Amairany del Socorro Cauich Pech
Expediente 821/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Amairany del Socorro Cauich Pech
Actuaciones
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil veintidós. Atento a lo informado por la Secretaría en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cuatro de junio de la presente anualidad, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación realizada a la autoridad señalada como responsable, para que cause estado el proveído dictado en autos, dado que no se les vulnera derecho alguno atendiendo al sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, tres de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tiene por recibido el informe justificado y anexo rendido por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, los cuales se ordenan agregar a estos autos para que obren como legalmente correspondan. Ahora bien, de la lectura del informe y constancias se advierten la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en: La omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 1662/2018. Asimismo, del informe y constancias anexas de la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 1662/2018 mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la referida responsable acordó la petición hecha en el escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, acuerdo que ya le fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el catorce de mayo de dos mil veintiuno. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 1662/2018; en el caso, cesaron los efectos de los actos reclamados, desde el momento en que en él se acordó lo relativo a dicho escrito y se hizo del conocimiento de la parte quejosa; lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sin que sea obstáculo que no obre constancia alguna de que se haya emplazado a la parte tercero interesada, ya que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos los oficios signados por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán y Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, mediante los cuales dan cumplimiento al requerimiento que se les realizó mediante proveído de dieciséis de abril del presente año e informan que no se encontró expediente alguno relativo al juicio sucesorio a nombre de Bertha María Cauich May. Notifíquese.
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