Amalio May Cocom
Expediente 1353/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1353/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Amalio May Cocom
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
aviso de notificación.- Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, y anexo que acompaña. Ahora bien, atento al informe y constancias anexas, así como del estado que guardan los presentes autos, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo de las autoridades responsables, medularmente, lo constituye la falta de gestión o corrección del título, cédula y plano catastral con motivo de la inscripción del dominio pleno de la parcela 135 del ejido de Copo, municipio de Mérida, Yucatán. Una vez precisado lo anterior, en relación con el acto reclamado precisado, se estima pertinente indicar, por lo que respecta a la autoridad responsable Catastro de Mérida, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, la parte quejosa presentó su demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado. En dicha demanda, se insiste, la parte quejosa reclamó la falta de gestión o corrección del título, cédula y plano catastral con motivo de la inscripción del dominio pleno de la parcela 135 del ejido de Copo, municipio de Mérida, Yucatán. En tanto que, al rendir su informe justificado, la autoridad catastral responsable negó categóricamente la existencia del acto reclamado; precisando que desde el catorce de octubre de dos mil veintidós, expidió la cédula catastral correspondiente al predio a que hizo alusión la parte quejosa. Lo anterior, evidentemente, aconteció con antelación a la data en que la parte quejosa presentó su demanda de amparo. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Ello, cuenta habida que, como quedó precisado con antelación, la supuesta omisión de expedir la cédula catastral relativa, deviene inexistente, precisamente porque con anterioridad a la presentación de la demanda, dicho cédula fue emitida. Lo anteriormente ponderado deriva en que, se insiste, devenga inexistente la omisión que se atribuye a la autoridad catastral responsable. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que esta Juzgadora Federal pueda analizarlo, haciéndose imposible restituir a la parte quejosa en el goce de derechos respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito; toda vez que en el caso particular, la constancia a que se hizo referencia, actualiza indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que con ella se demuestra que se emitió la cédula catastral relativa, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del precitado acto reclamado a la Junta responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, es menester indicar, en relación al acto reclamado atribuido a la autoridad registral agraria responsable, se estima que se actualiza diversa la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad registral agraria responsable, la falta de gestión o corrección del título, cédula y plano catastral con motivo de la inscripción del dominio pleno de la parcela 135 del ejido de Copo, municipio de Mérida, Yucatán. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que la autoridad registral agraria responsable, por oficio de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, informó respecto de la expedición del título de propiedad 1005026, que ampara la parcela referida por la parte quejosa, mismo que fue enviado al Registro Público de la Propiedad del Estado para su inscripción. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión reclamada, ya que es evidente que al haberse librado el oficio en el que se solicitó la inscripción de la parcela en cuestión, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia antes ponderada, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad registral agraria responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Todo lo anteriormente ponderado, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de las causales de sobreseimiento e improcedencia que se actualizaron, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
aviso de notificación.- Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, y anexo que acompaña. Ahora bien, atento al informe y constancias anexas, así como del estado que guardan los presentes autos, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo de las autoridades responsables, medularmente, lo constituye la falta de gestión o corrección del título, cédula y plano catastral con motivo de la inscripción del dominio pleno de la parcela 135 del ejido de Copo, municipio de Mérida, Yucatán. Una vez precisado lo anterior, en relación con el acto reclamado precisado, se estima pertinente indicar, por lo que respecta a la autoridad responsable Catastro de Mérida, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, la parte quejosa presentó su demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado. En dicha demanda, se insiste, la parte quejosa reclamó la falta de gestión o corrección del título, cédula y plano catastral con motivo de la inscripción del dominio pleno de la parcela 135 del ejido de Copo, municipio de Mérida, Yucatán. En tanto que, al rendir su informe justificado, la autoridad catastral responsable negó categóricamente la existencia del acto reclamado; precisando que desde el catorce de octubre de dos mil veintidós, expidió la cédula catastral correspondiente al predio a que hizo alusión la parte quejosa. Lo anterior, evidentemente, aconteció con antelación a la data en que la parte quejosa presentó su demanda de amparo. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Ello, cuenta habida que, como quedó precisado con antelación, la supuesta omisión de expedir la cédula catastral relativa, deviene inexistente, precisamente porque con anterioridad a la presentación de la demanda, dicho cédula fue emitida. Lo anteriormente ponderado deriva en que, se insiste, devenga inexistente la omisión que se atribuye a la autoridad catastral responsable. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que esta Juzgadora Federal pueda analizarlo, haciéndose imposible restituir a la parte quejosa en el goce de derechos respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito; toda vez que en el caso particular, la constancia a que se hizo referencia, actualiza indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que con ella se demuestra que se emitió la cédula catastral relativa, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del precitado acto reclamado a la Junta responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, es menester indicar, en relación al acto reclamado atribuido a la autoridad registral agraria responsable, se estima que se actualiza diversa la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad registral agraria responsable, la falta de gestión o corrección del título, cédula y plano catastral con motivo de la inscripción del dominio pleno de la parcela 135 del ejido de Copo, municipio de Mérida, Yucatán. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que la autoridad registral agraria responsable, por oficio de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, informó respecto de la expedición del título de propiedad 1005026, que ampara la parcela referida por la parte quejosa, mismo que fue enviado al Registro Público de la Propiedad del Estado para su inscripción. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión reclamada, ya que es evidente que al haberse librado el oficio en el que se solicitó la inscripción de la parcela en cuestión, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia antes ponderada, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad registral agraria responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Todo lo anteriormente ponderado, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de las causales de sobreseimiento e improcedencia que se actualizaron, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, y anexo que acompaña. Ahora bien, atento al informe y constancias anexas, así como del estado que guardan los presentes autos, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo de las autoridades responsables, medularmente, lo constituye la falta de gestión o corrección del título, cédula y plano catastral con motivo de la inscripción del dominio pleno de la parcela 135 del ejido de Copo, municipio de Mérida, Yucatán. Una vez precisado lo anterior, en relación con el acto reclamado precisado, se estima pertinente indicar, por lo que respecta a la autoridad responsable Catastro de Mérida, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, la parte quejosa presentó su demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado. En dicha demanda, se insiste, la parte quejosa reclamó la falta de gestión o corrección del título, cédula y plano catastral con motivo de la inscripción del dominio pleno de la parcela 135 del ejido de Copo, municipio de Mérida, Yucatán. En tanto que, al rendir su informe justificado, la autoridad catastral responsable negó categóricamente la existencia del acto reclamado; precisando que desde el catorce de octubre de dos mil veintidós, expidió la cédula catastral correspondiente al predio a que hizo alusión la parte quejosa. Lo anterior, evidentemente, aconteció con antelación a la data en que la parte quejosa presentó su demanda de amparo. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Ello, cuenta habida que, como quedó precisado con antelación, la supuesta omisión de expedir la cédula catastral relativa, deviene inexistente, precisamente porque con anterioridad a la presentación de la demanda, dicho cédula fue emitida. Lo anteriormente ponderado deriva en que, se insiste, devenga inexistente la omisión que se atribuye a la autoridad catastral responsable. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que esta Juzgadora Federal pueda analizarlo, haciéndose imposible restituir a la parte quejosa en el goce de derechos respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito; toda vez que en el caso particular, la constancia a que se hizo referencia, actualiza indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que con ella se demuestra que se emitió la cédula catastral relativa, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del precitado acto reclamado a la Junta responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, es menester indicar, en relación al acto reclamado atribuido a la autoridad registral agraria responsable, se estima que se actualiza diversa la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad registral agraria responsable, la falta de gestión o corrección del título, cédula y plano catastral con motivo de la inscripción del dominio pleno de la parcela 135 del ejido de Copo, municipio de Mérida, Yucatán. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que la autoridad registral agraria responsable, por oficio de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, informó respecto de la expedición del título de propiedad 1005026, que ampara la parcela referida por la parte quejosa, mismo que fue enviado al Registro Público de la Propiedad del Estado para su inscripción. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión reclamada, ya que es evidente que al haberse librado el oficio en el que se solicitó la inscripción de la parcela en cuestión, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia antes ponderada, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad registral agraria responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Todo lo anteriormente ponderado, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de las causales de sobreseimiento e improcedencia que se actualizaron, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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