Alma Luisa Flores Irigoyen

Expediente 363/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
363/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
03/08/2018

Partes del expediente

  • Alma Luisa Flores Irigoyen
  • Alma Luisa Flores Irigoyen y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de diecisiete de julio del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, en vista de que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General citado en los párrafos que anteceden, indíquesele que cuenta con un plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, para acudir a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, éste documento podrá ser depurado junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por lista a la parte quejosa del acuerdo de tres de agosto de dos mil dieciocho que a la letra dice:Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de diecisiete de julio del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, en vista de que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General citado en los párrafos que anteceden, indíquesele que cuenta con un plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, para acudir a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, éste documento podrá ser depurado junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 363/2018-II. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por *******. La quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación Número único de caso ******* adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo dependiente de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Fiscalía General del Estado, Distrito Zona Norte y Agente "A" de la Agencia Estatal de investigación adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo dependiente de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, con residencia en esta ciudad, a quienes les reclamó, en esencia, la omisión de señalar el carácter con el que se le requirió para que compareciera ante la policía de investigación, así como las órdenes de detención, citación o comparecencia dictadas en su contra, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de doce de junio de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 363/2018-II y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintiocho de junio del actual, se desechó la ampliación de la demanda de amparo, promovida contra actos del Agente del Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación Número único de caso ******* adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo dependiente de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, el cual se declaró firme en esta audiencia, por falta de impugnación. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la quejosa reclama: 1). Del Agente del Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación Número único de caso ******* adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo dependiente de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, las órdenes de detención, citación o comparecencia dictadas en su contra, así como su ejecución. 2). Del Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Fiscalía General del Estado, Distrito Zona Norte y del Agente "A" de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo dependiente de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, la orden de citación, sin señalar el carácter con el que se le requirió para que compareciera ante la policía de investigación, así como la ejecución forzada de esa citación. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación Número único de caso ******* adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo dependiente de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, al rendir su informe justificado negó categóricamente la existencia de los actos que le atribuyó el accionante del amparo, sin que este último haya aportado pruebas que tengan el efecto de desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto de dicho Representante social, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Fiscalía General del Estado, Distrito Zona Norte y el Agente "A" de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo dependiente de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, ambos con residencia en esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistente en la orden de citación dictada en contra de la ahora quejosa, lo que se encuentra corroborado con el original exhibido por la parte quejosa de manera adjunta a su demanda (folio 5), de cuyo contenido se advierte la existencia del acto que les fue atribuido en la demanda de amparo; de ahí que debe tenerse por cierta su existencia. Es aplicable, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de uno de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si existe se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, se estima actualizada una causa de improcedencia que amerita sobreseer en el presente juicio de amparo, habida cuenta que el acto que por esta vía se impugna de inconstitucional, se consumó de un modo irreparable. Para evidenciar este aserto, es menester precisar que los artículos 61, fracción XVI y 77, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo estatuyen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del primero de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de control constitucional es improcedente contra actos que se hayan consumado de un modo irreparable. Conforme al Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, un "hecho consumado" lo constituye la acción que se ha llevado a cabo (que ha concluido), adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Así, la interpretación gramatical del precepto transcrito permite colegir que los "actos consumados" son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, actos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Por su parte, el vocablo "irreparable" constituye el adjetivo que se aplica para denominar aquello "que no se puede reparar"; es decir, que no es susceptible de enmendar, corregir o remediar. Ahora, la interpretación armónica de los citados preceptos (61, fracción XVI, y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo) permite concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se aduce violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Así se sostiene, pues para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley de la materia. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, pero esto ocurre sólo cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento (actos consumados de modo reparable). Sin embargo, tratándose de los actos consumados de modo irreparable resulta improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Sobre esas bases, cabe concluir que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas. En el caso, el acto que por esta vía se reclaman del Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Fiscalía General del Estado, Distrito Zona Norte y del Agente "A" de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Robo dependiente de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, es la orden de citación (sin señalar el carácter con el que se le requirió para que compareciera) ante la policía de investigación, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, en esta ciudad, el once de junio de dos mil dieciocho, así como lo que la quejosa consideró que se trataba de una eventual ejecución forzada de esa citación, en caso de incomparecencia (folio 5). En esta tesitura, es inconcuso que el acto reclamado se consumó de un modo irreparable, en razón de que, la demanda de amparo fue presentada y turnada a este Juzgado Federal el propio once de junio del actual, la cual se admitió a trámite al día hábil siguiente y, en esta fecha (diecisiete de julio del mismo año) se dicta sentencia en el presente juicio; por tanto, si se toma en consideración que a la fecha en que se admitió la demanda, aquella otra en que se dicta sentencia y la diversa en que fue fijada en la orden de citación reclamada, debe estimarse consumado irreparablemente el acto reclamado, por ser físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que el tiempo no puede retrotraerse, ni física, ni jurídicamente, pues de las constancias que obran en autos no se advierte que las autoridades policiacas que citaron a la solicitante del amparo hubieran hecho efectivo algún apercibimiento por su incomparecencia, ni que hubieran emitido alguna otra orden de citación; de ahí que el acto reclamado se encuentre completamente consumado en forma irreparable. Lo anterior, sin soslayar que la diversa autoridad ministerial, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada de Delitos de Robo, haya librado una diversa orden de citación, porque respecto ese acto no fue emitido por las autoridades policiales responsables y, además, con relación a ese acto se desechó la ampliación de la demanda de amparo formulada en este asunto. De la misma manera, este Juzgador no pasa por alto el escrito que la quejosa exhibió, dirigido al Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual justifica su incomparecencia a una audiencia en la oficina de servicios previos al juicio, porque se trata de aspectos ajenos a la materia de análisis a este juicio, que únicamente versan sobre la citación que le realizaron las autoridades de la policía de investigación y no otras; de ahí que, en el presente asiento, el acto reclamado se encuentre consumado irreparablemente, lo que actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional en estudio. Apoya las anteriores consideraciones, por las razones que informa, la tesis del entonces único Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 109-114, sexta parte, página 15, del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO, CONSUMACIÓN IRREPARABLE DEL. Si la quejosa reclama un acuerdo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que fija fecha para el desahogo de pruebas, aduciendo que la fecha señalada es demasiado remota, atendiendo a que la Ley Federal del Trabajo no establece términos superiores a los diez días para la práctica de cualquier diligencia. Y si durante la tramitación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del Juez de Distrito, transcurre la fecha señalada para la recepción de las aludidas probanzas, debe estimarse consumado irreparablemente el acto reclamado, por ser físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que el tiempo no puede retrotraerse; y por ello sobreviene la causal de improcedencia del juicio constitucional establecida en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al haber quedado consumado de un modo irreparable el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, al quedar actualizada la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación de los numerales 61, fracción XVI, y 77, fracciones I y II, de la citada ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 363/2018-II, promovido por *******, en los términos indicados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que el diecinueve de junio del presente año, al resolver en definitiva la suspensión solicitada por la parte quejosa, este Tribunal determinó concederle la suspensión, únicamente respecto de la orden de citación, a efecto de que compareciera física y personalmente ante las autoridades responsables con el fin de continuar con la investigación o procedimiento relativo, no obstante, a la fecha la quejosa no ha acreditado a este Juzgado Federal que dio cumplimiento a lo anterior, pese a que mediante proveído de veintinueve de junio del año en curso, se le requirió nuevamente para tales efectos. En consecuencia, con fundamento en el diverso dispositivo 136, segundo párrafo, de la legislación en cita, se determina que la suspensión definitiva queda sin efectos a partir de esta fecha; por tanto, hágase del conocimiento de las autoridades responsables esta determinación, e indíqueseles que se encuentran en posibilidad de ejecutar el acto reclamado en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.

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