Amada Ortega Rodríguez y Otros.

Expediente 444/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
444/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Amada Ortega Rodríguez
  • Bienvenido Valdivieso Peregrino
  • Amada Ortega Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el trece de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta localidad, declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, al cual adjuntó, entre otras, el juicio de amparo directo **********/2019 de su índice, integrado por el toca **********/2018 de la estadística de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Asimismo del sumario se desprende que el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve se dictó la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, misma que al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria el treinta y uno de enero de dos mil veinte, ordenándose el archivo del presente juicio. En tal sentido, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio signado por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez y en atención a lo que solicita, remítasele el toca N-39/2018, toda vez que resulta innecesaria su conservación. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL A LA LETRA DICE: SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 444/2019-VI, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito con residencia en esta ciudad, la demanda de amparo directo, la cual por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, misma que se radicó bajo el consecutivo 5/2019. En el escrito inicial, ********** demandaron el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, de quien reclamaron la sentencia de ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Mediante resolución de veintinueve de mayo del año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda interpuesta por *********, en virtud de que el acto que reclamaron es impugnable en la vía indirecta. El doce de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda de amparo de referencia en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnada a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de trece de junio del año en curso, se aceptó la competencia planteada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad y se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que quedó registrada bajo el consecutivo 444/2019; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se le dio la intervención legal que le compete; se emplazó al tercero interesado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diversos diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclaman actos provenientes de una autoridad judicial cuya ejecución tiene lugar en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 fracción I, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclamó al Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, la sentencia emitida el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del toca N-39/2018. Es aplicable al caso, el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la sentencia de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca N-39/2018, en la que revocó la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, dentro de la causa penal 60/2017, de su índice; adjuntando para tal efecto las constancias conducentes. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice lo siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causas de Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por los quejosos es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, por ser una cuestión de orden público, procede a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia del presente juicio de amparo prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la lectura armónica de la primera de las porciones normativas transcritas, se tiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, de los previstos en dicho numeral, que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esa misma ley; asimismo, del segundo de los artículos señalados se desprende que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Sobre el tema que se analiza el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V, del artículo 107, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con esa aclaración, el Alto Tribunal determinó que por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Apoya a la anterior determinación, la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de dos mil quince, cuyo rubro y texto son los siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la determinación de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca N-39/2018, relativo a la apelación interpuesta por los ofendidos, en la que determinó revocar la resolución emitida el veintiocho de febrero de ese mismo año, por la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, al considerar que, al no encontrarse garantizada la reparación del daño de los ofendidos, debía reponerse el procedimiento hasta la audiencia respectiva, a efecto de que se garantizara dicha reparación y se resolviera con plenitud de jurisdicción sobre la admisión o no del juicio abreviado propuesto por el Ministerio Público. De acuerdo con lo anterior, se llega a la conclusión de que, tratándose de actos en que la autoridad judicial ordene la reposición del procedimiento, el juicio de amparo será procedente solamente cuando esa decisión afecte en forma directa e inmediata derechos sustantivos, lo cual debe demostrarse durante la sustanciación del juicio, pues la simple reposición, es un acto procesal o adjetivo que no trasciende por sí solo a los derechos sustantivos de las partes. En el caso, el tribunal de alzada responsable, al resolver el toca N-39/2018, realizando un examen oficioso de los presupuestos procesales revocó la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro de la causa penal 60/2017, en la cual la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, aprobó la procedencia del juicio abreviado propuesto por la representación social e impuso a Guadalupe Padilla de Santiago, una pena de prisión de tres años seis meses, al contravenir lo dispuesto por el artículo 201, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, al no haber estado garantizada la reparación del daño en favor de los ofendidos del delito, ordenando su reposición a efecto de que se garantizara íntegramente ésta y resolviera con plenitud de jurisdicción sobre la admisión o no de la citada salida alterna. Lo anterior, pone en evidencia que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de los quejosos, sino solamente derechos procesales o adjetivos, pues el efecto del fallo que ordenó la reposición del procedimiento, fue a fin de que en la audiencia que se fijara para resolver respecto de la petición del juicio abreviado propuesto por la representación social, en cumplimiento a los requisitos de procedibilidad de dicha salida alterna, previstos en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se garantizara la reparación del daño en favor de los ofendidos del delito y resolviera con plenitud de jurisdicción sobre si admite o no esa salida alterna, y en caso negativo continuar con la etapa procesal que corresponda, de ahí que en su contra el juicio de amparo es improcedente, pues incluso se desconoce si con posterioridad llegue a autorizarse el procedimiento abreviado y será hasta entonces que pueda producir dicha afectación e impugnar las violaciones que estime cometidas en esa nueva resolución y las que se hubieren producido en el procedimiento (como la determinación tomada en la resolución reclamada, que le causa perjuicio a la parte victimal), máxime que se otorgó plenitud de jurisdicción al Juez para resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado. Apoya lo antes expuesto en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 23/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 593, cuyo tenor literal es el siguiente: NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. No es óbice a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que, atendiendo los criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México. Sin embargo, se estima que dicho criterio no es exactamente aplicable al caso en estudio, pues si bien el procesado se encuentra privado de la libertad, no es él quien solicitó el amparo, sino que quienes lo promovieron fueron las víctimas, las cuales no se encuentran privadas de su libertad, por lo que no puede considerarse que dicho acto afecte sus derechos sustantivos. Considerar lo contrario, pugnaría con el espíritu de la propia jurisprudencia, la cual busca que el acto que conlleva la prolongación de la prisión preventiva pueda ser combatido por quien se ve afectado con la privación de la libertad, con el objeto de impedir (de resultar inconstitucional) dicha prolongación; sin embargo, de analizar la constitucionalidad de dicho acto con motivo del amparo promovido por la parte victimal, no podría tener ese efecto, sino por el contrario, podría conllevar, dada la temporalidad de la tramitación y resolución del juicio de amparo y su cumplimiento, que la prisión preventiva se prolongara aún más, sin que existiera una afectación a los derechos sustantivos de la parte promovente. Por tanto, el acto que reclaman en esta instancia, como ya se dijo, no es de los que constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. QUINTO. Requisitoria. Toda vez que el tercero interesado **********, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Cinco, ubicado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; mientras que su defensora público, licenciada ***********, está adscrita al Juzgado de Control del Distrito Judicial Galeana, en aquella ciudad, conforme lo establecen los numerales 298 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena librar atento requisitoria al Juez de lo Civil del Distrito judicial Galeana, residente en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en turno, solicitándole atentamente notifique al justiciable y a su defensora el presente proveído; de este modo, se pide al Juez requerido el acuse respectivo y la devolución de la comunicación oficial una vez diligenciada. Asimismo, con apoyo en lo establecido por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario de la adscripción del juzgador requerido, realice la encomienda. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107, fracción V, Constitucionales, 61 fracción XXIII, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 444/2019-V, promovido por **********, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por las razones expuestas en el último considerando de esta determinación. SEGUNDO. Dése cumplimiento a lo ordenado en el considerando quinto y gírese la requisitoria correspondiente al Juez de lo Civil del Distrito Judicial Galena, residente en Nuevo Casas Grandes Chihuahua. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio mediante el cual el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, devuelve debidamente diligenciado el despacho 325/2019-V del índice de este Juzgado, el cual deriva del presente juicio de amparo; y como lo solicita, acúsese el recibo respectivo. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que el tercero interesado, agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal ***/2017 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial Galeana, quedó notificado el treinta de julio del presente año, del diverso proveído de trece de junio del actual, en que se declaró competente a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa; razón por la cual no tuvo la oportunidad de imponerse de los autos del presente juicio en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón de que de no mediaron por lo menos ocho días entre dicha notificación y el día fijado para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy. En consecuencia y a fin de no trastocar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del seis de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. Es aplicable en lo conducente, la tesis V.4º.1 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, a foja 1119, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado". Notifíquese.- Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

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