Amada Chantal Mayorga Rico
Expediente 955/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Amada Chantal Mayorga Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 955/2017-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el treinta de octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, devuélvase el anexo I a la autoridad responsable, en virtud de las constancias remitidas en su informe justificado, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA PRIVADA DE SU LIBERTAD. Así lo proveyó y firma ALETIA GONZÁLEZ HUERTA, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5288/2017 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, quien actúa ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 955/2017-I, promovido por ********************, contra actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS MORELOS", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, y otra autoridad; y RESULTADO: [1] PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el doce de junio de dos mil diecisiete (hojas 3 y 4), ante la Oficial de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, ********************, turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, donde se tiene a la impetrante de amparo solicitando el amparo de la justicia federal contra los actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis, "CPS MORELOS", con sede en Coatlán del Río, Morelos y otra autoridad. [2] SEGUNDO. Trámite. Por auto de doce de junio de dos mil diecisiete (fojas 6 a 10), este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. [3] Luego, por auto de doce de julio del año en curso (foja 30), se fijaron las diez horas con treinta y un minutos del once de agosto de dos mil diecisiete, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: [4] PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. [5] SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa los actos reclamados. [6] El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención de la promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. [7] Se tiene a la parte quejosa reclamado de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridades Responsables: 1.- Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS MORELOS", con residencia en Coatlán del Río, Morelos; y 2.- Jefe de Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS MORELOS", con residencia en Coatlán del Río, Morelos. Acto Reclamado: 1.- La omisión de proporcionar atención médica general y odontológica. [8] TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a la Directora General y la Encargada del Departamento de Servicios Médicos, ambas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos (hojas 15 y 16); ello a pesar de que al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, y al efecto exhibieron diversas constancias para acreditar que sí han proporcionado a la quejosa el servicio médico necesario. [9] En efecto, en el caso no es factible tener como inexistentes dichos actos, pues se debe determinar mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho fundamental a la salud, al ser este precisamente el acto reclamado, partiendo de la base de que la quejosa, al estar privada de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarla en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio médico y en qué condiciones. [10] Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO." [11] CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia deberán ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio. [12] En consecuencia, cabe destacar que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, aducen que debe sobreseerse en el juicio de amparo de conformidad con la causa prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de la Materia; sin embargo tal alegación resulta inatendible en atención a las razones expuestas en el considerando anterior. [13] Por otro lado, el juicio de amparo es procedente porque: ********************, promueve su demanda de amparo en carácter de interna, reclamando falta de atención médica general, odontológica y dermatológica; de ahí que la vía idónea resulta ser el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo. La demanda de amparo se presentó de manera oportuna, tomando en cuenta que en el presente asunto la quejosa al dolerse de falta de atención médica, -lo que constituye un acto omisivo por parte de las autoridades responsables-, no corre el término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la abstención de actuar de las autoridades responsables, que es lo que produce el perjuicio a la solicitante de amparo, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, esto de conformidad con la tesis aislada de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS" [14] Asimismo resulta aplicable la tesis aislada de rubro "OMISIÓN DE PROPORCIONAR UNA ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA. LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PLAZO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA". [15] QUINTO. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA. Los conceptos de violación consistentes en a omisión de otorgar atención médica general y en la especialidad de odontología, son infundados por los motivos que enseguida se expresan. [16] En efecto contrario a lo sustentado por la peticionaria de amparo, durante su estadía dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos, las autoridades responsables le han brindado la atención médica necesaria para cada una de sus enfermedades y padecimientos, con lo cual se ha garantizado su derecho fundamental a la salud, reconocido en el numeral 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [17] Ahora bien y a fin de sustentar la anterior conclusión, es importante señalar que el artículo constitucional en mención, en su tercer párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [18] Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. [19] El artículo 2, fracciones I a la VII del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. [20] De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. [21] A su vez, los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social (artículo 24, fracciones I, II y III de la Ley General de Salud). [22] Por atención médica se entiende el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud (artículo 32 de la Ley General de Salud). [23] Las actividades de atención médica son: preventivas (incluyen las de promoción general y las de protección específica), curativas (que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno), de rehabilitación (que incluyen acciones tendientes a corregir la invalidez física o mental) y paliativas (que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario (artículo 33, fracciones I, II, III y IV de la Ley General de Salud). [24] De lo anterior, se puede dilucidar que el derecho a la salud no se limita a la salud física del individuo, es decir, comprende el no padecer, prevenir y tratar una enfermedad. [25] De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. [26] Siendo importante destacar que el derecho a la salud, no sólo se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en diversos instrumentos internacionales, como lo son el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo XI; y, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en el principio X. [27] De lo anterior se aprecia que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. [28] Es decir, hay un doble sentido en la relación gobierno-gobernado, porque por un lado, implica una permisión al titular para acceder a los servicios de asistencia médica, con la acotación de que existen lineamientos a seguir, establecidos en la ley; por otra, el Estado se obliga a no interferir o impedir el acceso, de manera arbitraria, a los servicios, a realizar su adecuada prestación y supervisión, así como en la medida de sus posibilidades, a la creación de infraestructura institucional que se requiera para ese fin. [29] El titular del bien jurídico de la salud, es todo ser humano, sin excepción alguna, pues aún y cuando una persona se encuentre privada de su libertad personal, tiene las mismas prerrogativas a la salud física y mental que cualquier hombre libre. [30] En efecto, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. [31] Ahora bien, la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis dispone: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.). II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; (.)". "Artículo 34. Atención médica La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento. Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud (.)". "Artículo 76. Servicios Médicos Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades; II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada; IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad, y V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia. (.)" "Artículo 77. Características de los Servicios de Atención Médica. Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. (.)" "Artículo 78. Responsable Médico En cada uno de los Centros Penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un odontólogo. (.)" "Artículo 79. Medidas Terapéuticas Cuando del diagnóstico del área de servicios médicos se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física de la persona privada de su libertad, se requerirá del consentimiento por escrito del mismo, salvo en los casos de emergencia y en los que atente contra su integridad, podrá determinarlo la Autoridad Penitenciaria competente. Si la persona privada de su libertad no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, éste podrá requerirse a su cónyuge, familiar ascendiente o descendiente, o a la persona previamente designada por él. En caso de no contar con ningún consentimiento, será responsabilidad de la Autoridad Penitenciaria competente determinar lo conducente. (.)" "Artículo 80. Convenios con instituciones del sector salud Se deberán celebrar convenios con instituciones públicas y privadas del sector salud en los ámbitos federal y local, a efecto de atender las urgencias médico-quirúrgicas cuya intervención no se pueda llevar a cabo en los Centros Penitenciarios, así como para la designación del personal médico que proporcione servicios de salud de manera continua y permanentemente en el Sistema Penitenciario Nacional. (.)" [32] Dichos numerales prevén los derechos que tienen las personas privadas de su libertad dentro de un centro penitenciario, destacando el derecho a recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de su salud, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley. [33] Ahora bien, del informe justificado rendido por la Directora General y Encargada del Departamento de Servicios Médicos, ambas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS MORELOS", manifestaron lo siguiente: "Ya que de la información que obra en los archivos del área de servicios médicos, se desglosa que ********************, fue valorada por la especialidad de Odontología, teniendo como impresión diagnostica cálculo dental localizado, para lo cual se le practicó en ese momento los procedimientos de odontoxesis, profilaxis dental y alta preventiva en seis meses. Haciendo hincapié que las enfermedades bucales, estas pueden ser controladas con actividades preventivas y de diagnóstico temprano, es por ello que la promoción de la salud bucodental, se enseña a las personas privadas de su libertad la importancia de cuidados y seguimientos, además de que se orienta a la población penitenciaria la concientización para un adecuado control personal de placa bacteriana a través de métodos y técnicas de cepillado dental, por lo que acuden de forma periódica, y se reprograma para seguimiento en seis meses; lo anterior conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2006, para la prevención y control de enfermedades bucales. Además, fue valorada por medicina general, en fecha 20 de junio del actual, concluyéndose el diagnóstico: estreñimiento, intolerancia a las carnes rojas, obesidad grado 3 adecuado manejo, buena evolución y lumbalgia, se le brindó tratamiento a base de fármacos. Cabe señalar, que por las sintomatologías que presentó la quejosa de mérito al momento de la valoración, el médico tratante experto en la materia, no sugirió valoración por otra especialidad, toda vez que dichos padecimientos fueron tratados con los fármacos indicados." [34] Lo anterior, lo respalda con copia certificada de la nota médica de cinco de julio (foja 1 anexo I), veinte de junio (foja 4 anexo I), uno de abril (foja 7 anexo I), todas del presente año, a través de las cuales, se advierte le diagnosticaron Obesidad Grado III en manejo; Estreñimiento, Intolerancia a las carnes rojas, intolerancia a las carnes rojas, Obesidad Grado III en manejo y Lumbalgia, respectivamente, prescribiendo diversos medicamentos para dicho padecimiento; como prescripción dietética de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete (foja 5 anexo I); así como la nota de evolución odontológica de cinco de julio de dos mil diecisiete (foja 3 anexo I), a través de la cual, le diagnosticaron cálculo dental, y como tratamiento odontoxesis y profilaxis dental. [35] Con lo anterior, y contrario a lo que aduce la quejosa ********************, en su demanda de amparo, se puede advertir que las autoridades señaladas como responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS-FEMINIL MORELOS", no vulneraron el derecho de salud de la impetrante de amparo, ya que de las constancias enviadas por las mismas, se percibe que ha recibido la atención médica que ella requiere, así como su debido tratamiento. [36] Aunado a lo anterior, del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se advierte que en el momento que fue valorada la impetrante de amparo por la médico general del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS-FEMINIL MORELOS", no sugirió interconsultas en dichas especialidades, ya que los padecimientos que presenta la quejosa fueron tratados con los fármacos prescritos. [37] En lo conducente, se orienta lo anterior de la tesis que emitió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2012470, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h, en Materia Constitucional, Tesis I.8o.A.2 CS (10a.), que dispone: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. SU INSTRUMENTACIÓN RESPECTO DE INDIVIDUOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD, DEBE OPERAR EN EL CONTEXTO REGULATORIO DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUENTREN. De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. En estas condiciones, la privación de la libertad de un individuo no es una circunstancia que justifique el desconocimiento de la oportunidad con la que cuenta, como cualquier persona, para la atención eficiente de su salud, aspecto que impone a la autoridad penitenciaria la obligación de emplear todos los recursos a su alcance para garantizar el bienestar y preservar la vida de los internos; sin embargo, en estos casos, no debe pasarse por alto que dicha prerrogativa se encuentra inserta en un marco normativo más amplio, cuya base constitucional deriva del artículo 18 de la Carta Magna, el cual tiene como finalidad esencial la reinserción de los procesados, así como la estabilidad de la seguridad pública. Por tanto, la instrumentación del derecho mencionado debe operar en el contexto regulatorio de los centros de reclusión en donde se encuentren, el cual admite las previsiones que, por razón de seguridad, adopten los órganos del Estado. Esta conclusión es congruente con el primer precepto constitucional citado, al determinar que la protección a la salud se desarrollará conforme a las bases y modalidades que defina la normativa aplicable, así como con lo establecido en los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, en cuanto a que si bien los individuos sujetos a encarcelamiento gozan de todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, su implementación debe ajustarse a las condiciones que sean evidentemente necesarias para atender su situación de reclusión." [38] En ese sentido es inconcuso que las autoridades responsables no han trasgredido en modo alguno el derecho fundamental a la salud de la quejosa reconocido en el artículo 4º Constitucional, y que le han brindado una adecuada atención médica general y especializada en odontología en estricto apego a los numerales 9, 34, 76, 78, 79 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. [39] En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación la Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de los actos que reclamó de la Directora General y Encargada del Departamento de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS-FEMINIL MORELOS". [40] Alegatos de la quejosa. Con independencia de la resolución del juicio, en acatamiento del principio de exhaustividad que debe regir en toda resolución judicial, respecto de los alegatos formulados por la quejosa mediante notificación practicada el día veinte de julio de dos mil diecisiete (foja 37), el Pleno del Alto Tribunal del País sostuvo en la jurisprudencia P./J.27/94, que los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, que no pueden estar por encima de los elementos probatorios, por lo que el juzgado no está obligado a entrar a su estudio. [41] El aludido criterio jurisprudencial está contenido en la siguiente tesis: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. [42] Conforme a la citada jurisprudencia, lo expuesto en vía de alegatos no constituye conceptos de violación, por lo que no pueden estudiarse como tales, ya que la introducción de conceptos de violación además de los planteados en la demanda inicial, debe efectuarse a través de la "ampliación de la demanda de amparo", figura jurídica sobre la cual, en la jurisprudencia P./J.15/2003, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, entre otras, que está fundada en el artículo 17 Constitucional y puede recaer sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. [43] La jurisprudencia P./J.15/2003, es del tenor literal siguiente: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. [44] Por tanto, se desestima el estudio de los alegatos formulados por el quejoso, ya que por su naturaleza no constituyen conceptos de violación, aunado a que no están por encima de los medios probatorios. [45] SEXTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímase en la versión pública la información legalmente considerada como reservada y confidencial, y de conformidad con el artículo segundo transitorio de ese ordenamiento, suprímanse los datos personales, en términos del artículo 8 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que se estima que sigue vigente la porción normativa del artículo 8 de la ley abrogada así como el precepto del reglamento en tanto que no existe normatividad en materia de datos personales, lo anterior, a efecto de que estén a disposición del público para su consulta en la página oficial de internet del Poder Judicial de la Federación, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto del acto reclamado a la Directora General y la Encargada del Departamento de Servicios Médicos, todas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos, consistentes en falta de atención médica respecto de atención médica general y odontológica, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en el considerando sexto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Francisco René Marmolejo Vázquez, hasta el día de hoy treinta de octubre de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.*gio
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 "CPS FEMENIL MORELOS", mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de catorce de agosto del año actual, informa el cumplimiento a la suspensión definitiva, y para acreditar lo anterior remite copia certificada de diversas constancias; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia y las constancias anexas, dese vista a la parte quejosa, para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/3595/2017 de fecha once de julio de dos mil diecisiete, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, catorce de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la notificación personal que antecede, mediante la cual, desahoga la vista de siete de agosto actual, apréciese que la impetrante realiza la siguiente manifestación: "ago de su conocimiento que no se me a dado la atención por el especialista en dermatología, ni se me a dado la interconsulta con el médico general para que el me turne y presento una fuerte dermatitis en mi rostro le ruego me apoye" (sic). Atento a lo anterior se provee: requiérase a la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL MORELOS, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de la notificación del presente auto, remita las constancias (actuales) que acrediten la atención médica brindada a la parte quejosa, acorde a los padecimientos que aduce. En el entendido que la medida suspensional se otorgó para los efectos siguientes: "(.) I.- Otorguen a la quejosa ******************** la atención médica especializada que requiera con el correspondiente suministro de medicamentos, sea que la atención [y los medicamentos] la brinde el centro penitenciario o la deriven a una institución de salud pública, si el caso lo amerita; en la inteligencia que la atención médica y el suministro de medicamentos serán los estrictamente necesarios para los padecimientos y las necesidades de la quejosa, conforme al expediente clínico que obre en el centro penitenciario o resultado de los estudios que se les realicen (.)" Este Juzgado de Distrito hace del conocimiento de las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra . NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA PRIVADA DE SU LIBERTAD. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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