Alvaro Rodríguez Vidal
Expediente 605/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Alvaro Rodríguez Vidal
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Álvaro Rodríguez Vidal, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, toda vez que en el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérase a ésta para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger los citados documentos, apercibiéndole que en caso contrario, los mismo podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***, por derecho propio, en contra actos del Agente de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia de Pachuca de Soto, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 605/2021-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: La negativa de la devolución del vehículo, consistente en un tractocamión marca Freightliner, modelo 1993, serie 1FUPACYB7PL423324, motor cummins, serie 11234223. Precisado lo anterior, se reitera, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos normativos legales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De las disposiciones legales precedentes, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En efecto, de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente se desprende, que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos. Entre estos supuestos, se destaca lo que debe entenderse jurídicamente por, notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame; que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de sus actos de ejecución; y que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos. Respecto del inciso a), es cuando el quejoso está notificado del acto o resolución que reclama, es decir, que existe una noticia formal del acto que puede traducirse en su perjuicio, lo que permite, al menos suponer, que tendrá a su alcance todos los elementos para su debida defensa en el proceso constitucional. Concerniente al diverso inciso b), relativo a que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de sus actos de ejecución, es cuando la noticia del acto reclamado la obtiene de diversos modos, como información de personas cercanas a él o las que de algún modo estén relacionadas con la ejecución de los actos reclamados o bien por información publicada por medio de prensa, radio, televisión, redes sociales, etcétera. En este supuesto, es decir, si el quejoso tuvo conocimiento directamente de la responsable en cuanto a la negativa de la devolución del vehículo cuestionado, el plazo para promover la demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento. Apoya esta consideración, Jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Finalmente, por lo que hace al inciso c), respecto a que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados, es cuando una persona se ha manifestado, mostrado o ha hecho patente, tal es el significado literal de la voz ostentar, cuando ha comparecido ante la autoridad, a aun sin haber sido notificado, para actuar precisamente en relación con el acto de autoridad que pretende ser reclamado, cuando en documento consta que ya se ha mostrado sabedora de la existencia de los propios actos. En el caso particular, se actualiza la segunda hipótesis del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, es decir, el cómputo de los quince días para promover la demanda de amparo, debe realizarse a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado. Lo anterior es así, pues del escrito de demanda refirió lo siguiente: "...manifiesto a su Señoría que soy una persona trabajadora y que no soy una persona conflictiva y jamás he estado relacionado con la comisión de algún delito. Pero tal es el caso que el día veintiocho de abril de dos mil veinte, siendo aproximadamente las once horas, acudí a la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados, ubicada en Centro Impulsor S/N, fraccionamiento SPAUAH, Pachuca de Soto, Hidalgo, Código Postal 42082, para ser más preciso con el agente Agente del Ministerio Público, ubicado en la Unidad Siete, en donde me entrevisté con quien dijo que era Agente del Ministerio Público de nombre Monserrat Salinas, sin proporcionarme más datos, por lo que le expongo la situación en la que me encontraba, diciéndole que me habían informado que el vehículo de mi propiedad el cual describí en líneas anteriores y acredito con las documentales que se exhiben como anexo a este libelo constitucional, señalándome que efectivamente el tracto camión de la marca ***, se encontraba asegurado por esa autoridad, sin que me haya señalado el motivo; es por lo cual le dije que acudía ante el Ministerio a efecto de poder comparecer en día y hora que me señalara a efecto de acreditar la propiedad y solicitar la liberación de mi tracto camión, mismo que se encuentra relacionado con la carpeta ***, con un delito que hasta la fecha desconozco, quiero hacer de su conocimiento a usted honorable juzgador que el número de carpeta de investigación me fue proporcionado por el Agente del Ministerio Público, además de lo anterior, una vez que realicé mi petición de manera verbal respecto de la devolución de mi tracto camión ya antes mencionado, asimismo el Agente del Ministerio Público me hizo de mi conocimiento que no me devolvería mi tracto camión, por lo cual no me podía agendar cita, toda vez que eran órdenes de su superior y que hiciera lo que quisiera pero que ya no tendría de nueva cuenta mi camión." Como se ve, el aquí quejoso ***, bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el día veintiocho de abril de dos mil veinte, aproximadamente las once horas, cuando se entrevistó en la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados, con la Agente del Ministerio Público, Monserrat Salinas, a efecto de manifestarle que el vehículo ***, era de su propiedad y que solicitaba su liberación en forma verbal, sin embargo, dicha autoridad ministerial le hizo de su conocimiento "que no me devolvería mi tracto camión, por lo cual no me podía agendar cita, toda vez que eran órdenes de su superior.". Manifestación que constituye una confesión en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia P./J.27/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 57 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En ese contexto, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado o de sus actos de ejecución, el día veintiocho de abril de dos mil veinte, entonces, el término de quince días que la ley de Amparo concede para la promoción de la demanda relativa, empezó a correr al día siguiente, esto es, del veintinueve de abril siguiente al veinte de mayo del año en curso. ABRIL Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 28 (fecha de conocimiento) 29 (uno) inicio de cómputo 30 (dos) MAYO 1 2 3 (tres) 4 (cuatro) 5 (inhábil) 6 (cinco) 7 (seis) 8 9 10 (siete) 11 (ocho) 12 (nueve) 13 (diez) 14 (once) 15 16 17 (doce) 18 (trece) 19 (catorce) 20 (quince) cuando debió presentar la demanda 21 (dieciséis) cuando presentó la demanda EXTEMPORANEA Descontándose los días uno, dos, cinco, ocho, nueve, quince y dieciséis de mayo. En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En consecuencia si la demanda de amparo se ingresó al buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, hasta el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, conforme se advierte del folio 1179045 de la papeleta en la que aparece el nombre del promovente *** y se corrobora con el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales de este Circuito que consiste en la validez de sello, que textualmente dice: "OCC J.D, PACHUCA, HIDALGO. 2021 MAY 21 PM 2:18 VALIDEZ DE SELLO", aun más, con la papeleta de turno correspondiente (foja 1 de autos), en la que se advierte "Fecha de recibido: viernes 21/05/2021", es evidente que ello sucedió fuera del término de quince días que para la promoción del juicio de amparo, prevé el ordinal 17 de la Ley de la materia, se puede concluir que fue extemporánea y como consecuencia de esto, se hace patente que la parte quejosa consintió el acto que reclama, al no haber promovido el juicio de amparo dentro del término legal establecido para tal efecto. En otras palabras, no cabe la menor duda que el amparo que se endereza contra los preceptos del Reglamento que se reclama, fue presentado fuera del plazo legal a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues este fue interpuesto hasta el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Resulta aplicable el contenido de la tesis IV.3o.78 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, enero de 1994, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda". Sin que pase por alto destacar, que en el caso concreto, el solicitante de la tutela federal, no reclama la constitucionalidad de una ley a partir de su vigencia; no tiene la calidad de reo, ni el acto que le reclama importa un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro o la incorporación forzosa al servicio del Ejercito o Armada Nacionales; entonces, no se surte en especie alguna de las hipótesis previstas en el citado numeral 22 de la ley de la materia. Por el cual se estima que el promovente consintió tácitamente el acto reclamado, en términos de la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, Junio de 1993, visible a página 235, que a la letra dispone: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA de derechos, promovida por ***, por su manifiesta e indudable improcedencia. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal; y únicamente para oir y recibir notificaciones a las demás personas, en virtud de carecer de dicho registro, sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlo como autorizado en términos amplios. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Se tiene a la parte quejosa solicitando la consulta vía electrónica del presente expediente, a través del usuario "jduarte85", lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente
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