Ambrosio Abascal Rojas
Expediente 205/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ambrosio Abascal Rojas
Actuaciones
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. No obsta lo anterior, que de los presentes autos se advierta que a la fecha no obren los acuses de recibo correspondientes a los oficios número 20957/2020, 20958/2020 y 20959/2020 dirigidos a las autoridades responsables, toda vez que el sentido de la citada resolución no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ, Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. No obsta lo anterior, que de los presentes autos se advierta que a la fecha no obren los acuses de recibo correspondientes a los oficios número 20957/2020, 20958/2020 y 20959/2020 dirigidos a las autoridades responsables, toda vez que el sentido de la citada resolución no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ, Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 205/2020, promovido por *********** contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, *********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que a continuación se precisan: S E N T E N C I A "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Como ordenadora: a) Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Córdoba, Veracruz. Como ejecutoras: a) Juez del Juzgado Municipal de Atoyac, Veracruz. b) La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Municipal de Atoyac, Veracruz. c) Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz. IV. ACTO RECLAMADO. "La medida de protección consistente en la separación de cuerpos mientras dure el juicio", decretada dentro del expediente 88/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Córdoba, Veracruz." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, admitió la demanda registrada bajo el número 205/2020; en consecuencia, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a la tercero interesada y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Por acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte, se tuvo por emplazada a la tercero interesada, *********** CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: a) Del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz: El acuerdo de cinco de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil 88/2020, en el que, en lo que trasciende, se decretó como medida provisional la separación de cuerpos entre el quejoso y su cónyuge, ***********, mientras dure dicho litigio. b) Del 2. Juez y 3. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Municipal de Atoyac, Veracruz, y del 4. Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, con residencia en Xalapa: La ejecución de la resolución precisada en el inciso anterior. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los reclamados de las autoridades responsables, 1. Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, 2. Juez y 3. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Municipal de Atoyac, Veracruz, precisado en el considerando anterior, así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del juicio ordinario civil 88/2020 y del cuaderno de despacho 29/2020, remitidas por las citadas responsables en apoyo a sus informes, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. También es cierto el acto de ejecución que se reclama del 4. Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, con residencia en Xalapa, pues con independencia de que en su informe justificado lo negó, de la lectura del acto reclamado se advierte, en lo que trasciende, que el Juez responsable solicitó su apoyo para hacer cumplir dicha determinación, en caso de estimarse necesario; por tanto, se tiene por desvirtuada su negativa. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar EDREI MORELOS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8e.f8 19/03/21 14:14:32 algunos antecedentes relevantes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por las autoridades responsables en vía de informe, relativas al juicio ordinario civil número 88/2020 y al cuaderno de despacho 29/2020, a saber: 1. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinte, en la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, *********** demandó en la vía ordinaria civil, de ***********, las siguientes prestaciones: "A) La declaración por sentencia firme que dicte este Juzgado en el sentido de que el matrimonio celebrado el día 14 de febrero de 2005. entre la suscrita. y el hoy demandado, ha quedado disuelto (.) B) Como consecuencia de la prestación marcada bajo el inciso A) del presente capítulo de prestaciones, la anotación marginal que se deberá realizar en el acta de matrimonio. a efecto de que se haga constar que ha quedado disuelto dicho vínculo matrimonial. C) Todas las demás consecuencias legales que vengan aparejadas con el divorcio reclamado (.)." Además, en dicho líbelo la accionante solicitó como medida provisional lo siguiente: "Atendiendo al interés superior del menor le solicito a Usted C. Juez que el demandado. sea separado del domicilio *******, por la violencia psicológica que realiza en contra de nuestra menor hija, así como la violencia que realiza en contra de la suscrita, en términos de los dispuesto por el artículo 149 en íntima relación con el numeral 156 ambos del Código Civil vigente en el Estado, concatenado con el numeral 162 del código de proceder de la materia." 2. Por acuerdo de cinco de febrero de dos mil veinte, el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, radicó la demanda bajo el número 88/2020, la admitió a trámite, y respecto de la medida de protección solicitada, proveyó, en lo que trasciende, lo siguiente: "(.) con la finalidad de otorgar seguridad a la actora y evitar que por virtud de la demanda que se provee, la situación de conflicto que vive con el demandado se maximice y ponga en riesgo la seguridad tanto física como emocional y psicológica de la demandante, es que se decreta la medida de protección solicitada por la actora, consistente en la separación de cuerpos mientras dure el presente juicio y por ende, el señor ***********, deberá retirarse del domicilio común ya descrito, con sus cosas personales, dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que sea requerido para que dé cumplimiento a esta medida, debiendo en lo subsecuente obtenerse de ingresar y permanecer en él; lo cual deberá notificársele de forma personal en su domicilio particular, exhortándolo a respetar la seguridad física y moral de la actora y de los menores, así como sus bienes; y toda vez que el domicilio se encuentra fuera de la ciudad, con fundamento en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimientos Civiles gírese atento despacho al Juez Municipal de Atoyac, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este juzgado señalen día y hora hábil que lo permita la agenda del Juzgado Municipal y deberán notificar la medida en comento, debiendo levantar el acta circunstanciada de dicha diligencia. (.) Con la finalidad de que se dé mayor protección a la actora gírese oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, a fin de hacer de su conocimiento la existencia del presente juicio y de la medida provisional decretada, para que, de requerirse, brinden el apoyo a la parte actora ante una llamada de auxilio que realice a dicha institución, toda vez que en presente asunto existe un problema latente de violencia familiar." Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio- que se actualiza la causa de improcedencia prevista prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la revocación del acto que aquí reclama. El artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo. De no observarse el referido principio, se actualizaría la improcedencia del juicio de amparo, en razón de que a esta vía debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. En el asunto que nos ocupa, el quejoso incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, el impetrante de amparo, ***********, reclama del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, el acuerdo de cinco de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil 88/2020, en el que, en lo que trasciende, se decretó como medida provisional la separación de cuerpos entre él y su cónyuge, *********** mientras dure dicho litigio. Sin embargo, contra el citado acto reclamado procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que dispone: "Artículo 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos. Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la Ley. Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así corno los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar. Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso." El precepto transcrito dispone que cualquier reclamación sobre las medidas a que se refiere ese capítulo del ordenamiento legal en consulta, se resolverá con un sólo escrito de cada parte, sin ulterior recurso. En ese entendido, contra la medida provisional de separación de personas reclamada, decretada conforme al numeral 156 del Código Civil del Estado de Veracruz,1 procede el recurso de reclamación, de acuerdo al artículo 162 del código procesal civil, que establece su procedencia contra las medidas precautorias que se dicten, conforme al citado numeral 156, entre las que se encuentra la medida de provisional de separación de cónyuges, como protección para ellos; y no existe constancia de que el inconforme, previamente a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tal resolución, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. 1 Artículo 156. Al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere urgencia y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes, conforme a las disposiciones siguientes: I. Separar a los cónyuges en todo caso (.)" Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí se exponen, la tesis XX.2o.48 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, localizable en la página 3258, Tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PROVIDENCIA PRECAUTORIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA ES NECESARIO AGOTAR LA RECLAMACIÓN INCIDENTAL ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). El artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles del Estado otorga a la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, la posibilidad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, para cuyo efecto se le notificará la citada medida cautelar, en el caso de no haberse ejecutado con su persona o representante legítimo, la cual se tramitará en la vía incidental; de lo que se infiere que contra la determinación aludida procede el medio ordinario de defensa consistente en la reclamación que debe instaurarse en la vía incidental, y tendrá por objeto modificarla, revocarla o nulificarla; en esas condiciones, al promoverse el juicio de amparo antes de la reclamación incidental no se agotó el principio de definitividad, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III del numeral 74 del propio ordenamiento legal." Es pertinente indicar que si bien la tesis en cita se refiere a la legislación del Estado de Chiapas, también lo es que el texto del precepto que a ese respecto interpretó, es de similar contenido al mencionado 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. En el entendido de que, en el caso, no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues -en principio- el acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por otro lado, el quejoso no es tercero extraño al procedimiento, ya que de los autos que integran el juicio civil de trato, se advierte que es parte en dicho procedimiento (demandado). Además, la procedencia del recurso de reclamación antes aludido, no está sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentra regulado por los artículos a los que se hizo referencia. Similar consideración sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, al resolver, respectivamente, los recursos de queja 52/2019 y revisión 547/2019, de su índice administrativo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables, 2. Juez y 3. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Municipal de Atoyac, Veracruz, y 4. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y Delegado de la Policía Estatal Región XXI, conurbación Córdoba-Fortín, Veracruz, dado que no se reclamaron por vicios propios. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 205/2020, promovido por ***********, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
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