Alma Sonia Apan Serrano
Expediente 243/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 29 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 22/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alma Sonia Apan Serrano
- Jonathan Carcamo Hernandez
- ALMA SONIA APAN SERRANO y Otros.
Actuaciones
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- Principal
[...] En ese sentido, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de la quejosa en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida por las razones siguientes: Que la responsable le señala como fecha para que comparezca en mismo día en el que recibe el requerimiento para que acate el fallo. Que al no haberle dado la oportunidad de comparecer no se cumple la finalidad del amparo. No obstante lo anterior, dichas manifestaciones son ajenas a los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, dado que el amparo que se concedió a la inconforme fue bajo el argumento de que el citatorio reclamado vulneraba en su perjuicio el contenido del artículo 20, apartado A, fracción II, de la Ley de Amparo, al resultar incorrecto que la autoridad responsable pretendiera interrogar a la quejosa respecto de los hechos que se le imputan, apercibida que en caso de no comparecer sería presentada por elementos de la policía ministerial de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, pues ello resultaba violatorio de su derecho de no autoincriminación, pues una vez notificada del citatorio respectivo, la quejosa estaba en su derecho de decidir si deseaba o no comparecer ante la autoridad ministerial a rendir su declaración, sin que pudiera ser obligada a través del uso de la fuerza pública a presentarse ante la autoridad y mucho menos a ser sujeta de interrogatorio, pues de ser así dicho actuar equivaldría al de una detención que dadas las circunstancias de su ejecución resultaría arbitraria; de ahí que lo aducido por la quejosa en nada incide en el cumplimiento de la sentencia, pues en la sentencia nada se dijo respecto de la data en la que debía fijarse para la comparecencia de la inconforme o se previera lapso alguno para ello. Entonces, si la concesión de la protección constitucional únicamente implicó que la autoridad responsable dejara insubsistente el citatorio reclamado, así como el acuerdo de esa misma data; hecho lo anterior, reiterara lo que no fue materia de la concesión del presente juicio de amparo; prescindiera de requerir la presencia de la quejosa para sujetarla a un interrogatorio respecto de los hechos que se le imputan, así como de apercibirla que para el caso de no comparecer ante la representación social sea presentada por elementos de la Policía Ministerial de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Lo que en el caso aconteció pues de la resolución de cuatro de agosto de este año se advierte que la autoridad responsable se pronunció dejó sin efectos el citatorio reclamado, reiteró lo ordenado y prescindió lo destacado en el fallo, lo cual no contraviene lo establecido en la ejecutoria de amparo, por ende, como se adelantó, lo manifestado por la quejosa resulta ajeno al fallo constitucional, por lo que se estiman reparados los derechos fundamentales de la quejosa. Máxime que en la sentencia se precisó que la circunstancia de apercibir a la quejosa que en caso de no comparecer sería presentada por elementos de la policía ministerial de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, resultaba violatorio de su derecho de no autoincriminación, pues una vez notificada del citatorio respectivo, la quejosa está en su derecho de decidir si desea o no comparecer ante la autoridad ministerial a rendir su declaración, sin que pueda ser obligada a través del uso de la fuerza pública a presentarse ante la autoridad. Entonces, en caso de considerarlo oportuno, está en derecho a comparecer ante la responsable a hacer valer sus derechos de defensa, ya que la resolución de mérito cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo. De modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estime pertinentes. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: [...] En ese sentido, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de la quejosa en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida por las razones siguientes: Que la responsable le señala como fecha para que comparezca en mismo día en el que recibe el requerimiento para que acate el fallo. Que al no haberle dado la oportunidad de comparecer no se cumple la finalidad del amparo. No obstante lo anterior, dichas manifestaciones son ajenas a los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, dado que el amparo que se concedió a la inconforme fue bajo el argumento de que el citatorio reclamado vulneraba en su perjuicio el contenido del artículo 20, apartado A, fracción II, de la Ley de Amparo, al resultar incorrecto que la autoridad responsable pretendiera interrogar a la quejosa respecto de los hechos que se le imputan, apercibida que en caso de no comparecer sería presentada por elementos de la policía ministerial de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, pues ello resultaba violatorio de su derecho de no autoincriminación, pues una vez notificada del citatorio respectivo, la quejosa estaba en su derecho de decidir si deseaba o no comparecer ante la autoridad ministerial a rendir su declaración, sin que pudiera ser obligada a través del uso de la fuerza pública a presentarse ante la autoridad y mucho menos a ser sujeta de interrogatorio, pues de ser así dicho actuar equivaldría al de una detención que dadas las circunstancias de su ejecución resultaría arbitraria; de ahí que lo aducido por la quejosa en nada incide en el cumplimiento de la sentencia, pues en la sentencia nada se dijo respecto de la data en la que debía fijarse para la comparecencia de la inconforme o se previera lapso alguno para ello. Entonces, si la concesión de la protección constitucional únicamente implicó que la autoridad responsable dejara insubsistente el citatorio reclamado, así como el acuerdo de esa misma data; hecho lo anterior, reiterara lo que no fue materia de la concesión del presente juicio de amparo; prescindiera de requerir la presencia de la quejosa para sujetarla a un interrogatorio respecto de los hechos que se le imputan, así como de apercibirla que para el caso de no comparecer ante la representación social sea presentada por elementos de la Policía Ministerial de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Lo que en el caso aconteció pues de la resolución de cuatro de agosto de este año se advierte que la autoridad responsable se pronunció dejó sin efectos el citatorio reclamado, reiteró lo ordenado y prescindió lo destacado en el fallo, lo cual no contraviene lo establecido en la ejecutoria de amparo, por ende, como se adelantó, lo manifestado por la quejosa resulta ajeno al fallo constitucional, por lo que se estiman reparados los derechos fundamentales de la quejosa. Máxime que en la sentencia se precisó que la circunstancia de apercibir a la quejosa que en caso de no comparecer sería presentada por elementos de la policía ministerial de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, resultaba violatorio de su derecho de no autoincriminación, pues una vez notificada del citatorio respectivo, la quejosa está en su derecho de decidir si desea o no comparecer ante la autoridad ministerial a rendir su declaración, sin que pueda ser obligada a través del uso de la fuerza pública a presentarse ante la autoridad. Entonces, en caso de considerarlo oportuno, está en derecho a comparecer ante la responsable a hacer valer sus derechos de defensa, ya que la resolución de mérito cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo. De modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estime pertinentes. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ***; visto su contenido, téngasele realizando diversas manifestaciones con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución que determine si la ejecutoria está cumplida o no.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Agréguese a los autos el oficio del Agente del Ministerio Público en Funciones de la Titular de la Mesa Seis de la Unidad de Investigación Centro del Sistema Tradicional, así como su anexo; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.
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