Alma Verenice Oropeza Tapia

Expediente 721/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
721/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Alma Verenice Oropeza Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, quince de julio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de cinco de julio de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ALMA VERENICE OROPEZA TAPIA, contra los actos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 721/2022. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama: ".PRIMERO: LA NEGATIVA por parte de la FISCALÍA DE ROBO DE VEHICULO DEL ESTADO DE TABASCO de ingresar a trámite la resolución judicial del cual acredito se dejó insubsistente la determinación de 31 de mayo del 2018 y en su lugar se emitió otra, con base a los lineamientos establecidos en el fallo al amparo número 735/2018/VII/ /14, por el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el REGISTRO PUBLICO VEHICULAR (REPUVE), documento del cual adjunto y exhibo en mi sección de pruebas. SEGUNDO: LA OMISION por parte de la DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO de girar oficio, documento o panfleto; ante el REGISTRO PUBLICO VEHICULAR (REPUVE) del cual acredito se dejó insubsistente la determinación de 31 de mayo del 2018 y en su lugar se emitió otra, con base a los lineamientos establecidos en el fallo al amparo número 735/2018/VII/ /14, en atención a la resolución constitucional por el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, documento del cual exhibo en copia simple. TERCERO: LA PRIVACION ILEGAL DE MI LIBERTAD, que se originan por conducir un vehículo con reporte de robo ante ello; por la negativa y omisión de las autoridades responsables de girársele oficio de actualización a SIN REPORTE DE ROBO en el REGISTRO PUBLICO VEHICULAR (REPUVE), acreditando un inminente daño irreparable en caso que se ejecute la privación de mi libertad por el supuesto estado de flagrancia por encontrarme en posesión del referido vehículo automotor con REPORTE DE ROBO, pues en atención la resolución judicial del cual acredito se dejó insubsistente la determinación de 31 de mayo del 2018 y en su lugar se emitió otra, con base a los lineamientos establecidos en el fallo al amparo número 735/2018/VII/ /14, la autoridad responsable fue omisa al dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, documento del cual adjunto y exhibo en mi sección de pruebas." De lo anterior, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo cuyo texto es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (...) De la transcripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Se considera que esa causa de improcedencia no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él u omisión acaecida dentro del mismo; por la misma razón, en lo referente a la ejecución de éstas, el legislador no solamente se refirió a resoluciones que se emiten en cumplimiento a las de amparo, sino que se comprenden todos esos actos u omisiones llevados a cabo por las autoridades o particulares, vinculados con la cumplimentación de toda resolución de amparo, haya sido emitida en el juico principal, recurso o incidente derivado de éste. Es decir, todo acto u omisión enmarcado en la ejecución de una resolución de amparo es inatacable mediante el juicio constitucional. En el presente caso, de la lectura integral de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que los actos reclamados derivan del cumplimiento a una sentencia protectora en el juicio de amparo 735/2018/VII/14 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por tanto, es innegable que a través de la presente demanda de amparo, la impetrante pretende controvertir diversos actos y omisiones por parte de las autoridades responsables en el sentido que a su consideración éstas: a) No han ingresado a trámite la resolución judicial en la cual, la Fiscalía de Robo de Vehículos del Estado de Tabasco, dejó insubsistente la diversa de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, y en su lugar emitió otra en cumplimiento al fallo protector en el citado en el juicio de amparo 735/2018/VII/14. b) No han girado oficio al Registro Público Vehicular, en el sentido de que se dejó insubsistente la aludida la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el que se cancele el reporte de vehículo robado. c) La privación de su libertad, que se originaría por conducir un vehículo con reporte de robo ante ello; por la negativa y omisión de las autoridades responsables de girársele oficio de actualización a sin reporte de robo en el registro público vehicular (repuve). De lo anterior, debe decirse que resulta inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente, pues tales aspectos derivan del cumplimiento de la sentencia protectora del juicio de amparo 735/2018/VII/14 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, porque de las constancias que la promovente acompañó con su demanda de amparo aparece copia del acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se indica que en cumplimiento a la resolución de ocho de Marzo de dos mil diecinueve, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, dentro del amparo número 735/2018/VII/14, mediante la cual se ordenó a esa autoridad: a) Dejar insubsistente la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, consistente en la localización y aseguramiento del vehículo referido; y, b) La cancelación del reporte de robo ante la Dirección General de Informática y Estadística de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Para lo cual ordenó girar los oficios correspondientes. Entonces, cualquier circunstancia que la inconforme considere que no se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo en comento, deberá hacerla valer dentro del multicitado juicio de amparo indirecto. Es decir, la actuación de las responsables y de cualquier otra autoridad que resulte vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo aludida queda sometida a la autoridad constitucional que emitió la sentencia protectora. Lo expuesto se apoya en la parte conducente que se subraya de la tesis siguiente: Época: Séptima Época Registro: 240602 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 151-156, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 44 AMPARO PARA EFECTOS, ESTRECHA VINCULACIÓN ENTRE LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL, Y LA DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN ACATAMIENTO DE LA PRIMERA. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. Cuando existe estrecha vinculación entre la sentencia que concedió el amparo para efectos y la dictada por la autoridad responsable en cumplimiento de aquélla, debe sobreseerse en el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del artículo 74 del mismo cuerpo de leyes, pues el acto reclamado de la Sala responsable se dictó en cumplimiento de una sentencia de amparo, mediante la cual se le señalaron los lineamientos a seguir, en cuanto a la acción ejercitada, es decir, sin devolverle plena jurisdicción al respecto, y por lo tanto resulta improcedente la demanda de garantías. Por ello, es que este juicio de amparo indirecto resulta improcedente, porque no podría analizarse la legalidad de la actuación de las autoridades responsables, pues ello equivaldría a decidir si la ejecutoria de amparo fue cumplimentada correcta o incorrectamente, y con ello emitir juicios de valor que no pueden determinarse en un nuevo juicio de amparo, sino solamente en aquél en el que se emitió el fallo protector porque ahí fue donde se decidió qué es lo que se debería hacer para respetar los derechos humanos del impetrante, por lo que es ahí en donde yace la jurisdicción para decidir todo lo relacionado con el cumplimiento. Es por ello en la Ley de Amparo se prevé un sistema destinado para hacer efectiva toda ejecutoria concesoria de protección constitucional, mismo en el que incluso se prevé la posibilidad de llegar a la destitución de la autoridad que incumpla la sentencia de amparo, lo cual no se logra en un nuevo juicio de amparo porque no se podría amparar y proteger a los quejosos para que las responsables cumplan con una sentencia de amparo anterior. Cobra aplicación por analogía la tesis siguiente: Época: Séptima Época Registro: 237312 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 193-198, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 71 EJECUCIÓN INCORRECTA DE SENTENCIA DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE DILUCIDARLA EN JUICIO DE AMPARO. Cuando se promueve juicio de amparo en contra de un acuerdo emitido en cumplimentación de una ejecutoria pronunciada por esta Segunda Sala en amparo en revisión, opera la causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que alguna circunstancia especial permita establecer la procedencia del juicio, pues el que una ejecutoria de amparo haya sido cumplimentada correcta o incorrectamente no puede determinarse en el juicio de garantías. Por ello, aun cuando el acto reclamado no se trata de una resolución o acuerdo determinado dictado en el citado juicio constitucional indirecto, ello no impide que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no es estrictamente necesario que el acto reclamado lo constituya de manera forzosa una resolución o acuerdo específico, sino también, un acto de naturaleza omisiva dentro del trámite del mismo juicio constitucional o en ejecución del mismo, como en el caso acontece. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia antes citada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado, tal como lo indica en su demanda de amparo, y por autorizado el profesionista que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario MOBAGE, para la consulta el expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA En términos de los artículos 39 y 55 del Acuerdo General 12/2020 y 29 del acuerdo general 21/2020 dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. COMUNICACIONES NO PROCESALES Respecto al señalamiento del correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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