Alvaro Mora González

Expediente 425/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
425/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
05/09/2019

Partes del expediente

  • Alvaro Mora González
  • Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán
  • Diana Laura Soto González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión solicitada. Por lo que refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvase al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Estado de Michoacán, con residencia Zitácuaro, las documentales que allegó al presente juicio que obran en un tomo de pruebas, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte Quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 425/2019, promovido por Álvaro Mora González, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 2-6), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, Álvaro Mora González, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo el expediente 425/2019 y en proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve (fojas 8-13) se admitió a trámite; se solicitó a la autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reconoció el carácter de tercera interesada a Diana Laura Soto González y se ordenó su emplazamiento; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables, consisten en: Al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán ( Pretender privarlo de su derecho natural y legal de tener la guarda y custodia de su menor nieto Homero Mora Soto, dentro del expediente 373/2017, relativo al juicio especial oral que sobre guarda y custodia de menor de edad promovió Homero Mora Garduño frente a Diana Laura Soto González. Al Director de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Zitácuaro y al Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional en el Distrito de Zitácuaro ( orden de cateo y orden de detención en su contra. Actos que el quejoso no señaló de manera destacada en el capítulo correspondiente a los actos reclamados, pero se encuentran precisados en el hecho "tercero" de la demanda de amparo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, al Director de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Zitácuaro y al Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional en el Distrito de Zitácuaro, consistentes en pretender privarlo de su derecho natural y legal de tener la guarda y custodia de su menor nieto Homero Mora Soto, dentro del expediente 373/2017, relativo al juicio especial oral que sobre guarda y custodia de menor de edad promovió Homero Mora Garduño frente a Diana Laura Soto González, en la orden de cateo y de detención en su contra. Ello, porque así lo manifestaron dichas autoridades al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 29 bis, 28y 42 respectivamente), aunado a que derivado de dicha negativa, le correspondía al quejoso la carga probatoria, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por las autoridades responsables, los cuales dejan huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara medio de convicción alguno para desvirtuar tal negativa. Y si bien a su demanda de amparo adjuntó el "convenio que celebran por una parte Homero Mora Garduño y por la otra Álvaro Mora González, en relación a la guarda y custodia del menor Homero Mora Soto"; con él de manera alguna logra acreditar los actos que le atribuye a las autoridades responsables, sino únicamente que celebró un convenio con su hijo. Además, porque por lo que respecta al acto consistente en pretender privarlo de su derecho natural y legal de tener la guarda y custodia de su menor nieto Homero Mora Soto, debe precisarse que el quejoso -contrario a lo que señala- no tiene legalmente la guarda y custodia de dicho menor, pues ésta sólo puede ser otorgada por una autoridad judicial una vez que se ha tramitado el procedimiento correspondiente y no por medio de un convenio entre particulares. Y, de las constancias que remitió el juez responsable se advierte la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho dentro del expediente de origen 373/2017, en la que se decretó a favor de Diana Laura Soto González, la custodia definitiva del menor Homero Mora Soto y se ordenó a Homero Mora Garduño la entrega de dicho menor a su progenitora (fojas 207-212, del tomo de pruebas). Determinación que fue apelada por Homero Mora Garduño, medio de convicción fue resuelto el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el sentido de modificar la sentencia impugnada, para ahora determinar que la patria potestad la tendrían ambos padres así como el establecimiento de régimen de convivencia supervisada entre el menor y su padre, pero confirmó que la custodia definitiva del menor estaría a cargo de su madre y ordenó al aquí quejoso entregara a Homero Mora Soto a aquella, apercibido que de no hacerlo perdería la patria potestad (foja 219 vuelta-230). Por tanto, es evidente que el quejoso no pueda afirmar que se le pretende privar de su "derecho natural y legal de tener la guardia y custodia de mi menor nieto", con apoyo en un convenio que celebró con su hijo cuando un órgano jurisdiccional ya determinó a quién le corresponde legalmente la custodia del Homero Mora Soto. Aunado a que de las constancias que remitió el juez responsable no se advierte que éste hubiere emitido acto alguno dirigido al aquí quejoso para que entregara al menor, sino sólo diversos acuerdos tendentes a cumplir con la sentencia mencionada en párrafos anteriores, esto es, para que Homero Mora Garduño, entregue al menor a su madre. En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados a las autoridades indicadas en este considerando. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Álvaro Mora González, en contra de los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy catorce de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la tercera interesada Diana Laura Soto González, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del sise, la sentencia de catorce de agosto de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b9 de la Ley de Amparo.

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