Alvaro Perez Monroy

Expediente 1189/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1189/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Alvaro Perez Monroy

Actuaciones

  1. Principal

    Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que la ley establece para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en el que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida por -, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente hágase del conocimiento del quejoso que quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado las documentales que anexó a su escrito de demanda, para que las recoja, previo recibo que se deje en autos.

  2. Principal

    1. RADICACIÓN Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por - por su propio derecho contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía General del Estado de Michoacán con residencia en la Ciudad de Pátzcuaro, Michoacán y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número IV-1189/2019-1. 2. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: I. A) La ilegal forma en que nos está requiriendo por medio de invitaciones por escrito para presentarnos a las audiencias de conciliación tanto a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, así como al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán, esto debido a que se nos han enviado ya varias invitaciones y se nos han realizado varias llamadas telefónicas por parte de la licenciada -para presentaros a CONCILIAR, PERO de conformidad al artículo 4° de la LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL funge el Principio de VOLUNTARIEDAD Y de conformidad con el artículo 10 de la propia Ley ESTE HECHO DEBE HACERSE VALER DESPUES DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO". En el caso, la suscrita estima que se actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Pues los actos reclamados en modo alguno afectan derechos sustantivos protegidos a favor de los peticionarios de amparo en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como se expondrá. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Atento al contenido de las disposiciones citadas se advierten las hipótesis de procedencia del amparo promovido contra actos, omisiones o resoluciones de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando estos sean de imposible reparación, entendidos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que México sea parte. En el caso concreto el acto reclamado son las invitaciones de siete de septiembre, diez, once, catorce y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, emitidos por la Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de Fiscalía General del Estado de Michoacán, con la finalidad de darles información precisa sobre cada uno de los procedimientos y recabar información. Respecto a lo anterior, los artículos 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 215, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.]" "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. [.] El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Los preceptos transcritos indican que la investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público, el cual en la etapa de indagación inicial, deberá reunir los datos de prueba necesarios para determinar sobre el ejercicio de la acción penal. Además que la representación social está facultada para solicitar la comparecencia del indiciado y requerir su declaración si lo considera necesario para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Actividad que debe realizar con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. En ese tenor, la citación a los quejosos durante la sustanciación de la investigación inicial en modo alguno causa una afectación, pues no transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia necesaria para dilucidar la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Pues la mera citación durante la sustanciación de la investigación en la Fiscalía responsable, de ninguna manera causa una afectación a algún derecho sustantivo, pues en modo alguno transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia. Es decir, la citación únicamente se concreta para investigar los hechos reportados. Sin que sea óbice el hecho de que ante su falta pueda decretarse algún apercibimiento, tal como la imposición de una multa o hasta un arresto por treinta y seis horas, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a la inasistencia injustificada y decretarse por parte de la responsable. Sirve de apoyo por las razones que informa la jurisprudencia del siguiente rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].". " Asimismo, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1844, LIBRO 53 tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en Abril 2018, registro 2016536, que al rubro señala: "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO." En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), éste último interpretado en sentido contrario todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de garantías de que se trata. 3. TRANSPARENCIA. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. 4. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase a los promoventes por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, así como autorizado para tal efecto al profesionista José Francisco Murillo Meza, en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de la Materia, quien cuenta con cédula profesional que lo faculta como licenciado en derecho debidamente registrada en el sistema electrónico que para tal efecto se lleva en los tribunales federales como se aprecia de la certificación que antecede. 5. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."

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