Alma Verenice Oropeza Tapia
Expediente 612/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alma Verenice Oropeza Tapia
- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, seis de julio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de quince de junio de dos mil veintitrés, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. CUADERNO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. VALORACIÓN Y DESTINO DEL EXPEDIENTE Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha clasificado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes: 1. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es Conservable de conformidad con el diverso 17, fracción III, inciso b), porque se concedió la suspensión de plano y se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo. ANOTACIÓN EN CARÁTULAS Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, seis de julio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de quince de junio de dos mil veintitrés, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. CUADERNO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. VALORACIÓN Y DESTINO DEL EXPEDIENTE Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha clasificado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes: 1. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es Conservable de conformidad con el diverso 17, fracción III, inciso b), porque se concedió la suspensión de plano y se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo. ANOTACIÓN EN CARÁTULAS Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, quince de junio de dos mil veintitrés. ACATAN SUSPENSIÓN DE PLANO Agréguense los oficios signados por la Jueza de Justicia Civica, adscrita a los Juzgados de Justicia Civica del Ayuntamiento de Puebla y otras autoridades, recibidos vía correo electrónico, visto su contenido se les tiene dando cumplimiento a lo solicitado en diverso auto de trece de junio de dos mil veintitrés en relación al acatamiento a la suspensión de plano concedida a favor de la parte quejosa ********************. De igual manera se tiene a la citada Juez informando que si bien la quejosa ********************, estuvo a su disposición a partir de las dieciséis horas con cincuenta minutos del trece de junio de dos mil veintitrés, por la comisión de la falta administrativa prevista y contemplada en el artículo ********************09 fracción III inciso i del Código Reglamentario Municipal, consistente en :" ALTEREN, ROMPAN, DAÑEN O MUTILEN LOS SELLOS DE CLAUSURA O LAS BOLETAS DE INFRACCIONES DE TRANSCITO, GIROS COMERCIALES, NORMATIVIDAD ENTRE OTRAS O CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN QUE SEA REALIZADA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y DE CUALQUIER OTRA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCIÓN PENAL A LA QUE SE HAGA ACREEDOR", bajo el número de acta ********************/********************/********************, con hora de ingreso en el sistema sindinet a las veinte horas con treinta y dos minutos del mismo trece junio de dos mil veintitrés, la misma se declaró improcedente por decretar ilegal la detención de la aquí quejosa así como tampoco se advirtió por parte de dicha juez ningún otro tipo de sanción (fuera multa o arresto) y como consecuencia se ordenó su salida a las veinte horas con treinta y dos minutos del trece del presente mes y año, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar dentro del juicio de amparo en que se actúa. RAZONES ACTUARIALES Ahora bien, por lo que respecta a las razones actuariales asentadas por el actuario judicial adscrito a este juzgado respecto a la imposibilidad de notificación de la parte quejosa se agregan sin mayor acuerdo, en virtud de lo informado por la Jueza de Justicia Cívica, adscrita a los Juzgados de Justicia Cívica del Ayuntamiento de Puebla, citado con antelación, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ESCRITO DE AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA De igual manera, glósese a los autos el escrito de ******************** autorizado en términos del artículo 1******************** de la Ley de Amparo de la quejosa ********************, recibido de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; por medio del cual pretende señalar como autoridad responsable a la Secretaria de Seguridad Ciudadana; en consecuencia se provee: Dígase al ocursante, que no ha lugar a tener como nueva autoridad responsable a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, en virtud de que si bien es cierto está autorizado en términos del artículo 1******************** de la Ley de Amparo y tiene capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante; lo cierto es que dicha disposición no la faculta para realizar cualquier acto en nombre del quejoso, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 5, fracción II y 6 de la Ley de Amparo, dado que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por la persona física o moral a quien afecte la norme general o el acto reclamado quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción. De ahí que el señalamiento de autoridades responsables, también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos designados para atender procesalmente el juicio de garantías, por carecer de facultades para realizar actos que conlleven la voluntad del interesado; dado que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción III, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Sirve por analogía la jurisprudencia 50/********************014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 1******************** DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTA FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En efecto, del contenido de las constancias remitidas por la Jueza de Justicia Cívica, adscrita a los Juzgados de Justicia Cívica del Ayuntamiento de Puebla se considera que se actualiza una causal de improcedencia que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, toda vez que por cuanto hace al acto reclamado consistente en la privación de su libertad así como el arresto de los que fue objeto la aquí quejosa, se advierte que han cesado los efectos de ésta, atendiendo a ello, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos del quejoso. En el caso, se actualiza la hipótesis legal en comento, pues la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo la privación de su libertad así como el arresto. Por otro lado, del contenido de las constancias remitidas por el Jueza de Justicia Cívica, adscrita a los Juzgados de Justicia Cívica del Ayuntamiento de Puebla, se advierte que efectivamente la impetrante de amparo fue detenida y puesta a disposición de tal juzgadora por la comisión de la falta administrativa prevista y contemplada en el artículo ********************09 fracción III inciso i del Código Reglamentario Municipal , bajo el número de acta ********************/********************/********************; así mismo se evidencia que por audiencia oral y publica de trece de junio de dos mil veintitrés llevada a cabo por dicha juzgadora a las veinte horas con treinta y dos minutos, se ordenó la inmediata libertad de la quejosa ********************, como se advierte de la acta de salida adjuntada. Documentales con valor probatorio pleno conforme a los artículos 1********************9 y ********************0******************** del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo con su artículo ********************, por tratarse de actuaciones practicadas por dicha autoridad en ejercicio de sus facultades legales. En tales condiciones, es claro que la autoridad responsable al emitir la determinación correspondiente y dejar en libertad a la impetrante de amparo dejó de incurrir en el acto reclamado en el presente sumario constitucional, es decir, dicho acto reclamado cesó en sus efectos, pues el hecho de que la juez responsable haya emitido pronunciamiento al respecto de la puesta a disposición de la impetrante de amparo así como ordenado su libertad, hace palpable que el acto dejó de existir. Ello es así, ya que al haber puesto en libertad a la aquí quejosa, al declarar improcedente su detención es equivalente a que se hubiera otorgado el amparo, y, por tanto, a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad de un acto que de facto es inexistente, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado y, por ello, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, pues su vida jurídica cesó con la actuación de la autoridad responsable, al pronunciarse de manera favorable respecto de la libertad de la quejosa. En las condiciones antes relatadas, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia, prevista en el diverso numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del siete de julio de dos mil veintitrés. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
- Principal
se admite en sus términos. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número . Ahora bien, la parte quejosa en su escrito de demanda señala como actos reclamados: a) Privación ilegal de la libertad. b) Desaparición forzada. c) Arresto con multa excesiva. Ahora bien en el capítulo de antecedentes, la parte quejosa refiere: ... Tomando eso en cuenta, por cuanto hace a la desaparición forzada que reclama es preciso establecer que la misma no se acredita, ello tomando en consideración que la Ley General de Desaparición Forzada establece en su artículo 4 que se considera como persona desaparecida aquella cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio y que su ausencia se relacione con la comisión de un delito. De ahí que si la demanda que aquí se provee se presentó por propio derecho y la misma viene firmada por quien se ostenta como quejosa, no pueda tenerse como acto reclamado la desaparición forzada de la que se duele. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en favor de Alma Verenice Oropeza Tapia, contra los actos consistentes en: 1. PRIVACIÓN ILEGAL DE MI LIBERTAD. 2. EL ARRESTO CON MULTA EXCESIVA. SUSPENSION DE PLANO RESPECTO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Por lo que respecta al acto consistente en la privación de la libertad de Alma Verenice Oropeza Tapia atribuida a las autoridades responsables, se decreta una medida provisional de suspensión respecto de tal acto, para el efecto de que las autoridades responsables, pongan inmediatamente a la quejosa disposición de la autoridad ministerial competente y, una vez que éstos se encuentren a disposición del agente del Ministerio Público, la detención ejecutada en su contra no exceda de cuarenta y ocho horas o noventa y seis, según sea el caso, a partir del momento en que fue puesta a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad competente. En caso de que la parte quejosa haya sido puesta a disposición de un agente del Ministerio Público, se requiere a dicho representante social, para que tan luego fenezca el plazo previsto en el décimo párrafo del artículo 16 constitucional, informe a este Juzgado Federal de manera inmediata si ordenó la libertad de la parte quejosa o la puso a disposición de la autoridad competente; en cualquier supuesto, deberá remitir copia certificada de las constancias correspondientes. En caso de que la quejosa se encuentre detenido a disposición del Ministerio Público el efecto de la suspensión es que tal detención no exceda de cuarenta y ocho horas o noventa y seis, según sea el caso, a partir del momento en que fue puesto a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad competente. En la hipótesis de que la detención esté ordenada por autoridad legalmente incompetente para decretarla, no se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar, de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable antes mencionada deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de seis horas, siguientes a la notificación del presente proveído, precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente, de lo cual deberá adjuntar las constancias que así lo acrediten. En la hipótesis de que la detención esté ordenada por autoridad incompetente para decretarla, no se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar, de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable antes mencionada deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de QUINCE HORAS, siguientes a la notificación del presente proveído, precisando la fecha y hora exactas de la detención, o libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; Requiérase a las autoridades responsables, para que informen dentro del plazo de quince horas, siguientes a la notificación del presente proveído, acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión, en el entendido de que deberán poner en inmediata libertad a la quejosa si la detención no se efectuó en flagrancia o en caso de urgencia, tal y como lo establece el tercer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, previniéndosele a las autoridades responsables que la violación a este mandato traerá como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ARRESTO Ahora bien, tomando en consideración que de la demanda de amparo se advierte que la quejosa pudo haber sido trasladada ante un Juez Cívico, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano en favor de la quejosa Alma Verenice Oropeza Tapia, contra los actos consistentes en la detención y/o arresto. Con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, hágase saber al Juez Cívico que en caso de que la detención de la parte quejosa esté relacionada con la comisión de algún delito, sin demora los deberá poner a disposición del Ministerio Público, lo que deberá comunicar y justificar a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de tres horas siguientes a la notificación de este acuerdo. En el caso de que la detención de la quejosa no tenga relación con la comisión de algún delito, pero se deba a la imposición de alguna sanción por falta administrativa y/o arresto, se concede la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables, PONGAN EN INMEDIATA LIBERTAD a la impetrante de amparo, siempre y cuando se encuentre privada de su libertad con motivo de una orden de arresto decretada con motivo de la comisión de una falta administrativa por las autoridades responsables anteriormente señaladas; en la inteligencia de que dicha medida suspensional no surtirá efectos si Alma Verenice Oropeza Tapia se encuentra detenida por encontrarse sujetos a un expediente o proceso de naturaleza distinta a las antes señalada, o a disposición de diversa autoridad o por motivo diverso al aquí reclamado, pues en tal caso deberán permanecer recluido. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad que tenga bajo custodia a la quejosa, que están obligadas a brindarle a este, todas las facilidades para que tengan comunicación con un familiar y abogados. También dicha suspensión se concede para que las autoridades responsables se abstenga de dictar o ejecutar algún acto de molestia respecto de la libertad personal de la parte quejosa, relativo al arresto reclamado, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo. "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO EN MATERIA LABORAL. LA SUSPENSIÓN DEBE CONCEDERSE SIN EXIGENCIA DE REQUISITO ALGUNO PARA SU EFECTIVIDAD. Si en un procedimiento laboral la Junta aplica las medidas de apremio e impone un arresto a quien se ostenta como tercero extraño sin ser parte en el juicio, por su desobediencia a una determinación judicial, sus consecuencias en manera alguna pueden causar daños o perjuicios a los derechos o patrimonio de los terceros perjudicados, toda vez que la relación derivada de un arresto sólo se finca entre autoridad y gobernado, y con el ejercicio de tal medida, aquélla pretende vencer la resistencia injustificada del rebelde contumaz a la obediencia, ya sea en sentido positivo o negativo, de una determinación judicial, lo que no trasciende a la esfera jurídica de terceros, puesto que la desobediencia al mandato judicial no afecta directamente los derechos que se deducen en el juicio natural. En ese contexto, no es posible considerar que para que surta efectos la suspensión definitiva otorgada en contra de la orden de arresto reclamada, se deba fijar garantía so pretexto de reparar el daño o indemnizar los posibles perjuicios que con la medida cautelar se pudieran ocasionar al tercero perjudicado, en términos de lo dispuesto por los artículos 125 y 139 de la Ley de Amparo, porque las consecuencias que se generan con dicha suspensión tampoco inciden en la esfera jurídica de terceros, pues no debe perderse de vista que, en la especie, no rige el principio de que los hechos de igual naturaleza deben tener igual reglamentación, toda vez que, tratándose de la afectación a la libertad por un arresto como medida de apremio, ésta tiene su origen en una conducta de naturaleza diferente al supuesto en el cual se afecta ese valor supremo por un mandato de autoridad judicial del orden penal, como es el caso de las órdenes de aprehensión, detención o retención, porque en tales hipótesis, el mandamiento judicial está dirigido a sujetos distintos, al tener su fuente en la realización de una conducta que la ley penal reputa como ilícita, estimando responsable al indiciado, e implica la instrucción de un procedimiento para determinar la existencia y el grado de responsabilidad; ello permite resaltar que, en ambos casos, se persiguen fines esencialmente diversos, esto es, la actitud de resistencia del particular a cumplir con una determinación judicial dentro de un procedimiento jurisdiccional es sancionada con un arresto máximo de treinta y seis horas, atento lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 21 constitucional; en cambio, en la orden de aprehensión, detención o retención, además de estar sustentada en una conducta tipificada y sancionada por la ley punitiva con penas privativas de libertad, existe un ofendido, o una persona con derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito; de ahí que en razón de la brevedad de la medida de apremio, se impone la ineludible necesidad de otorgar la suspensión de la ejecución de la orden de arresto en forma inmediata, sin condicionar su efectividad a que el quejoso tenga que otorgar garantía o cumplir con algún otro requisito, pues ello contraviene los fines de la suspensión. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de QUINCE HORAS, siguientes a la notificación del presente acuerdo, informen acerca de la forma o términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá UNA MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, ello, en atención a que se reclaman actos vinculados con orden de traslado de un centro de reclusión a otro. Aunado a lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de ABUSO DE AUTORIDAD conforme a lo dispuesto por el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de este acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio. Se informa al actuario que en caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir los oficios que les son enviados, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir y que en términos del artículo 245 de la ley citada se le impondrá al encargado como a la autoridad responsables una multa de MIL VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; todo de lo cual el fedatario asentará razón en autos. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, de la Ley de la Materia porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. REQUERIMIENTO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA Con independencia de lo anterior, requiérase mediante oficio electrónico al Fiscal General del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de QUINCE HORAS, siguientes a la notificación del presente proveído, informe a este juzgado federal si el quejoso directo Alma Verenice Oropeza Tapia, se encuentra privado de su libertad dentro de las instalaciones que ocupan sus sedes o de agencias ministeriales a su cargo, y precise a disposición de que autoridad, en caso negativo, realice las gestiones correspondientes para informar si el quejoso se encuentra detenido en alguna otra dependencia de la fiscalía de su adscripción. En caso de que el citado quejoso se encuentre a disposición de alguna autoridad dependiente de la Fiscalía General del Estado de Puebla, diversa a las señaladas como responsables, deberá hacerle del conocimiento de la tramitación del presente juicio de amparo, y en su caso, dicha autoridad queda compelida a dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en párrafos precedentes, subsistiendo los apercibimientos decretados en el presente acuerdo y obligada a remitir en los mismos plazos establecidos a este juzgado las constancias conducentes. En el supuesto de que el quejoso no se encuentre privado de su libertad ni a disposición de autoridad ministerial alguna dependiente de la citada fiscalía, el titular de la misma debe informar dicha circunstancia a este juzgado federal en el mismo plazo concedido en párrafos precedentes. Así también, hágase del conocimiento de dichas autoridades, que en el supuesto de no rendir el referido informe dentro de las QUINCE HORAS como está ordenado, o bien, no adjuntar a él las copias del expediente correspondiente con las que se acredite la urgencia o la flagrancia, la consecuencia será ordenar la inmediata libertad del detenido, sin perjuicio de que se integre la carpeta de investigación respectiva, como lo impone el numeral 165, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en el entendido de que deberá tener en cuenta respecto de los términos, lo que sobre el particular prevé el numeral 24, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que los términos se contarán de momento a momento en lo referente al juicio de amparo en materia penal. MEDIOS PARA FACILITAR LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES Se hace de su conocimiento que la secretaria autorizada para recibir fuera del horario de labores de la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, así como en días inhábiles Mónica Grisell Hernández Velázquez, quien cuenta con la dirección de correo Con número de teléfono 2223902239 debiendo confirmar su recepción. REQUERIMIENTO DE APOYO A LAS AUTORIDADES EN EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA Se requiere a las autoridades responsables y a cualquier otro funcionario, servidor público o empleado que labore en la sede de las autoridades responsables, para que brinden el apoyo necesario para lograr el cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo y de la función judicial. Se apercibe a las autoridades responsables que de incurrir en actos tendentes a obstaculizar el cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo, se le impondrá a la autoridad responsable, servidor público o empleado que corresponda una multa de mil días a que se refiere el artículo 259 con relación al 237, fracción I, de la Ley de Amparo, pues dicha diligencia al tener el carácter de urgente y dada la naturaleza que la suspensión de los actos aquí impugnados, es innegable que se trata de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Aunado a lo anterior, hágasele saber a las referidas autoridades que demás de la multa impuesta, que de resistirse de cualquier modo a dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional entraña la comisión de un delito establecido en el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1 fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. APERTURA DE INCIDENTES No se tramita por separado el incidente de suspensión, toda vez que por lo que atañe a los actos reclamados se decretó la suspensión de plano. Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del siete de julio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. ... "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. REQUERIMIENTO DE INFORMES Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficio requiérase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguiente, al en que reciba el oficio correspondiente, al que acompañaran, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, incluyendo los registros audiovisuales que contengan las audiencias correspondientes, desde luego, siempre y cuando el acto reclamado sea cierto. Apercibida la autoridad antes mencionada, que con independencia de presumirle ciertos los actos reclamados, en caso de no cumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, también se le impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se exhorta a la autoridad responsable para que realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remita su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado En el entendido que de no hacerlo de esta manera, también le serán recibidos de forma física en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, sito: Dirección: calle 23 Poniente ...en días hábiles de lunes a viernes en horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En su caso, en el buzón judicial, ubicado en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, en días hábiles. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables foráneas que pueden remitir su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado, por vía electrónica, a fin de dar continuidad e integrar con celeridad en esa forma el presente expediente. La dirección de correo electrónico es la siguiente: recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado federal. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión a las autoridades responsables con residencia fuera de la ciudad de Puebla, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlo por correo certificado. INTERVENCIÓN LEGAL AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dése la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita ANGÉLICA PALACIOS ZÁRATE, con acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "ANGELICAPALACIOS", y a través del mismo, notifíquesele electrónicamente este acuerdo, así como aquellas resoluciones que ameriten notificársele personalmente, ello porque así lo solicitó mediante escrito presentado electrónicamente el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, agregado al expediente Varios 1/2023 de este juzgado federal, lo que se invoca como un hecho notorio. En el entendido que el acceso al expediente electrónico es una herramienta que le permite allegarse de la demanda y demás actuaciones. EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA Se reserva el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable y de las constancias que acompañe al mismo se advierta la existencia de dicha parte. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme el artículo 64, párrafo primero de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional; apercibidas que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la referida ley, se les impondrá una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Así mismo, de manera restringida a la diversa persona que menciona en la misma, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario MOBAGE, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que la autorización anterior implique notificar por esa vía, los acuerdos dirigidos a la parte quejosa, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones por esa vía solo se realizaran a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID 19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: ... PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables ejecutoras -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables ejecutoras no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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