Alvaro Samano Bernacho

Expediente 756/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
756/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Alvaro Samano Bernacho
  • Magistrado Titular del Tribunal Agrario del Distrito Treinta y Seis en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso queja contra el auto por el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, archívese el presente asunto como totalmente concluido y una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General de Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la anotación de que es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito del quejoso, mediante el cual da cumplimiento a la prevención realizada en autos. Analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La ejecución de sentencia ordenada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, dentro del juicio 665/2015, la cual se llevó acabo el veintidós de agosto del presente año y acta levantada ese mismo día por el ministro ejecutor (actuario) de dicho tribunal, por la cual se le otorgó a la parte actora a aquí quejosa una servidumbre de paso con la que no está de acuerdo. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desecharlo de plano. Por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Al respecto, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, instituye que cuando se reclaman actos en la fase ejecutiva, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior, significa que si la parte quejosa no reclama la última resolución en la fase de ejecución de sentencia, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en ejecución de sentencia, como en el presente caso que nos encontramos en la fase de cumplimiento, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal; lo anterior, permite sostener que los actos reclamados de ninguna manera constituyen la última resolución en la fase ejecutiva del juicio de origen, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al respecto, resulta preciso señalar que debe distinguirse de procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado y de procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la ejecución de la sentencia. En el primer caso -procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado- el amparo sólo procede cuando sea dictada la última resolución en ese procedimiento autónomo. En el segundo caso -procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia dictada en el juicio natural- el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en dichos procedimientos, que es aquella en la que se declara expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", indica que el juicio de amparo es procedente de manera excepcional en el siguiente supuesto: Cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, mediante la interpretación por analogía del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior permite sostener que los actos impugnados en la presente instancia, de ninguna manera constituye la última resolución en la fase ejecutiva del proceso, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, si los actos reclamados se encuentran directamente vinculados con la ejecución de la sentencia, no constituyen la última resolución en la etapa de ejecución, pues incluso los actos reclamados en el juicio de origen, consisten en otorgar la servidumbre legal de paso, por lo que no se está en presencia de actos de imposible reparación tratándose de bienes ajenos a la cosa juzgada; de tal suerte que, al no estar en presencia de la última resolución dictada dentro de esa etapa, se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Asimismo, sirve de sustento a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 1ª.J.28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Por todo lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa Álvaro Sámano Bernacho por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene a Alejandro Román Ramírez como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que sí tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Atento lo anterior, téngase por recibido el escrito del autorizado de la parte quejosa mediante el cual solicita se le tengas por cumplimiendo la prevención realizada en auto de diez de septiembre, dado que le fueron otorgadas las facultades amplias que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por tanto, dígasele al promovente que esté a lo acordado en autos de veintiuno de septiembre del presente año, en el cual se le dijo que dicho cumplimiento corresponde únicamente al quejoso directo, de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada contenido en el artículo 107 Constitucional, en relación con el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que dicho requerimiento únicamente puede cumplirlo el peticionario de amparo. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 1a./J.50/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 210, libro 9, Agosto de dos mil catorce, Tomo I, del rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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