Amado Luna Rubio
Expediente 673/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Amado Luna Rubio
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.marilyn
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible y asequible de éste juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o determinación de 09 de agosto de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Amado Luna Rubio, contra actos de la Agencia Comercial de la Comisión Federal de Electricidad con sede en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número III-673/2021-M. Ahora bien, por ser de estudio preferente este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y de actualizarse alguna de ellas se desechará de plano la demanda. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo instituye que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que se actualice alguna otra causal que resulte de las restantes disposiciones de la misma legislación. Asimismo, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, porque se considera que el acto reclamado por el quejoso no constituye uno de autoridad. Los preceptos 61, fracción XXIII, 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". El juicio de amparo constituye un medio extraordinario de control ya de constitucionalidad, ya de convencionalidad y de legalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de la persona que acuda a él, restableciéndola en el goce pleno de sus derechos vulnerados. Al respecto, por un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo es el procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales. Y, por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo es un recurso judicial efectivo, a la luz del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aunado a lo anterior, la idoneidad y efectividad del juicio de amparo se constata con el hecho de que, según la violación que en su caso detecte el juzgador o tribunal federal, la sentencia podrá tener por efecto reparar esa infracción y ordenar a la autoridad responsable emitir un acto nuevo purgando los vicios advertidos. De ahí que el juicio de amparo permite una defensa amplia de los derechos humanos que el quejoso estime vulnerados, al tener la sentencia respectiva la fuerza legal suficiente para dejar insubsistente el acto de autoridad reclamado. Forma de acceder al juicio de amparo Aun cuando el juicio de amparo es la garantía judicial por excelencia para salvaguardar derechos fundamentales -en el sistema jurídico mexicano- no es absoluto e irrestricto, esto es, no puede acudirse a él en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia sino que, previo al estudio de fondo, deben cumplirse ciertos requisitos formales. En efecto, para acceder al juicio de amparo, el artículo 61 de la Ley de Amparo establece presupuestos denominados "causales de improcedencia" que, según el momento en que el juzgador de amparo detecte su actualización, éstas pueden conducir bien a desechar la demanda o, bien, a decretar el sobreseimiento en el juicio, en audiencia constitucional o fuera de ella, inclusive en el recurso de revisión. Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la existencia y aplicación de causales de inadmisibilidad -causales de improcedencia en el juicio de amparo- de un recurso, es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y, en el mismo sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal del País ha establecido que aquéllas, en sí mismas, no violan el derecho de acceso a la impartición de justicia y, específicamente, el derecho a un recurso judicial efectivo. Lo anterior obedece a razones de seguridad jurídica, tanto para la correcta y funcional administración de justicia, como para la efectiva protección de los derechos de las personas, pues admitir una amplitud del juicio de amparo sin permitir al juzgador analizar requisito de procedibilidad alguno, ocasionaría un abuso excesivo del mismo, incluso como práctica dilatoria. Ello, a su vez, paralizaría la impartición de justicia en perjuicio de las personas, ocasionando demora excesiva y causando perjuicio al derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su aspecto de justicia pronta. En ese sentido, si bien es cierto que los recursos judiciales deben estar disponibles para los interesados, a fin de resolver efectiva y fundadamente los asuntos planteados y, en su caso, proveer las reparaciones adecuadas; también lo es que no siempre y en cualquier caso, cabría considerar que los órganos internos deban resolver el fondo del negocio sometido a su jurisdicción, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia. Ahora, es importante destacar que en el juicio de amparo mexicano, la regla general es su procedencia y el estudio de fondo consiguiente, en tanto la excepción es la actualización de alguna causal de improcedencia. En consecuencia, estas últimas deben interpretarse de manera estricta, para hacer efectiva la salvaguarda de las normas sobre derechos y libertades; de lo cual deriva que, ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, el juzgador debe acoger la que evite riesgos de indefensión para el promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, tratándose del examen que haga el juez de Distrito sobre el escrito de demanda -que en el caso interesa- para su desechamiento, dichas causales de improcedencia necesariamente deben ser notorias, manifiestas e indudables, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, sin inferirse de presunciones ni abordar cuestiones de fondo. Cabe precisar que del significado gramatical de los vocablos 'manifiesto', 'notorio' e 'indudable', se advierte que éstos quieren decir 'evidente, claro, patente, que no existe lugar a duda'. Así, un motivo de improcedencia manifiesto, notorio e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, ya que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En este orden de ideas, de no ser notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia, no debe desecharse la demanda, toda vez que con ello se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio contra un acto de autoridad que considera perjudicial. Por consiguiente, en este supuesto, aquélla debe admitirse a trámite a fin de estudiar la cuestión planteada, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en audiencia constitucional así lo impone legalmente. La teoría general del derecho ha realizado una clasificación en las relaciones jurídicas de las personas que son las de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación. Son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Relaciones de supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos y garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Relaciones de supraordinación. Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Características de la autoridad para los Efectos del "juicio de amparo" El artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo -aplicable al caso- estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el artículo 5º, fracción II, de la propia Ley de Amparo define a la autoridad responsable a quien, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre lo que debe entenderse por autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el siguiente criterio: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DEAMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. La anterior norma jurisprudencial esclarece cuáles son las notas que distinguen a una autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, y son las siguientes: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; II. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; III. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior debe entenderse en función del concepto que tradicionalmente se ha concebido para la autoridad responsable, a quien generalmente se le había reconocido como un órgano del Estado. Mas, conforme al párrafo segundo de esa misma fracción II del artículo 5º, actualmente también pueden tener ese carácter los particulares; siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Dicha porción normativa es del tenor siguiente: Artículo 5°. . . II. . . Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (. . .) De la anterior norma jurídica se desprende que un particular es susceptible de ser reconocido como autoridad responsable en un juicio de amparo, cuando sus actuaciones revistan las características siguientes: a) Realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, que sean aptos para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, de acuerdo con la definición que aporta el párrafo primero de esa misma fracción. b) Que afecten derechos en los términos antes anotados; y que, c) Sus funciones estén determinadas por una norma general. Posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias en relación con el tema, donde ha considerado que los actos derivados de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares no son actos de autoridad. De esa consideración surgió la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) del rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". Bajo una nueva legislación que rige el actuar de la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a confirmar su criterio, ello en la ejecutoria de siete de febrero de dos mil dieciocho que resolvió la contradicción de tesis 198/2017 donde hizo los señalamientos siguientes: De acuerdo a la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. La Comisión Federal de Electricidad en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo a virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. En los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, la Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, al forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir sus conflictos es la ordinaria mercantil. No obstante, también fijó -la Segunda Sala- supuestos de excepción donde la Comisión Federal de Electricidad sí puede llegar a ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo, al considerar lo siguiente: (.) Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta Superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida, (enfermos dependientes de instrumentos y maquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4 constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "(.) disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable (.)." Asimismo, sobre la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, se ha dicho que una vivienda adecuada debería tener acceso permanente a "recursos naturales y comunes", entre otros, "(.) el alumbrado, y almacenamiento de alimentos (.)." Vale la pena referir que las actividades del sistema eléctrico se sujetan a obligaciones del servicio público universal, entre ellas de ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite, contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico; cuya finalidad es financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación. Dicho Fondo se integra por el excedente de ingresos que resulte de la gestión en el Mercado Eléctrico Mayorista, donativos de terceros e ingresos percibidos por el cobro de sanciones. La distribución, transmisión y por ende el suministro de servicios básicos están obligados a instalar, conservar y mantener su infraestructura, así como garantizar el servicio a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en los términos de ley, ejerciendo los recursos asignados por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico en congruencia con los programas de ampliación y modernización de las Redes Generales de Distribución autorizados por la Secretaría de Energía. En ese contexto, la Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país; para lo cual las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. Finalmente, es dable referir que sobre el principio de impacto social y desarrollo sustentable, la Ley prevé que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar. Con esa finalidad la Secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda. De ahí surgió la jurisprudencia número 2a./J. 30/2018 (10a.) del tenor siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que esas jurisprudencias son criterios jurisprudenciales que definen específicamente la naturaleza de los actos reclamados en una demanda de amparo a la Comisión Federal de Electricidad, son una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del asunto, pues es inconcuso que si la naturaleza de dichos actos ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo para todos los órganos de menor jerarquía, no hay ninguna posibilidad de que dicho obstáculo declarado por el Máximo Tribunal para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Criterio que se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.) con el rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional". En consecuencia, este Juzgado no advierte que se actualice una causa de excepción para considerar el acto de la Comisión Federal de Electricidad como de autoridad, pues el acto reclamado no puede considerarse como no pactado o que exceda el contrato de suministro básico con el usuario final y que pueda considerarse como violatorios a derechos humanos; tampoco se ubica en el supuesto de un amparo contra normas, por su aplicación. Por lo tanto, el acto reclamado se ubica dentro de la hipótesis general desarrollado por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo considera como no apto de reclamarse en el juicio de amparo. Atento a lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad señalada como autoridad responsable en la demanda inicial, no tiene esa calidad para los efectos del juicio de amparo en este caso concreto, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar la demanda de amparo indirecto conforme lo disponen las jurisprudencias 2a./J. 156/2017 (10a.), 2a./J. 30/2018 (10a.) y 2a./J. 2/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado se desecha de plano la demanda respecto de la citada autoridad, por su notoria e indudable improcedencia. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia 2a./J.30/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 532, Tomo I, Abril de 2018, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a letra dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". De igual forma, resulta aplicable sobre el tema en particular, la tesis jurisprudencial 2a./J.112/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 293, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a letra dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cuando la Comisión Federal de Electricidad, en observancia de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal respectiva y conforme al acuerdo o contrato celebrado con el Ayuntamiento, determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, emitiendo el aviso-recibo correspondiente, no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal, toda vez que ni del artículo 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ni de la legislación municipal aplicable se advierte que la Comisión Federal de Electricidad tenga facultades coercitivas para exigir al contribuyente el pago de los derechos por el servicio de alumbrado público, sino que se establece cierto procedimiento administrativo de ejecución por parte de las autoridades municipales." Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Asimismo, se precisa que el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las determinaciones dictadas en el juicio, que en su caso requieran notificación personal, en términos de los incisos b) y c) de la fracción I, del artículo 27, de la Ley de Amparo; queda constreñido al lapso que comprende de las nueve a las quince horas de los días hábiles, por ser el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/1998/2021 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF****MARILYN
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