Amanda Beltran Velazco

Expediente 531/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
531/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
04/01/2022

Partes del expediente

  • Amanda Beltran Velazco
  • Amanda Beltran Velazco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió y negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, requiérase a la parte quejosa para la devolución de los billetes de depósito números N903633 y N903634, expedidos por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, cada uno por la cantidad de $1,800.00 (un mil ochocientos pesos, cero centavos moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el artículo citado. Notifíquese; y por lista de acuerdos a las quejosas.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió y negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, requiérase a la parte quejosa para la devolución de los billetes de depósito números N903633 y N903634, expedidos por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, cada uno por la cantidad de $1,800.00 (un mil ochocientos pesos, cero centavos moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el artículo citado. Notifíquese; y por lista de acuerdos a las quejosas.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Córdoba, Veracruz, a las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 531/2021 promovido por ., .. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: escrito de demanda de amparo signado por .; y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Por otro lado, la Secretaria hace constar que por autos de veinte de julio y treinta y uno de agosto, del año en curso, se tuvo por inexistentes a las autoridades señaladas como responsables 29. Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Fiscalía Regional Zona Centro, con sede en Córdoba, Veracruz; 3. Fiscal Tercero Investigador en Delitos Diversos adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz; 24. Inspector General de la Policía Municipal, y 25. Comandante de la Policía Municipal, ambos con sede en Maltrata, Veracruz. Acto seguido, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el período probatorio la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas en este juicio. A lo que la Jueza acuerda: Toda vez que no existen pruebas ofrecidas por las partes se concluye el presente periodo. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos en el juicio en que se actúa, por lo que no hicieron uso del derecho concedido por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Acto continuo, la Jueza acuerda: Al no existir alegatos formulados por las partes, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo anterior se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia. Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 531/2021, promovido por .., contra actos del 1. Fiscal Primero Investigador en Delitos Diversos adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV con sede en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, que consideraron violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diecisiete de junio del actual, en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado el día siguiente a este Juzgado, . solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Fiscal Primero Investigador en Delitos Diversos adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV con sede en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, consistentes en: - La orden de aprehensión, detención, presentación, búsqueda, y su ejecución. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Previa aclaración de demanda, por acuerdo de seis de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Por autos de veinte de julio y treinta y uno de agosto, del año en curso, se tuvo por inexistentes a las autoridades señaladas como responsables 29. Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Fiscalía Regional Zona Centro, con sede en Córdoba, Veracruz; 3. Fiscal Tercero Investigador en Delitos Diversos adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz; 24. Inspector General de la Policía Municipal, y 25. Comandante de la Policía Municipal, ambos con sede en Maltrata, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en razón de que los actos reclamados, de ser ciertos, tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: - La orden de aprehensión, detención, presentación, búsqueda, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las Fiscales 1. Primero, 2. Segundo, 4. Cuarto, por sí y en auxilio de la 17. Fiscal Décimo Primero; 5. Quinto; y 6. Sexta; todos investigadores en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz; 7. Fiscal Primera en Delitos Diversos, 9. Fiscal Tercera; 10. Fiscal Cuarto, por sí y en auxilio de las Fiscalías 8. Segunda y 12. Sexta; 11. Fiscal Quinto; 13. Fiscal Séptimo; 14. Fiscal Octava; 15. Fiscal de Distrito, encargado del despacho en la Fiscalía Investigadora de Fortín, Veracruz; 16. Fiscal Décima; los anteriores adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, Distrito XIV, Córdoba, Veracruz; 18- 19. Fiscal Especializado en representación de los Fiscales Primero y Segundo Investigadores, adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz; 26., 20, 21. Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives, con sede en Orizaba, Veracruz, denominación correcta de las autoridades señaladas como Comandante, Segundo Comandante y Jefe de Grupo, adscritos a la Fiscalía Regional Zona Centro, con sede en Orizaba, Veracruz; 22-23. Fiscal Especializado de la Coordinación en representación del Comandante y Segundo Comandante, adscritos a la Coordinación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, Veracruz; 27. Encargado de la Jefatura de Detectives, Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial de Nogales, Veracruz, con sede en Ciudad Mendoza; y 28. Comandante actualmente Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial de Córdoba, Veracruz; al rendir sus informes negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Las quejosas no aportaron prueba alguna tendente a desvirtuar tal negativa; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que, por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ., contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo y por los motivos ahí expuestos. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los telegramas remitidos por la 5. Fiscal Quinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz, en atención a su contenido, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado el veintisiete de septiembre del actual, y por rendido su informe justificado. En consecuencia, con su contenido, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo.

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