Alvino Carreño Vicente
Expediente 500/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alvino Carreño Vicente
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se tuvo por no presentada la demanda de amparo), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el promovente de amparo Alvino Carreño Vicente, no dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y, en consecuencia, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1272/2021; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. MONSANTO COMERCIAL S DE R.L. DE C.V., por conducto de su apoderado legal Daniel Sánchez Amezcua, mediante escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, y que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Congreso del Estado de Oaxaca, y Gobernador del Estado de Oaxaca, que más adelante se precisará, y que estimó violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 5, 14, 16, 73 fracción X, y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a las responsables, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita. TERCERO. En auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo, por cuanto hace al Congreso del Estado de Oaxaca, por lo que se le solicitó su informe justificado. Después de diversos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Congreso del Estado de Oaxaca, la aprobación y expedición del Decreto número 2700, en el que se adiciona el artículo 128 Bis, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, así como sus transitorios Primero a Sexto; de igual forma, la iniciativa con proyecto de decreto denominada Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 164 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca y se adiciona el artículo 193 Bis al Código Penal para el Estado de Oaxaca, con el fin de establecer la prohibición para el uso de químicos peligrosos en el Estado de Oaxaca; y el dictamen de veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Del Gobernador del Estado de Oaxaca, la promulgación del artículo 128 Bis, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, así como sus transitorios Primero a Sexto, del Decreto número 2700, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el nueve de octubre de dos mil veintiuno. TERCERO. El Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, y la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, al rendir sus respectivos informes justificados, convinieron en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la referida Presidenta, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de esa Ley. La afirmación que antecede se sostiene, considerando que la existencia de actos como los que nos ocupan (contra leyes), no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos notorios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, de esta ley. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 65/2000, visible en la página doscientos sesenta, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En el caso, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no acreditó que el artículo 128 Bis de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, afecte su esfera jurídica, ya que éste prohíbe en el Estado de Oaxaca, el uso, distribución, adquisición, donación, regalo y suministro de agroquímicos y plaguicidas peligrosos, no así su venta. Es inatendible la invocada causa de improcedencia, toda vez que los argumentos expuestos están vinculados con el estudio del fondo del asunto, como más adelante se evidenciará. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación, visible a página 5, Tomo XV, Enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." No habiendo diversa causa de improcedencia, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Aduce en esencia la parte quejosa en su primer concepto de violación, que la norma reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales de seguridad jurídica y de libertad de comercio, pues la materia regulatoria concerniente a plaguicidas y sustancias químicas que los constituyen, corresponden al Poder Legislativo Federal, por lo que el Congreso del Estado de Oaxaca, carece de facultad para ello. Es esencialmente fundado el sintetizado concepto de violación, y suficiente para conceder el amparo solicitado. En efecto, dicho concepto de violación va dirigido a demostrar que el Decreto 2700, en el que se adiciona el artículo 128 Bis, a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, es inconstitucional, porque está legislando sobre sustancias químicas (glifosato), lo que es exclusivo de la Federación y que, por tanto, la legislatura local no cuenta con atribuciones legales para emitir el precepto impugnado. Así, la naturaleza del presente asunto versa sobre una cuestión ambiental, pues la norma impugnada prohíbe, entre otros supuestos, el uso, distribución, adquisición, donación, regalo o suministro de plaguicidas peligrosos, así como a la emisión de una lista de productos prohibidos que incluyan como mínimo el glifosato. En ese sentido, el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: (..) X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; (.)" Conforme a dicho precepto, se tiene que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, legislar, entre otros supuestos, respecto de sustancias químicas. Ahora bien, debe tomarse en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que no obstante lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que tal órgano legislativo fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, la Ciudad de México, en ciertas materias, como son entre otras, la materia ambiental -artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal-, que implica que aquéllos puedan actuar respecto de una materia coincidente pero que será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general. La jurisprudencia a que se hace referencia se encuentra visible a página 1042, Tomo XV, Enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general. Así, se tiene que en materia ambiental, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho, la que faculta, en su numeral 10, a los congresos locales, a emitir las normas o disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a las materias de su competencia ambiental en términos de la propia ley; tal precepto es del siguiente contenido: "ARTÍCULO 10. Las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a sus respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley. Los ayuntamientos, por su parte, dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que, en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento. En el ejercicio de sus atribuciones, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, observarán las disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven." Tal precepto confiere a las legislaturas de las entidades federativas, la facultad para legislar en materia ambiental, con la única salvedad de que no se trate de alguna materia o ámbito reservado a la Federación; además, el citado otorgamiento se complementa con el diverso numeral 7 de dicha normatividad general al establecer lo que es materia de competencia de las entidades, mismas que son: "ARTICULO 7. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal; II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación; III. La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia Federal; IV. La regulación de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la presente Ley; V. El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales; VI. La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia federal; VIII. La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas nacionales que tengan asignadas; IX. La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 2 de esta Ley, con la participación de los municipios respectivos; X. La prevención y el control de la contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras; XI. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más municipios; XII. La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan; XIII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, VI y VII de este artículo; XIV. La conducción de la política estatal de información y difusión en materia ambiental; XV. La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; XVI. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación, por la presente Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 BIS 2 de la presente Ley; XVII. El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les transfiera la Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de este ordenamiento; XVIII. La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al ambiente; XIX. La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental; XX. La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más Entidades Federativas, cuando así lo consideren conveniente las Entidades Federativas respectivas; XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y XXII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación. De la interpretación de los numerales previamente insertos, se advierte que la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, faculta expresamente a las entidades federativas a regular, en esencia, lo relativo a la preservación del equilibrio ecológico, con la única salvedad de que no se trate de alguna materia reservada para la Federación. Ahora bien, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece en su artículo 5, que son facultades de la Federación, entre otras, la formulación y conducción de la política ambiental nacional (fracción I); la aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal (fracción II); la regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales (fracción VI). Asimismo, se reitera que el artículo 7, de la Ley General en cita, dispone que corresponden a los Estados, la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal (fracción I); la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación (fracción II); la regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos (fracción VI). Al caso, es pertinente conocer qué se entiende por material peligroso, y a lo que hace alusión la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mismo que lo define en el artículo 3, fracción XXIII, en los siguientes términos: "ARTICULO 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por: (.) XXIII. Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas; (.)" Ahora, conforme a la Norma Oficial Mexicana, NOM-002-SCT/2011, relativa al Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil doce, se advierte, los plaguicidas son considerados materiales peligrosos. De lo antes expuesto, se puede advertir que cada uno de los tres niveles de gobierno participa en la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental, en la aplicación de los instrumentos de la política ambiental, así como en la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en sus respectivos ámbitos de jurisdicción. Además, en lo que toca al tema de materiales peligrosos, la federación se reserva su regulación y control; por su parte, al Estado y los municipios se les faculta para la regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, así como para la aplicación de las disposiciones correspondientes, respectivamente. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por los diversos numerales 143 y 150 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en los siguientes términos: "Artículo 143. Los plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a las normas oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría y las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía. El Reglamento de esta Ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba observarse en actividades relacionadas con dichos materiales, incluyendo la disposición final de sus residuos, empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes." "ARTICULO 150. Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final. El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos. Asimismo, la Secretaría en coordinación con las dependencias a que se refiere el presente artículo, expedirá las normas oficiales mexicanas en las que se establecerán los requisitos para el etiquetado y envasado de materiales y residuos peligrosos, así como para la evaluación de riesgo e información sobre contingencias y accidentes que pudieran generarse por su manejo, particularmente tratándose de sustancias químicas." Conforme a tales preceptos, se concluye que todo lo concerniente a plaguicidas y materiales peligrosos, así como todo lo relacionado con sus actividades, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, a través de las leyes que al efecto emita, como lo es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas, las cuales a su vez, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad. De igual forma, que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos. Precisado lo anterior, se tiene que en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el Decreto 2700, en el que se adiciona el artículo 128 Bis, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, así como sus transitorios Primero a Sexto, los cuales son del siguiente tenor: "Artículo 128 Bis. En el Estado de Oaxaca está prohibido el uso, distribución, adquisición, donación, regalo o suministro de agroquímicos y plaguicidas peligrosos, productos químicos perturbadores endócrinos, compuestos orgánicos persistentes y otros químicos riesgosos para la salud y el medio ambiente. La Secretaría emitirá un listado en el que detallará cuáles son los productos prohibidos, que deberá incluir como mínimo el glifosato y los agroquímicos que lo contengan; los enumerados en los anexos A y B del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes; el anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El listado del párrafo anterior deberá ser actualizado como mínimo cada año." TRANSITORIOS PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. SEGUNDO. - Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. TERCERO. - La Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca, contara con (sic) periodo de 90 días naturales posteriores a la publicación de este Decreto para emitir el listado previsto en el párrafo tercero del artículo 128 Bis de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca. CUARTO. - Los establecimientos comerciales y mercantiles dispondrán de un lapso de 180 días naturales posteriores a la publicación del listado a que se refiere el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto para terminar su inventario de los productos prohibidos; así como para elaborar el plan de sustitución de los mismos. QUINTO. - La Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca a la entrada en vigor de este Decreto, deberá de promover mediante campañas de difusión las prohibiciones a las que se refiere el artículo 128 Bis de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, principalmente entre distribuidores y usuarios de químicos y agroquímicos. SEXTO. - Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan el (sic) presente Decreto. Del numeral transcrito se advierte que, el Congreso del Estado de Oaxaca, a través del proceso legislativo correspondiente, determinó lo siguiente: Que en el Estado de Oaxaca está prohibido el uso, distribución, adquisición, donación, regalo o suministro, entre otros, de plaguicidas peligrosos. Que la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca, emitirá un listado en el que detallará cuáles son los productos prohibidos, que deberá incluir como mínimo el glifosato y los agroquímicos que lo contengan. Conforme a lo anterior, se tiene que la legislatura local restringió en el estado de Oaxaca, ciertas actividades relacionadas con plaguicidas peligrosos, y que la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca, emitirá un listado de los productos prohibidos, que incluirán como mínimo glifosato. En ese sentido, como lo aduce la parte quejosa, dicha disposición resulta inconstitucional, pues como quedó precisado en párrafos precedentes, todo lo relativo a plaguicidas y materiales peligrosos, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, conforme al artículo 143 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues el mismo refiere que los plaguicidas quedaran sujetos a las normas oficiales mexicanas que se expidan al respecto. Además, que será el Reglamento de la referida Ley General y las normas oficiales mexicanas, las que contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad. Por lo que, al haberse emitido una disposición que restringe en el Estado de Oaxaca, ciertas actividades relacionadas con plaguicidas peligrosos, lo cual, como quedó demostrado, es facultad del Congreso de la Unión, es evidente que se vulnera el principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el Congreso del Estado de Oaxaca, no está facultado para emitir disposiciones que regulen lo relativo a plaguicidas; lo anterior, pues, se reitera, en términos de las disposiciones legales y constitucionales analizadas, la materia ambiental vinculada con éstos, es una facultad exclusiva de la Federación. Máxime que dicha facultad no está prevista en el artículo 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, lo que denota que el Congreso Estatal no se ajustó a las facultades con las que cuenta para emitir disposiciones legales en materia de equilibrio ecológico. A mayor abundamiento, del precepto tildado de inconstitucional, se advierte que la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca, emitirá un listado en el que detallará cuáles son los productos prohibidos, que deberá incluir como mínimo el glifosato y los agroquímicos que lo contengan, función de la cual carece atribuciones dicha Secretaría. En efecto, pues el manejo y clasificación de materiales peligrosos, en los que se encuentra el glifosato, deben hacerse conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiendo a ésta, la regulación y el control de los mismos, ello, en términos del artículo 150, de la referida Ley. Como punto adicional, la única excepción en la cual la legislatura local pudiera pronunciarse en relación a los plaguicidas, lo es para evitar la contaminación del agua, esto, en términos del artículo 120, fracción V, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que dispone: "ARTICULO 120. Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o local: (.) V. La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas; (.)" Como se advierte, la única facultad conferida por el Congreso de la Unión a las legislaturas estatales, para regular plaguicidas, los es para evitar la contaminación del agua, circunstancia que de acuerdo al precepto tildado de inconstitucional, no fue esa su finalidad, por el contrario, su objeto es la prohibición en el Estado de Oaxaca, de los plaguicidas peligrosos, y que contengan como mínimo glifosato. En ese orden de ideas, el artículo 128 Bis, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, deviene inconstitucional y violatorio de los derechos fundamentales de la parte quejosa de seguridad jurídica, toda vez que regula una materia exclusiva de la federación, y por ende, por su sola entrada en vigor le depara perjuicios, dado que su actividad, conforme a sus estatutos, los es entre otros, la comercialización de productos plaguicidas, mismos que como quedó evidenciado, son facultad del Congreso de la Unión. Aunado a ello, la moral quejosa exhibió el Registro Sanitario de Plaguicidas número RSCO-HEDE-0230-001-013-041, expedido por la Comisión de Autorización Sanitaria, de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitario, de cinco de junio de dos mil diecinueve, con el que acredita contar con la autorización correspondiente para el uso de la sustancia glifosato. Conforme a ello, la quejosa acredita su interés legítimo frente a la norma tildada de inconstitucional, y por ende, para impugnarla por su sola entrada en vigor. Ello es así, pues conforme a su acta constitutiva, su domicilio se encuentra establecido en la Ciudad de México, por lo que, para comercializar sus productos, en el caso, el Estado de Oaxaca, necesariamente debe distribuirlos para hacerlos llegar a sus compradores, lo que la ubica en una de las hipótesis del precepto impugnado (distribución). Razón por la cual, se encuentra legitimada para impugnar dicha norma, pues con su sola emisión, su objeto no lo podrá realizar en esta Entidad Federativa, con motivo de esa restricción, que como ya se dijo, resulta inconstitucional por carecer el Congreso del Estado, de facultades para legislar sobre dichos químicos. Así, se acredita la afectación individual, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la norma reclamada, pues con ella se afecta su derecho fundamental al libre comercio (distribución) en el Estado de Oaxaca, la cual es de índole económica. Apoya lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 149, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas." En las relatadas consideraciones, y al resultar fundado el concepto de violación en estudio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que una vez que cause ejecutoria este fallo: No se aplique a la parte quejosa en lo presente ni en lo futuro del artículo 128 Bis, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, así como sus transitorios Primero a Sexto, del Decreto número 2700, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el nueve de octubre de dos mil veintiuno, mientras que no sea reformado o modificado. En la inteligencia que la concesión del amparo no tiene ningún efecto para el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, autoridad que concurrió en la promulgación de la norma declarada inconstitucional, porque la concesión del amparo no alcanza a vincularla ni la obliga a dejar insubsistente su acto, pues no afecta a la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de su eficacia general. Apoya lo anterior, la diversa tesis CXXXVII/96 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Noviembre de 1996, Tomo IV, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Por otra parte, resulta innecesario ocuparse de los restantes conceptos de violación, toda vez que en nada variaría el sentido del fallo constitucional, en tanto que la parte quejosa no puede obtener mayores beneficios que los ya otorgados. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, Tomo VI, Materia Común, página 85, registro 917641, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a MONSANTO COMERCIAL S DE R.L. DE C.V., contra el acto reclamado al Congreso del Estado de Oaxaca y Gobernador Constitucional, consistente en la aprobación, expedición y promulgación del Decreto número 2700, en el que se adiciona el artículo 128 Bis, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, así como sus transitorios Primero a Sexto, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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