber, el pago de la reparación del daño a su favor, por el importe de ciento veinte mil novecientos seis pesos sesenta y cuatro centavos, derivado de la recomendación emitida en la queja que el promovente interpuso ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, por la violación de derechos humanos cometida en su contra en la averiguación previa *** y su acumulada ***, radicada en Playa del Carmen, Quintana Roo. Por lo que, en caso, de que se considere que el acto tiene ejecución entonces debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 antes señalado, es decir que deberá conocer el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del presente juicio de amparo, contra la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente administrativo *** del índice del Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, debe atenderse al lugar en que tendría ejecución el pago de la reparación del daño, lo que en la especie ocurriría en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, ya que es ahí donde el quejoso señaló su domicilio. Máxime, que la autoridad vinculada a la reparación del daño, encargada de la averiguación previa motivo de la resolución de la queja a favor del solicitante del amparo *** y su acumulada *** tiene su domicilio en Playa del Carmen, Quintana Roo, lugar en el que ejerce su jurisdicción el juzgado declinante. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por la Sala Auxiliar, publicada en la página 88, libro 32, Volumen 217-228, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 245025, que bajo rubro y texto indica: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto ***, número de orden ***, deducido del presente juicio de amparo indirecto, remitido, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara al quejoso **** el proveído de uno de diciembre de la presente anualidad. Asimismo, se advierte que no resulta necesario remitir el acuse de recibo, pues el mismo fue generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo, así como las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

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