Amado Meneses Martínez

Expediente 789/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
789/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • Amado Meneses Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de once de febrero del año en curso, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de igual forma, el asunto no contiene información clasificada como reservada según el ordinal 110 del ordenamiento legal invocado; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; once de febrero de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 789/2018-V, promovida por *******, en representación del quejoso *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, turnada a este juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal *******, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Familiar Regional, con sede en esta ciudad, a quien le reclama la sentencia emitida el tres de diciembre de dos mil dieciocho, en donde se resolvió el toca 149/18, del índice de la responsable, en la que se modificó el auto apelado el dieciocho de septiembre del citado año. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 789/2018-V; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: La sentencia emitida por la Segunda Sala Familiar Regional, en esta ciudad, el tres de diciembre de dos mil dieciocho, en donde se resolvió el toca 149/18, del índice de la responsable, en la que se modificó el auto apelado el dieciocho de septiembre del citado año. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, la Magistrada de la Segunda Sala Familiar Regional, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto, toda vez que en dicho órgano jurisdiccional se radicó el toca *******, promovido por el quejoso *******, en contra de *******, radicado bajo el expediente ******* del índice del Juzgado Noveno Familiar por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos, el cual con fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho emitió la resolución que dio motivo al presente juicio de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 2000, tomo VI, Común, Quinta Época, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la sentencia emitida por la Segunda Sala Familiar Regional, en esta ciudad, el tres de diciembre de dos mil dieciocho, en donde se resolvió el toca 149/18, del índice de la responsable, en la que se modificó el auto apelado el dieciocho de septiembre del citado año. De oficio, quien resuelve advierte que el presente juicio resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé el principio de instancia de parte agraviada, ya que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIlI, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el promovente no acreditó la legitimación para promover el presente juicio de amparo, conforme a los razonamientos que enseguida se exponen. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El principio de instancia de parte agraviada estatuye que el juicio de garantías no puede iniciarse de manera oficiosa, es decir, para que se instaure el procedimiento respectivo, es menester que un gobernado, ya sea persona física o moral, lo promueva ante el órgano del Poder Judicial de la Federación que corresponda. Por su parte, los artículos 6 y 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, disponen: 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. El numeral transcrito en primer término establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo el quejoso por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos específicamente previstos en esa ley. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 antes transcrito, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, diversos a los contemplados en las fracciones que lo conforman, que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverlo la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, la persona afectada en su esfera jurídica, en la inteligencia de que aquélla puede instarlo por su propio derecho o por conducto de quien goce de la capacidad procesal para ello. Ahora bien, legitimación en sentido amplio, abarca tanto la titularidad del derecho debatido en juicio (legitimación en la causa), como la posibilidad de actuar en juicio en nombre propio o por cuenta de otro (legitimación en el proceso). Al respecto, conviene precisar que la legitimación en el proceso (legitimación ad procesum) se entiende como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, bien porque se ostente como titular de ese derecho, o bien porque cuente con la representación de dicho titular. En este sentido, la legitimación en el proceso es un presupuesto procesal que puede examinarse en cualquier momento del juicio, ya que si la parte quejosa carece de capacidad para comparecer a él o no acredita la personalidad con que promueve, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. Apoya lo anterior de manera analógica la jurisprudencia 2a./J. 75/97 definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 351, de rubro y texto siguiente: LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. De ahí que, salvo las excepciones estrictamente previstas, será condición indispensable que quien comparece promoviendo juicio de garantías a nombre de otro, acredite plenamente el carácter de representante legal o apoderado con que lo haga, pues de lo contrario, la acción constitucional deberá declararse improcedente. De lo antes señalado, se advierte que la legitimación en el proceso es un presupuesto procesal, que refiere a la capacidad de las partes para ejercitar válidamente actos procesales, es decir, es una condición indispensable para comparecer a instar el juicio de amparo y, por tanto, para su procedencia. Ahora bien, conforme al proemio de la demanda de amparo que dio origen al sumario constitucional que se resuelve, se advierte que fue promovida por *******, en su carácter de apoderado legal de *******, sin que hubiere ofrecido prueba que acreditara dicha personalidad. Asimismo, del informe justificado la responsable manifestó que de las constancias que fueron recibidas en esa sala como testimonio de la apelación promovida por el licenciado *******, apoderado legal de *******, no se acredita la personalidad con la que se ostenta el licenciado *******. Asimismo, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, mediante auto de diez de enero de dos mil diecinueve, se requirió a *******, para que acreditara su carácter de apoderado legal del directamente agraviado, sin que se hubiere recibido contestación alguna al respecto, por lo que el veinticuatro del citado mes y año se proveyó al respecto. Esto es, ni al promover la demanda, ni durante la secuela procesal, el promovente exhibió documento alguno con el que acreditara de manera fehaciente la personalidad que ostenta. En consecuencia, al no encontrarse acreditado el carácter de *******, como apoderado legal de *******, es claro que la promovente no acreditó la legitimación para reclamar la sentencia emitida el tres de diciembre de dos mil dieciocho, por la Sala responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 6°, y 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, de acuerdo con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin que lo resuelto en este fallo implique una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, el cual consiste en un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así como al principio pro persona previsto en el artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que los derechos humanos se deben de interpretar conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas; toda vez que su aplicación no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales internos deban de resolver el fondo del asunto que se les plantea, en virtud de que existen presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de garantías, los que deben cumplirse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas; en tales condiciones el derecho humano y el principio antes referidos no pueden ser fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Tales consideraciones encuentran sustento en las tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a) y 1a. CCLXXVI/2012 (10a), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, páginas 525 y 530, del tenor siguiente: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 216, 217 y Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el oficio enviado por el Juez Noveno Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual da contestación al requerimiento formulado el veintiuno del actual y señala que los menores hijos de los aquí quejoso y tercero interesada, son legalmente representados por ésta última, sin que se haya nombrado tutor por no advertirse en el juicio natural la existencia del interés opuesto al de los hijos. Así, por conducto del Actuario Judicial de la adscripción, se ordena emplazar a los menores de iniciales ******* y *******, a través de su representante legal *******, haciéndole saber que la audiencia constitucional se encuentra fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del once de febrero de dos mil diecinueve.. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término otorgado mediante proveído de diez de enero del año en curso, a *******, para que acreditara el carácter de apoderado legal del directamente agraviado *******; sin que a la fecha se haya recibido promoción alguna al respecto, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y se procederá a resolver lo conducente en la fecha señalada para la audiencia constitucional. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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