Alvaro Martínez Santiago
Expediente 1093/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1093/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alvaro Martínez Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1093/2018 y un anexo, así como el testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 617/2018, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: ".PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto que reclamó a la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, consistente en el auto de inicio del procedimiento administrativo ********************, por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, así como el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión y quedó registrado con el número 617/2018; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.Jc
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Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense los escritos signados por Álvaro Martínez Santiago, mediante los cuales interpone recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el uno de octubre de dos mil dieciocho, asimismo, solicita copia certificada de las constancias que refiere; por tanto, téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Decimoctavo Circuito, en turno, con residencia en esta Ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. En virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Por otra parte, respecto a la solicitud de copias, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo y 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Se tienen por autorizado únicamente para los efectos de recoger la copia solicitada a la persona propuesta para ello. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.
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Vistos los autos del juicio de amparo 1093/2018-V, promovido por ÁLVARO MARTÍNEZ SANTIAGO. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el nueve de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada en esa fecha a este Juzgado, ÁLVARO MARTÍNEZ SANTIAGO, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos de la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de diez de julio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Luego, por auto de diez de agosto de dos mil dieciocho, se fijaron las trece horas del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, siendo en el caso el siguiente: Del Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, que da inicio al procedimiento administrativo DGUAI/PA/060/2018-05. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se le reclaman al Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, que da inicio al procedimiento administrativo DGUAI/PA/060/2018-05, pues aunque al rendir su informe justificado dicha autoridad refirió que no era cierto el acto reclamado, enseguida narró que mediante acuerdo de esa fecha había dado inicio al procedimiento administrativo contra el aquí quejoso. Lo anterior, se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias del procedimiento antes referido, que al reunir las características de un documento público al haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causal de improcedencia infundada. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. El Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, argumentando que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad; en específico, que no instó el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Es infundada la causal de improcedencia que se invoca. El principio de definitividad que impone el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conlleva que la acción constitucional es procedente si, previamente a su ejercicio, el gobernado agotó el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, a través del cual éste podría ser modificado, revocado o nulificado; sin embargo, dicho principio admite excepciones, reguladas en la propia Ley de Amparo y en los criterios adoptados por los órganos del Poder Judicial de la Federación. En tal sentido, conviene citar la tesis P./J.11/2018 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a foja 8 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, libro cincuenta y cinco, junio de dos mil dieciocho, registro 2017117, cuyo rubro literalmente precisa: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.".. En el caso, no es procedente agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa Estatal, en virtud de que el acto reclamado se trata de un acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad, por ello, esa instancia ordinaria judicial administrativa sólo procede conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en contra de la resolución definitiva en materia de responsabilidades administrativas que en el ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar los Órganos Internos de Control o sus equivalentes en las dependencias que integran la Administración Pública Estatal y Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales; actuaciones que en el particular no son combatidas en este asunto, pues en el mismo se impugnó el auto de inicio del procedimiento de responsabilidad y no su resolución. Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 18, inciso B), fracción II, subinciso f) y 30, fracción B), inciso I, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que señala: "Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno: . B) Competencias: I. Fijar la jurisprudencia del Tribunal; II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: f) Conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; "Artículo 30. Los Magistrados de Sala Especializada tendrán además de la que corresponde a los demás Magistrados, competencia para: . B) Conocer: I. Los juicios que se promuevan en contra de cualquier resolución definitiva en materia de responsabilidades administrativas que en el ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar los Órganos Internos de Control o sus equivalentes en las dependencias que integran la Administración Pública Estatal y Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, y ." Cabe invocar el texto de la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, página 1329 que se trascribe a continuación: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." Conforme a éste criterio, se puede concluir que el quejoso al no tener la obligación de agotar el juicio contencioso antes de promover la presente vía constitucional, es procedente esta instancia constitucional, puesto que el acto que esencialmente se duele -acuerdo de inicio-, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio que le ocasiona daños de imposible reparación. Al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes o cuya actualización se advierta oficiosamente, lo procedente es analizar el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, mismos que por cuestión de técnica se analizarán en un orden diverso al en que se proponen. QUINTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado, consistente en el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se inició el procedimiento administrativo número DGUI/PA/060/2018-05. Por las razones que se sustentan en párrafos posteriores, se estima que los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, son en una parte inoperantes, y en otra, infundados, quien manifiesta esencialmente lo siguiente: Que se viola el artículo 1 Constitucional, porque no se le otorgó la protección más amplia de sus derechos, ya que no cumplieron con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo obligación de la responsable, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Que se viola el artículo 14 Constitucional, porque no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento ya que se inició sin las pruebas suficientes, sino con el simple resultado de las evaluaciones de control de confianza que le fueron realizadas. Aunado a ello, que la falta que se le imputa esté tipificada en alguna norma jurídica. Que el artículo 16 Constitucional, no se respetó porque no se ajustó a los preceptos legales que pretende actualizar, pues en su citatorio le señalaron los artículos 40, fracciones XXIII y XXVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 97, apartado B, fracción II, 106 y 108, fracción I, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 91, inciso 6, 82, apartado B, fracción XIX, 100, fracción XV, XXVI, 159, fracciones I, XVI y XXIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, los que hace material y jurídicamente imposible que una sola conducta se ajuste a esos preceptos legales, sin realizarse a su favor la debida tipicidad que exige todo acto administrativo sancionador, careciendo de la debida fundamentación y motivación. Que se infringe el artículo 20 Constitucional, al violar el principio de presunción de inocencia, ya que se pretende dar por hecho que desplegué conductas sin allegarse a pruebas que acrediten plenamente mi responsabilidad y las que se allegó no son idóneas, pertinentes ni en su conjunto suficientes para demostrar los hechos que se me imputan. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones: Que en los resultados del examen de control de confianza se consideró que existían indicios de pertenencia a la delincuencia organizada; que carece de capacidad de adecuado discernimiento en ciertas situaciones; que es irreflexivo en su actuar. Sin embargo, carecen de sustento por no existir videos, fotografías o testigos presenciales que acrediten la relación con la delincuencia organizada; por lo tanto, se trata de apreciaciones subjetivas de quien lo evaluó, carentes de fundamentación y motivación, como también son los resultados que expresan el ocultamiento de información, la poca reflexión en su actuar y en general respecto a las evaluaciones psicológicas al ser percepciones de una persona sobre otra. Por lo tanto, que no debió dársele valor probatorio al no guarda relación directa ni aportar información suficiente sobre los hechos, violando con ello su presunción de inocencia. El concepto de violación número 1), es inoperante, pues si bien es una obligación de toda autoridad prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones los derechos humanos, acorde a lo que regula el numeral 1° constitucional, así como el de observar ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, también lo es que, el referido principio no conlleva que las autoridades en ejercicio legítimo de sus funciones dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen. Por otra parte, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, por lo que debido a que la parte quejosa se limitó a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplió con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, por ello, deviene inoperante su argumento de disentimiento. Por similitud jurídica, es aplicable a la jurisprudencia localizable en la Décima Época, con registro 2010532, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, en Materia Común, Tesis IV.2o.A. J/10 (10a.), cuyo rubro señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD.". A fin de dar contestación a los conceptos de violación 2) y 3), conviene tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la parte quejosa estima violados en su perjuicio. El artículo 14 constitucional, establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". El artículo constitucional transcrito, consagra la garantía de audiencia que se traduce en la posibilidad de defensa de los gobernados frente a los actos que pretendan privarlo de su libertad, propiedad, posesiones y derechos. La garantía de audiencia implica la existencia de un juicio previo, frente a actos privativos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual debe sustanciarse ante tribunales previamente establecidos observando las formalidades esenciales del procedimiento y dictarse apoyado en las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. Por su parte, el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El citado artículo regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino en conformidad con las reglas establecidas en la ley, para que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. Resulta necesario reiterar que el artículo 14, párrafo segundo, constitucional prevé el derecho de defensa que debe tener todo gobernado frente a actos que tiendan a privarlo de sus derechos, el cual se integra, a su vez, con cuatro derechos específicos de seguridad jurídica, que son: a) Que en contra de la persona a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por la disposición constitucional, se siga un juicio. b) Que el juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos. c) Que en el juicio se observen las formalidades esenciales del procedimiento; y, d) Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con anterioridad al hecho. En ese sentido, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca indefensión al afectado, o lo coloque en una situación que afecte gravemente su defensa. Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que a toda persona a la que se le pretenda causar una molestia en su esfera jurídica, por parte de los órganos del estado, se le deberá entregar por escrito el acto debidamente fundado y motivado; encontrándose las autoridades obligadas además a fundar su competencia. Al respecto, cabe precisar que por acto de molestia se debe entender aquella actuación de la autoridad que provoca una mera perturbación en la esfera jurídica del gobernado; y que tal acto no constituye el fin último, ya que la afectación no es de manera definitiva o permanente, sino que es de carácter provisorio o transitorio. El artículo 16 constitucional permite a cualquier autoridad, emitir actos de molestia contra los gobernados, sin embargo, la emisión de ellos debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Que provenga de autoridad competente; b) Que se encuentre fundado y motivado, y c) Que conste por escrito. Se considera entonces, que un acto de molestia emitido por autoridad competente se encuentra fundado cuando en él se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y para razonar que se encuentra motivado la autoridad debe exponer todas aquellas circunstancias o hechos que estimó al momento de emitir el acto reclamado, siendo necesario, además, que los hechos aducidos por la autoridad encuadren en la hipótesis normativa citada, si por el contrario, la autoridad no cumple con dicho requisito, daría cabida entonces a declarar la inconstitucionalidad del acto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo XIV, Noviembre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2001, de rubro siguiente: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO." Cabe agregar que el principio de tipicidad es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas. Dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una "lex certa" que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En principio, con base en las explicaciones que anteceden, se determina que el acuerdo del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades que se reclama en este juicio de amparo, no se rige por el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que, en todo caso, está sujeto al cumplimiento de los requisitos del diverso artículo 16 constitucional, referentes a que el acto respectivo debe constar por escrito, ser emitido por la autoridad competente, y estar debidamente fundado y motivado, puesto que atento a la naturaleza jurídica del acto reclamado, el propio momento procesal en que se emite y los efectos que produce, no pudiera catalogarse como un acto privativo, ya que no priva o restringe de manera definitiva al gobernable de derecho alguno, sino que por el contrario sería a partir de éste que se garantiza y tutela el debido proceso en su vertiente de defensa adecuada y garantía de audiencia, de manera previa al acto que en definitiva se emite en el procedimiento administrativo de que se trata. De ahí que no pueda sostenerse que se le dejó en estado de indefensión al quejoso, al tratarse de un acto de molestia y no de un acto privativo, el que se hizo sabedor por medio de un citatorio en el que se le emplazó al procedimiento administrativo, logrando tener pleno conocimiento de los hechos o conductas que se le atribuyen y que motivaron el procedimiento de origen, al estar insertado en ese documento el acuerdo de inicio de mérito, quedando en esos términos fijada la imputación de la autoridad, por lo que desde ese momento se respetó su garantía de defensa y debido proceso; motivo por el cual no es dable estimar como violatorio del artículo 14 Constitucional, contrario a lo alegado. Siguiendo con este orden de ideas, en lo tocante al tema de la debida fundamentación y motivación, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas consideradas infractoras o merecedoras de sanción debe gozar de tal claridad y univocidad que la autoridad pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, del estudio del acto reclamado es evidente que la autoridad responsable sí motivó adecuadamente su actuar, al exponer las razones lógico-jurídicas que le llevaron a iniciar el procedimiento administrativo contra la parte quejosa, pues consideró que existían pruebas suficientes para el estado procesal de que se trata, que acreditaron que ÁLVARO MARTÍNEZ SANTIAGO, dejó de cumplir con la obligación de acreditar las evaluaciones de control de confianza, indicando que esa conducta es sancionable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, apartado B, fracción IX, 100, fracción XV y 159, fracciones I y XXIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, razón por la que era procedente el inicio del procedimiento administrativo correspondiente. Además, la responsable precisó cuáles evaluaciones no fueron aprobadas, colmando con ello las exigencias formales indicadas en el artículo 16 constitucional, para permitir al imputado del procedimiento una defensa adecuada, ya que citó la parte medular de las conclusiones de las indicadas valoraciones, que se reproducen enseguida: "..se identificaron indicadores referentes a delincuencia organizada, ello aunado a que tiene faltas para discernir lo inadecuado de las situaciones, de ahí que es poco reflexivo en su actuar, ha trasgredido la normatividad y protocolos de actuación; muestra de ello es que realizó una detención de un sujeto que presumía ser parte de la delincuencia organizada, quien le arrojó a la unidad en la que se trasladaban cincuenta mil pesos a cambio de que dejara de patrullar en la zona, de modo que para efectuar la puesta a disposición de dicha persona le "sembró" dos dosis de cristal, droga que admitió haber tomado de otras detenciones y que guarda con la finalidad de que posteriormente le sea de utilidad. A ello se suma que ha sido omiso en las conductas de superiores y de manera indirecta participó en actos de tortura, toda vez que manifestó que como parte del grupo GOES (2013-2014) brindó seguridad mientras sus mandos sumergían a los detenidos en agua con la finalidad de obtener información; asimismo, en 2012 un ex compañero del ejército lo interceptó mientras caminaba y le ofreció trabajar Para la delincuencia organizada, en dicha ocasión le otorgó entre cinco mil o seis mil pesos, además de una tarjeta para que "llamara si se le ofrecía algo", lo cual aceptó. Todo lo anterior representa un riesgo para la seguridad y objetivos institucionales.". También, se advierte que la autoridad responsable sí fundamentó se actuación en los artículos 91, inciso 6, 100, fracción XXVI, 159, fracción, XVI, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, sin que obste que el quejoso afirme que la conducta que se le atribuye no puede estar prevista en todos los artículos citados en el acuerdo de inicio de procedimiento de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, ya que será al momento de dictar resolución definitiva y una vez analizadas las pruebas que integran el expediente, que se determine la conducta que en específico y de manera concreta realizó el quejoso, para lo cual, la autoridad indicará qué obligación y deber no fueron atendidos como integrantes de la Institución de Seguridad Pública; de ahí que, contrario a lo alegado, era suficiente la invocación normativa vertida por la responsable, ya que tales preceptos regulan diversos principios y obligaciones que se estimaron infringidos y suficientes para dar inicio a esta instancia administrativa. Sin embargo, en oposición a lo alegado, como ya se indicó, se aprecia que se le inició procedimiento por dejar de cumplir con la obligación de acreditar las evaluaciones de control de confianza. En este tenor, estaba facultada la autoridad responsable para iniciar el procedimiento administrativo contra el quejoso, en el que en respeto a su derecho de defensa al notificarle formalmente de su inicio y los motivos por los cuales se aperturaba; sede administrativa en la cual se determinará si la actuación del servidor público, como integrante de la institución policial, cumplió con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de conformidad con el artículo 21 constitucional; asimismo, con las obligaciones que establece el artículo 100 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o bien, desahogadas las etapas de ese procedimiento, se determinará si existe una causa justificada de remoción. En cuanto a que se inició el procedimiento sin las pruebas suficientes, con el simple resultado de las evaluaciones de control de confianza que le fueron realizadas; es infundado el argumento, porque además de esas evaluaciones, se observa de la fotocopias certificadas de las hojas de servicio y consulta de CUIP (fojas 10 a 14 del anexo I); informe de la Directora de Recursos Humanos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (foja 16 del anexo I); oficio mediante el que la Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos, informa sobre la acreditación vigente para realizar dichos exámenes (foja 20 del anexo I). De manera tal que, con las documentales relatadas, es que la responsable justificó el inicio del procedimiento administrativo que reclama, indicando los datos que de cada uno obtuvo; de ahí que no sea fundado que únicamente se valió de los resultados de los exámenes de los controles de confianza. Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación sintetizado con el inciso 4), al alegar una violación al principio de presunción de inocencia, bajo el argumento de que no existieron pruebas idóneas, pertinentes ni suficientes para determinar el inicio del procedimiento incoado en su contra, porque si bien en los resultados del examen de control de confianza se consideró que existían indicios de pertenencia a la delincuencia organizada; que carecía de capacidad de adecuado discernimiento en ciertas situaciones; y que el aquí quejoso es irreflexivo en su actuar; aduce el quejoso que carecen de sustento por no existir videos, fotografías o testigos presenciales que acrediten la relación con la delincuencia organizada; por lo tanto, que se trata de apreciaciones subjetivas de quien lo evaluó, carentes de fundamentación y motivación, como también son los resultados que expresan el ocultamiento de información, la poca reflexión en su actuar y en general respecto a las evaluaciones psicológicas al ser percepciones de una persona sobre otra. Por lo tanto, que no debió dársele valor probatorio al no guarda relación directa ni aportar información suficiente sobre los hechos, violando con ello su presunción de inocencia. En cuanto a la afectación del principio de presunción de inocencia, contrario a lo que afirma el accionante, no se viola éste, dado que el acto reclamado no contiene una sanción y mucho menos en forma definitiva, ya que a partir de las pruebas que se tomaron en consideración para su dictado, por el contrario permite que este se privilegie al hacerle del conocimiento los motivos, razones y medios de convicción en que se sustentará el procedimiento iniciado, buscando que éste cuente con los medios procesales a su alcance para ejercer su derecho de defensa. Además, el alcance probatorio y valor legal que se otorgue a los elementos de prueba debe definirse al resolverse el fondo del asunto, para estar en posibilidad de verificar si en su caso el fincamiento de responsabilidad se realizó a partir de pruebas insuficientes, siendo bastante, adversamente a lo alegado, el material recabado en la etapa de investigación y apreciado por parte de la responsable para el inicio de procedimiento de responsabilidad combatido, sin que sea factible valorar la eficacia o certeza de las imputaciones que se invocan en los resultados de las evaluaciones de control de confianza, pues ello no constituye un parámetro de actuación en el juicio de amparo debido a que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva de la autoridad responsable que no pueden ejercitar los jueces de Distrito, ya que se incurriría en una sustitución de las atribuciones de la autoridad administrativa en la apreciación de los elementos de convicción. En la parte conducente, orienta lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 165883, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, en Materia Constitucional y Penal, Tesis 1a./J. 74/2009, del siguiente rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL.". En el entendido que al verificar el juicio de valoración efectuado por la responsable al material probatorio que sustentó la determinación combatida, permiten al suscrito arribar al convencimiento que se valoraron de manera acertada legal y constitucionalmente, conforme al rigor probatorio que se requiere para la emisión de un acto de molestia, esto es, con un estándar menor al necesario para el dictado de un acto definitivo, de conformidad con lo dispositivos 14 y 16 Constitucionales. En efecto, debe destacarse que en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, sí se señalaron las pruebas en que se sustentó el inicio del procedimiento y que le permitieron determinar presuntivamente que sí se encontraba acreditada la conducta que motivó su solicitud. Asimismo, se observa que la autoridad fundó y motivó ésta y se remitió el expediente correspondiente, en el que obraban las pruebas que sirvieron de sustento para su dictado; lo que conlleva la obligación de verificar que ésas sean legales e idóneas, pues sólo así se cumplirán las obligaciones constitucionales de fundar y motivar sus actuaciones, así como de garantizar una adecuada defensa a los incoados, al permitirle ofrecer pruebas con las que desvirtúe la imputación en su contra. Bajo esa óptica, del estudio del acuerdo de inicio procedimiento, se puede determinar que la autoridad responsable sustentó su determinación en el oficio 655/2018, de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, suscrito por la Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos, donde remitió fotocopias certificadas de las evaluaciones practicadas al aquí quejoso, ÁLVARO MARTÍNEZ SANTIAGO (fojas 2 a 160 anexo I), además en las fotocopias certificadas de las hojas de servicio y consulta de CUIP (fojas 10 a 14 del anexo I); informe de la Directora de Recursos Humanos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (foja 16 del anexo I); oficio mediante el que la Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos, informa sobre la acreditación vigente para realizar dichos exámenes. Que fueron con las que la autoridad responsable determinó iniciar el procedimiento administrativo contra el quejoso, que se estiman suficientes para dar pauta al inicio del procedimiento administrativo en el que se dirima en definitiva si efectivamente dejó de cumplir con la obligación de acreditar las evaluaciones de control de confianza y si se debe sancionar de acuerdo a las disposiciones aplicables de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, respetando el debido proceso; juicio de valor que de manera opuesta a lo alegado, se aprecia apegado a la legalidad y consecuentemente constitucionalidad, acorde al rigor probatorio necesario para el dictado de un acto de molestia, pues en ningún momento partió de los datos obtenidos de dichas probanzas para fincar una sanción definitiva en contra del quejoso, sino que por el contrario a la luz de los elementos que de estos obtuvo, resolvió en aras de tutelar y respetar los derechos de terceros y principalmente los del investigado, aquí quejoso, al permitirle de manera legal conocer los hechos imputados. Por tal razón, las supuestas inconsistencias que se alegan por el quejoso fijadas en su concepto de violación identificado con el numeral 4), son infundados, dado que pretende nulificar o restar eficacia probatorio a los elementos de prueba considerados para dictar el inicio de procedimiento disciplinario, cuestión que sólo atañe al fallo definitivo que se emita por parte de la autoridad responsable, estando en aptitud legal el servidor público quejoso, de ofrecer sus pruebas, objetar las recabadas, y alegar lo que en derecho de defensa corresponda, sin que pueda determinarse plenamente en el auto inicial su eficacia probatoria, en los términos que propone el disconforme. En las relatadas condiciones, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, y no advertirse que se configure alguna hipótesis por la que deba operar la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso. Por lo expuesto, fundado y fundado; se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ÁLVARO MARTÍNEZ SANTIAGO, respecto del acto y autoridad precisados en la parte considerativa de esta esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy primero de octubre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.
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