Alvaro Guizar Zepeda

Expediente 1015/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1015/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Alvaro Guizar Zepeda

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil diecinueve. Como de la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el numeral 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas y facultadas recurrieran la resolución emitida el veintidós de enero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el presente juicio constitucional, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la Ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, ello en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a ello, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, Instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, de título: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Finalmente, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando en legal y debida forma con el licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Agente Primero del Ministerio Pubico y Atencion Temprana Mesa 1 del Distrito Judicial Zamora, Michoacan, y otras autoridades, con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de garantías que se promueve contra los actos consistentes en: ".ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades que señalo como responsables ordenadoras, reclamo: El que hayan dictado orden de aprehensión o de detención o de presentación en mi contra, sin que haya causa o motivo legal alguno para ello, orden que resulta ilegal, por violar las normas constitucionales consagradas en el artículo 14, 16 y 19 de nuestra Constitución, consecuentemente y de manera específica la orden de aprehensión o detención o presentación que se reclama y que dictaron las autoridades responsables ordenadoras en contra mía es ilegal, por no estar debidamente fundada y motivada. De las autoridades que señalo como responsables ejecutoras, reclamo: El que pretendan privarme de mi libertad, mediante la orden de aprehensión ilegal o de detención o de presentación a que me refieroen el inciso anterior y dictada en mi contra porque no se encuentra debidamente fundada y motivada, como consecuencia de los actos que reclamo en el párrafo anterior a las autoridades ordenadoras, toda vez que no he cometido delito alguno y por ende no podrá haber orden de aprehensión o detención o de presentación debidamente fundada y motivada y por delito alguno que pudiera tener pena corporal." Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-1015/2018-C. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Formándose por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión por haberse solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, su informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS contado a partir del que reciban el oficio en el que se les solicita, el que podrán hacerlo por escrito, y en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar las constancias en que se basaron para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.. En el entendido de que los hechos que narra el quejoso en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencia de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las qué a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se les notifiquen, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Finalmente, se tiene al quejoso por señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de garantías, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número I-1015/2018-C, promovido por - por propio derecho, contra actos del Agente Público del Ministerio Público y Atención Temprana Mesa 1 del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, y otras autoridades. Con apoyo en los artículos 115, 125, 138 y 140 de dicha la Ley, mediante oficio al que se deberá anexar copia de la demanda de amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, mismo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que se expresará el o los delitos de que se trate, la disposición legal en que quede comprendido para su penalidad, y en su caso, el monto del daño causado o el beneficio económico obtenido por los quejosos; apercibidas que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 260 fracción I de la Ley de Amparo. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia de este incidente. Cabe destacar que en el caso, los quejosos hacen consistir el acto reclamado en: ".ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades que señalo como responsables ordenadoras, reclamo: El que hayan dictado orden de aprehensión o de detención o de presentación en mi contra, sin que haya causa o motivo legal alguno para ello, orden que resulta ilegal, por violar las normas constitucionales consagradas en el artículo 14, 16 y 19 de nuestra Constitución, consecuentemente y de manera específica la orden de aprehensión o detención o presentación que se reclama y que dictaron las autoridades responsables ordenadoras en contra mía es ilegal, por no estar debidamente fundada y motivada. De las autoridades que señalo como responsables ejecutoras, reclamo: El que pretendan privarme de mi libertad, mediante la orden de aprehensión ilegal o de detención o de presentación a que me refieroen el inciso anterior y dictada en mi contra porque no se encuentra debidamente fundada y motivada, como consecuencia de los actos que reclamo en el párrafo anterior a las autoridades ordenadoras, toda vez que no he cometido delito alguno y por ende no podrá haber orden de aprehensión o detención o de presentación debidamente fundada y motivada y por delito alguno que pudiera tener pena corporal." A efecto de proveer sobre la suspensión provisional peticionada, es importante destacar que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión y/o detención y/o presentación dictada en su contra. De conformidad con los artículos 163 y 166 fracción I, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, procede conceder a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y/o detención y/o presentación dictada en su contra y su posible ejecución, para los siguientes efectos: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Federal, la suspensión sólo producirá el efecto de que al ser aprehendida quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad se refiere y en el lugar en que deba ser recluidos, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando la quejosa ya se encuentre materialmente detenida por orden de autoridad competente y el Agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la parte imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima de los testigos o de la comunidad, así como cuando la imputada esté siendo procesado o haya sido sentenciada previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión solo será el establecido en al artículo 166, fracción I de la Ley de la Materia. Si la parte quejosa, incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de las responsables. La suspensión que se otorga surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si en el término de cinco días, que otorga el artículo 136 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia incidental, a partir de la notificación de este auto, el quejoso no exhibe una garantía de $2,000.00 (dos mil pesos moneda nacional 00/100), en cualquiera de las formas establecida por la ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etc.), a nombre de ellos, cantidad que se fija de manera discrecional, debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde consté ésta. Se apercibe al impetrante de garantías que en caso de no exhibir la garantía exigida en el término indicado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se comunicará a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. No pasa inadvertido que el artículo 168 de la Ley de Amparo, prevé como requisito de efectividad de la suspensión, que se exija a la parte quejosa la exhibición de una garantía la que deberá fijarse tomando en consideración:  La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa.  Las características personales y situación económica de la parte quejosa.  La posibilidad de que la parte quejosa se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos; además, no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos el inculpado no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuye sino hasta que se le aprehende. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada, hasta en tanto el juez de la causa, en su caso, informe respecto al delito o delitos que se le atribuye al peticionario de amparo, toda vez que existe peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con notorios perjuicios para la parte quejosa, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, Constitucional y 128 de la Ley de Amparo, el objeto de la suspensión es precisamente evitar que se causen tales perjuicios. En ese sentido, lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, se considera, en su caso, al resolver lo procedente sobre la suspensión definitiva. Para tal efecto, con fundamento con fundamento en dicho precepto, se solicita al Juez responsable para que en el término de cuarenta y ocho horas que se le otorgó para rendir su informe previo, tenga a bien manifestar de manera expresa, la naturaleza, modalidad y características del delito o delitos por los que haya ordenado la aprehensión de la parte quejosa y en su caso a cuánto asciende el monto de la reparación del daño, de ser necesario, remita copia certificada de las constancias conducentes. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si los actos reclamados son dictados por autoridad judicial distinta a las aquí señaladas, o si se sorprende a la amparista en la comisión de flagrante delito, por lo que en estos últimos supuestos las autoridades competentes no tendrán obligación de acatar la presente medida cautelar, en cuyo caso, se le podrá detener o aprender porque así lo autoriza el artículo 16 de la Constitución Federal. Por otra parte, respecto a la prevención contenida en el precepto 167 de la Ley de Amparo, para que la quejosa comparezca dentro del término de tres días, ante el Juez de la causa, con la finalidad de que continúe con el proceso penal, se reserva, hasta en tanto este Juzgado tenga certeza del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. al fallar la contradicción de tesis 79/2007-PS, localizable en la página 371 Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la nueva Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; sin diverso acuerdo, se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. En el entendido de que si la autoridad responsable no exista con la denominación proporcionada por la parte quejosa, y en el momento de la notificación se le informe la correcta, en obvio de mayores dilaciones, se faculta al actuario judicial adscrito, para que previa certificación que conste en autos, entregue la comunicación respectiva a la responsable bajo su denominación correcta.

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