Alvaro de la Cruz Ramos
Expediente 630/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alvaro de la Cruz Ramos
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Como de la constancia secretarial se advierte que no obra el informe justificado rendido por la autoridad responsable en cita, ni constancia que evidencie que haya recibido el oficio en el cual se le requirió; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy? SE?DIFIERE?para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. ? En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondiente ante la Oficialía de Partes Común hasta un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil veinte... Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-630/2020-2. Ahora, toda vez que la quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. (NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME). Del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, reclamamos la infundada Sentencia de fecha - dictada de una manera fuera de todo fundamento y legalidad." En atención a lo anterior, el suscrito estima que el acto reclamado consistente en la resolución emitida en el toca -, con fecha once de septiembre pasado, por la autoridad señalada como responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través de la cual resolvió el recurso de apelación presentado por el quejoso en contra de la sentencia pronunciada el doce de marzo del presente año, por el Juez de Ejecución de Sanciones Región Morelia, a través de la cual éste determinó negar la suspensión de la sanción impuesta referente a la destitución de su empleo en cuanto servidor público, es decir Policía Municipal del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, ello, en cuanto a sus atribuciones de vigilar que la sentencia emitida por el Juez de Control se cumpliera tal y como fue pronunciada en el procedimiento abreviado de origen, respecto de la cual, el quejoso no interpuso recurso alguno, como así lo afirma bajo protesta de decir verdad, en el último párrafo del primer concepto de violación que esgrime en su líbelo constitucional, procede desechar el acto reclamado, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Por su parte el artículo 61, fracción XIII de la Ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)". Del precepto transcrito con antelación, se aprecia que el Juicio de Amparo resulta improcedente cuando el quejoso consienta exprésamente el acto reclamado o a través de manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; por tanto, al advertirse de la demanda de garantías, que el quejoso impugna la resolución dictada el once de septiembre del presente año, por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la que confirma la diversa emitida el doce de marzo del año que transcurre, por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, a través de la cual dicha autoridad de ejecución, determinó negar al quejoso de mérito, la suspensión de la sanción impuesta por el Juez de Control al resolver el procedimiento abreviado a que se sometió éste, consistente en la destitución de su empleo como servidor público, en el caso, Policía Municipal del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, la cual en todo caso es la que le causa perjuicio, toda vez que fue donde se le impuso dicha sanción, no obstante, dicho impetrante de garantías, no hizo valer el recurso ordinario de defensa consistente en apelación, que prevé el artículo 467 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la resolución dictada por el Juez de Control a través de la cual puso fin al procedimiento abreviado de origen, e impuso las penas correspondientes, por tanto, el juicio constitucional planteado, deviene improcedente, tomando en consideración que el quejoso consintió la sanción impuesta por el Juez de Control, como así lo indica en su demanda de garantías, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia en comento. Al respecto, se estima necesario transcribir el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." Asimismo, tiene aplicación al caso concreto la Jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en la página 12, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.- El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". De igual forma, sirve de orientación a lo antes razonado la Tesis: II.2o.C.43 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Materia Común, Página: 839, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." Así como la tesis XXI.4º.6K, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 971, Tomo XIX, febrero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del texto: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS.- El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." En consecuencia, si el quejoso no agotó el citado recurso de apelación, en contra de la resolución emitida por el Juez de Control en el procedimiento abreviado de origen, donde se le impuso la sanción de destitución de su empleo como servidor público, que fue la que motivo la diversa emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones en la que reitera al quejoso la sanción aludida -como lo determino la autoridad de Control-, misma que fue confirmada el once de septiembre mediante sentencia emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, la cual constituye el acto reclamado; por ello, es incuestionable que dicho acto reclamado deriva de la sentencia emitida por el Juez de Control en el procedimiento abreviado de origen, que fue consentida por el quejoso al no haber sido impugnada, como él mismo lo afirma bajo protesta de decir verdad, en su líbelo constitucional, lo que torna improcedente el presente juicio de amparo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XIII, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por Álvaro de la Cruz Ramos, contra los actos reclamados al Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta Ciudad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones personales, como autorizados para tal efecto a las personas que indica, y con las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de la Materia a -, toda vez que como se asentó en la constancia secretarial, cuenta con cédula profesional registrada en el sistema electrónico que para tal efecto se lleva en los Tribunales Federales, no así -, por ubicarse en el caso contrario. Notifíquese personalmente. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-630/2020-2. Ahora, toda vez que la quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. (NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME). Del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, reclamamos la infundada Sentencia de fecha - dictada de una manera fuera de todo fundamento y legalidad." En atención a lo anterior, el suscrito estima que el acto reclamado consistente en la resolución emitida en el toca -, con fecha once de septiembre pasado, por la autoridad señalada como responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través de la cual resolvió el recurso de apelación presentado por el quejoso en contra de la sentencia pronunciada el doce de marzo del presente año, por el Juez de Ejecución de Sanciones Región Morelia, a través de la cual éste determinó negar la suspensión de la sanción impuesta referente a la destitución de su empleo en cuanto servidor público, es decir Policía Municipal del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, ello, en cuanto a sus atribuciones de vigilar que la sentencia emitida por el Juez de Control se cumpliera tal y como fue pronunciada en el procedimiento abreviado de origen, respecto de la cual, el quejoso no interpuso recurso alguno, como así lo afirma bajo protesta de decir verdad, en el último párrafo del primer concepto de violación que esgrime en su líbelo constitucional, procede desechar el acto reclamado, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Por su parte el artículo 61, fracción XIII de la Ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)". Del precepto transcrito con antelación, se aprecia que el Juicio de Amparo resulta improcedente cuando el quejoso consienta exprésamente el acto reclamado o a través de manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; por tanto, al advertirse de la demanda de garantías, que el quejoso impugna la resolución dictada el once de septiembre del presente año, por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la que confirma la diversa emitida el doce de marzo del año que transcurre, por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, a través de la cual dicha autoridad de ejecución, determinó negar al quejoso de mérito, la suspensión de la sanción impuesta por el Juez de Control al resolver el procedimiento abreviado a que se sometió éste, consistente en la destitución de su empleo como servidor público, en el caso, Policía Municipal del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, la cual en todo caso es la que le causa perjuicio, toda vez que fue donde se le impuso dicha sanción, no obstante, dicho impetrante de garantías, no hizo valer el recurso ordinario de defensa consistente en apelación, que prevé el artículo 467 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la resolución dictada por el Juez de Control a través de la cual puso fin al procedimiento abreviado de origen, e impuso las penas correspondientes, por tanto, el juicio constitucional planteado, deviene improcedente, tomando en consideración que el quejoso consintió la sanción impuesta por el Juez de Control, como así lo indica en su demanda de garantías, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia en comento. Al respecto, se estima necesario transcribir el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." Asimismo, tiene aplicación al caso concreto la Jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en la página 12, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.- El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". De igual forma, sirve de orientación a lo antes razonado la Tesis: II.2o.C.43 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Materia Común, Página: 839, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." Así como la tesis XXI.4º.6K, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 971, Tomo XIX, febrero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del texto: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS.- El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." En consecuencia, si el quejoso no agotó el citado recurso de apelación, en contra de la resolución emitida por el Juez de Control en el procedimiento abreviado de origen, donde se le impuso la sanción de destitución de su empleo como servidor público, que fue la que motivo la diversa emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones en la que reitera al quejoso la sanción aludida -como lo determino la autoridad de Control-, misma que fue confirmada el once de septiembre mediante sentencia emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, la cual constituye el acto reclamado; por ello, es incuestionable que dicho acto reclamado deriva de la sentencia emitida por el Juez de Control en el procedimiento abreviado de origen, que fue consentida por el quejoso al no haber sido impugnada, como él mismo lo afirma bajo protesta de decir verdad, en su líbelo constitucional, lo que torna improcedente el presente juicio de amparo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XIII, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por Álvaro de la Cruz Ramos, contra los actos reclamados al Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta Ciudad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones personales, como autorizados para tal efecto a las personas que indica, y con las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de la Materia a -, toda vez que como se asentó en la constancia secretarial, cuenta con cédula profesional registrada en el sistema electrónico que para tal efecto se lleva en los Tribunales Federales, no así -, por ubicarse en el caso contrario. Notifíquese personalmente.
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