Alvaro Torres Martínez

Expediente 1962/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1962/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
13/03/2017

Partes del expediente

  • Alvaro Torres Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1962/2016; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. ÁLVARO TORRES MARTÍNEZ, mediante escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal, así como Agentes del Ministerio Público de su adscripción, con residencia en la ciudad de Oaxaca, del Juez Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca, y Agente del Ministerio Público adscrito, del Fiscal General del Estado, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, y comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en Zaachila, consistentes en: la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución, que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de dos de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. En el referido auto, se dejó de tener como autoridades responsables a los jueces Sexto y Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, así como a los Agentes del Ministerio Público adscritos, en razón del Acuerdo General 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que determinó su conclusión de funciones. TERCERO. En proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se tuvo al quejoso ÁLVARO TORRES MARTÍNEZ, manifestando que también es conocido como ALBERTO TORRES MARTÍNEZ. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Los jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado negaron categóricamente la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el asunto por cuanto a dichas responsables se refiere. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto reclamado al juez Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca, Agente del Ministerio Público adscrito, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en ese lugar. En efecto, pues del contenido de su informe justificado se advierte, que el dos de diciembre de dos mil dieciséis, libró orden de aprehensión en contra del quejoso dentro de la causa penal 46/2016, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico, y que mediante resolución de trece de diciembre del mismo año, resolvió su situación jurídica, dictándole auto de formal prisión por el referido ilícito, luego entonces, al momento de la presentación de la demanda de amparo (treinta de diciembre de dos mil dieciséis), no existía el mandamiento aprehensorio reclamado, razón por la cual, se sobresee el juicio de amparo por lo que a las mencionadas autoridades con residencia en Zaachila se refiere. TERCERO. El juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, su Agente del Ministerio Público adscrito, el Director de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado, y la jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, al rendir su informe justificado convinieron en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias remitidas al efecto, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica ." Es así, pues del informe justificado rendido por el juez responsable, se advierte que mediante resolución de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictada la causa penal 309/2016, libró orden de aprehensión en contra de ÁLVARO TORRES MARTÍNEZ o ALBERTO TORRES MARTÍNEZ, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico. Ahora bien, de las copias certificadas remitidas por la responsable ordenadora en alcance a su informe justificado, mediante oficio de diez de febrero del año en curso, se desprende, mediante determinación de uno de febrero de dos mil diecisiete, se resolvió la situación jurídica del quejoso, dictándose auto de formal prisión en su contra por el referido ilícito. De lo anterior se arriba a la conclusión que al haberse dictado auto de formal prisión al aquí quejoso dentro de la causa penal 309/2016, de donde emana el acto aquí reclamado (orden de aprehensión) ello conduce a establecer, cambio su situación jurídica, en razón de que las violaciones que se hubieren cometido en dicho mandamiento aprehensorio, quedaron consumadas irreparablemente con el dictado del auto de bien preso, actualizándose por ende, la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, y conduce a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible a página 1454, Tomo XVII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SU PRONUNCIAMIENTO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN RESPECTIVA, PRODUCE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN AQUÉL. La reforma a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, estableció que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de garantías, cuando se trate de las consignadas en los artículos 19 y 20 constitucionales, pero suprimió las contempladas en el artículo 16 de la propia Carta Magna; por lo que a partir de esa fecha, si la autoridad responsable dicta el auto de formal prisión correspondiente, durante la sustanciación del juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión que le dio origen, se produce un cambio de situación jurídica, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo citado, por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio constitucional." El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 1962/2016, promovido por ÁLVARO TORRES MARTÍNEZ. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta que envía la Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por el que remite copia certificada de la resolución de uno de febrero actual, dictada en la causa penal ******************** la que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba documental, misma que se tiene por desahogada en este acto, en razón de su propia naturaleza. NOTIFÍQUESE.

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