Amandali Bozziere Sánchez

Expediente 1009/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1009/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Amandali Bozziere Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz; mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, Amandali Bozziere Sánchez por sí y en representación de sus menores hijas, contra la sentencia de diez de marzo de dos mil veintitrés, radicándolo con el número de revisión 205/2023, de su índice. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se encuentran notificadas todas las partes de la resolución impugnada y del acuerdo en el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juico; en consecuencia, remítase vía interconexión, a través del Sistema de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del citado medio de impugnación. En el entendido de que se ordenó poner a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del expediente en que se actúa. Cúmplase.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese copia del escrito signado por la quejosa, Amandali Bozziere Sánchez por sí y en representación de sus menores hijas; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, copia del escrito de agravios, y una vez que se encuentren debidamente notificadas del presente acuerdo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase vía interconexión el escrito de agravios que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Se precisa que, en caso de que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del recurso de trato; lo anterior, en términos del numeral 89 de la Ley de Amparo. Notifíquese, por lista de acuerdos al tercero interesado; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, trece de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido y a la certificación de cuenta, se advierte que se dictó sentencia el diez de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno auxiliar 161/2023-III, de su índice, formado con motivo del presente juicio de amparo 1009/2022, promovido por Amandali Bozziere Sánchez por sí y en representación de sus menores hijas. En consecuencia, agréguese el oficio y anexo de cuenta; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); notifíquese a las partes dicha resolución; y acúsese el recibo correspondiente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público adscrito; por lista de acuerdos al tercero interesado; y por oficio a la autoridad responsable. DICHA SENTENCIA DICE: SEXTO. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la amparista pues la resolución veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se encuentra fundada y motivada, sin que se vulneren en perjuicio de la quejosa y sus dos menores hijas de identidad reservada, el interés superior de éstas, como se expondrá. En efecto, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establece lo siguiente: ".Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." De la lectura de este precepto constitucional se advierte que, entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene dicho numeral, destaca por su primordial importancia la de audiencia previa (debido proceso), que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades de, previamente al dictado de un acto de privación, cumplir con una serie de formalidades esenciales del procedimiento, necesarias para oír en defensa a los afectados. Estas formalidades esenciales del procedimiento, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada de los particulares antes del acto de privación, de tal forma que el acto de autoridad que los agravia no se dicte de un modo arbitrario ni anárquico, sino por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que lo rige. Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". Del precepto constitucional transcrito se observa que la Ley Suprema impone que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado. Fundar consiste en expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y motivar es señalar, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Una vez verificado que éste fue fundado y motivado (aspecto formal de la garantía consignada en el artículo 16 constitucional) procede examinar la adecuada o debida fundamentación y motivación (aspecto material de la referida garantía constitucional) de tal acto; es decir, procede determinar si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas (si se configuran las hipótesis normativas), requisitos indispensables para que los actos de imperio cumplan con los extremos de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el mencionado precepto constitucional. Cabe mencionar, que las resoluciones cumplen con la garantía de que se trata cuando los argumentos que las soportan son jurídicos, esto es, cuando se encuentran apegados a la ley y, por ende, resuelven con acierto el conflicto; del mismo modo, las resoluciones deben cumplir con la garantía de audiencia o debido proceso, prevista en el artículo 14 constitucional, la cual se traduce, en este caso, en que la resolución emitida por un órgano jurisdiccional debe contener el análisis congruente y exhaustivo de los puntos expuestos a su consideración. Cumpliéndose con lo expuesto las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Lo anterior de conformidad la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "..." Del mismo modo, el principio de seguridad jurídica es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por ende, en estado de indefensión; señalando la ley elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que la autoridad no incurra en arbitrariedades; lo anterior acorde con lo que, en lo conducente, se expone en las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "..." Así, la exigencia de fundar en la ley aplicable, tiene como propósito que el gobernado esté en posibilidad de atacar dichos fundamentos, en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios; sin que existan excepciones al cumplimiento de dicho deber, por esa razón, toda autoridad al emitir un acto de molestia debe tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y establecer la hipótesis que genere su emisión. Ahora, es necesario precisar los antecedentes más relevantes que dieron origen al acto reclamado, los cuales derivan de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistentes en el juicio ordinario civil 372/2022/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, siendo los siguientes: (...) En ese contexto, los artículos 210 del Código de Procedimientos Civiles y 242 del Código Civil, ambos, para el Estado de Veracruz, citados por la autoridad responsable en el acto reclamado, disponen: "..." Así, el primero de los indicados artículos regula la procedencia y el trámite que se debe dar a la reclamación; y el segundo establece el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, esto es, que deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos en relación con la necesidad del que debe recibirlos. En ese sentido, el juez del conocimiento fundó su determinación en los indicados numerales, expresando las causas que lo llevaron a adoptar la decisión combatida, entre ellas, las siguientes: De acuerdo con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, para resolver el recurso de reclamación se debe tomar únicamente los documentos y pruebas que obran hasta el momento en que se resuelva, existiendo la obligación del reclamante de probar de manera indiciaria o presuntiva, con documentos idóneos todas sus afirmaciones. Respecto a la necesidad y posibilidad de dar alimentos en términos del artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, el demandado aportó medios de prueba con los que justificaba los gastos derivados del pago de servicios, entre ellos, de energía eléctrica, servicio de gas doméstico y deudas de carácter personal, por lo que, se debía poner en consideración que el gravamen alimenticio decretado no le impidiera su propia subsistencia, sin que la parte actora aportara prueba en contrario, por lo cual, se regraduó la pensión alimenticia provisional del sesenta al cuarenta y cinco por ciento a favor de ***************, del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibiera el demandado *************, esto es, quince por ciento para cada una. Ahora bien, como se advierte de lo anterior, en auto de nueve de febrero de dos mil veintidós la autoridad responsable decretó como pensión alimenticia provisional, el sesenta por ciento que percibía Carlos Elvira Flores, en su trabajo, a favor de **********, a razón del veinte por ciento para cada una. Asimismo, en resolución interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable regraduó el porcentaje anteriormente señalado, de un sesenta por ciento a un cuarenta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones que percibiera el aquí tercero interesado en su trabajo, esto es, quince por ciento para cada acreedora. Al respecto, la autoridad responsable señaló que era viable la reducción del monto de la pensión alimenticia provisional al analizar los documentos y pruebas que obraban hasta ese momento procesal, con los que se probaba de manera indiciaria y presuntiva que el aquí tercero interesado tiene gastos derivados de servicio de energía eléctrica, servicio de gas doméstico y deudas de carácter personal, por lo cual, tenía que analizarse el gravamen alimenticio decretado a fin de no impedirle su propia subsistencia; motivo por el cual, se regraduó la pensión alimenticia provisional a un cuarenta y cinco por ciento a favor de sus acreedoras alimentistas, del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibiera el demandado ***********, esto es, quince por ciento para cada una. Sin que lo anterior, haya trastocado los derechos humanos de *************** relativos al interés superior de la mismas, puesto que la determinación reclamada se resolvió únicamente con los documentos aportados por las partes, así como las pruebas que obran hasta ese estado procesal, sin que se advierta queja deficiente que suplir a las menores; puesto que, en modo alguno se acreditó, hasta ese momento procesal, que tuvieran necesidades derivadas de alguna condición especial, por la cual debía subsistir el monto previamente establecido como pensión alimenticia provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: (...) En ese sentido, se considera que la resolución recurrida, si se encuentra fundada y motivada, pues la autoridad responsable precisó el precepto legal aplicable al caso (fundó) y señaló con precisión las circunstancias especiales que rodean al mismo. Atendiendo al interés superior de las menores, pues regraduó el porcentaje decretado inicialmente por concepto de alimentos, atendiendo a las pruebas que obran en el sumario, sin que obste a lo anterior que, si durante el desarrollo del juicio se justifica el incremento de tal porcentaje, el juez responsable lo establezca en la sentencia definitiva correspondiente; pues si bien es cierto que la necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la institución de los alimentos, también es verdad que no se puede fijar una carga excesiva al deudor alimentario con fundamento en el interés superior del menor, so pena de poner al mismo en un estado que rebase la capacidad adquisitiva para su propia subsistencia. Al respecto es dable citar, por las consideraciones que las integran, la tesis siguiente: "..." Así, al resultar infundados los conceptos de violación, y de que no se advierte deficiencia que suplir de conformidad con el artículo 79, fracción II, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Cabe precisar que los criterios judiciales, anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, citados a lo largo de esta sentencia, son aplicables en términos del transitorio sexto, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la actual ley de la materia. SÉPTIMO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto no hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. Esta consideración encuentra sustento en los criterios números 11/2009, 15/2009 y 1/2011, emitidos por la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en las respectivas sesiones de veinticinco de junio y uno de octubre de dos mil nueve, así como de veintisiete de enero de dos mil once, que resultan orientadores aun cuando se hubieren emitido dentro de un marco jurídico abrogado, por estar acordes con el contenido de las actuales Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; criterios que a continuación se reproducen: "..." OCTAVO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 1009/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, infórmese por oficio a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de esta Región, para que realice las anotaciones correspondientes; finalmente, como se ordenó en el auto de seis de marzo de dos mil veintidós, en atención al Punto de Acuerdo 19/2021 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 161/2023-III de este juzgado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a **********, en el juicio de amparo indirecto 1009/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, contra la autoridad y por el acto precisados en el considerado segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el diverso considerando sexto de la misma. SEGUNDO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta resolución. TERCERO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 161/2023-III de este juzgado. CÚMPLASE.

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