Álvaro Lamadrid Ortega
Expediente 1583/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1583/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Álvaro Lamadrid Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se avoque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Juez Séptimo en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada de las constancias que emanan del expediente 63/2015, con las que se formaron los anexos I a III; en esas condiciones, remítanse a la autoridad responsable las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que se dio vista a la parte quejosa, con el oficio signado por la Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada no desahogó dicha vista. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ÁLVARO LAMADRID ORTEGA, precisando los efectos siguientes: "En las condiciones anteriores, al resultar fundados los conceptos de violación expuestos, es dable conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la autoridad responsable realice lo siguiente: Deje sin efectos la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, y, en su lugar, emita otra, pero siguiendo los lineamientos de esta sentencia, es decir: De manera fundada y motivada de contestación a los agravios plasmados por el demandado en su escrito de revocación, incoado contra el auto de ocho de diciembre de dos mil quince, en especificó a los relativos a los artículos 46 del Código Familiar y 259 del Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos, en lo concerniente a tomar en consideración el número de acreedores que ejerzan su derecho; y, Con libertad de jurisdicción, resuelva el recurso de revocación." Por auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, la Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, así como de la resolución de catorce de marzo del mismo año, dictada en el expediente 63/15. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora bien, del análisis de la citada documental, se advierte que la autoridad responsable, en acatamiento a la sentencia de mérito realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución interlocutoria de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Dictó una nueva resolución en la cual analizó los agravios planteados por el demandado aquí quejoso, como se advierte a continuación: ".a) si bien es cierto que el Código Procesal Familiar vigente en el Estado prevé el ejercicio de la facultad del juzgador para investigar los hechos controvertidos, también lo es que omitió fundar y motivar la razón por la cual deja insubsistente la medida provisional de alimentos decretada en auto de fecha dieciséis de febrero del año en curso y se confirma la decretada en auto de treinta de marzo de dos mil quince." En relación a lo anterior, determinó que le asiste la razón al inconforme, por cuanto a que aduce que el auto materia del recurso de revocación, no se encuentra suficientemente fundado y motivado, atendiendo a que los alimentos son de orden público e interés social, y de primera y básica necesidad, teniendo el juzgador la obligación de velar por los intereses y beneficios de los menores involucrados indirectamente en cualquier controversia; sin embargo, dijo, con ello no se llega al extremo de revocar o modificar el auto recurrido, sino sólo de motivarlo y fundarlo, toda vez que en el auto recurrido no se decretó la pensión alimenticia en cantidad líquida, sino que sólo se regularizó porque se advirtió que en el auto de treinta de marzo de dos mil quince, fue modificada. "Omite su Señoría determinar porque confirma la medida decretada en auto de treinta de marzo de dos mil quince, es decir de la establece [sic] la cantidad fijada de manera líquida por concepto de alimentos a razón de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual, pagaderos por quincenas adelantadas, cantidad que deberá ser depositada ante éste Juzgado, mediante certificado de entero que deberán ser entregadas a la ACTORA previa firma de recibido que obre en autos, para que por su conducto se le hiciera llegar a la acreedora alimentista, si bien es cierto, que el artículo 259 del Código Procesal Familiar, al establecer que los alimentos provisionales deberán decretarse en porcentaje del salario del deudor alimentista, también es cierto que cuando el deudor no perciba sueldo los alimentos se cubrirán en cantidad líquida, y toda vez que se encuentra decretada en porcentaje del 25% es que se solicita que se éste al descuento decretado en porcentaje en virtud de encontrarse girado el oficio de descuento a la fuente laboral del demandado, y de la cual percibe un sueldo, como quedó comprobado con sus recibos de nómina." En lo que respecta a dicho agravio, determinó que el mismo es infundado, en virtud de que con independencia de que la determinación de fijar una pensión alimentaria de manera provisional, es bajo la prerrogativa de que la acreedora por su edad, se encuentra en un estado de necesidad y que tal valoración se emprendió desde un inicio en el auto de dieciséis de febrero de dos mil quince, al decretarse las medidas provisionales a favor de la menor Alexa Valentina Lamadrid Hernández, y en el auto de treinta de marzo de dos mil quince, se decretó la pensión alimenticia en cantidad líquida, la cual debe prevalecer, atendiendo a que existe la motivación y fundamentación legalmente establecida en los autos reseñados, que es donde emana la confirmación de la medida hecha en el auto recurrido. Por lo que precisó que las medidas decretadas resultan válidas y necesarias para evitar que la persona obligada a dar los alimentos, eluda su responsabilidad. Además de que deviene inatendible el reclamo que hace respecto de que se le descuente de su fuente de trabajo la pensión alimenticia, ya que se encuentra pendiente resolver el incidente de reclamación planteado por el deudor alimentario, en contra de la pensión fijada en el auto de dieciséis de febrero de dos mil quince. ".c) De las pruebas ofrecidas por la parte actora, y específicamente las que se le desecharon en la Audiencia de Pruebas y Alegatos, y siendo un de las de mayor importancia jurídica para acreditar la necesidad alimentaria la Prueba Testimonial, en virtud de que no acreditó con esta la urgencia y necesidad de la medida decretada en cantidad líquida, dado que con las declaraciones de los testigos es como se comprueba la urgencia y necesidad de los alimentos, y no comprobó con testimonial las supuestas deudas que menciona, ni los gastos erogados para la manutención de la acreedora alimentaria, por motivo del desecamiento de la misma , razón por la cual, se solicita se deje subsistente el descuento ordenado en porcentaje decreto por auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince." Por cuanto al agravio referido, precisó que la fijación de la cantidad por concepto de pensión alimenticia provisional, fue decretada con antelación al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, además de que se encuentra pendiente de resolver el incidente de reclamación. Además, sostiene, que al tratarse de alimentos, se debe establecer que una pensión alimenticia no debe vulnerar el derecho humano del menor ni del deudor, por lo tanto, esta autoridad atendiendo a las constancias de autos, primero decretó la pensión alimenticia en porcentaje, y después, atendiendo a las circunstancias que prevalecieron en el momento, decretó la pensión en cantidad líquida, sin que el auto de treinta de marzo de dos mil quince, fuera combatido, y por tal motivo el argumento relativo a la prueba testimonial a que alude el recurrente, es infundado, toda vez que tales agravios debió hacerlos valer en contra de los autos dictados el dieciséis de febrero y treinta de marzo de dos mil quince, que son precisamente cuando se decretaron las medidas provisionales, puesto que el auto que hoy es materia de impugnación sólo regula la omisión de precisar la insubsistencia de la pensión alimenticia por porcentaje y confirmar la emitida en cantidad líquida. "a) De acuerdo con las constancias que integran el expediente, se advierte que el demandado efectivamente interpuso incidente de reclamación, pero en contra de la pensión alimenticia provisional decretada por auto de dieciséis de febrero de dos mil quince, y no como lo establece en el auto que se impugna, en contra de la cantidad fijada, es decir cantidad liquida." En relación a este argumento, determinó que deviene infundado, en razón de que su argumento va enfocado a recurrir la cantidad líquida, por lo que insiste en que el auto de treinta de marzo de dos mil quince, no fue materia de impugnación por parte del demandado, aquí quejoso, por lo que se encuentra firme, ya que no fue recurrido en el momento procesal oportuno. "b).- La pensión alimenticia provisional que se me ha venido descontando, es decir, la de la cantidad líquida de $4000.00 (CUTRO MIL PESOS 00/100M.N.), en forma mensual, pagaderos por quincenas adelantadas, cantidad que debería haber sido depositada ante este Juzgado, mediante Certificado de Entero que deberán ser entregadas a la actora previa firma de recibo que obre en autos, para que por su conducto se le hiciera llegar a la acreedora alimentista, resulta excesiva, lo cual me deja en un estado de indefensión para la defensa de mis derechos de padre, toda vez que no se tomó en consideración lo dispuesto por el artículo 46 del Código Familiar, para decretar la proporcionalidad alimentaria de quien debe darlos, pasando por alto que el demandado tiene otros acreedores alimentistas, siendo sus dos hijos Oswaldo Said Lamadrid Toledo y Sofía Lamadrid Serrano, además de su esposa de nombre Nancy Serrano; a parte de la accionante en este juicio; vulnerando el principio de proporcionalidad." Al analizar el agravio anterior, advirtió lo infundado del mismo, toda vez que la determinación de fijar una pensión alimentaria de manera provisional en cantidad líquida, resulta legalmente válida atendiendo a la necesidad de la menor acreedora y a las circunstancias que prevalecían en el momento de decretarla, partiendo del hecho de que el deudor alimentario no garantizó el pago de los alimentos al dejar de prestar sus servicios en la dependencia para la cual laboraba, esto porque ésta autoridad tuvo conocimiento de la renuncia del demandado, y por tal razón decretó en cantidad líquida la pensión alimenticia a favor de la menor Alexa Valentina Lamadrid Hernández, para salvaguardar los intereses de la menor. No pasa de inadvertido para la autoridad que la cantidad fijada pudiera resultar perjudicial para la parte demanda, sin embargo, no obra en autos reclamación alguna en la vía y forma propuesta, no obstante que podría resultar excesiva de acuerdo con sus posibilidades siendo entonces, los argumentos que vierte en este recurso de revocación, desestimables porque no es la vía ni forma correcta; por cuanto a los diversos acreedores, su análisis y valoración deberá hacerse al momento de resolver el incidente de reclamación que hizo valer. "Me causa agravio la violación al procedimiento en virtud de que la pensión alimenticia provisional de manera líquida decretada, en virtud de que es muy claro el artículo 259 del Código Procesal Familiar, al establecer que los alimentos provisionales deberán decretarse en porcentaje del salario del deudor alimentista, y contrario a ello, cuando el deudor no perciba sueldos los alimentos se cubrirán en cantidad líquida. Asimismo se reitera que se viola el principio de legalidad en contra del demandado en virtud de que se omite señalar la fundamentación y motivación por la cual deja insubsistente la medida provisional de alimentos decretada en auto de dieciséis de febrero de dos mil quince, es decir el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), del sueldo y demás prestaciones en forma mensual que percibía el demandad en su entonces fuente de trabajo y confirma la cantidad líquida de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/10 M.N.), en forma mensual, pasando por alto que al demandado se le encuentra realizando el descuento por concepto de pensión alimenticia provisional precisamente en su fuente laboral". La autoridad determinó infundados los argumentos vertidos por el recurrente, en razón de que con independencia de que la determinación de fijar un pensión, es bajo la prerrogativa de que la acreedora alimentaria se encuentra en estado de necesidad por la edad, situación que se valoró desde el inicio en el auto de dieciséis de febrero de dos mil quince al decretarse las medidas provisionales a favor de la menor, sin que se advierta que se le cause perjuicio alguno al demandado respecto del artículo 259 del Código Procesal Familiar, porque se confirmó en el auto recurrido la pensión alimenticia en cantidad líquida. En esa tesitura, la confirmación de la medida hecha en el auto recurrido, no vulnera derecho alguno porque en el mismo sólo se corrigió la omisión, porque la procedencia de su legal fundamentación y motivación, ya se encontraba analizada, primero en porcentaje y luego en cantidad líquida. Con libertad de jurisdicción, y de manera fundada y motivada, declaró improcedente el recurso interpuesto por el demandado, y declaró firme el auto de ocho de diciembre de dos mil quince. Consecuentemente, al haberse observado los lineamientos precisados en la ejecutoria, es decir, dejó insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictó una nueva debidamente fundada y motivada, y con libertad de jurisdicción resolvió el recurso de revocación interpuesto, resulta válido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por cuanto a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en el sentido de que no se tenga por cumplida por lo siguiente: 1) no se están analizando los agravios formulados por el quejoso, 2) por declarar improcedente el recurso de revocación, y 3) no valorar la existencia de más acreedores alimentarios a su cargo, resultan ineficaces, en virtud de que el efecto por el que se concedió fue para que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis y, en su lugar, dictara otra con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia, lo cual si realizó la autoridad responsable, en el entendido de que la concesión del amparo no la constriñó a resolver en determinado sentido, sino solo que se pronunciara sobre aspectos que había omitido; lo cual, de acuerdo a las razones antes expuestas, ha quedado cumplido sin exceso ni defecto, puesto que, como ya se dijo, cumple con los requisitos de fundamentación y motivación a los que fue constreñida. Sin embargo, se le deja expedito su derecho, para hacerlo valer en la vía y forma correspondiente. Resultan aplicables al caso en concreto las siguientes jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 14/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010983 1 de 1 Segunda Sala Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Pag. 717 Jurisprudencia(Común) RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces. Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008030 1 de 1 Primera Sala Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 605 Jurisprudencia(Común) RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista ordenada por este juzgado y realiza diversas manifestaciones, las que serán tomadas en consideración en el momento en que se pronuncie sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así determinada por oficio CCJ/ST/0506/2017 signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante el secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe.ammg
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