Álvaro Penca Demha

Expediente 463/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 34 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
463/2020
Año
2020
Actuaciones
34
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Abisaí Dezha Demha
  • Álvaro Penca Demha
  • ÁLVARO PENCA DEMHA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de inconformidad, interpuesto en autos, registrándolo bajo el número 44/2023; circunstancia de lo cual queda enterado este Órgano Jurisdiccional.

  2. Principal

    Agréguense a los autos para que obren como correspondan los escritos signados por el quejoso y el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa. En atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 201, fracción III y 202, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de inconformidad, en contra del acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso en el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Atento lo anterior, en su oportunidad remítase el presente juicio de garantías al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación de la inconformidad planteada por la parte quejosa, formándose el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL EN LA QUE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTE AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE ACTUAL, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE PROCEDE A NOTIFICAR MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO: ""Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponde los escritos signados por la parte quejosa, mediante los cuales se les tiene por desahogada la vista concedida por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, misma que SÍ realizó diversas manifestaciones, mediante el escrito de cuenta, las que podrán ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Ante ello, se procede a estudiar el cumplimiento de dicha ejecutoria por parte de las autoridades responsables. 1. Efectos de la sentencia de amparo. Por ejecutoria de diez de noviembre de dos mil veintidós (fojas 204 a 240), dictada en el toca 167/2021, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, determinó revocar la sentencia recurrida y conceder al quejoso *** el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "Sin embargo, específicamente en la página 14 de los agravios formulados por el Representante Social apelante se aprecia que reconoció que se configuró una agresión real, actual o inminente, sin derecho, en defensa de bienes propios o ajenos; manifestaciones de la Fiscalía que fueron soslayadas por la responsable al resolver. Máxime que, contrario a lo argumentado por dicha autoridad, se estima violatorio de sus derechos del aquí recurrente que la responsable desestimara las manifestaciones vertidas al momento de entrevistarlo, bajo la consideración de que las restantes entrevistas practicadas no se demostraba que la acción del ahora occiso fue real, actual e inminente, no obstante, tal y como se señaló el Juez de Control los datos de prueba si son coincidentes en evidenciar la conducta agresiva del pasivo, quien los amenazaba y correteaba con un machete y cuchillo. [.] De ahí que, lo que realmente cuestionó el Representante Social en los agravios formulados en apelación es que existió un exceso al haberle disparado entre diez y once ocasiones a la víctima directa. Aspecto que, a mayor abundamiento, cabe destacar, constituiría una atenuante en términos del artículo 101 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. [.] Asimismo, tampoco se inadvierte que la Sala Unitaria actuó en contravención al artículo 16 Constitucional, pues de manera dogmática en la página 58 de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, concluyó que no se acreditaba la excluyente de cumplimiento de un deber, pues sólo se enfocó en analizar la legítima defensa. En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y dicte otra en su lugar, en la cual: Al resolver los agravios hechos valer por los apelantes, atienda los planteamientos formulados por el Ministerio Público, específicamente en las páginas 13 a 15 de sus agravios, asimismo, prescinda de restarle valor convictivo a la entrevista formulada por el aquí recurrente. Por lo que, de manera fundada y motivada concluya si se encuentran o no acreditadas las causas de justificación consistentes en la legítima defensa y cumplimiento de un deber, previstas en el artículo 25, Apartado B, fracciones II y IV, de la ley sustantiva penal. En el entendido de que, para el supuesto de que estime demostrada la legítima defensa, proceda a analizar las alegaciones del Fiscal atinentes al exceso, por constituir una atenuante en términos del artículo 101 del citado ordenamiento legal. Hecho lo anterior, resuelva lo que estime procedente; sin agravar la situación jurídica de ***." 2. Así, la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitió una nueva resolución, respecto de la cual fue concedida vista a la parte quejosa, y la cual se tuvo por cumplida por resolución dictada el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, no obstante, el quejoso interpuso recurso de inconformidad contra dicho auto. 3. Por tanto, por sentencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés (fojas 358 a 388), el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, determinó que la ejecutoria en el presente juicio no se cumplió en su totalidad, por lo que ordenó: ".Sentado lo anterior, es necesario destacar que, tal y como lo refiere el inconforme en los argumentos resumidos en el inciso A), la autoridad dio cumplimiento a los lineamientos aquí señalados bajo los ordinales I, Il y IV, a los cuales nos remitimos, consistentes en que la Sala Unitaria dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó otra en su lugar, asimismo, analizó los agravios en los términos señalados, y expuso las razones así como los fundamentos legales del por qué consideró que existió legítima defensa en el actuar del promovente. Por otro lado, los agravios sintetizados en el inciso B), resultan en una parte infundados y en otra sustancialmente fundados. La primer calificativa obedece a la parte donde el inconforme argumenta que la responsable incumplió con el lineamiento relativo al punto III, consistente en que prescindiera de restarle valor convictivo a la entrevista formulada por el aquí recurrente, ya que la autoridad si lo hizo, como se evidenció en párrafos anteriores al transcribirse las consideraciones en que se apoyó al emitir la nueva resolución en mérito; de ahi lo infundado de sus planteamientos. Luego, devienen sustancialmente fundados los motivos de inconformidad en los cuales el promovente se duele que la Sala Unitaria no acató el lineamiento atinente al punto V, dado que ciertamente, de manera dogmática sostuvo que no se tenía por acreditada la causa de justificación de cumplimiento de un deber, señalando que si bien Abizai Dezha Demha acudió al lugar en su calidad de policía a contener a la víctima, ello no lo autorizaba para dispararle en diversas partes del cuerpo de vital importancia; no obstante, se le vinculó a que emitiera un pronunciamiento fundado y razonado. Lo que implica defecto en el cumplimiento. Asimismo, le asiste razón al inconforme en el sentido de que no se encuentra puntualmente cumplido el lineamiento VI, consistente en que, para el supuesto de que la autoridad estimara demostrada la legítima defensa, procedería a analizar las alegaciones del Fiscal atinentes al exceso, por constituir una atenuante en términos del artículo 101 de la ley sustantiva penal, pues al respecto aquél se duele que la autoridad no justifica por qué resolvió existe exceso en la legítima defensa, sin considerar que el inculpado procuró resguardar su vida, la de su compañero y de la colectividad, encontrándose en estado de confusión, miedo y terror derivado que el pasivo no podía ser sometido porque se veía drogado, por consumir cristal. En efecto, si bien se le dejó libertad de jurisdicción a la autoridad para resolver dicho punto, lo cierto es que, atendiendo al principio de congruencia que rige en las sentencias, debió analizar el aludido precepto legal en su integridad, y no sólo limitarse a transcribirlo, omitiendo pronunciarse sobre el contenido del segundo párrafo del citado ordinal; mismo que prevé: "Articulo 101. Al que incurra en exceso en alguna de las causas de justificación se le impondrá la sanción correspondiente al error de prohibición vencible, pero quedará subsistente la atribución del hecho a título doloso. No se considerará exceso en la legítima defensa cuando la persona que la ejerce se encuentre en estado de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados." Lo anterior, para que estuviere en posibilidad de dar puntual respuesta a los planteamientos del Fiscal quien alegó que existía exceso en la legitima defensa, contrastándolo con lo manifestado por el aquí inconforme en la entrevista que le fue realizada -misma a la que se le concedió valor probatorio- y los restantes datos de prueba aportados por la Representación Social, de los cuales se colige que el pasivo actuaba de un modo incontrolable cuando se drogaba. Máxime que, se insiste, si la Sala Unitaria declaró fundados los agravios del Fiscal en el sentido de que hubo exceso en la legítima defensa, de suyo la autoridad debió verificar si el inconforme no se encontraba en estado de confusión, miedo o terror que afectara su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados, realizando un análisis de los argumentos de la Fiscalía, en contexto con la entrevista a cargo del inconforme y los demás datos de prueba desahogados, sin que así lo hiciere; lo cual denota un defecto en el cumplimiento. Robustece lo antes considerado, el criterio 1a.CCXL11/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015722, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, Materia Común, página 415, del rubro y texto: "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO." (.) En este aspecto, no se inadvierte que si bien la Sala Unitaria procedió a transcribir el segundo párrafo del artículo 101 de la ley sustantiva penal estatal, adicionado mediante reforma de siete de junio de dos mil veintiuno, no obstante los hechos ocurrieron el once de diciembre de dos mil diecinueve, empero, ello no le reporta perjuicio al inculpado. En esa medida, derivado de que los anteriores lineamientos no se encuentran cumplidos, no se realiza mayor pronunciamiento en torno de los agravios formulados en el inciso C), tendente a controvertir el cumplimiento dado al lineamiento VIl, consistente en que la autoridad resolviera lo que estimara procedente, sin agravar la situación jurídica de ***, ello, por ser una consecuencia directa de aquéllos. Por último resultan inoperantes los motivos de inconformidad sintetizados en el inciso D), porque tienden a controvertir la legalidad de los pronunciamientos formulados por la responsable. Resulta ilustrativa, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 29/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2003056, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIIl, marzo de 2013, Tomo 2, Materia Común, página 952, que dice: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UAN SENTENCIA DE AMPARO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE AQUELLA." Bajo ese contexto, la ejecutoria de amparo que nos ocupa no se cumplió en su totalidad, lo que conduce a declarar fundado el presente recurso de inconformidad, ordenándose dejar insubsistente el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, con el objeto de que el Juzgado resolutor emita otro en el que declare que el fallo protector se encuentra en vías de cumplimiento, y por tanto, conmine a la responsable lo acate en sus términos. Esto es, para que la Sala Unitaria dé cabal cumplimiento a los lineamientos señalados en esta ejecutoria bajo los ordinales V y VI; a saber, para que de nueva cuenta determine, de manera fundada y motivada, si se encuentra o no acreditada la causa de justificación relativa al cumplimiento de un deber, asimismo, dado que dicha autoridad tuvo por demostrada la legítima defensa, proceda a estudiar las alegaciones del Fiscal atinentes al exceso, analizando en su integridad el artículo 101 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, conforme a lo expuesto en la presente ejecutoria. Y en vía de consecuencia, atienda el diverso punto VII, relativo a que resuelva lo que estime procedente, sin agravar la situación jurídica de ** 4. Requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por acuerdo dictado el cuatro de julio de dos mil veintitrés (fojas 389 y 390), se procedió a requerir a la autoridad responsable Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, para que diera cumplimiento al fallo protector en los términos mencionados. 5. Actuaciones realizadas para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable Magistrada titular de la Primera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, ante lo cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que le beneficie en derecho, quien si desahogo dicha oportunidad procesal. 6. Análisis del cumplimiento del fallo protector. A efecto de dictar una resolución que entrañe congruencia entre los puntos de estudio formulados por los órganos constitucionales, es necesario establecer que el Tribunal colegiado, al resolver el recurso de inconformidad 16/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, tuvo por cumplidos los lineamientos señalados bajo los ordinales I, Il y IV, de la sentencia dictada en el recurso de revisión Penal 167/2021, consistentes en "que la Sala Unitaria dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó otra en su lugar, asimismo, analizó los agravios en los términos señalados, y expuso las razones así como los fundamentos legales del por qué consideró que existió legítima defensa en el actuar del promovente. Asimismo, tuvo por cumplido el diverso punto III, consistente en "que prescindiera de restarle valor convictivo a la entrevista formulada por el aquí recurrente, ya que la autoridad si lo hizo". En ese sentido, el presente estudio se centrará en específico en analizar el cumplimiento dado por la Sala Unitaria responsable respecto de los lineamientos establecidos por el tribunal colegiado, en específico, para que de nueva cuenta determine, de manera fundada y motivada, si se encuentra o no acreditada la causa de justificación relativa al cumplimiento de un deber. En relación a la diversa excluyente relativa al cumplimiento de un deber, la responsable concluyó que la misma no quedó acreditada. Lo anterior, citando el contenido de la fracción IV del aparado A, del artículo 25 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, a saber: "IV Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho: La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo o ejercerlo." Estableció que los imputados desplegaron la acción reprochada encontrándose en el ejercicio de sus funciones como policías municipales de la comunidad del Cardonal, hidalgo, por lo que debieron ceñirse a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, norma que tiene como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del estado. Sin que de los datos de prueba se desprenda que los imputados hubieran respetado la normatividad referida, ello, tomando en consideración las pruebas aportadas en el proceso penal de origen, por lo que no se acreditó que el quejoso usara un nivel de fuerza acorde con el nivel de resistencia ofrecido por su agresor, pues no usó otros medios de sometimiento respecto del agente activo, a efecto de poder neutralizar al mismo ante su conducta agresiva y los ataques confinados en su contra. Asimismo, dado que la Sala responsable tuvo por demostrada la legítima defensa, proceda a "estudiar las alegaciones del Fiscal atinentes al exceso, analizando en su integridad el artículo 101 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, conforme a lo expuesto en la presente ejecutoria. La Sala al resolver estableció que para tener por acreditados los elementos relativos al exceso en la legítima defensa, en relación al numeral citado, es necesario lo siguiente: a) se encuentren en estado de confusión, o miedo o terror, b) que ese estado afecte su capacidad para: b.a)Determinar el límite adecuado de su respuesta, o PARA: b.b) Determinar la racionalidad de los medios empleados. Para lo cual analizó las entrevistas de los dos imputados, sin que de ninguno de ellos la responsable tuviera por establecido que alguno de ellos se encontrara en un estado de confusión, miedo o terror por parte del quejoso ***, no obstante que el mismo fue atacado por el finado agente pasivo, con un machete y otra diversa arma blanca. Concluye que los agentes activos no pueden ampararse en una legítima defensa aduciendo que se encontraban en una situación de confusión, miedo o terror a virtud de que el pasivo no podía ser sometido por que el mismo se encontraba drogado al parecer a causa de la droga conocida como cristal., y que por ello le dispararon privándolo de la vida, cuando de las narraciones atribuidas es posible establecer que el diverso imputado *** accionó su arma estando de pie y de frente al pasivo, sin que se pueda advertir que usara un medio de incapacitación o detrimento en la movilidad del pasivo, disparando en alguna extremidad de su cuerpo, sino que contrario a ello, disparó en repetidas ocasiones en contra del difunto agresor, impactando en nueve ocasiones en cavidades toráxica, craneal y lumbar, consiguiendo la muerte del sujeto. Así, indicó que no fueron seguidos los protocolos que establecen que el nivel de fuerza a utilizar fuera acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor, aplicando medios bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, sin que hubieran sido usados métodos o técnicas menos lesivas para el individuo activo, acreditando así que la fuerza no fue usada como último recurso, ni fue mesurado el actuar de los agentes policiacos para repeler las agresiones del finado agresor. Lo anterior, porque a juicio de la Sala responsable ambos imputados desplegaron la acción a estudio encontrándose en el ejercicio de sus funciones como policías municipales y por ello al momento de los hechos se encontraban bajo las disposiciones de la Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza, por lo que, con los datos de prueba que analizó es posible señalar que no se aprecia que los imputados al hacer uso de la fuerza hubieran respetado la normatividad en cita. Pues la autoridad responsable tomó en consideración que por la narrativa del coimputado **, se desprende que el aquí quejoso *** disparó a espaldas de la víctima, no obstante, que sabía que por graduación del uso de la fuerza a la que estaba obligado como agente de seguridad, tenía que disparar hacía zonas corpóreas del agresor de bajo riesgo como los brazos para incapacitar a la víctima lo cual en conjunto con los disparos que instantes antes le había procurado su compañero a fin de cuentas produjeron la muerte. Aunado a que en el caso de ***, no se aplicó el orden graduado del uso de la fuerza que dispone el artículo 6 de la Ley Nacional de referencia, pues no se observa que se hubiera intentado la incapacitación, con la finalidad de neutralizar la resistencia y la violencia de la víctima, aun con la probabilidad de causar lesiones que no pusieran en riesgo la vida del agresor o en un nivel de fuerza previo a la muerte consistente en infringir una lesión grave, en cambio se utilizó directamente su arma, cuando él conocía que ello es sólo una excepción y sólo puede utilizarse cuando no existiera otra opción para proteger la vida de personas ajenas o la propia. Por otra parte, atendió los planteamientos formulados por el Ministerio Público, toda vez que respecto de ese tema se dijo que resultaban parcialmente fundados los argumentos relativos al exceso en la legítima defensa. Lo anterior, dijo la Sala responsable, porque según las entrevistas realizadas a los imputados ***, las que sin negarles el valor probatorio, en especial de este último, adminiculadas con los datos enunciados en la carpeta de investigación, son coincidentes en evidenciar la conducta agresiva de la víctima directa, quien los amenazaba y correteaba con un cuchillo y machete, pero sin soslayar el protocolo de la necropsia. La Sala responsable destacó que las entrevistas evidenciaban que la víctima directa le dijo a los imputados que los iba a matar, llevaba un machete y comenzó a corretear al imputado de nombre *** quien tropezó y calló, momento en el que lo comenzó a atacar con el machete para privarle de la vida, situación que provocó que el imputado de nombre *** sacó su arma de cargo de nueve milímetros marca Ceska, que incluso accionó en varias ocasiones a los brazos de la víctima directa quien no reaccionaba, y luego cayendo la víctima insistió en dar machetazos a los pies, por lo que nuevamente le dispararon. La Sala responsable advirtió que en el protocolo de necropsia se estableció que la víctima directa recibió diez disparos de arma de fuego en su cuerpo, sólo uno en el brazo izquierdo, las restantes nueve heridas fueron encontradas en la región lumbar y en tres cavidades del cuerpo humano (cráneo, tórax y abdomen), en donde es del conocimiento común que se encuentran órganos vitales, aunado a que éstos últimos fueron hechos por la espalda de la víctima, lo que ponía de manifiesto que el actuar del imputado *** fue excesivo en defensa de la vida de los agentes y en especial de ***. Por tales motivos, la Sala responsable concluyó que sí se demuestra la excluyente de legítima defensa, pero ésta de su análisis a la luz de la ejecutoria de amparo, se observa como atenuante de exceso en el ejercicio de la legítima defensa, en términos de los artículos 100 y 101 del Código Penal del Estado de Hidalgo. Con lo anterior, la Sala responsable tuvo por colmados los elementos del exceso en el uso de la legítima defensa, por lo que dicha justificación de la causa excluyente de delito, y ante ello lo consideró excesivo. Finalmente, respecto del último punto a cumplimentar, el consistente en: "Y en vía de consecuencia, atienda el diverso punto VII, relativo a que resuelva lo que estime procedente, sin agravar la situación jurídica de ***." Ante lo cual, este juzgado federal considera que ha quedado cumplido. En efecto, el análisis de la nueva resolución de veintiuno de agosto del dos mil veintitrés, se observa que la Sala responsable dejó insubsistente la resolución reclamada de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca 12/2020. En tales condiciones, la Sala responsable determinó revocar el auto de no vinculación a proceso y en su lugar decretó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso ***, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio doloso con la atenuante de exceso en la legítima defensa, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de ***, decretando como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa del imputado. Tales actuaciones, evidencian que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector, en tanto que dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar emitió una nueva en la que atendió los planteamientos del Ministerio Público respecto del exceso en la legítima defensa como atenuante, además, concluyó que si bien se acreditaba la legítima defensa, lo cierto es que los datos de prueba evidenciaban que había ocurrido en exceso, asimismo, determinó que no se encuentra acreditada la causa de justificación relativa al cumplimiento de un deber, por lo que procedía revocar el auto recurrido y decretar uno nuevo en el que se vinculara a proceso al imputado por su probable participación en la comisión del delito homicidio doloso con la atenuante de exceso en la legítima defensa, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de ***, decretando como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa del imputado. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. 7. Vista a la parte quejosa con el cumplimiento. Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días para que manifieste lo que a su interés convenga respecto a la declaratoria de cumplimiento, en el entendido que de no manifestar cuestión alguna al respecto se tendrá por consentida dicha determinación. Por otra parte, se tiene al quejoso ***, solicitando acceso al expediente electrónico y señala como autorizados a diversos profesionistas. Domicilio y autorizados. Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito en estudio y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, para oír y recibir notificaciones, a los demás profesionistas que alude en el mismo, por así haberlo solicitado expresamente. Correo electrónico y número telefónico. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número de teléfono a efecto de ser necesario entablar comunicaciones no procesales. Usuario Electrónico. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita el representante especial, se autorizan los usuarios "Crismald1", para consultar a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial, el expediente electrónico de este juicio de amparo, así como las notificaciones electrónicas. En consecuencia, se comisiona al Oficial Judicial "C", dé el trámite correspondiente en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al quejoso""

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponde los escritos signados por la parte quejosa, mediante los cuales se les tiene por desahogada la vista concedida por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, misma que SÍ realizó diversas manifestaciones, mediante el escrito de cuenta, las que podrán ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Ante ello, se procede a estudiar el cumplimiento de dicha ejecutoria por parte de las autoridades responsables. 1. Efectos de la sentencia de amparo. Por ejecutoria de diez de noviembre de dos mil veintidós (fojas 204 a 240), dictada en el toca 167/2021, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, determinó revocar la sentencia recurrida y conceder al quejoso *** el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "Sin embargo, específicamente en la página 14 de los agravios formulados por el Representante Social apelante se aprecia que reconoció que se configuró una agresión real, actual o inminente, sin derecho, en defensa de bienes propios o ajenos; manifestaciones de la Fiscalía que fueron soslayadas por la responsable al resolver. Máxime que, contrario a lo argumentado por dicha autoridad, se estima violatorio de sus derechos del aquí recurrente que la responsable desestimara las manifestaciones vertidas al momento de entrevistarlo, bajo la consideración de que las restantes entrevistas practicadas no se demostraba que la acción del ahora occiso fue real, actual e inminente, no obstante, tal y como se señaló el Juez de Control los datos de prueba si son coincidentes en evidenciar la conducta agresiva del pasivo, quien los amenazaba y correteaba con un machete y cuchillo. [.] De ahí que, lo que realmente cuestionó el Representante Social en los agravios formulados en apelación es que existió un exceso al haberle disparado entre diez y once ocasiones a la víctima directa. Aspecto que, a mayor abundamiento, cabe destacar, constituiría una atenuante en términos del artículo 101 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. [.] Asimismo, tampoco se inadvierte que la Sala Unitaria actuó en contravención al artículo 16 Constitucional, pues de manera dogmática en la página 58 de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, concluyó que no se acreditaba la excluyente de cumplimiento de un deber, pues sólo se enfocó en analizar la legítima defensa. En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y dicte otra en su lugar, en la cual: Al resolver los agravios hechos valer por los apelantes, atienda los planteamientos formulados por el Ministerio Público, específicamente en las páginas 13 a 15 de sus agravios, asimismo, prescinda de restarle valor convictivo a la entrevista formulada por el aquí recurrente. Por lo que, de manera fundada y motivada concluya si se encuentran o no acreditadas las causas de justificación consistentes en la legítima defensa y cumplimiento de un deber, previstas en el artículo 25, Apartado B, fracciones II y IV, de la ley sustantiva penal. En el entendido de que, para el supuesto de que estime demostrada la legítima defensa, proceda a analizar las alegaciones del Fiscal atinentes al exceso, por constituir una atenuante en términos del artículo 101 del citado ordenamiento legal. Hecho lo anterior, resuelva lo que estime procedente; sin agravar la situación jurídica de ***." 2. Así, la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitió una nueva resolución, respecto de la cual fue concedida vista a la parte quejosa, y la cual se tuvo por cumplida por resolución dictada el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, no obstante, el quejoso interpuso recurso de inconformidad contra dicho auto. 3. Por tanto, por sentencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés (fojas 358 a 388), el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, determinó que la ejecutoria en el presente juicio no se cumplió en su totalidad, por lo que ordenó: ".Sentado lo anterior, es necesario destacar que, tal y como lo refiere el inconforme en los argumentos resumidos en el inciso A), la autoridad dio cumplimiento a los lineamientos aquí señalados bajo los ordinales I, Il y IV, a los cuales nos remitimos, consistentes en que la Sala Unitaria dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó otra en su lugar, asimismo, analizó los agravios en los términos señalados, y expuso las razones así como los fundamentos legales del por qué consideró que existió legítima defensa en el actuar del promovente. Por otro lado, los agravios sintetizados en el inciso B), resultan en una parte infundados y en otra sustancialmente fundados. La primer calificativa obedece a la parte donde el inconforme argumenta que la responsable incumplió con el lineamiento relativo al punto III, consistente en que prescindiera de restarle valor convictivo a la entrevista formulada por el aquí recurrente, ya que la autoridad si lo hizo, como se evidenció en párrafos anteriores al transcribirse las consideraciones en que se apoyó al emitir la nueva resolución en mérito; de ahi lo infundado de sus planteamientos. Luego, devienen sustancialmente fundados los motivos de inconformidad en los cuales el promovente se duele que la Sala Unitaria no acató el lineamiento atinente al punto V, dado que ciertamente, de manera dogmática sostuvo que no se tenía por acreditada la causa de justificación de cumplimiento de un deber, señalando que si bien Abizai Dezha Demha acudió al lugar en su calidad de policía a contener a la víctima, ello no lo autorizaba para dispararle en diversas partes del cuerpo de vital importancia; no obstante, se le vinculó a que emitiera un pronunciamiento fundado y razonado. Lo que implica defecto en el cumplimiento. Asimismo, le asiste razón al inconforme en el sentido de que no se encuentra puntualmente cumplido el lineamiento VI, consistente en que, para el supuesto de que la autoridad estimara demostrada la legítima defensa, procedería a analizar las alegaciones del Fiscal atinentes al exceso, por constituir una atenuante en términos del artículo 101 de la ley sustantiva penal, pues al respecto aquél se duele que la autoridad no justifica por qué resolvió existe exceso en la legítima defensa, sin considerar que el inculpado procuró resguardar su vida, la de su compañero y de la colectividad, encontrándose en estado de confusión, miedo y terror derivado que el pasivo no podía ser sometido porque se veía drogado, por consumir cristal. En efecto, si bien se le dejó libertad de jurisdicción a la autoridad para resolver dicho punto, lo cierto es que, atendiendo al principio de congruencia que rige en las sentencias, debió analizar el aludido precepto legal en su integridad, y no sólo limitarse a transcribirlo, omitiendo pronunciarse sobre el contenido del segundo párrafo del citado ordinal; mismo que prevé: "Articulo 101. Al que incurra en exceso en alguna de las causas de justificación se le impondrá la sanción correspondiente al error de prohibición vencible, pero quedará subsistente la atribución del hecho a título doloso. No se considerará exceso en la legítima defensa cuando la persona que la ejerce se encuentre en estado de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados." Lo anterior, para que estuviere en posibilidad de dar puntual respuesta a los planteamientos del Fiscal quien alegó que existía exceso en la legitima defensa, contrastándolo con lo manifestado por el aquí inconforme en la entrevista que le fue realizada -misma a la que se le concedió valor probatorio- y los restantes datos de prueba aportados por la Representación Social, de los cuales se colige que el pasivo actuaba de un modo incontrolable cuando se drogaba. Máxime que, se insiste, si la Sala Unitaria declaró fundados los agravios del Fiscal en el sentido de que hubo exceso en la legítima defensa, de suyo la autoridad debió verificar si el inconforme no se encontraba en estado de confusión, miedo o terror que afectara su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados, realizando un análisis de los argumentos de la Fiscalía, en contexto con la entrevista a cargo del inconforme y los demás datos de prueba desahogados, sin que así lo hiciere; lo cual denota un defecto en el cumplimiento. Robustece lo antes considerado, el criterio 1a.CCXL11/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015722, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, Materia Común, página 415, del rubro y texto: "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO." (.) En este aspecto, no se inadvierte que si bien la Sala Unitaria procedió a transcribir el segundo párrafo del artículo 101 de la ley sustantiva penal estatal, adicionado mediante reforma de siete de junio de dos mil veintiuno, no obstante los hechos ocurrieron el once de diciembre de dos mil diecinueve, empero, ello no le reporta perjuicio al inculpado. En esa medida, derivado de que los anteriores lineamientos no se encuentran cumplidos, no se realiza mayor pronunciamiento en torno de los agravios formulados en el inciso C), tendente a controvertir el cumplimiento dado al lineamiento VIl, consistente en que la autoridad resolviera lo que estimara procedente, sin agravar la situación jurídica de ***, ello, por ser una consecuencia directa de aquéllos. Por último resultan inoperantes los motivos de inconformidad sintetizados en el inciso D), porque tienden a controvertir la legalidad de los pronunciamientos formulados por la responsable. Resulta ilustrativa, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 29/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2003056, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIIl, marzo de 2013, Tomo 2, Materia Común, página 952, que dice: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UAN SENTENCIA DE AMPARO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE AQUELLA." Bajo ese contexto, la ejecutoria de amparo que nos ocupa no se cumplió en su totalidad, lo que conduce a declarar fundado el presente recurso de inconformidad, ordenándose dejar insubsistente el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, con el objeto de que el Juzgado resolutor emita otro en el que declare que el fallo protector se encuentra en vías de cumplimiento, y por tanto, conmine a la responsable lo acate en sus términos. Esto es, para que la Sala Unitaria dé cabal cumplimiento a los lineamientos señalados en esta ejecutoria bajo los ordinales V y VI; a saber, para que de nueva cuenta determine, de manera fundada y motivada, si se encuentra o no acreditada la causa de justificación relativa al cumplimiento de un deber, asimismo, dado que dicha autoridad tuvo por demostrada la legítima defensa, proceda a estudiar las alegaciones del Fiscal atinentes al exceso, analizando en su integridad el artículo 101 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, conforme a lo expuesto en la presente ejecutoria. Y en vía de consecuencia, atienda el diverso punto VII, relativo a que resuelva lo que estime procedente, sin agravar la situación jurídica de ** 4. Requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por acuerdo dictado el cuatro de julio de dos mil veintitrés (fojas 389 y 390), se procedió a requerir a la autoridad responsable Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, para que diera cumplimiento al fallo protector en los términos mencionados. 5. Actuaciones realizadas para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable Magistrada titular de la Primera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, ante lo cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que le beneficie en derecho, quien si desahogo dicha oportunidad procesal. 6. Análisis del cumplimiento del fallo protector. A efecto de dictar una resolución que entrañe congruencia entre los puntos de estudio formulados por los órganos constitucionales, es necesario establecer que el Tribunal colegiado, al resolver el recurso de inconformidad 16/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, tuvo por cumplidos los lineamientos señalados bajo los ordinales I, Il y IV, de la sentencia dictada en el recurso de revisión Penal 167/2021, consistentes en "que la Sala Unitaria dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó otra en su lugar, asimismo, analizó los agravios en los términos señalados, y expuso las razones así como los fundamentos legales del por qué consideró que existió legítima defensa en el actuar del promovente. Asimismo, tuvo por cumplido el diverso punto III, consistente en "que prescindiera de restarle valor convictivo a la entrevista formulada por el aquí recurrente, ya que la autoridad si lo hizo". En ese sentido, el presente estudio se centrará en específico en analizar el cumplimiento dado por la Sala Unitaria responsable respecto de los lineamientos establecidos por el tribunal colegiado, en específico, para que de nueva cuenta determine, de manera fundada y motivada, si se encuentra o no acreditada la causa de justificación relativa al cumplimiento de un deber. En relación a la diversa excluyente relativa al cumplimiento de un deber, la responsable concluyó que la misma no quedó acreditada. Lo anterior, citando el contenido de la fracción IV del aparado A, del artículo 25 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, a saber: "IV Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho: La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo o ejercerlo." Estableció que los imputados desplegaron la acción reprochada encontrándose en el ejercicio de sus funciones como policías municipales de la comunidad del Cardonal, hidalgo, por lo que debieron ceñirse a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, norma que tiene como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del estado. Sin que de los datos de prueba se desprenda que los imputados hubieran respetado la normatividad referida, ello, tomando en consideración las pruebas aportadas en el proceso penal de origen, por lo que no se acreditó que el quejoso usara un nivel de fuerza acorde con el nivel de resistencia ofrecido por su agresor, pues no usó otros medios de sometimiento respecto del agente activo, a efecto de poder neutralizar al mismo ante su conducta agresiva y los ataques confinados en su contra. Asimismo, dado que la Sala responsable tuvo por demostrada la legítima defensa, proceda a "estudiar las alegaciones del Fiscal atinentes al exceso, analizando en su integridad el artículo 101 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, conforme a lo expuesto en la presente ejecutoria. La Sala al resolver estableció que para tener por acreditados los elementos relativos al exceso en la legítima defensa, en relación al numeral citado, es necesario lo siguiente: a) se encuentren en estado de confusión, o miedo o terror, b) que ese estado afecte su capacidad para: b.a)Determinar el límite adecuado de su respuesta, o PARA: b.b) Determinar la racionalidad de los medios empleados. Para lo cual analizó las entrevistas de los dos imputados, sin que de ninguno de ellos la responsable tuviera por establecido que alguno de ellos se encontrara en un estado de confusión, miedo o terror por parte del quejoso ***, no obstante que el mismo fue atacado por el finado agente pasivo, con un machete y otra diversa arma blanca. Concluye que los agentes activos no pueden ampararse en una legítima defensa aduciendo que se encontraban en una situación de confusión, miedo o terror a virtud de que el pasivo no podía ser sometido por que el mismo se encontraba drogado al parecer a causa de la droga conocida como cristal., y que por ello le dispararon privándolo de la vida, cuando de las narraciones atribuidas es posible establecer que el diverso imputado *** accionó su arma estando de pie y de frente al pasivo, sin que se pueda advertir que usara un medio de incapacitación o detrimento en la movilidad del pasivo, disparando en alguna extremidad de su cuerpo, sino que contrario a ello, disparó en repetidas ocasiones en contra del difunto agresor, impactando en nueve ocasiones en cavidades toráxica, craneal y lumbar, consiguiendo la muerte del sujeto. Así, indicó que no fueron seguidos los protocolos que establecen que el nivel de fuerza a utilizar fuera acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor, aplicando medios bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, sin que hubieran sido usados métodos o técnicas menos lesivas para el individuo activo, acreditando así que la fuerza no fue usada como último recurso, ni fue mesurado el actuar de los agentes policiacos para repeler las agresiones del finado agresor. Lo anterior, porque a juicio de la Sala responsable ambos imputados desplegaron la acción a estudio encontrándose en el ejercicio de sus funciones como policías municipales y por ello al momento de los hechos se encontraban bajo las disposiciones de la Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza, por lo que, con los datos de prueba que analizó es posible señalar que no se aprecia que los imputados al hacer uso de la fuerza hubieran respetado la normatividad en cita. Pues la autoridad responsable tomó en consideración que por la narrativa del coimputado **, se desprende que el aquí quejoso *** disparó a espaldas de la víctima, no obstante, que sabía que por graduación del uso de la fuerza a la que estaba obligado como agente de seguridad, tenía que disparar hacía zonas corpóreas del agresor de bajo riesgo como los brazos para incapacitar a la víctima lo cual en conjunto con los disparos que instantes antes le había procurado su compañero a fin de cuentas produjeron la muerte. Aunado a que en el caso de ***, no se aplicó el orden graduado del uso de la fuerza que dispone el artículo 6 de la Ley Nacional de referencia, pues no se observa que se hubiera intentado la incapacitación, con la finalidad de neutralizar la resistencia y la violencia de la víctima, aun con la probabilidad de causar lesiones que no pusieran en riesgo la vida del agresor o en un nivel de fuerza previo a la muerte consistente en infringir una lesión grave, en cambio se utilizó directamente su arma, cuando él conocía que ello es sólo una excepción y sólo puede utilizarse cuando no existiera otra opción para proteger la vida de personas ajenas o la propia. Por otra parte, atendió los planteamientos formulados por el Ministerio Público, toda vez que respecto de ese tema se dijo que resultaban parcialmente fundados los argumentos relativos al exceso en la legítima defensa. Lo anterior, dijo la Sala responsable, porque según las entrevistas realizadas a los imputados ***, las que sin negarles el valor probatorio, en especial de este último, adminiculadas con los datos enunciados en la carpeta de investigación, son coincidentes en evidenciar la conducta agresiva de la víctima directa, quien los amenazaba y correteaba con un cuchillo y machete, pero sin soslayar el protocolo de la necropsia. La Sala responsable destacó que las entrevistas evidenciaban que la víctima directa le dijo a los imputados que los iba a matar, llevaba un machete y comenzó a corretear al imputado de nombre *** quien tropezó y calló, momento en el que lo comenzó a atacar con el machete para privarle de la vida, situación que provocó que el imputado de nombre *** sacó su arma de cargo de nueve milímetros marca Ceska, que incluso accionó en varias ocasiones a los brazos de la víctima directa quien no reaccionaba, y luego cayendo la víctima insistió en dar machetazos a los pies, por lo que nuevamente le dispararon. La Sala responsable advirtió que en el protocolo de necropsia se estableció que la víctima directa recibió diez disparos de arma de fuego en su cuerpo, sólo uno en el brazo izquierdo, las restantes nueve heridas fueron encontradas en la región lumbar y en tres cavidades del cuerpo humano (cráneo, tórax y abdomen), en donde es del conocimiento común que se encuentran órganos vitales, aunado a que éstos últimos fueron hechos por la espalda de la víctima, lo que ponía de manifiesto que el actuar del imputado *** fue excesivo en defensa de la vida de los agentes y en especial de ***. Por tales motivos, la Sala responsable concluyó que sí se demuestra la excluyente de legítima defensa, pero ésta de su análisis a la luz de la ejecutoria de amparo, se observa como atenuante de exceso en el ejercicio de la legítima defensa, en términos de los artículos 100 y 101 del Código Penal del Estado de Hidalgo. Con lo anterior, la Sala responsable tuvo por colmados los elementos del exceso en el uso de la legítima defensa, por lo que dicha justificación de la causa excluyente de delito, y ante ello lo consideró excesivo. Finalmente, respecto del último punto a cumplimentar, el consistente en: "Y en vía de consecuencia, atienda el diverso punto VII, relativo a que resuelva lo que estime procedente, sin agravar la situación jurídica de ***." Ante lo cual, este juzgado federal considera que ha quedado cumplido. En efecto, el análisis de la nueva resolución de veintiuno de agosto del dos mil veintitrés, se observa que la Sala responsable dejó insubsistente la resolución reclamada de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca 12/2020. En tales condiciones, la Sala responsable determinó revocar el auto de no vinculación a proceso y en su lugar decretó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso ***, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio doloso con la atenuante de exceso en la legítima defensa, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de ***, decretando como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa del imputado. Tales actuaciones, evidencian que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector, en tanto que dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar emitió una nueva en la que atendió los planteamientos del Ministerio Público respecto del exceso en la legítima defensa como atenuante, además, concluyó que si bien se acreditaba la legítima defensa, lo cierto es que los datos de prueba evidenciaban que había ocurrido en exceso, asimismo, determinó que no se encuentra acreditada la causa de justificación relativa al cumplimiento de un deber, por lo que procedía revocar el auto recurrido y decretar uno nuevo en el que se vinculara a proceso al imputado por su probable participación en la comisión del delito homicidio doloso con la atenuante de exceso en la legítima defensa, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de ***, decretando como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa del imputado. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. 7. Vista a la parte quejosa con el cumplimiento. Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días para que manifieste lo que a su interés convenga respecto a la declaratoria de cumplimiento, en el entendido que de no manifestar cuestión alguna al respecto se tendrá por consentida dicha determinación. Por otra parte, se tiene al quejoso ***, solicitando acceso al expediente electrónico y señala como autorizados a diversos profesionistas. Domicilio y autorizados. Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito en estudio y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, para oír y recibir notificaciones, a los demás profesionistas que alude en el mismo, por así haberlo solicitado expresamente. Correo electrónico y número telefónico. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número de teléfono a efecto de ser necesario entablar comunicaciones no procesales. Usuario Electrónico. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita el representante especial, se autorizan los usuarios "Crismald1", para consultar a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial, el expediente electrónico de este juicio de amparo, así como las notificaciones electrónicas. En consecuencia, se comisiona al Oficial Judicial "C", dé el trámite correspondiente en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al quejoso

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