Álvaro Rodrigo Pérez Cruz
Expediente 672/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Álvaro Rodrigo Pérez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitido por el Secretario encargado del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, Oaxaca, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 706/2019, del índice de este órgano jurisdiccional; por tanto, dese de baja y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 672/2019; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. ÁLVARO RODRIGO PÉREZ CRUZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Comisariado de Bienes Comunales y Asamblea de comuneros, ambos del núcleo de población de Chalcatongo, municipio del mismo nombre, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, Secretaría de Desarrollo Agrario y Urbano de la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional en Oaxaca y de la ciudad de México, consistentes en: "IV.- Actos Reclamados: la privación que me hacen en asamblea de 23 de septiembre de 2018 de mi derecho de propiedad sobre "el sitio solar que se ubica al norte de la población de Chalcatongo en la Calle de Independencia y con las medidas y colindancias siguientes: Al ORIENTE, mide de norte a sur 6.70 mts., seis metros setenta centímetros, en una parte y quebrando al oriente en línea recta mide 4.90 mts., cuatro metros noventa centímetros, en línea recta 15.40 mts., quince metros cuarenta centímetros, colinda en este viento con la Avenida Independencia; AL PONIENTE mide 25.00 veinticinco metros y colinda con propiedad de Rufina Heras Heras, al NORTE mide 16.10 mts., dieciséis metros diez centímetros con propiedad del señor Ignacio Nicolás y AL SUR mide 21.00 mts., y colinda con Calle Francisco I.Madero.", pues en el acta de asamblea de 23 de septiembre de 2018 que tuvo lugar en primera convocatoria hecha por el Comisariado de Bienes Comunales de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, en la que el orden del día en su punto 4 se refiere a la Presentación de Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA), cuyo acuerdo a ese punto en lo conducente dice: "...CUARTO PUNTO.- En este punto del Orden del Día el personal de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario- Nacional, de manera clara y detallada explico el procedimiento de regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA) y los productos que se pueden obtener...plano de asentamiento humano, planos individuales...y en su caso títulos de solares mismo que servirá para otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra...la primera etapa se desarrollara con la medición del perímetro de la comunidad garantizando el cierre del polígono y la segunda etapa es la medición del interior del núcleo, es un programa gratuito y voluntario, por lo que para la incorporación del citado programa es necesario que el núcleo solicite a las instituciones de la Procuraduría Agraria, la incorporación del citado núcleo agrario a dicho programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA) a través de acuerdo de asamblea general; informándoles los requisitos que deben presentar tanto el núcleo agrario como los comuneros en lo individual (carpeta básica, plano definitivo, acta de ejecución, fotocopias del acta de nacimiento y credencial de elector)..."; De la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, el procedimiento de regularización y registro de los actos jurídicos agrarios (RRAJA), la elaboración del plano de asentamiento humano, planos individuales y la emisión de títulos de los solares, así como su inscripción en el propio Registro Agrario Nacional." Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. TERCERO. Mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, se dejó de tener como autoridad responsable a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Urbano de la Procuraduría Agraria, ante su inexistencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la citada demanda de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Registro Agrario Nacional en Oaxaca y de la ciudad de México, el procedimiento de regularización y registro de los actos jurídicos agrarios (RRAJA), la elaboración del plano de asentamientos humanos, planos individuales y la emisión de títulos solares, así como su inscripción. Del Comisariado de Bienes Comunales y Asamblea de comuneros, del núcleo de población de Chalcatongo, municipio del mismo nombre, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, el acta de asamblea de veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho; De todas las responsables, el acta de posesión de tres de octubre de mil novecientos sesenta y seis, así como el acta de deslinde de tierras concedidas al poblado de Chalcatongo, municipio del mismo nombre, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca. TERCERO. La encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Oaxaca, y el encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en la ciudad de México, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les atribuye, la que se admite en sus términos. En efecto, pues los artículos 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156, de la Ley Agraria, disponen: DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL Artículo 148.- Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades. Artículo 149.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades de las entidades federativas y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Artículo 150.- Las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y las constancias que de ellas se expidan, harán prueba plena en juicio y fuera de él. Cuando los actos a que esta ley se refiere deban inscribirse en el Registro y no se inscriban, sólo surtirán efectos entre los otorgantes pero no podrán producir perjuicio a terceros, quienes sí podrán aprovecharlos en lo que les fueren favorables. Artículo 151.- El Registro Agrario Nacional será público y cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite. Artículo 152.- Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional: I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales; II. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros; III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales; IV. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de esta ley; V. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales; VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del Título Sexto de esta ley; VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y VIII. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes. Artículo 153.- El Registro Agrario Nacional también deberá llevar las inscripciones de todos los terrenos nacionales y los denunciados como baldíos. Artículo 154.- Para los efectos de esta ley, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar al Registro Agrario Nacional la información estadística, documental, técnica, catastral y de planificación, que éste requiera para el mejor desempeño de sus funciones. Artículo 155.- El Registro Agrario Nacional deberá: I. Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de serie T y denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales; II. Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su extensión, clase y uso; III. Registrar las operaciones que impliquen la cesión de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a que se refiere el artículo 46, así como las de los censos ejidales; IV. Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo; y V. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala el artículo 56 de esta ley. Artículo 156.- Los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones o documentos sobre conversión de propiedad ejidal a dominio pleno y de éste al régimen ejidal, así como la adquisición de tierra por sociedades mercantiles o civiles, deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional. Asimismo, los notarios públicos deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional de toda traslación de dominio de terrenos rústicos de sociedades mercantiles o civiles. Conforme a los transcritos numerales, se tiene que corresponde al Registro Agrario Nacional, en ejercicio de las funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, expedir certificados y títulos de naturaleza agraria, así como inscribir en sus asientos el despacho de tales documentos, las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras, los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal, comunal y las correspondientes a la propiedad de sociedades; así como inscribir la transmisión de derechos agrarios por sucesión, y extender las constancias y copias certificadas de sus inscripciones y documentos; esto es, dicha institución tiene como finalidad fundamental dar publicidad a los actos jurídicos para que puedan surtir efectos frente a terceros, de tal suerte que las inscripciones respectivas tienen efectos declarativos y no constitutivos, pues los derechos provienen del acto jurídico que se inscribe y no de la inscripción en sí misma considerada. En ese orden, el procedimiento de regularización y registro de los actos jurídicos agrarios (RRAJA), la elaboración del plano de asentamientos humanos, planos individuales, emisión del acta de posesión de tres de octubre de mil novecientos sesenta y seis, así como el acta de deslinde de tierras concedidas al poblado de Chalcatongo, municipio del mismo nombre, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, resultan inexistentes, pues como se demostró, dentro de las facultades del Registro Agrario Nacional no están comprendidos los actos reclamados. En cuanto a la emisión de títulos solares, así como su inscripción, si bien es una facultad de las responsables, no menos cierto es, que el quejoso no impugnó registro alguno en específico, por ende, resultan inexistentes dichos actos reclamados, al no acreditarse la existencia de ellos, menos el perjuicio que en su caso le depara. Por lo expuesto, y ante la inexistencia de los actos reclamados al Registro Agrario Nacional en Oaxaca y en la ciudad de México, se sobresee el juicio en términos del artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Previo a determinar si el acto reclamado al Comisariado de Bienes Comunales y Asamblea de comuneros del núcleo de población de Chalcatongo, municipio del mismo nombre, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, es existente o no, conviene precisar si tales órganos revisten esa calidad. Ello es así, pues por regla general el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, presupone que los actos reclamados emanan de una autoridad; por el contrario, cuando dichos actos se atribuyen a alguien que no tiene esa calidad para los efectos del amparo, tal presupuesto se torna preferente, pues de no tenerla, es irrelevante analizar si el acto que se le atribuye existe o no. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página 2086, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." Así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5º, fracción II, éste en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Concomitante con lo anterior, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, con base en las notas distintivas ya precisadas, es inconcuso que al Comisariado de Bienes Comunales, y Asamblea de comuneros del núcleo de población de Chalcatongo, municipio del mismo nombre, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, no les reviste el carácter de responsables para los efectos del presente juicio de amparo, en la medida que sus actos, por carecer de imperio y de coerción, se consideran como de aquéllos realizados por particulares, contra los cuales no procede el juicio constitucional, es decir, no son autoridades en sentido lato para efectos del juicio de amparo, al constituir meros órganos de representación y administración, cuya actuación es esencialmente en sus respectivos ámbitos, como apoderado general de la asamblea, ejecutor, representante y vigilante de las decisiones de ésta, facultades que solo inciden al interior del ejido. Máxime que de la Ley Agraria, no se advierte dichos órganos cuenten con facultades para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, pues para ello, la propia ley establece los procedimientos para controvertir esas decisiones ante el Tribunal Agrario respectivo. De ahí que la relación que tengan con los particulares no pueda considerarse como de autoridad, en un plano de supra a subordinación, sino, en todo caso, de coordinación, en un mismo plano de igualdad, carente de imperio. Tampoco se está en la hipótesis de la fracción II, párrafo segundo, del numeral 5º, de la Ley de Amparo, toda vez que los entes comunales no realizan actos equivalentes a los de la autoridad, sino como se estableció, se equiparan a actos entre particulares y de existir desacuerdo de parte legítima, debe dirimirse el conflicto respectivo ante autoridad competente. Cobra aplicación al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete, volumen doscientos cinco a doscientos dieciséis, tercera parte, materia administrativa, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional". En las relatadas consideraciones, y al actualizándose la causa de improcedencia invocada, conlleva a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 672/2019, promovido por ÁLVARO PÉREZ CRUZ o ÁLVARO RODRIGO PÉREZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 1517/2019, signado por la Juez Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, Oaxaca, mediante el cual informa que el dos de diciembre de dos mil diecinueve remitió el despacho 114/2019, de su índice, al Alcalde Municipal Constitucional de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, a efecto de emplazar a juicio a la tercera interesada Viridiana Pérez Martínez, como fue solicitado por esta autoridad judicial en auto de veintiuno de noviembre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Del estado de los autos se advierte, en proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, se ordenó girar despacho al Juez Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, Oaxaca, a fin de que en auxilio a las labores de este Tribunal, emplazara a juicio a la tercera interesada Viridiana Pérez Martínez; sin que a la fecha obre en autos constancia que acredite tal emplazamiento; por tanto, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y se fijan nuevamente las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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