Alvaro Gonzalez Aguilar
Expediente 1036/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Magistrados de la Cuarta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio Delñ Tribunal, Superior Justicia del Estado de Hidalgo. (Ciudad)
- Alvaro Gonzalez Aguilar
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de uno de julio de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ********, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 151. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a uno de julio de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Noveno Circuito, por medio del cual remite el juicio de amparo directo 552/2022 de su índice, formado con motivo del escrito de demanda de amparo signada por ** defensora de **, por propio derecho. Por los motivos que se vierten en las constancias de cuenta, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, acepta la competencia declinada a su favor y se avoca al conocimiento del referido juicio de amparo en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo y se ordena elaborar el acuse de recibo correspondiente. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1036/2022-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que el promovente reclama de la Cuarta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo: El auto dictado el seis de abril de dos mil veintidós, en el toca penal 81/2022, en el que declaró inadmisible el recurso de apelación intentado por José Ramírez López y Álvaro González Aguilar, así como por el defensor particular David Neri Flores, en contra del auto condenatorio dictado en la audiencia de dos de marzo de dos mil veintidós, por el tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral 186/2021, en virtud de que en ese acto procesal en el que el tribunal de enjuiciamiento culminó el juicio de debate y decidió sobre la existencia del delito y la responsabilidad de la parte acusada, aún no se habían agotado todas las etapas del procedimiento penal del juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta el dictado de la sentencia, mismo que prevé el artículo 211 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aún no se realizaban las audiencias de individualización de sanciones y reparación del daño en la que podrían desahogarse medios de prueba, ni la lectura y explicación de sentencia, que atentos al principio de unidad que rige las sentencias pusiera fin al procedimiento contra la que sí procedería el medio ordinario de defensa intentado. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en razón que la parte quejosa, previo a accionar el presente medio de defensa, soslayó acatar una de las directrices rectoras del juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad. Dicha máxima destaca la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que antes de promover la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios a través los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado, pudiendo así, resarcir las prerrogativas transgredidas sin la necesidad de acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Su base constitucional se encuentra inserta en el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal y desarrollada en el precepto 611, fracción XVIII, de la normativa de la materia. Conforme a los dispositivos en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte impetrante no hace valer, previo a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la legislación que rige el acto reclamado, pues entre los presupuestos fundamentales donde se sustenta la acción constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa sólo procedente en los casos de excepción previsto en la Constitución Federal y la legislación reglamentaria de sus preceptos 103 y 107. Si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el aludido arábigo 61, fracción XVIII, de este último ordenamiento, fue sin duda establecer la exigencia que los gobernados, antes de promover la vía constitucional contra un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación a su alcance, a través del que pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan, entonces, para operar la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad basta que se omita promover tal recurso. Véase como apoyo, la Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 902, de contenido: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Expresado de otra manera, se surte la referida hipótesis cuando la parte quejosa tiene a su alcance un recurso en la vía ordinaria por medio del cual la determinación impugnada podía ser revocada, modificada o nulificada, pero pasó por alto hacerlo valer. Sentada esa base, toca el turno citar el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el recurso de revocación, que dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Cómo se puede ver de la lectura de ese precepto, el recurso de revocación sólo procede contra resoluciones dictadas por la autoridad judicial que sean de mero trámite y que se resuelvan sin sustanciación. Sobre ese tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado que por resoluciones de trámite que no requieren sustanciación debe entenderse aquellas que son emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial porque la norma procesal que rige la conducta del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión. Entendiéndose por este último, que la ley no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. Esos razonamientos quedaron plasmados en la jurisprudencia 35/2020, de la Primera Sala a de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a libro 77, tomo III, página 2760, agosto de dos mil veinte, Décima Época, que dispone: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 153/2019, en la que el argumento a dilucidar era si en contra de la no admisión del recurso de apelación en materia penal acusatoria es procedente el recurso de revocación, regulado en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y establecer si debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, o bien, se actualiza el caso de excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, relativo a que se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente, determinó entre otras cosas lo siguiente: Estableció que el principio de definitividad previsto en el precepto en cita, impone la obligación para los quejosos de agotar cualquier medio de defensa ordinario que esté a su alcance para combatir el acto que estiman les causa agravio. Es decir, para garantizar que el juicio de amparo sea verdaderamente un recurso extraordinario de revisión constitucional, el principio de definitividad obliga a quien quiera iniciar un procedimiento de amparo, a combatir previamente el acto reclamado por los medios ordinarios existentes. Destacó que en los juicios de amparo, que dieron origen a la contradicción, se combatió como acto reclamado la decisión de no admitir un recurso de apelación, el cual encuentra su procedencia en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las resoluciones del juez de control, el artículo 468 se refiere a la procedencia de las emitidas por el tribunal de enjuiciamiento y el diverso 470 se refieren los supuestos de inadmisibilidad del recurso. Tocante al recurso de revocación, reprodujo el contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales e indicó que de tal precepto, se desprende que la figura jurídica del recurso de revocación se trata de uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio y que, de su primer párrafo, se desprenden al menos dos enunciados normativos en cuanto a la procedencia del recurso, un primero que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial; y un segundo que refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En relación con el primer aspecto, precisó que la materia de la contradicción, era determinar si el recurso de revocación es procedente contra el auto que inadmite un recurso de apelación, esto es, dentro de la fase impugnativa del procedimiento, para lo cual estimó que debía atenderse al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que el procedimiento penal está conformado por las etapas de investigación (inicial y complementaria), intermedia o de preparación del juicio, y la de juicio, señalando en su último párrafo, que el proceso empieza con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme y que si bien explícitamente no se refiere a la fase impugnativa, de un entendimiento armónico y sistemático del Código Nacional de Procedimientos Penales no puede negarse su integración. Y subrayó, que de admitir que el recurso de revocación previsto en el artículo 465 citado, solamente es procedente dentro de las etapas a las que expresamente se refiere el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impactaría negativamente en los fines y principios que inspiraron al nuevo modelo de justicia penal, pues implicaría aceptar que diversas normas de carácter fundamental para el proceso acusatorio no le son aplicables a la segunda instancia; lo cual es jurídicamente inadmisible. Hecho el análisis anterior, procedió a verificar qué naturaleza tiene el auto que inadmite un recurso de apelación, esto es, si el mismo es un acuerdo de mero trámite que se resuelva sin sustanciación. Al tiempo, indicó que el recurso de revocación es un medio amplio de defensa en varios sentidos, pues el legislador en la materia previó que fuera aplicable en diversos momentos del procedimiento penal, por ejemplo, desde que una carpeta de investigación se judicializa a través de la solicitud de una orden de aprehensión o la celebración de la audiencia inicial, y durante todas las etapas siguientes del proceso penal acusatorio en que interviene alguna autoridad judicial; que asimismo, el mismo legislador determinó que la procedencia del recurso de revocación no se constriñe a un listado limitativo de decisiones judiciales que son recurribles por este medio, sino que estableció un enunciado jurídico abierto, que permite a las partes intentar el recurso de revocación contra cualquier decisión que se resuelva de mero trámite sin sustanciación Y en este sentido, estimó que el auto de no admisión al recurso de apelación se trata de una determinación de mero trámite que califica dentro de los supuestos de la revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, como lo establece el artículo 67, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales; tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la parte recurrente, sino su objetivo es el análisis de los requisitos previstos por los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y las hipótesis del artículo 470 del invocado código nacional; por lo que su materia descansa exclusivamente en verificar si lo impugnado constituye alguna de las resoluciones a que se refieren las fracciones I a XI del artículo 467 o I y II del artículo 468 invocados; y en corroborar que el recurso sea oportuno, que lo impugnado no sea apelable que lo interponga legitima persona y que contenga fundamentos de agravio o peticiones concretas. Afirmó que lo anterior pone de manifiesto que el acuerdo que desecha el recurso de apelación es de mero trámite, es decir, en él únicamente se verifica el cumplimiento a los requisitos de procedencia, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto y que se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, en términos de artículo 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, sin sustanciación alguna, lo que permitió corroborar que el pronunciamiento sobre la inadmisión del recurso de apelación es impugnable en el recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció´ que se debía emitir de plano, de ahí´ que su actuación se constriña a constatar, en el momento que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Con base en ello, sostuvo que en cumplimiento del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es procedente que las partes combatan la decisión de inadmitir el recurso de apelación a través del diverso recurso de revocación. La jurisprudencia derivada de dicha contradicción es la 1a./J. 85/2019, publicada el viernes seis de diciembre de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, de aplicación obligatoria a partir del lunes nueve de diciembre de dos mil diecinueve, de rubro: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." (Registro digital: 2021251, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Penal, Común, Tesis: 1a./J. 85/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 283, Tipo: Jurisprudencia)" Así también por identidad jurídica la Tesis Aislada I.7o.P.3 P (11a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 2024676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO [APLICABILIDAD, POR IDENTIDAD JURÍDICA, DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 85/2019 (10a.)]. Hechos: En la sentencia de amparo sujeta a revisión el secretario encargado del despacho en el Juzgado de Distrito, además de decretar el sobreseimiento en el juicio, indicó que contra el acuerdo de la Sala que inadmitió el recurso de apelación contra un proveído de la Jueza de Ejecución, procedía el recurso de revocación -el cual no se interpuso- y citó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), en relación con el procedimiento penal, que comienza con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció la procedencia del recurso de revocación contra el acuerdo que no admite la apelación; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito, en aplicación de dicho criterio por identidad jurídica, determina que previamente a promover el juicio de amparo indirecto contra el auto que no admite la apelación en la etapa de ejecución de sentencia del proceso penal acusatorio, debe agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en observancia al principio de definitividad. Justificación: Lo anterior es así, en virtud de que el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) en la ejecución penal y ii) de mero trámite, que califica en los supuestos de procedencia del recurso de revocación, cuyo objetivo es analizar los requisitos establecidos en el artículo 132 de la ley de ejecución mencionada. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo; asimismo, lo dispuesto en la norma en cuanto a que el objeto de la revocación es que el mismo Juez de Ejecución examine su determinación, no debe interpretarse en el sentido de que no procede contra determinaciones de la alzada pues, hacerlo, constituiría una interpretación restringida, no acorde con el sistema de impugnación previsto en la citada legislación." Entonces, en el caso concreto el acto reclamado, el cual, según quedó establecido en líneas atrás, sí prevé un medio de defensa ordinario, ante el Magistrado responsable, a través del que puede examinar de nueva cuenta la resolución impugnada, y dictar lo que corresponda. Además, debe señalarse que en el caso no se da alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad, porque el acto reclamado es un auto por el que no se admitió el recurso de apelación, es decir, no se trata de algún acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; tampoco se trata de alguna orden de aprehensión o reaprehensión, de algún auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, de alguna resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, auto de vinculación a proceso o de cualquier otro que afecte la libertad personal de aquel, distinto de la sentencia definitiva dictada en el proceso penal que se le instruyó. Por lo antes expuesto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria en consulta y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que el desechamiento de la demanda no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses de la promovente. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia J/23, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial y por autorizado en términos restringidos del numeral 12 a Ofelia Alvarado Manrique, en virtud que no se encontró el registro de la célula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta. Por otra parte, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "gustavo13", en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto o anterior para los efectos legales a que haya lugar. De igual manera, téngasele proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico que se tiene como forma especial y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notifíquese por usuarioAsí lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante la licenciada Alejandra Tatiana Carmona Trejo, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en ausencia de la Titular del ramo, y de los Subsecretarios del Trabajo, de Empleo y Productividad Laboral, del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas y del Director General de Asuntos Jurídicos, en representación del Presidente de la República. Sin mayor proveído al respecto, toda vez que en auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se proveyó al respecto. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que a la fecha el presente asunto se encuentra debidamente integrado, por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito en esta ciudad, el original del escrito de revisión y copia del mismo, para el traslado al Fiscal Federal de su adscripción, a efecto de la tramitación del recurso de revisión interpuesto por R***, quejoso en el presente asunto, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el catorce de marzo del año en curso, dictada en los autos del juicio de derechos en que se actúa. Sin que pase inadvertido que en auto de ocho de junio del año en curso, se aclaró el presente asunto, en el sentido de que el recurso de revisión fue interpuesto por ***, no obstante, debido a que oportunamente se corrió traslado a las partes con el escrito que contiene el recurso de revisión interpuesto por dicho quejoso, y que el mismo a la fecha, se encuentra integrado, por ende, y a efecto de no retardar la impartición de justicia, remítase el recurso de revisión de que se trata. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Alvaro Cortes Aguilar875/2019
- Alvaro Eduardo Vargas Jacome1449/2017
- Álvaro García Almaraz1652/2022
- Alvaro Garcia Martinez598/2019
- Alvaro Godínez Cabrera354/2023
- Alvaro González Aguilar660/2022
- Alvaro Javier Peña Gomez150/2016
- Alvaro Javier Peña Gomez785/2017
- Alvaro Lopez Galvez638/2019
- Alvaro Magallanes de la Cruz978/2023
- Alvaro Octavio Bernal Mendoza828/2021
- Álvaro Penca Demha463/2020