Amado Arturo Sánchez Salas

Expediente 300/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
300/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Amado Arturo Sánchez Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 300/2023-II, promovido por Amado Arturo Sánchez Salas en contra de los actos que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, por estimarlo violatorio de los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Amado Arturo Sánchez Salas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto dictado por una autoridad con residencia dentro del territorio donde este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión del Acto Reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la quejosa quiso expresar y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y del informe rendido por la juez responsable, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de treinta de enero del año en curso, en el que no se admitieron los recursos de apelación y de revocación de auto, interpuestos en contra del diverso proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento especial de divorcio sin causales 697/2018 de su índice, mediante el cual se decretó el aumento de la pensión alimenticia a cargo del quejoso a favor de la aquí tercero interesada Mery Enriqueta Melo Granados por la cantidad de treinta y nueve mil ciento veintinueve pesos con sesenta y siete centavos, moneda nacional y se fijó como concepto de garantía de la referida pensión, la cantidad de ciento diecisiete mil trescientos ochenta y nueve mil pesos, con un centavo, moneda nacional. Lo anterior es así, pues como ya se señaló los actos que por esta vía se reclaman se fijan en atención a la lectura integral de la demanda y a la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, es decir, se atendió a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis jurisprudencial número P./J 40/2000, Novena época, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Jurisprudencia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, apoya a lo anterior la tesis Jurisprudencial número P. VI/2004, Novena época, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Tercero. Actos existentes. En sus respectivos informes justificados, la Juez Tercero de Oralidad Familiar y Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado, manifestaron que es cierto el acto que se les reclama, lo cual se corrobora con las constancias remitidas por la juez responsable, las cuales cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por lo tanto, debe tenerse por existente el acto reclamado. Cuarto. Análisis de los conceptos de violación. No habiendo causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se deba analizar de oficio por esta autoridad, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. La parte quejosa expresó como conceptos de violación, los contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos sin que sea necesario transcribirlos, dado que no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo establezca, conforme a lo que señala la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, visible en la página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Como conceptos de violación el quejoso refiere que es incorrecta la determinación de la juez responsable realizada mediante auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento especial de divorcio sin causales 697/2018, en el cual se decretó el aumento de la pensión alimenticia decretada en audiencia de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, a cargo del quejoso a favor de la aquí tercero interesada Mery Enriqueta Melo Granados, por la cantidad de treinta y nueve mil ciento veintinueve pesos, con sesenta y siete centavos, moneda nacional, toda vez que refiere haber acreditado ante la juez responsable estar desempleado desde el año dos mil diecinueve, que no cuenta con seguro social y que tampoco está dado de alta ante ninguna empresa, mencionando que por tales circunstancias, sus ingresos disminuyeron y los mismos son inferiores a los que percibía durante el año dos mil dieciocho. Asimismo, refiere que la juez responsable de manera incorrecta en el proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento especial de divorcio sin causales 697/2018, al modificar la cantidad en concepto de pensión alimenticia a favor de la aquí tercero interesada Mery Enriqueta Melo Granados, de manera indebida le solicitó exhiba la cantidad de ciento diecisiete mil trescientos ochenta y nueve mil pesos, con un centavo, moneda nacional, por el diverso concepto de garantía de la referida pensión, lo anterior, sin corroborar con los documentos pertinentes que no se habían incrementado sus ingresos, por lo que refiere que dicha cantidad resulta excesiva y es violatoria de sus derechos. De igual manera, señala que de manera indebida, la juez responsable no accedió a concederle un término más amplio para estar en posibilidades de exhibir en el juicio de referencia documentos idóneos que acrediten su dicho, esto es, para demostrar que ha pagado pensiones alimenticias y parte de la garantía, esto en sus posibilidades, lo anterior ante su imposibilidad de cubrir en su totalidad las garantías mensuales y la garantía de pensión de alimentos fijadas en el juicio de origen. Los conceptos de violación antes mencionados son inoperantes. Se llega a la anterior conclusión, en virtud que dichos conceptos de violación están encaminados a controvertir el auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento especial de divorcio sin causales 697/2018, mediante el cual se decretó el aumento de la pensión alimenticia a cargo del quejoso a favor de la aquí tercero interesada Mery Enriqueta Melo Granados por la cantidad de treinta y nueve mil ciento veintinueve pesos con sesenta y siete centavos, moneda nacional y se fijó como concepto de garantía de la referida pensión, la cantidad de ciento diecisiete mil trescientos ochenta y nueve mil pesos, con un centavo, moneda nacional, determinación que no constituye el acto reclamado en este juicio; por ende, dichos conceptos de violación no son susceptibles de ser analizados a través del presente juicio constitucional, al no constituir esa determinación el acto reclamado en este asunto, siendo este el diverso proveído de treinta de enero del año en curso dictado en el referido juicio de origen, en el que la juez responsable no admitió los recursos de apelación y de revocación de auto interpuestos en contra del referido acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós. Máxime que en los mismos no se controvierte de forma alguna los fundamentos, motivos y razonamientos torales en que la juez responsable sustentó la resolución reclamada en este juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis con número de registro 228171, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 201, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, con rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE VIOLACION INOPERANTE POR INSUFICIENTE, CUANDO NO SE EXPRESAN ARGUMENTOS LOGICO-JURIDICOS. La sala responsable no viola garantías en perjuicio de la peticionaria, cuando ésta no expresa en el concepto de violación argumentos lógico-jurídicos en contra de las consideraciones de aquélla, sin combatir el razonamiento respecto de la infundamentación de las causales de anulación alegadas por la actora, pues la quejosa solamente señala que la existencia de tales violaciones al procedimiento, tácitamente reconocidas por la responsable, le causan agravios, resultando con ello el concepto de violación inoperante por insuficiente." Igualmente apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia (V Región) 2º. J/1 (10ª) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible a página 1683 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación planteados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente alguna que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Negativa que se hace extensiva en relación al acto reclamado a la Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, al no haberse reclamado el mismo por vicios propios. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se Resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Amado Arturo Sánchez Salas en contra del acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar y Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe, el día de hoy treinta de agosto de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente del que se advierte que no obra en autos el acuse de recibo relativo al oficio 13468/2023 de veinte de abril de dos mil veintitrés, con el que se le solicitó a la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, la totalidad de las constancias relativas al juicio ******************** de su índice, por tanto, reenvíese dicho oficio para los efectos legales conducentes. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las once horas del veintidós de junio de dos mil veintitrés. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la sentencia en comento se sobreseyó en el presente juicio de amparo y carece de relevancia documental; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni transcurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, a las diversas partes, para que cause ejecutoria la resolución dictada en el presente juicio de amparo, por cuanto que se sobreseyó en el juicio, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y dado el sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo, no se les vulnera a las demás partes sus derechos en el juicio de origen, con los cuales pueda subsistir algún interés jurídico contrario al de la parte quejosa, por lo tanto, este Juzgado Federal, estima que no es necesario esperar el transcurso del término indicado para las demás partes. Por otro lado, por cuanto que aún obran los documentos que fueron exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo y toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido y de conformidad con el artículo veinte del Acuerdo General citado con anterioridad, se hace del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recoger los referidos documentos que exhibió, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. Por otra parte, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, glósese a este expediente el escrito signado por ********************, en su carácter de delegado de ********************; y en atención a lo que solicita, dígase que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que preceden. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que no obren en autos las constancias de notificación realizadas a las autoridades responsables cuya residencia se encuentra fuera de jurisdicción de este Juzgado Federal, para que cause estado el auto de referencia, dado que no se les vulnera derecho alguno atendiendo al sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo, de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Ahora bien, en atención a lo antes señalado, se ordena se provea lo conducente en el incidente de suspensión derivado de este juicio, con relación al archivo del mismo. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

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