Alvaro Reza Martínez

Expediente 904/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
904/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
27/03/2017

Partes del expediente

  • Alvaro Reza Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE:_ SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis se recibió la demanda que dio origen al juicio, la que fue turnada a este Juzgado de Distrito en la misma data. En el escrito inicial el quejoso ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con morada en esta localidad, a quien reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el tres de octubre de dos mil dieciséis, en la causa penal ******, por su participación probable en la comisión del delito de violación con penalidad agravada. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados víctima y fiscal que intervino en la causa penal de origen; además, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos de autoridad residente dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda y de la ampliación, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso reclama: Del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con residencia en esta localidad, el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal *******, por su probable participación en la comisión del delito de violación agravada. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, en esta ciudad, aceptó haber emitido el auto de vinculación a proceso en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación agravada. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió fotocopia autorizada de la resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, así como el registro de audio y video de las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso, así como la transcripción de esa determinación que se impugna; probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan alguna causa de improcedencia ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación hechos valer por el agraviado son infundados en parte y otro inoperante. A fin de evidenciar tal aseveración, debe indicarse que el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, será estudiado a la luz del artículo 19 constitucional, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.] La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sólo mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; c) De la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y finalmente, d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente del delito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de dos mil doce, visible en la página 1940, Materia Penal, registro 160331, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el magno 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, puesto que para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses con motivo de ese acto de autoridad pueda considerarse como válida, el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un sólo cardinal, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil uno, Materia Constitucional, que se consulta en la página 1228, con registro 162421, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la agente Ministerio Público formuló imputación contra el accionante del amparo. En la misma audiencia Álvaro Reza Martínez manifestó su deseo de no rendir declaración, en uso del derecho conferido por el artículo 20 Constitucional. La representante social formuló imputación por el hecho que consideró constitutivo del delito de violación con pena agravada, previsto y sancionado por los arábigos 172, fracción I y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que prevé, en su tipo básico una pena de prisión de seis a veinte años. En la misma audiencia de formulación de imputación, debido al delito imputado al accionante del amparo, a petición de la fiscal la jueza del caso impuso como medida cautelar prisión preventiva por un plazo máximo dos años, al considerar colmados los requisitos para su fijación, en términos del artículo 154, 155, fracción XIV, 157, 158 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Enseguida, la defensa del quejoso solicitó el desahogo de una pericial médica en la persona de la menor víctima, la jueza abrió debate respecto de la admisión de dicha probanza. Así, luego de escuchar a la parte acusadora, resolvió improcedente la admisión de tal probanza. Para desechar la prueba del defensor la jueza estimó que el quejoso cuenta con la presunción de inocencia a su favor, de manera que la carga para acreditar el injusto y la participación corresponde a la agente del Ministerio Público; también, consideró que ya se contaba, según lo dicho por la representante social, con una prueba efectuada por la especialista oficial respecto de la cual se podría abrir debate con el fin de realizar la valoración de la misma; además, estimó que el imputado gozaba de garantías frente al poder del Estado al igual que la víctima como sujeto de derecho, así, ante la colisión de derechos fundamentales defensa adecuada y protección de las víctimas menores, ponderó los mismos para resolver que debía atenderse al interés superior del niño, para proteger su desarrollo físico y mental. Con base en lo anterior, la jueza consideró innecesaria la solicitud para realizar una pericial medica en la menor víctima, si ya un experto había emitido su opinión profesional, en aras de no vulnerar los derechos de la niña víctima. El tres de octubre de dos mil dieciséis, una vez que se declaró abierta la audiencia de vinculación a proceso, el imputado indicó que era su deseo declarar en torno a los hechos de por lo que se le acusan, para lo cual de forma libre expresó su versión defensiva de los hechos, luego, lo hizo a preguntas de su defensor. En el desarrollo de la declaración, el defensor con fundamento en el numeral 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales pidió que se incorporara una serie de fotografías para ponerlas a la vista del imputado, a quien una vez que le mostró las imágenes le preguntó sobre el lugar de que se trataba, a lo que el inculpado contestó que eran fotografías de su domicilio y el de su hermana, lugar este último en que se encontraba la víctima, según su dicho, el día de los hechos. Después, se llevó a cabo el desahogo una de las probanzas ofertadas por la defensa del quejoso, esto es, la testimonial a cargo de la menor víctima, acompañada de psicólogo y madre de la niña, luego de ello, se desistió del resto de los medios de convicción. La jueza dio el uso de la voz a la agente del Ministerio Público para que efectuara la narración de antecedentes en que basó la solicitud de vinculación a proceso. Enseguida, la juzgadora escuchó al defensor del imputado quien indicó que debía emitirse auto de no vinculación como lo marca el ordinal 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no cumplirse los requisitos contenidos en la fracción III del diverso artículo 316 de esa misma norma, ello, porque, desde su punto de vista, los hechos no pueden variar y afirma que se le formuló imputación al aquí quejoso respecto de un lugar distinto, en el que se supone ocurrieron los hechos -tal como se desprende de la declaración del imputado y de la víctima-. También, el defensor particular argumentó que debía concederse valor relevante a la declaración de la menor, quien asegura, no mostró una actitud de rechazo hacia su progenitor imputado, sino que dijo que lo quería más que a su madre y desde su óptica no mostraba señales de abuso por parte del imputado; respecto del resto de las pruebas señaló la defensa que debía restarse valor por ser un delito de realización oculta. Una vez que escuchó a las partes la a quo cerró el debate y resolvió la situación jurídica del quejoso, para lo cual primeramente fundó su determinación en la Constitución Federal y legislación de la materia, normas de las cuales desprendió los requisitos para el dictado del auto de vinculación. Después, la jueza de la causa estableció que los hechos delictivos que se le atribuyen al accionante corresponden al delito de violación, con penalidad agravadas según lo dispuesto en los artículos 171 y 172, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, perpetrados en agravio de un menor de edad. Los preceptos que, a consideración del juzgador, prevén los delitos enunciados, son los siguientes: 171. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de cinco a quince años. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá previa querella. Se sancionará con las mismas penas a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia física o moral o sin el consentimiento de la víctima. 172. Se aplicarán de seis a veinte años de prisión a quien: I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o [.] La jueza en cita en la resolución que se combate, luego de analizar los datos de convicción aportados por la Fiscalía, y los desahogados a petición de la defensa, indicó que existe evidencia suficiente para considerar con alto grado de probabilidad que del nueve al doce de septiembre de dos mil dieciséis, el imputado introdujo su miembro viril en la vagina de la menor pasivo de tres años de edad, con quien tiene una relación consanguínea de parentesco en primer grado por ser su padre. Llegó a esa conclusión al considerar la declaración de ******* madre de la menor víctima, quien se percató que la niña no quería bañarse y supo por voz de su otra hija adolescente que al estar jugando con muñecos la infante le hizo saber que su papá ******* la había tocado en el área genital, que le dijo que había sido "con su cosa", (el órgano genital del activo), que con la mano y que le puso el pene en la vagina, razón por la cual presentó denuncia ante el agente del Ministerio Público. También, la resolutora de garantías consideró el testimonio de la adolescente hermana de la víctima quien describió que la paciente del hecho delictivo al jugar con algunos muñecos le indicó que había sido tocada por su papá con su parte y que le había dolido mucho -pues así se refirió a los órganos de los muñecos-, por lo que, la adolescente le hizo del conocimiento de su madre tal situación; aseguró que se trasladaron a la Fiscalía y ahí supo que su hermana al ser revisada por la doctora especialista confirmó que había sido agredida sexualmente. Así, al dicho de las atestes la jueza les reconoció valor por considerar que no se encuentran influenciadas, que no tenían algún interés para falsear la información que proporcionaron. La juzgadora señaló que de los antecedentes pudo inferir que la menor víctima a pesar de su corta edad -tres años- pudo describir el dolor que le provocó el ayuntamiento carnal, la acción que resintió y el objeto (órgano sexual viril) con que fue penetrada, declaración que estimó verosímil y preponderante por tratarse de un delito de naturaleza sexual cometido en ausencia de testigos, además, no percibió alguna razón por la cual la infante quisiera afectar al imputado. La jueza del proceso tomó en cuenta la conclusión a la que llegó la psicóloga ******* quien realizó una entrevista clínica a la menor y pudo percatarse por medio del test de bandera cómo es que el padre de la víctima la tocó por donde hace pipi. Tal opinión especializada en materia de psicología, la autoridad responsable la consideró congruente con el resto de los antecedentes, para inferir que la menor dijo la verdad, al señalar la forma en que ocurrió el ataque y el lugar donde se encontraba (domicilio ubicado en *******, de esta ciudad). De igual forma, la juzgadora consideró el dictamen en ginecología realizado el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, por la médico ******* quien en presencia de la madre revisó a la menor y con la maniobra de riendas pudo advertir que la paciente del injusto sí presenta datos compatibles a penetración, desgarros incompletos recientes, el introito vaginal con eritema e inflamación leve, el himen circular con desgarres incompletos en radio según las manecillas del reloj de las nueve a la una; zona eritematosa rojiza irritada reciente, experticia que a la que le confirió valor probatorio, por ser especialista en la ciencia, por tratarse de un servidor público imparcial, con experiencia y conocimientos necesarios. La juzgadora aseguró que la agravante de la minoría de edad se acreditó con el acta de nacimiento de la menor a que hizo referencia la fiscal, documento útil para probar la relación de consanguinidad del activo con la víctima y al cual le otorgó credibilidad por haberse expedido por funcionario en ejercicio de sus atribuciones. En suma, del acervo de antecedentes que la resolutoria de primer grado tuvo bajo su conocimiento lo estimó válido para tener por acreditados los hechos criminosos, sin que le pareciera obstáculo el argumento de defensa. Una vez analizado el evento delictivo, la jueza se hizo cargo del estudio de la probabilidad de que ******* ejecutara los hechos que la ley penal señala como delito de violación con penalidad agravada, en perjuicio de una menor. La jueza de control estableció que el agente delictivo actuó como autor material o directo en términos de la fracción I del artículo 21 del código sustantivo penal, pues fue probablemente él quien ejecutó los hechos materia de la acusación. También, la a quo estimó que los hechos se perpetraron a título de dolo en términos del artículo 18, fracción I, del mismo ordenamiento sustantivo penal, pues el imputado es una persona adulta, consciente del orden jurídico que prevalece y en un acto de voluntad optó por ejecutar un hecho que trae aparejado el resultado de tipicidad. La juzgadora responsable con base en los antecedentes narrados por el fiscal que analizó y valoró, concluyó acreditado el injusto de violación con penalidad agravada y que existían datos que hacen presumir que el quejoso los cometió, sin que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Ahora, contra el auto de vinculación que se reclama el quejoso hizo valer distintos conceptos de violación, los cuales se proceden a analizar. El quejoso afirma que el acto reclamado es violatorio de la garantía prevista por el artículo 16 de la Constitución Federal, dado que no está debidamente fundado y motivado. Es infundado el concepto de violación referido, ya que de la lectura de la resolución analizada se desprende que el natural sí cumplió con el requisito de fundamentación y motivación, en el aspecto apuntado por la defensa del quejoso; esto es, señaló las razones por las que consideró que la conducta atribuida al imputado se encuentra acreditada, así como su participación en la misma. La obligación de la autoridad judicial de fundar y motivar sus resoluciones, encuentra sustento constitucional en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece lo siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Este mandato constitucional debe entenderse en el sentido de que en toda resolución, la autoridad judicial debe señalar de manera precisa el o los preceptos legales aplicables al caso concreto y expresar claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en cuenta para emitir su determinación. A su vez, debe realizar una operación de subsunción que permita determinar que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 166, con registro 917738, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Como se ha dicho, la juzgadora de primera instancia sí cumplió con la fundamentación y motivación aludida, en el aspecto señalado por el accionante del amparo. Esto, debido a que la autoridad responsable estableció puntualmente cuáles son los hechos que se le imputan y que éstos son considerados como delitos (violación agravada) con pena privativa de libertad. También, especificó cuáles son las conductas concretamente atribuidas al inculpado, consistentes en introducir su miembro viril en la vagina de la pasivo, conductas desplegadas en contra de una menor de edad que al momento de los hechos tenía tres años, es decir, sin capacidad para comprender los hechos, así como en haber realizado dichas conductas de manera directa. De igual forma, se advierte que la responsable analizó los datos de prueba expresados por la fiscal y el desahogado ante su presencia a fin determinar si éstos resultan aptos para demostrar la actualización de las conductas atribuidas al quejoso y estar en aptitud de afirmar que se acreditaron los hechos considerados como delito. Por cuanto hace al motivo de disenso consistente en que el juez primigenio otorgó valor probatorio primigenio y parcial al dicho del menor, debe recordarse que, como bien lo expuso la resolutora natural, dado que los actos criminosos como los que se analizan son de realización oculta es la víctima quien primordialmente puede narrar la forma en que acontecieron los hechos, pero, además, la veracidad de su dicho se ve corroborado con el dicho de las otras testigos que fueron quienes declararon situaciones periféricas del delito y con los análisis que especialistas le efectuaron, de los que se reveló el estado psíquico de la víctima por los hechos vividos y los síntomas físicos que revelaban que la menor había sido penetrada en la vagina. Además, en el sistema de justicia penal acusatorio que privilegia los juicios orales, la declaración de las personas, en su calidad de víctimas o testigos, es una de las pruebas de mayor relevancia con base en la cual las autoridades judiciales toman decisiones y dictan sentencia. Lo anterior resulta más relevante cuando son niños, niñas o adolescentes las personas que deben dar su testimonio, debido a que por ser víctimas de delitos penales la mayor parte de las veces aquéllos son los únicos testigos de los hechos y en muchos casos no suele existir evidencia física. Ello hace de su testimonio una prueba de enorme valor para evitar que los hechos se repitan. Adicionalmente, cuando se aborda la participación de un niño en un proceso judicial no puede pasarse por alto las diferencias que existe entre el niño y el adulto. En efecto, toda valoración de una declaración infantil deberá ser hecha tomando en cuenta sus derechos y considerar su grado de desarrollo, particularmente al momento de estudiar aparentes contradicciones en el mismo. La valoración del dicho de un niño, niña o adolescente deberá hacerse considerando los criterios de credibilidad establecidos. Dichos criterios deben orientar la valoración judicial, quien en el uso de su buen criterio deberá´ fundar y motivar su valoración en consideración de los mismos. Con base en lo dicho, podemos inferir que es infundado el concepto de violación hecho valer por la defensa del accionante. El juez fue acertado al valorar el dicho de la menor víctima del delito, en la medida que consideró su desarrollo cognitivo y emocional, atendió al hecho de que los niños comúnmente narran un evento a partir de recuerdos que le son relevantes e influenciados por emociones. Además, conviene indicar que era un derecho de la menor ofendida participar en un proceso judicial, una obligación de cara a su derecho a ser oído, así como un medio para coadyuvar en la labor del impartidor judicial, al aportar mayores elementos para considerar en la toma de su decisión. El hecho de ser menor no impide la posibilidad de contar con su relato ni existe razón para restarle valor a su dicho. Lo anterior, es acorde con la jurisprudencia VI.2o. J/149, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de mil novecientos noventa y ocho, Materia Penal, visible en la página 1082, con registro 195364, del tenor siguiente: TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN. La minoría de edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que a su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados de una manera clara y precisa. También resulta aplicable al caso, por las razones que la sustentan la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 23 P (10a.), que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia Penal, que se consulta en la página 2584, con registro 2005699, que a la letra dispone lo siguiente: PRUEBA TESTIMONIAL DE UN MENOR DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL. LA MINORÍA DE EDAD, POR SÍ MISMA, NO IMPIDE QUE EL JUEZ RECIBA SU DECLARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, EN ABROGACIÓN PAULATINA). Conforme a los artículos 407, 412 y 413 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, en abrogación paulatina, el juzgador no puede dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes; además, toda persona puede ser examinada como testigo cualquiera que sea su edad, pero los menores de dieciséis años no serán intimados, sino exhortados a declarar verazmente. Preceptos de los que se colige que la minoría de edad de un testigo, por sí misma, no impide que el Juez reciba su declaración dentro del procedimiento penal. Lo anterior, toda vez que el artículo 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, sólo prohíbe los careos entre el acusado y la víctima u ofendido menor de edad en los delitos de violación o secuestro. No obstante, tal precepto establece que las demás declaraciones del menor (que no constituyan careos) se desahogarán en las condiciones que establezca la ley. Por su parte, tampoco en los tratados suscritos por el Estado Mexicano existe alguna disposición que prohíba recibir en un juicio penal el testimonio de una persona menor de edad. Ciertamente, el Estado debe velar por el interés superior de la niñez, de conformidad con el artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Federal; sin embargo, está obligado a respetar el derecho a una debida defensa de toda persona acusada de la comisión de un delito, de acuerdo con la fracción IX, apartado A, del citado artículo 20 constitucional. Por tanto, en atención a los principios hermenéuticos de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, previstos en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Carta Magna, el Juez debe armonizar ambos derechos fundamentales, es decir, debe respetar el derecho del procesado de allegar al juicio las pruebas que estime pertinentes para su defensa y garantizar su desahogo, de manera que no afecte injustificada o excesivamente a los menores involucrados con el proceso; para ello, el juzgador debe adoptar las previsiones necesarias para garantizar que el desahogo del testimonio no sea una experiencia traumatizante para el niño, como las enunciadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. LXXIX/2013 (10a.), de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO." En relación con el valor probatorio que refiere les concedió a las declaraciones de la víctima, atestes y periciales, informes policiales y documentos debe decirse, que la juez responsable fue acertada en la ponderación que de tales narraciones hizo, pues estableció los datos que de las mismas obtuvo, indicó las razones por las que debía y no conferírseles valor, también las relacionó con los elementos del delito que probaban y la manera en que se sumaban para acreditar el hecho delictivo. Luego, por cuanto hace al argumento del quejoso en el que asegura la juzgadora vulneró su derecho a la defensa al no permitirle aportar como medio de prueba la pericial medica de la menor víctima; tal concepto de violación resulta infundado, pues, como bien lo adujo la jueza de garantía existía como antecedente la pericial medica reseñada por la fiscal dato eficaz para acreditar el hecho criminal (violación), además, ante la colisión de los derechos de defensa (del ofendido) y de intereses superior del menor (de la víctima) debía prevalecer el derecho a no ser re victimizada en harás de velar por el normar desarrollo y bienestar de la niña. Ello, pues la pericial existente dio dato sobrado de la configuración del delito de violación, pues con la misma se infirió que la menor victima presentaba indicios de penetración. Efectivamente, con esa pericial existente pudo demostrarse el hecho que la ley castiga como delito de violación, circunstancia que tampoco en la audiencia de vinculación fue atacada por la defensa, pues el abogado particular no cuestionó la presencia de los signos físicos arrojados, sino que indicó que el hecho en perjuicio de la víctima pudo cometerse por diversa persona. Así, debe decirse que los antecedentes de prueba presentados por la fiscalía, la declaración hecha por el activo y la declaración de la menor ofertada por la defensa son datos que resultan suficientes, hasta este momento procesal, para tener por comprobados los hechos que la ley persigue como delito (violación) y la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión. Además, contrario a lo argumentado por el quejoso, corresponde a éste la carga de la prueba para acreditar su versión defensiva, toda vez que del conjunto de circunstancias y pruebas reseñadas por la jueza de garantía se desprenden datos que hacen probable la participación del procesado en la comisión del delito que se le imputa, por tanto, se desvirtuó la presunción de inocencia que se deducía en su favor, quien ahora rechaza las imputaciones y niega haber cometido el delito, por tanto, necesariamente debe probar los hechos en que descansa su postura defensiva, sin que baste su omisión a declarar, no corroborada con elementos de convicción eficaces. Apoya la anterior consideración, en lo que interesa, la Jurisprudencia V.4º.J/3, del Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1105, del Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 177945, que a la letra dice: INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. En consecuencia, resulta evidente que la autoridad responsable sí se condujo con estricto apego a la garantía de fundamentación y motivación tutelada por el artículo 16 de la Constitución Federal. Luego, al resultar evidente que con los datos de prueba que obran en autos de la causa penal de origen, se demostraron los hechos delictuosos que se le imputan al aquí quejoso, así como su probable participación en la comisión de éstos, de ahí, que el auto de vinculación a proceso reclamado cumpla con los requisitos exigidos por el artículo 19 constitucional y 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual no se transgrede algún Tratado Internacional en el cual el Estado Mexicano sea parte, que proteja los derechos a la integridad de la persona, a la libertad personal y los derechos humanos. Tiene aplicación en lo que interesa, la Jurisprudencia II.2º.P. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1512, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 175111, que a la letra dice: DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran. Por todo lo anterior, al no conculcar garantías individuales en perjuicio del quejoso el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintiocho de julio de dos mil quince, por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicita. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1, 5, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* contra el acto del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con morada en esta localidad, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el tres de octubre de dos mil dieciséis, en la causa penal *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como, mediante oficio a la autoridad responsable y al representante social que interviene en el proceso penal de origen. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, *******, el día de hoy veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, fecha en que se terminó el engrose de este fallo y lo permitieron las labores del juzgado, asistido de la secretaria ******* que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE:_ SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis se recibió la demanda que dio origen al juicio, la que fue turnada a este Juzgado de Distrito en la misma data. En el escrito inicial el quejoso ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con morada en esta localidad, a quien reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el tres de octubre de dos mil dieciséis, en la causa penal ******, por su participación probable en la comisión del delito de violación con penalidad agravada. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados víctima y fiscal que intervino en la causa penal de origen; además, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos de autoridad residente dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda y de la ampliación, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso reclama: Del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con residencia en esta localidad, el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal *******, por su probable participación en la comisión del delito de violación agravada. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, en esta ciudad, aceptó haber emitido el auto de vinculación a proceso en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación agravada. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió fotocopia autorizada de la resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, así como el registro de audio y video de las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso, así como la transcripción de esa determinación que se impugna; probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan alguna causa de improcedencia ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación hechos valer por el agraviado son infundados en parte y otro inoperante. A fin de evidenciar tal aseveración, debe indicarse que el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, será estudiado a la luz del artículo 19 constitucional, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.] La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sólo mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; c) De la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y finalmente, d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente del delito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de dos mil doce, visible en la página 1940, Materia Penal, registro 160331, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el magno 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, puesto que para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses con motivo de ese acto de autoridad pueda considerarse como válida, el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un sólo cardinal, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil uno, Materia Constitucional, que se consulta en la página 1228, con registro 162421, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la agente Ministerio Público formuló imputación contra el accionante del amparo. En la misma audiencia Álvaro Reza Martínez manifestó su deseo de no rendir declaración, en uso del derecho conferido por el artículo 20 Constitucional. La representante social formuló imputación por el hecho que consideró constitutivo del delito de violación con pena agravada, previsto y sancionado por los arábigos 172, fracción I y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que prevé, en su tipo básico una pena de prisión de seis a veinte años. En la misma audiencia de formulación de imputación, debido al delito imputado al accionante del amparo, a petición de la fiscal la jueza del caso impuso como medida cautelar prisión preventiva por un plazo máximo dos años, al considerar colmados los requisitos para su fijación, en términos del artículo 154, 155, fracción XIV, 157, 158 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Enseguida, la defensa del quejoso solicitó el desahogo de una pericial médica en la persona de la menor víctima, la jueza abrió debate respecto de la admisión de dicha probanza. Así, luego de escuchar a la parte acusadora, resolvió improcedente la admisión de tal probanza. Para desechar la prueba del defensor la jueza estimó que el quejoso cuenta con la presunción de inocencia a su favor, de manera que la carga para acreditar el injusto y la participación corresponde a la agente del Ministerio Público; también, consideró que ya se contaba, según lo dicho por la representante social, con una prueba efectuada por la especialista oficial respecto de la cual se podría abrir debate con el fin de realizar la valoración de la misma; además, estimó que el imputado gozaba de garantías frente al poder del Estado al igual que la víctima como sujeto de derecho, así, ante la colisión de derechos fundamentales defensa adecuada y protección de las víctimas menores, ponderó los mismos para resolver que debía atenderse al interés superior del niño, para proteger su desarrollo físico y mental. Con base en lo anterior, la jueza consideró innecesaria la solicitud para realizar una pericial medica en la menor víctima, si ya un experto había emitido su opinión profesional, en aras de no vulnerar los derechos de la niña víctima. El tres de octubre de dos mil dieciséis, una vez que se declaró abierta la audiencia de vinculación a proceso, el imputado indicó que era su deseo declarar en torno a los hechos de por lo que se le acusan, para lo cual de forma libre expresó su versión defensiva de los hechos, luego, lo hizo a preguntas de su defensor. En el desarrollo de la declaración, el defensor con fundamento en el numeral 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales pidió que se incorporara una serie de fotografías para ponerlas a la vista del imputado, a quien una vez que le mostró las imágenes le preguntó sobre el lugar de que se trataba, a lo que el inculpado contestó que eran fotografías de su domicilio y el de su hermana, lugar este último en que se encontraba la víctima, según su dicho, el día de los hechos. Después, se llevó a cabo el desahogo una de las probanzas ofertadas por la defensa del quejoso, esto es, la testimonial a cargo de la menor víctima, acompañada de psicólogo y madre de la niña, luego de ello, se desistió del resto de los medios de convicción. La jueza dio el uso de la voz a la agente del Ministerio Público para que efectuara la narración de antecedentes en que basó la solicitud de vinculación a proceso. Enseguida, la juzgadora escuchó al defensor del imputado quien indicó que debía emitirse auto de no vinculación como lo marca el ordinal 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no cumplirse los requisitos contenidos en la fracción III del diverso artículo 316 de esa misma norma, ello, porque, desde su punto de vista, los hechos no pueden variar y afirma que se le formuló imputación al aquí quejoso respecto de un lugar distinto, en el que se supone ocurrieron los hechos -tal como se desprende de la declaración del imputado y de la víctima-. También, el defensor particular argumentó que debía concederse valor relevante a la declaración de la menor, quien asegura, no mostró una actitud de rechazo hacia su progenitor imputado, sino que dijo que lo quería más que a su madre y desde su óptica no mostraba señales de abuso por parte del imputado; respecto del resto de las pruebas señaló la defensa que debía restarse valor por ser un delito de realización oculta. Una vez que escuchó a las partes la a quo cerró el debate y resolvió la situación jurídica del quejoso, para lo cual primeramente fundó su determinación en la Constitución Federal y legislación de la materia, normas de las cuales desprendió los requisitos para el dictado del auto de vinculación. Después, la jueza de la causa estableció que los hechos delictivos que se le atribuyen al accionante corresponden al delito de violación, con penalidad agravadas según lo dispuesto en los artículos 171 y 172, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, perpetrados en agravio de un menor de edad. Los preceptos que, a consideración del juzgador, prevén los delitos enunciados, son los siguientes: 171. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de cinco a quince años. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá previa querella. Se sancionará con las mismas penas a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia física o moral o sin el consentimiento de la víctima. 172. Se aplicarán de seis a veinte años de prisión a quien: I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o [.] La jueza en cita en la resolución que se combate, luego de analizar los datos de convicción aportados por la Fiscalía, y los desahogados a petición de la defensa, indicó que existe evidencia suficiente para considerar con alto grado de probabilidad que del nueve al doce de septiembre de dos mil dieciséis, el imputado introdujo su miembro viril en la vagina de la menor pasivo de tres años de edad, con quien tiene una relación consanguínea de parentesco en primer grado por ser su padre. Llegó a esa conclusión al considerar la declaración de ******* madre de la menor víctima, quien se percató que la niña no quería bañarse y supo por voz de su otra hija adolescente que al estar jugando con muñecos la infante le hizo saber que su papá ******* la había tocado en el área genital, que le dijo que había sido "con su cosa", (el órgano genital del activo), que con la mano y que le puso el pene en la vagina, razón por la cual presentó denuncia ante el agente del Ministerio Público. También, la resolutora de garantías consideró el testimonio de la adolescente hermana de la víctima quien describió que la paciente del hecho delictivo al jugar con algunos muñecos le indicó que había sido tocada por su papá con su parte y que le había dolido mucho -pues así se refirió a los órganos de los muñecos-, por lo que, la adolescente le hizo del conocimiento de su madre tal situación; aseguró que se trasladaron a la Fiscalía y ahí supo que su hermana al ser revisada por la doctora especialista confirmó que había sido agredida sexualmente. Así, al dicho de las atestes la jueza les reconoció valor por considerar que no se encuentran influenciadas, que no tenían algún interés para falsear la información que proporcionaron. La juzgadora señaló que de los antecedentes pudo inferir que la menor víctima a pesar de su corta edad -tres años- pudo describir el dolor que le provocó el ayuntamiento carnal, la acción que resintió y el objeto (órgano sexual viril) con que fue penetrada, declaración que estimó verosímil y preponderante por tratarse de un delito de naturaleza sexual cometido en ausencia de testigos, además, no percibió alguna razón por la cual la infante quisiera afectar al imputado. La jueza del proceso tomó en cuenta la conclusión a la que llegó la psicóloga ******* quien realizó una entrevista clínica a la menor y pudo percatarse por medio del test de bandera cómo es que el padre de la víctima la tocó por donde hace pipi. Tal opinión especializada en materia de psicología, la autoridad responsable la consideró congruente con el resto de los antecedentes, para inferir que la menor dijo la verdad, al señalar la forma en que ocurrió el ataque y el lugar donde se encontraba (domicilio ubicado en *******, de esta ciudad). De igual forma, la juzgadora consideró el dictamen en ginecología realizado el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, por la médico ******* quien en presencia de la madre revisó a la menor y con la maniobra de riendas pudo advertir que la paciente del injusto sí presenta datos compatibles a penetración, desgarros incompletos recientes, el introito vaginal con eritema e inflamación leve, el himen circular con desgarres incompletos en radio según las manecillas del reloj de las nueve a la una; zona eritematosa rojiza irritada reciente, experticia que a la que le confirió valor probatorio, por ser especialista en la ciencia, por tratarse de un servidor público imparcial, con experiencia y conocimientos necesarios. La juzgadora aseguró que la agravante de la minoría de edad se acreditó con el acta de nacimiento de la menor a que hizo referencia la fiscal, documento útil para probar la relación de consanguinidad del activo con la víctima y al cual le otorgó credibilidad por haberse expedido por funcionario en ejercicio de sus atribuciones. En suma, del acervo de antecedentes que la resolutoria de primer grado tuvo bajo su conocimiento lo estimó válido para tener por acreditados los hechos criminosos, sin que le pareciera obstáculo el argumento de defensa. Una vez analizado el evento delictivo, la jueza se hizo cargo del estudio de la probabilidad de que ******* ejecutara los hechos que la ley penal señala como delito de violación con penalidad agravada, en perjuicio de una menor. La jueza de control estableció que el agente delictivo actuó como autor material o directo en términos de la fracción I del artículo 21 del código sustantivo penal, pues fue probablemente él quien ejecutó los hechos materia de la acusación. También, la a quo estimó que los hechos se perpetraron a título de dolo en términos del artículo 18, fracción I, del mismo ordenamiento sustantivo penal, pues el imputado es una persona adulta, consciente del orden jurídico que prevalece y en un acto de voluntad optó por ejecutar un hecho que trae aparejado el resultado de tipicidad. La juzgadora responsable con base en los antecedentes narrados por el fiscal que analizó y valoró, concluyó acreditado el injusto de violación con penalidad agravada y que existían datos que hacen presumir que el quejoso los cometió, sin que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Ahora, contra el auto de vinculación que se reclama el quejoso hizo valer distintos conceptos de violación, los cuales se proceden a analizar. El quejoso afirma que el acto reclamado es violatorio de la garantía prevista por el artículo 16 de la Constitución Federal, dado que no está debidamente fundado y motivado. Es infundado el concepto de violación referido, ya que de la lectura de la resolución analizada se desprende que el natural sí cumplió con el requisito de fundamentación y motivación, en el aspecto apuntado por la defensa del quejoso; esto es, señaló las razones por las que consideró que la conducta atribuida al imputado se encuentra acreditada, así como su participación en la misma. La obligación de la autoridad judicial de fundar y motivar sus resoluciones, encuentra sustento constitucional en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece lo siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Este mandato constitucional debe entenderse en el sentido de que en toda resolución, la autoridad judicial debe señalar de manera precisa el o los preceptos legales aplicables al caso concreto y expresar claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en cuenta para emitir su determinación. A su vez, debe realizar una operación de subsunción que permita determinar que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 166, con registro 917738, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Como se ha dicho, la juzgadora de primera instancia sí cumplió con la fundamentación y motivación aludida, en el aspecto señalado por el accionante del amparo. Esto, debido a que la autoridad responsable estableció puntualmente cuáles son los hechos que se le imputan y que éstos son considerados como delitos (violación agravada) con pena privativa de libertad. También, especificó cuáles son las conductas concretamente atribuidas al inculpado, consistentes en introducir su miembro viril en la vagina de la pasivo, conductas desplegadas en contra de una menor de edad que al momento de los hechos tenía tres años, es decir, sin capacidad para comprender los hechos, así como en haber realizado dichas conductas de manera directa. De igual forma, se advierte que la responsable analizó los datos de prueba expresados por la fiscal y el desahogado ante su presencia a fin determinar si éstos resultan aptos para demostrar la actualización de las conductas atribuidas al quejoso y estar en aptitud de afirmar que se acreditaron los hechos considerados como delito. Por cuanto hace al motivo de disenso consistente en que el juez primigenio otorgó valor probatorio primigenio y parcial al dicho del menor, debe recordarse que, como bien lo expuso la resolutora natural, dado que los actos criminosos como los que se analizan son de realización oculta es la víctima quien primordialmente puede narrar la forma en que acontecieron los hechos, pero, además, la veracidad de su dicho se ve corroborado con el dicho de las otras testigos que fueron quienes declararon situaciones periféricas del delito y con los análisis que especialistas le efectuaron, de los que se reveló el estado psíquico de la víctima por los hechos vividos y los síntomas físicos que revelaban que la menor había sido penetrada en la vagina. Además, en el sistema de justicia penal acusatorio que privilegia los juicios orales, la declaración de las personas, en su calidad de víctimas o testigos, es una de las pruebas de mayor relevancia con base en la cual las autoridades judiciales toman decisiones y dictan sentencia. Lo anterior resulta más relevante cuando son niños, niñas o adolescentes las personas que deben dar su testimonio, debido a que por ser víctimas de delitos penales la mayor parte de las veces aquéllos son los únicos testigos de los hechos y en muchos casos no suele existir evidencia física. Ello hace de su testimonio una prueba de enorme valor para evitar que los hechos se repitan. Adicionalmente, cuando se aborda la participación de un niño en un proceso judicial no puede pasarse por alto las diferencias que existe entre el niño y el adulto. En efecto, toda valoración de una declaración infantil deberá ser hecha tomando en cuenta sus derechos y considerar su grado de desarrollo, particularmente al momento de estudiar aparentes contradicciones en el mismo. La valoración del dicho de un niño, niña o adolescente deberá hacerse considerando los criterios de credibilidad establecidos. Dichos criterios deben orientar la valoración judicial, quien en el uso de su buen criterio deberá´ fundar y motivar su valoración en consideración de los mismos. Con base en lo dicho, podemos inferir que es infundado el concepto de violación hecho valer por la defensa del accionante. El juez fue acertado al valorar el dicho de la menor víctima del delito, en la medida que consideró su desarrollo cognitivo y emocional, atendió al hecho de que los niños comúnmente narran un evento a partir de recuerdos que le son relevantes e influenciados por emociones. Además, conviene indicar que era un derecho de la menor ofendida participar en un proceso judicial, una obligación de cara a su derecho a ser oído, así como un medio para coadyuvar en la labor del impartidor judicial, al aportar mayores elementos para considerar en la toma de su decisión. El hecho de ser menor no impide la posibilidad de contar con su relato ni existe razón para restarle valor a su dicho. Lo anterior, es acorde con la jurisprudencia VI.2o. J/149, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de mil novecientos noventa y ocho, Materia Penal, visible en la página 1082, con registro 195364, del tenor siguiente: TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN. La minoría de edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que a su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados de una manera clara y precisa. También resulta aplicable al caso, por las razones que la sustentan la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 23 P (10a.), que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia Penal, que se consulta en la página 2584, con registro 2005699, que a la letra dispone lo siguiente: PRUEBA TESTIMONIAL DE UN MENOR DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL. LA MINORÍA DE EDAD, POR SÍ MISMA, NO IMPIDE QUE EL JUEZ RECIBA SU DECLARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, EN ABROGACIÓN PAULATINA). Conforme a los artículos 407, 412 y 413 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, en abrogación paulatina, el juzgador no puede dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes; además, toda persona puede ser examinada como testigo cualquiera que sea su edad, pero los menores de dieciséis años no serán intimados, sino exhortados a declarar verazmente. Preceptos de los que se colige que la minoría de edad de un testigo, por sí misma, no impide que el Juez reciba su declaración dentro del procedimiento penal. Lo anterior, toda vez que el artículo 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, sólo prohíbe los careos entre el acusado y la víctima u ofendido menor de edad en los delitos de violación o secuestro. No obstante, tal precepto establece que las demás declaraciones del menor (que no constituyan careos) se desahogarán en las condiciones que establezca la ley. Por su parte, tampoco en los tratados suscritos por el Estado Mexicano existe alguna disposición que prohíba recibir en un juicio penal el testimonio de una persona menor de edad. Ciertamente, el Estado debe velar por el interés superior de la niñez, de conformidad con el artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Federal; sin embargo, está obligado a respetar el derecho a una debida defensa de toda persona acusada de la comisión de un delito, de acuerdo con la fracción IX, apartado A, del citado artículo 20 constitucional. Por tanto, en atención a los principios hermenéuticos de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, previstos en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Carta Magna, el Juez debe armonizar ambos derechos fundamentales, es decir, debe respetar el derecho del procesado de allegar al juicio las pruebas que estime pertinentes para su defensa y garantizar su desahogo, de manera que no afecte injustificada o excesivamente a los menores involucrados con el proceso; para ello, el juzgador debe adoptar las previsiones necesarias para garantizar que el desahogo del testimonio no sea una experiencia traumatizante para el niño, como las enunciadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. LXXIX/2013 (10a.), de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO." En relación con el valor probatorio que refiere les concedió a las declaraciones de la víctima, atestes y periciales, informes policiales y documentos debe decirse, que la juez responsable fue acertada en la ponderación que de tales narraciones hizo, pues estableció los datos que de las mismas obtuvo, indicó las razones por las que debía y no conferírseles valor, también las relacionó con los elementos del delito que probaban y la manera en que se sumaban para acreditar el hecho delictivo. Luego, por cuanto hace al argumento del quejoso en el que asegura la juzgadora vulneró su derecho a la defensa al no permitirle aportar como medio de prueba la pericial medica de la menor víctima; tal concepto de violación resulta infundado, pues, como bien lo adujo la jueza de garantía existía como antecedente la pericial medica reseñada por la fiscal dato eficaz para acreditar el hecho criminal (violación), además, ante la colisión de los derechos de defensa (del ofendido) y de intereses superior del menor (de la víctima) debía prevalecer el derecho a no ser re victimizada en harás de velar por el normar desarrollo y bienestar de la niña. Ello, pues la pericial existente dio dato sobrado de la configuración del delito de violación, pues con la misma se infirió que la menor victima presentaba indicios de penetración. Efectivamente, con esa pericial existente pudo demostrarse el hecho que la ley castiga como delito de violación, circunstancia que tampoco en la audiencia de vinculación fue atacada por la defensa, pues el abogado particular no cuestionó la presencia de los signos físicos arrojados, sino que indicó que el hecho en perjuicio de la víctima pudo cometerse por diversa persona. Así, debe decirse que los antecedentes de prueba presentados por la fiscalía, la declaración hecha por el activo y la declaración de la menor ofertada por la defensa son datos que resultan suficientes, hasta este momento procesal, para tener por comprobados los hechos que la ley persigue como delito (violación) y la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión. Además, contrario a lo argumentado por el quejoso, corresponde a éste la carga de la prueba para acreditar su versión defensiva, toda vez que del conjunto de circunstancias y pruebas reseñadas por la jueza de garantía se desprenden datos que hacen probable la participación del procesado en la comisión del delito que se le imputa, por tanto, se desvirtuó la presunción de inocencia que se deducía en su favor, quien ahora rechaza las imputaciones y niega haber cometido el delito, por tanto, necesariamente debe probar los hechos en que descansa su postura defensiva, sin que baste su omisión a declarar, no corroborada con elementos de convicción eficaces. Apoya la anterior consideración, en lo que interesa, la Jurisprudencia V.4º.J/3, del Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1105, del Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 177945, que a la letra dice: INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. En consecuencia, resulta evidente que la autoridad responsable sí se condujo con estricto apego a la garantía de fundamentación y motivación tutelada por el artículo 16 de la Constitución Federal. Luego, al resultar evidente que con los datos de prueba que obran en autos de la causa penal de origen, se demostraron los hechos delictuosos que se le imputan al aquí quejoso, así como su probable participación en la comisión de éstos, de ahí, que el auto de vinculación a proceso reclamado cumpla con los requisitos exigidos por el artículo 19 constitucional y 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual no se transgrede algún Tratado Internacional en el cual el Estado Mexicano sea parte, que proteja los derechos a la integridad de la persona, a la libertad personal y los derechos humanos. Tiene aplicación en lo que interesa, la Jurisprudencia II.2º.P. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1512, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 175111, que a la letra dice: DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran. Por todo lo anterior, al no conculcar garantías individuales en perjuicio del quejoso el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintiocho de julio de dos mil quince, por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicita. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1, 5, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* contra el acto del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con morada en esta localidad, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el tres de octubre de dos mil dieciséis, en la causa penal *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como, mediante oficio a la autoridad responsable y al representante social que interviene en el proceso penal de origen. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, *******, el día de hoy veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, fecha en que se terminó el engrose de este fallo y lo permitieron las labores del juzgado, asistido de la secretaria ******* que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que no se saldan los extremos del arábigo 117 de la citada legislación, conforme al cual, el informe justificado y las constancias en las que se apoye, deben ser rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Esto es así, puesto que, como se advierte de proveído de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el referido numeral, se ordenó dar vista a las partes con el informe que remitió el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con relación al término concedido en el citado auto, aún no transcurren los ocho días concedidos para los efectos referidos en las líneas que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, sustentada por el Máximo Tribunal del País, visible en la página 151, tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con diez minutos del tres de enero de dos mil diecisiete. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

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