Amed Jesus Covian Brito

Expediente 1017/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1017/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
22/01/2021

Partes del expediente

  • Amed Jesus Covian Brito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 233, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; al que adjunta el testimonio de resolución pronunciada en la queja 166/2020, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Amed Jesús Covian Brito, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto resolutivo declaró infundado el recurso de queja. Acúsese recibo vía interconexión. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído de veinte de octubre anterior, que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido.En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado a las responsables; provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito signado por ****, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA PARTE RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se desechó de plano la demanda de amparo al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Ahora bien, a fin de acreditar la legalidad de la resolución recurrida, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, una vez notificado a la parte quejosa la interposición del recurso de referencia, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico.

  4. Principal

    MESA III. Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo III-1017/2020, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, que dice: Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos que reclama del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se acuerda: Fórmese expediente, regístrese con el número 1017/2020-llI y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado Ahora, de la revisión integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa en el capítulo de actos reclamados señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: a) Reclamo de la Autoridad Responsable señalada como Ordenadora, es decir la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, EL ILEGAL EMBARGO de un predio de mi propiedad que lo es el tablaje con número Catastral ***** de la Localidad de *****, Yucatán; b) De la autoridad ejecutora Actuario Adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, reclamo la ejecución del embargo efectuado de un bien de mi única y exclusiva propiedad que lo es el tablaje con número Catastral ****** de la Localidad de *****, Yucatán, sin que antes se me haya notificado de requerimiento de pago o acto alguno que amerite el embargo de mi propiedad; c) De la autoridad ejecutora Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, reclamo la inscripción en los libros de la oficina a su cargo el embargo antes señalado. (Sic)" Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ******, contra los actos que reclama del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y de otra autoridad, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Como se ha dicho, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados se hacen consistir el embargo del tablaje con número Catastral ****** de la Localidad de ********, Yucatán, su ejecución e inscripción, dentro del expediente 710/2017, relativo al proceso de ejecución de convenio, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, así como las consecuencias de este. Pues bien, a criterio de quien esto acuerda es improcedente el juicio de amparo respecto a los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, mismos que han sido detallados en líneas que anteceden. En efecto, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, debido a que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia; dispositivos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (...) Ahora bien, a fin de establecer si por la naturaleza de los actos reclamados por el quejoso, se trata o no de los emitidos en el período de ejecución de sentencia, es pertinente señalar algunas precisiones en relación con la figura jurídica denominada "convenio transaccional": Así, es de señalar que el contrato de transacción tiene como características, la reciprocidad de concesiones que las partes se hagan para terminar una controversia presente o prevenir una futura, lo cual constituye un elemento esencial de dicho contrato, y tal reciprocidad de concesiones debe derivar del propio texto del acuerdo de voluntades de las partes. Luego, en la transacción, la reciprocidad de las concesiones es un atributo de existencia del contrato, en ausencia del cual, no es posible concebirlo o estructurarlo jurídicamente; en otros términos, el consentimiento, como elemento esencial de tales contratos, debe manifestarse para que exista transacción, en el sentido de que una parte haga determinada concesión a la otra, a cambio de la que esta última a su vez, le otorgue, estando animadas dichas manifestaciones del deseo de terminar una controversia presente o prevenir una futura. La transacción se identifica en algunos puntos con la sentencia ejecutoriada, y algunas veces las leyes conceden a la transacción la misma eficacia y autoridad que a la sentencia firme, como se advierte de los preceptos del Código Civil del Estado y del Código de Procedimientos en Materia Civil del Estado, que a continuación se transcriben: Del Código Civil del Estado de Yucatán. "Artículo 2111. La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura." "Artículo 2112. Por la transacción no se transmiten, sino que se declaran o reconocen los derechos que son el objeto de las diferencias sobre lo que ella recae. La declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que lo hace a garantizarlos, ni le impone responsabilidad alguna en caso de adicción (sic), ni importa un título propio en que fundar la prescripción." "Artículo 2114. La transacción que previene controversias futuras debe constar en escritura pública, ante escribano o notario públicos, según corresponda conforme a la ley del notariado, teniéndose en cuenta el interés de que se trate." "Artículo 2124. La transacción tiene respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada." Del Código de Procedimientos Civiles del Estado. "Artículo 393. Las transacciones y los convenios celebrados en juicio, serán ejecutados por el juez que conozca del negocio (...)" "Artículo 395. Todo lo que en este título se dispone respecto de la sentencia ejecutoriada, comprende las transacciones, los convenios y el juicio de contadores de que tratan los artículo 392 y 393." "Artículo 397. Cuando la ejecución se pida en virtud de sentencia que haya causado ejecutoria o que deba llevarse adelante por estar ya otorgada la fianza correspondiente, el juez señalará al deudor el término de tres días para que cumpla la sentencia si en esta misma no se ha fijado algún término." Las disposiciones legales recién transcritas permiten concluir que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada, y cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen, están obligadas a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley, y su validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de las partes. Sirve de fundamento a dicha consideración, por identidad jurídica, la jurisprudencia número 41/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Febrero de 2001, visible en la página 55, que dice lo siguiente: "TRANSACCIÓN, CONTRATO DE. TIENE CALIDAD DE COSA JUZGADA Y ES PROCEDENTE SU EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APREMIO. El artículo 2944 del Código Civil para el Distrito Federal, establece que por transacción debe entenderse el contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura; por su parte, el diverso artículo 2953 del referido Código Civil previene que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada. Ahora bien, al ser esencial que este tipo de contrato sea bilateral, como consecuencia necesaria de la reciprocidad de concesiones que se hacen las partes, lo que supone la existencia o incertidumbre de un derecho dudoso, de un derecho discutido o susceptible de serlo, y que origine obligaciones de dar, hacer o no hacer que correlativamente se imponen los contratantes, pues precisamente su objeto es el de realizar un fin de comprobación jurídica, esto es, de establecer la certeza en el alcance, naturaleza, cuantía, validez y exigibilidad de derechos, cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen están obligadas a lo expresamente pactado. Es por lo anterior que lo establecido en los artículos 500 y 533 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuando previenen, el primero, que la vía de apremio procede a instancia de parte cuando se trate de la ejecución de una sentencia y, el segundo, que todo lo dispuesto en relación con la sentencia comprende los convenios judiciales y las transacciones, las cuales deberán ser de aquellas que ponen fin a una controversia presente o previenen una futura, controversia que forzosa y necesariamente debe existir, es aplicable al contrato de transacción, pues reúne las condiciones apuntadas, y ante ello es claro que puede exigirse su cumplimiento en la vía de apremio." Entonces, los actos reclamados consistentes en el embargo del tablaje con número Catastral 1580 de la Localidad de Chicxulub Puerto del Municipio de Progreso, Yucatán, su ejecución e inscripción, en el expediente 710/2017, relativo al proceso de ejecución de convenio, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por ABRAHAM NAHMAD ACHAR, en su contra, son actos que tienen íntima vinculación con la cosa juzgada, ya que su finalidad es ejecutar una de las bases condicionales del convenio transaccional de entrega, a la que cada una de las partes se comprometió de manera voluntaria. De los preceptos legales transcritos se obtiene de igual forma, que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo efectuados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido en el resultado de la resolución. Es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo, se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, y por tanto, no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya finalidad es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; lo que es así, porque de lo contrario, esto es, de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo la razón se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Es por ello que el legislador estableció que respecto a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo debe prosperar sólo si se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada.En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento.Así lo sostuvo en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual derivó la jurisprudencia P. /J. 108/2010, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, registro IUS 163152, que dice:EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.Se afirma lo anterior, dado que el quejoso Amed Jesús Covián Brito, es parte dentro de un proceso de ejecución de convenio, lo anterior, se desprende tanto de las manifestaciones vertidas en su demanda de amparo, así como la resolución emitida en el Amparo Indirecto 918/2020, en fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, obtenida del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), misma que se invoca como un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la que se ordena glosar en copia certificada a los presentes autos. Encuentra su fundamento porque los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, de donde se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales.Como se ha precisado, el aquí quejoso promueve un diverso juicio de amparo, como acto reclamado el embargo del tablaje con número Catastral ***** de la Localidad de *****, Yucatán, su ejecución e inscripción, en el expediente 710/2017, relativo al proceso de ejecución de convenio, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, derivado de un convenio transaccional de entrega, a la que cada una de las partes se comprometió de manera voluntaria.De ahí que, en el caso al ser parte el quejoso dentro de un proceso de ejecución de convenio, el cual se encuentra en etapa de ejecución, tal y como ya quedó visto, se debe esperar a que se emita la última determinación en dicha etapa, para acudir a esta vía biinstancial, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que lo hubieren dejado sin defensa.En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo, el amparo indirecto solo procede, tratándose de actos de tribunales administrativos, contra la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en la que se podrá hacer valer las violaciones procesales cometidas en esa etapa de ejecución. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por AMED JESÚS COVIAN BRITO, al actualizarse en presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracciones IV y VI, interpretados al contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por otra parte, como lo señala el quejoso, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, sin embargo, durante la contingencia derivada del covid-19 tómese en consideración para notificar a la parte quejosa el correo electrónico lic.marisolfqn@gmail.com, que proporcionó en su demanda, ya que es acorde con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020; asimismo, téngase como sus autorizados, a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. En cuanto a su diversa solicitud, consistente en que se permita al nombrado el uso de medios electrónicos para tomar fotografías del presente expediente; con apoyo en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se accede a lo instado.Asimismo, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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