Amairani de Jesús Mendoza Flores

Expediente 335/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
335/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Amairani de Jesús Mendoza Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la quejosa ***, interpusiera recurso de queja en contra del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia...se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes y archívese el asunto como totalmente concluido; por lo tanto, deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo...resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después de DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados treinta días de la citada fecha. ... Notifíquese por vía electrónica.

  2. Principal

    ... DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Amairani de Jesús Mendoza Flores contra el acto reclamado a los Jueces Sexto, Octavo, Décimo y Décimo Segundo, todos de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 335/2022-3-A. ACTO RECLAMADO. De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que el acto que reclama el quejoso, se trata del siguiente: Cualquier orden consistente en el acto prejudicial de depósito de personas, que hayan dictado los jueces señalados como responsable en contravención a la orden dada por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en el expediente 1304/2021//I, de su índice. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En este contexto, cabe mencionar que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente, corresponde a la parte quejosa demostrar el derecho que le asiste para reclamar por esta vía, indicar con exactitud el acto o actos violatorios de los derechos fundamentales en su perjuicio y demostrar que dicho acto reclamado le ocasiona un perjuicio, esto es, una ofensa o daño en sus derechos o intereses. En el particular, la parte quejosa reclama la existencia de un posible depósito de personas, que hayan dictado los jueces señalados como responsables, en contravención a la orden dada por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en el expediente 1304/2021//I, de su índice. Ello en razón de que, es la propia quejosa quien manifiesta que el veintiuno de marzo de dos mil veintidós, acudió al domicilio de Mónica Damaris González Platas, para solicitarle la restitución de su menor hijo, en acatamiento a la orden que dio el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en el expediente 1304/2021//I, de su índice. Sin embargo, dicha persona se negó a entregárselo refiriendo que ya había tramitado otro depósito de personas respecto al menor de mérito, de acuerdo a lo expuesto por la promovente al narrar bajo la protesta de ley, los hechos que constituyen los antecedentes de su acto reclamado. Es por ello que, a criterio de la suscrita, al tratarse el acto aquí reclamado de una conducta no determinada por parte de las autoridades señaladas responsables, no puede considerarse como un acto susceptible de ser analizado en el juicio de amparo, pues es inexistente en el mundo jurídico, ya que la quejosa reclama el probable depósito de persona que se haya solicitado en cuanto a la persona de su hijo menor de edad, sin que la promovente tenga la certeza de que dicho depósito ya haya sido promovido ni tampoco que se le haya dado trámite y se haya declarado procedente por alguna de las responsables, ni mucho menos que haya sido promovido por Mónica Damaris González Platas, como afirma que ésta se lo mencionó, pues impulsó esta instancia constitucional basándose únicamente en las manifestaciones que, afirma, Mónica Damaris le externó como motivo para no restituir en su favor a su hijo menor de edad. En otras palabras, lo que la quejosa pretende con la promoción de este juicio de amparo, es prevenir un futuro depósito de personas que pudieran ordenar los jueces que señala como responsables; sin embargo, esa medida precautoria y su ejecución, está sujeta inicialmente a la voluntad de Mónica Damaris González Platas, quien tiene el resguardo físico del menor de edad, según los datos proporcionados por la promovente en su demanda de amparo, o en su caso, del progenitor del menor de edad o incluso de diversa persona interesada y facultada legalmente para ello. Bajo este orden de ideas, la suscrita concluye que la aquí quejosa, hasta este momento no ha sufrido algún perjuicio real, personal y directo en su esfera jurídica, ni tampoco puede decirse que el perjuicio que pretende prevenir pudiera considerarse como de ejecución inminente, sino como se dejó precisado es de realización incierta por depender precisamente de la actitud que adopte Mónica Damaris González Platas, quien tiene el resguardo físico del menor de edad en cuanto a si promueve o promovió las diligencias prejudiciales que le manifestó a la aquí promovente o de una diversa persona que considere tener legitimación e interés en el asunto. De igual manera, la existencia del acto que se pretende reclamar también depende del pronunciamiento que al respecto realicen la autoridad correspondiente, quienes pueden determinar si es o no procedente la realización de un depósito de persona respecto del menor de edad, hijo de la promovente, y por ende, el presente juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1 y 77 de la Ley de Amparo; por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación o de su inminencia, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo que constituye un requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo. Ahora, en todo caso si resultara que la persona que mantiene la guarda del menor de edad o una diversa persona que se considere legitimada e interesada en ello, impulse el acto prejudicial que se le manifestó a la aquí quejosa se había promovido, esta última deberá sujetarse al trámite procesal que rija la medida de la que se habla en el expediente de origen y en su caso, hacer valer las acciones que a su interés correspondan y los recursos ordinarios que estén previstos en la legislación de la materia. En este sentido, tomando en consideración las manifestaciones que la propia quejosa expone en su escrito de demanda, se insiste en que la demanda de amparo deviene improcedente, dada la naturaleza del acto reclamado, pues no existiría materia sobre la cual pudiera surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, la promovente del juicio amparo puede sufrir un agravio actual, real y actual, que se traduce en el perjuicio a que se refiere al artículo 6 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1ª./J.25/2003, del sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 73, tomo XVII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184156, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral." Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la tesis aislada IV.3º.A.T.29 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, visible en la página 1675, tomo XIII, enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN. Para apreciar si un acto es futuro e incierto no siempre es necesaria la recepción de pruebas sobre ese particular, puesto que de advertirse tal calificativa desde la presentación de la demanda, esto constituiría una causa notoria y manifiesta para desechar de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando en el juicio se aportaran pruebas, para ese efecto las mismas no podrán variar la calificativa antes mencionada, pues los hechos reconocidos y aceptados por el quejoso en la demanda son los que califican al acto de futuro e incierto." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 6, fracción I de la ley de la materia, y el diverso107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda en cuestión. Respecto del acta de nacimiento que se adjuntó a la demanda que se provee, resguárdese en sobre cerrado, ya que contiene datos que pueden identificar al menor de edad de que se habla en este acuerdo. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. En atención a que la promovente señala el usuario "AlexBeltran", para consultar el expediente electrónico y ser notificada por la misma vía, se comisiona a la Oficial Judicial A y a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realicen el registro y altas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y así la promovente pueda ser notificada y hacer la consulta del expediente de la forma en que lo solicita. No pasa desapercibido que la quejosa señaló un domicilio físico para oír y recibir notificaciones; sin embargo a fin de evitar duplicidad de notificaciones, las mismas se le realizarán únicamente por la vía electrónica, como también lo solicita la promovente, tal como quedó ordenado en el párrafo que antecede. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en amplios términos previstos por el artículo 12, de la citada legislación a Alejandro Beltran Vega y Amanda Elizabeth Akari Antonio, quienes cuentan con los registros 200045 y 198197 en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DATOS DE CONTACTO. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico que señala la parte quejosa, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto... DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto... Notifíquese por vía electrónica a la quejosa.

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