Amalio May Cocom
Expediente 990/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Amalio May Cocom
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado autos, se advierte que ya obra el informe justificado rendido por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexos que adjunta. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la falta de registro del título de propiedad de la parcela 135 del ejido de Copo municipio de Mérida, Yucatán, con motivo del trámite ante el Registro Agrario Nacional, en el que se le ordenó se realizara dicho registro como propiedad privada. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la falta de registro del título de propiedad de la parcela 135 del ejido de Copo municipio de Mérida, Yucatán, con motivo del trámite ante el Registro Agrario Nacional, en el que se le ordenó se realizara dicho registro como propiedad privada. En su informe justificado la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, aceptó la existencia de los acto, e indicó que mediante solicitud ******************** de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, recibió el título de propiedad ******************** de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para su para su inscripción, como lo dispone el artículo 43 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Inscripción que fue negada por la autoridad registral, debido a que existía incompatibilidad entre el texto del Título de propiedad y el plano del inmueble objeto del acto jurídico cuya inscripción se pretende que obra al reverso de aquel, respecto a la superficie del predio. Como consecuencia de lo anterior, se devolvió el título de propiedad al Registro Agrario Nacional, el uno de diciembre de dos mil veintidós; lo que pretende acreditar con la relación de solicitudes devueltas a dicha dependencia, en la que se aprecia el número de solicitud 166165 con que ingresó para su inscripción el título citado. En ese tenor, se estima se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que la autoridad registral señalada como responsable ya informó las razones por las que no puede inscribir el título de propiedad relativo al tablaje 54887 del Ejido Copo, Municipio de Mérida, han cesado los efectos de la aludida omisión. Se considera lo anterior, el acto del que se duele el quejoso lo constituye de la falta de inscripción del título de propiedad relativo al tablaje arriba indicado, lo cierto es que la autoridad responsable no puede llevar a cabo la misma debido a una imposibilidad material, ajena a las atribuciones propias de su encargo, y haberlo hecho del conocimiento de la Encargada de la Delegación Yucatán, del Registro Agrario Nacional, es evidente que el acto reclamado dejó de existir. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por otra parte, agréguese a estos autos el escrito singado por ********************mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo, señalando como nuevos actos reclamados los siguientes: "Del Registro Agrario Nacional, la falta u omisión de la corrección del Registro del título de propiedad de la incompatibilidad en el plano y el título que señala la superficie de dicha parcela, por la respuesta al Registro Agrario fue en fecha 1 de diciembre de 2022, como se advierte del informe por el Registro Público de la Propiedad del Estado. Del Catastro de Mérida, la falta u omisión de la corrección de Registro del Título de propiedad de la incompatibilidad en el plano y el título que señala la superficie de dicha parcela, por la respuesta al registro agrario fue en fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, como se advierte del informe por el Registro Público de la Propiedad del Estado". Asimismo, formula argumentos tendentes a establecer que los actos reclamados, son violatorios de sus derechos fundamentales. Al respecto, debe decirse que en la Ley de Amparo, se establece la facultad de ampliar la demanda en su artículo 111, mismo que dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda". Este numeral elevó a rango de ley, la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo XVIII, Julio de 2003, de la Novena Época, bajo el rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Tomando en consideración los lineamientos que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el particular, lo jurídicamente procedente es DESECHAR dicha ampliación, toda vez que no se encuentran satisfechos los requisitos que para su procedencia se requieren. En efecto la ampliación que se pretende, no reúne los requisitos para su procedencia, pues si bien es cierto que la ampliación de demanda puede recaer sobre nuevos actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación, también lo es que, cuando la misma sea por diversos actos de autoridad, además de los requisitos anteriores, debe existir siempre una relación o vinculación estrecha de causa-efecto con los actos reclamados primigenios, o con la causa eficiente de los mismos. Esto es, es menester que existan datos objetivos que pongan de manifiesto la vinculación con los actos reclamados primeramente señalados en la demanda de amparo, para que así puedan formar parte de la litis constitucional, ya que, de no existir esa relación, se permitiría toda clase de ampliación respecto de actos que en realidad estarían desvinculados de los reclamados en la demanda de amparo, como sucede en el presente caso. Ahora, de la lectura integral del escrito de ampliación de cuenta se advierte, que el peticionario del amparo si bien, refiere tuvo conocimiento de la existencia de los actos que ahora reclama al imponerse del informe justificado, lo cierto es que los mismos, no se encuentran vinculados con el acto primigeniamente reclamado, mismo que tiene el carácter de omisivo. Esto a así, pues como se dijo en líneas precedentes, el acto reclamado consiste en la falta de inscripción del título de propiedad del tablaje catastral 54887, el cual fue negado y devuelto al Registro Agrario Nacional. De lo anterior, se advierte que las gestiones del Registro Público de la Propiedad culminaron con la emisión de la respuesta en sentido negativo y la devolución del título de propiedad respectivo a la autoridad solicitante. Al respecto, este órgano judicial estima que si bien podría corresponder a la Delegación Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, llevar a cabo diversas gestiones para los fines que pretende el quejoso, lo cierto es que al ser una autoridad autónoma que no depende del Registro Público responsable, es ante ella, donde deben llevarse a cabo las gestiones y trámites correspondientes para obtener la culminación del trámite que pretende, antes de intentar la acción constitucional. Procedimientos que al ser independiente del acto reclamado a la responsable, no guardan relación estrecha con el primigenio y los actos que pretende ampliar la parte quejosa, constituye actos diversos a la presente Litis, que deben ser combatidos o gestionados de manera expresa ante las autoridades correspondientes, por lo que es dable concluir que es improcedente la ampliación de demanda intendada. Cobra aplicación la Jurisprudencia VI.2º.C.J/240, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 1339, Tomo XIX, Enero 2004, Materia Común, Novena Época, Registro 182486, de rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos". Acorde a todo lo anterior, y al sobreseimiento fuera de audiencia decretado en autos, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
AVISO DE NOTIFICACION.- Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado autos, se advierte que ya obra el informe justificado rendido por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexos que adjunta. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la falta de registro del título de propiedad de la parcela 135 del ejido de Copo municipio de Mérida, Yucatán, con motivo del trámite ante el Registro Agrario Nacional, en el que se le ordenó se realizara dicho registro como propiedad privada. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la falta de registro del título de propiedad de la parcela 135 del ejido de Copo municipio de Mérida, Yucatán, con motivo del trámite ante el Registro Agrario Nacional, en el que se le ordenó se realizara dicho registro como propiedad privada. En su informe justificado la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, aceptó la existencia de los acto, e indicó que mediante solicitud ******************** de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, recibió el título de propiedad ******************** de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para su para su inscripción, como lo dispone el artículo 43 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Inscripción que fue negada por la autoridad registral, debido a que existía incompatibilidad entre el texto del Título de propiedad y el plano del inmueble objeto del acto jurídico cuya inscripción se pretende que obra al reverso de aquel, respecto a la superficie del predio. Como consecuencia de lo anterior, se devolvió el título de propiedad al Registro Agrario Nacional, el uno de diciembre de dos mil veintidós; lo que pretende acreditar con la relación de solicitudes devueltas a dicha dependencia, en la que se aprecia el número de solicitud 166165 con que ingresó para su inscripción el título citado. En ese tenor, se estima se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que la autoridad registral señalada como responsable ya informó las razones por las que no puede inscribir el título de propiedad relativo al tablaje 54887 del Ejido Copo, Municipio de Mérida, han cesado los efectos de la aludida omisión. Se considera lo anterior, el acto del que se duele el quejoso lo constituye de la falta de inscripción del título de propiedad relativo al tablaje arriba indicado, lo cierto es que la autoridad responsable no puede llevar a cabo la misma debido a una imposibilidad material, ajena a las atribuciones propias de su encargo, y haberlo hecho del conocimiento de la Encargada de la Delegación Yucatán, del Registro Agrario Nacional, es evidente que el acto reclamado dejó de existir. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por otra parte, agréguese a estos autos el escrito singado por ********************mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo, señalando como nuevos actos reclamados los siguientes: "Del Registro Agrario Nacional, la falta u omisión de la corrección del Registro del título de propiedad de la incompatibilidad en el plano y el título que señala la superficie de dicha parcela, por la respuesta al Registro Agrario fue en fecha 1 de diciembre de 2022, como se advierte del informe por el Registro Público de la Propiedad del Estado. Del Catastro de Mérida, la falta u omisión de la corrección de Registro del Título de propiedad de la incompatibilidad en el plano y el título que señala la superficie de dicha parcela, por la respuesta al registro agrario fue en fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, como se advierte del informe por el Registro Público de la Propiedad del Estado". Asimismo, formula argumentos tendentes a establecer que los actos reclamados, son violatorios de sus derechos fundamentales. Al respecto, debe decirse que en la Ley de Amparo, se establece la facultad de ampliar la demanda en su artículo 111, mismo que dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda". Este numeral elevó a rango de ley, la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo XVIII, Julio de 2003, de la Novena Época, bajo el rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Tomando en consideración los lineamientos que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el particular, lo jurídicamente procedente es DESECHAR dicha ampliación, toda vez que no se encuentran satisfechos los requisitos que para su procedencia se requieren. En efecto la ampliación que se pretende, no reúne los requisitos para su procedencia, pues si bien es cierto que la ampliación de demanda puede recaer sobre nuevos actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación, también lo es que, cuando la misma sea por diversos actos de autoridad, además de los requisitos anteriores, debe existir siempre una relación o vinculación estrecha de causa-efecto con los actos reclamados primigenios, o con la causa eficiente de los mismos. Esto es, es menester que existan datos objetivos que pongan de manifiesto la vinculación con los actos reclamados primeramente señalados en la demanda de amparo, para que así puedan formar parte de la litis constitucional, ya que, de no existir esa relación, se permitiría toda clase de ampliación respecto de actos que en realidad estarían desvinculados de los reclamados en la demanda de amparo, como sucede en el presente caso. Ahora, de la lectura integral del escrito de ampliación de cuenta se advierte, que el peticionario del amparo si bien, refiere tuvo conocimiento de la existencia de los actos que ahora reclama al imponerse del informe justificado, lo cierto es que los mismos, no se encuentran vinculados con el acto primigeniamente reclamado, mismo que tiene el carácter de omisivo. Esto a así, pues como se dijo en líneas precedentes, el acto reclamado consiste en la falta de inscripción del título de propiedad del tablaje catastral 54887, el cual fue negado y devuelto al Registro Agrario Nacional. De lo anterior, se advierte que las gestiones del Registro Público de la Propiedad culminaron con la emisión de la respuesta en sentido negativo y la devolución del título de propiedad respectivo a la autoridad solicitante. Al respecto, este órgano judicial estima que si bien podría corresponder a la Delegación Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, llevar a cabo diversas gestiones para los fines que pretende el quejoso, lo cierto es que al ser una autoridad autónoma que no depende del Registro Público responsable, es ante ella, donde deben llevarse a cabo las gestiones y trámites correspondientes para obtener la culminación del trámite que pretende, antes de intentar la acción constitucional. Procedimientos que al ser independiente del acto reclamado a la responsable, no guardan relación estrecha con el primigenio y los actos que pretende ampliar la parte quejosa, constituye actos diversos a la presente Litis, que deben ser combatidos o gestionados de manera expresa ante las autoridades correspondientes, por lo que es dable concluir que es improcedente la ampliación de demanda intendada. Cobra aplicación la Jurisprudencia VI.2º.C.J/240, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 1339, Tomo XIX, Enero 2004, Materia Común, Novena Época, Registro 182486, de rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos". Acorde a todo lo anterior, y al sobreseimiento fuera de audiencia decretado en autos, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los presentes autos, y dado que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días, concedido a las partes en proveído de once de julio del año en curso, respecto del informe justificado rendido por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por tanto, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. *Salma
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Amalia Campos Cante199/2018
- Amalia Campos Canté296/2018
- Amalia Marilu Cardenas Paredes409/2018
- Amalio May Cocom2368/2022
- Amalio May Cocom2369/2022
- Amalio May Cocom1353/2023
- Amanda Daniela Calderon Duran812/2020
- Amanda Gutierrez Ochoa37/2023
- Amansio Esquivel Patron1087/2018
- Amara Masquet Medina747/2022
- Ambrosio Chacon Alvarado505/2021
- Amed Jesus Covian Brito1017/2020