Alvean de Monserrat Hernández Victoria

Expediente 70/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
70/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Alvean de Monserrat Hernández Victoria
  • Alvean de Monserrat Hernández Victoria y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CITATORIO: Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, toda vez que en auto de veintitrés de los corrientes, se reservó acordar el memorial signado por Willian Leonel Cachón Rosales, el Asesor Jurídico Federal y con el carácter de representante especial del menor de edad V.C.H., con el que señala domicilio y autorizados en términos amplios, así como para oír y recibir notificaciones y documentos. Por tanto, ténganse como su domicilio el señalado en el escrito de mérito y como autorizados a Addy Patricia Sabido Baquedano y Erik Jiménez Contreras en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a los restantes en términos del segundo párrafo del citado artículo, como lo solicita el Asesor Jurídico Federal, expresamente en el escrito de cuenta. Ahora bien, agréguese la diligencia de protesta de Willian Leonel Cachón Rosales, Asesor Jurídico Federal y con el carácter de Representante Especial del menor de edad V.C.H., para que obre como legalmente corresponda. Se agrega a los presentes autos el escrito de cuenta suscrito por Willian Leonel Cachón Rosales, representante legal del menor de edad con iniciales V.C.H., mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos vertidos en el escrito de cuenta, a fin de que sean considerados en la audiencia constitucional. Por otra parte, se tiene por recibido el informe justificado suscrito por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, autoridad señalada como responsable en este asunto, el cual se ordena glosar a este expediente para que obre como corresponda. En mérito de lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, de dar contestación al escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, presentado por la parte quejosa el veintiocho de marzo del mismo año, en el juicio especial de divorcio sin causales 273/2013, del índice de dicho Juzgado. Sin embargo, de las constancias certificadas que la mencionada autoridad responsable remitió con su informe justificado de cuenta, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio contestación al escrito de la parte quejosa de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho materia de la omisión reclamada en el juicio especial de divorcio sin causales 273/2013, del índice de dicho Juzgado, lo cual le fue notificado a las partes mediante el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el dieciocho de enero de dos mil diecinueve; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, toda vez que en auto de veintitrés de los corrientes, se reservó acordar el memorial signado por Willian Leonel Cachón Rosales, el Asesor Jurídico Federal y con el carácter de representante especial del menor de edad V.C.H., con el que señala domicilio y autorizados en términos amplios, así como para oír y recibir notificaciones y documentos. Por tanto, ténganse como su domicilio el señalado en el escrito de mérito y como autorizados a Addy Patricia Sabido Baquedano y Erik Jiménez Contreras en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a los restantes en términos del segundo párrafo del citado artículo, como lo solicita el Asesor Jurídico Federal, expresamente en el escrito de cuenta. Ahora bien, agréguese la diligencia de protesta de Willian Leonel Cachón Rosales, Asesor Jurídico Federal y con el carácter de Representante Especial del menor de edad V.C.H., para que obre como legalmente corresponda. Se agrega a los presentes autos el escrito de cuenta suscrito por Willian Leonel Cachón Rosales, representante legal del menor de edad con iniciales V.C.H., mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos vertidos en el escrito de cuenta, a fin de que sean considerados en la audiencia constitucional. Por otra parte, se tiene por recibido el informe justificado suscrito por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, autoridad señalada como responsable en este asunto, el cual se ordena glosar a este expediente para que obre como corresponda. En mérito de lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, de dar contestación al escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, presentado por la parte quejosa el veintiocho de marzo del mismo año, en el juicio especial de divorcio sin causales 273/2013, del índice de dicho Juzgado. Sin embargo, de las constancias certificadas que la mencionada autoridad responsable remitió con su informe justificado de cuenta, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio contestación al escrito de la parte quejosa de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho materia de la omisión reclamada en el juicio especial de divorcio sin causales 273/2013, del índice de dicho Juzgado, lo cual le fue notificado a las partes mediante el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el dieciocho de enero de dos mil diecinueve; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Alvean de Monserrat Hernández Victoria, contra de los actos que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, presentada con dos copias y un anexo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I°, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo aplicable, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa y no encontrarse en los supuestos que prevé el artículo 127 de la ley de amparo aplicable, para su apertura de oficio. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo aplicable, con copia de la demanda de amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; asimismo, en el término señalado, deberá acompañar la totalidad de las constancias que estime pertinente, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo aplicable, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la presente fecha. Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Augusto Castellanos González, León Ricardo Escalante Trava, Pablo Fernández Ibarra, Nuri Lucía Alejos Gómez y María Mercedes Monsreal Gómez y a los restantes, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; esto es en términos restringidos del citado artículo reformado, lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, y estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12. Ahora bien, por lo que respecta a la solicitud de la parte quejosa para el uso de aparatos electrónicos, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento del ocursante que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Ahora bien, toda vez que de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, se advierte la existencia de la menor V. C. H.; con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, a fin de salvaguardar el interés superior de la citada infante, gírese atento oficio a la Titular de la Delegación Regional en Yucatán de la Defensoría Pública Federal, con sede en esta ciudad, a efecto que en el término de veinticuatro horas proporcione el nombre de un asesor jurídico federal de su adscripción que funja como representante de la menor. En el entendido de que, el representante que nombre deberá comparecer dentro del término de tres días siguientes posteriores a su designación, ante este Juzgado de Distrito a protestar el cargo conferido. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo aplicable, se previene a las partes de este juicio de amparo a efecto que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la presente fecha. Con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo aplicable. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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