Alma Jazmin Ordaz Flores

Expediente 790/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
790/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
04/01/2018

Partes del expediente

  • Alma Jazmin Ordaz Flores
  • Patricia Esparza Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primero párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración por haberse concedido la media cautelar solicitada. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil diecisiete. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 790/2017-III, promovido por *******, contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, de quienes reclamó la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 568/2016, del índice de la responsable, promovido por *******, en contra de *******, que hizo consistir en el lanzamiento del domicilio que ocupa en su carácter de arrendataria, ordenada en un juicio en el que no es parte. SEGUNDO. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE LA PARTE QUEJOSA ESTIMÓ VIOLADAS. La parte quejosa considera que con la emisión de los actos reclamados se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. TERCERO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. El trece de septiembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda como amparo indirecto 790/2017-III, se admitió a trámite, se solicitó a las Responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos que son susceptibles de ejecutarse por autoridades con sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizado en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La orden de lanzamiento del inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, ordenada en el juicio ordinario civil *******, del índice del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, promovido por *******, en contra de *******, en el que no es parte; así como su respectiva ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su estudio. Se cita, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, de Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir el informe justificado, el Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, negó la existencia de los actos de ejecución que le fueron atribuidos. Ante la falta de prueba que desvirtúe la negativa formulada por la autoridad responsable y, por el contrario, al encontrarse evidenciado de las constancias que remitió el Juez responsable a solicitud de este juzgado, consistentes en copia certificada del expediente ******* de su índice, que la autoridad a la que correspondió la ejecución de los actos derivados de ese proceso es a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos y que dicha ejecución se realizó mediante diligencia de doce de septiembre de dos mil diecisiete (foja 243), sobre diversa persona a la aquí quejosa, pues se llevó a cabo con *******, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Primera Parte SCJN, Segunda Sección, materia común, página 305, del tenor: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir informe justificado el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos aceptó la existencia del acto reclamado y, al respecto, señaló que en el citado juzgado se tramita el juicio ordinario civil ******* en el que se ordenó poner en posesión de la parte actora en ese juicio, el inmueble ubicado en *******, de esta ciudad, lo que se corrobora con la copia certificada del citado expediente, que remitió para justificarlo, del que se advierte que se ordenó la entrega del inmueble que demandó *******. Para corroborar su afirmación remitió copia certificada de las actuaciones de ese expediente, documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de ahí que debe tenerse por cierta la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. No serán materia de análisis la constitucionalidad del acto reclamado, ni los motivos de inconformidad vertidos para desvirtuarla, en atención a que este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causa de improcedencia, cuyo análisis es preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, el presente juicio deviene improcedente en atención a que la parte quejosa no justificó contar con un derecho jurídicamente tutelado, que fuera lesionado por el actuar de la autoridad responsable, es decir, no demostró que gozara de interés jurídico para promover el juicio de control constitucional. Para evidenciar este aserto, es menester citar el contenido de los artículos 61, fracción XII, y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo que, respectivamente, estatuyen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se deduce que la acción constitucional de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que quien acuda en ejercicio de la acción de amparo, debe cumplir las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Desde esta perspectiva, al referirse la Ley de Amparo a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sobre este aspecto, es oportuno precisar que la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, el acto que se reclama debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Así, no toda afectación puede ser considerada suficiente para acreditar el interés jurídico, pues sólo tiene legitimación para promover el juicio de amparo el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que aquélla pudiera parecer. Lo anterior se concibe de esa manera, ya que el interés jurídico para los efectos del juicio de amparo se identifica con el derecho subjetivo, que es el derivado de la norma objetiva que se concreta en alguna persona determinada otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible frente al resto de los gobernados e, incluso, de la Autoridad. Como la tutela del derecho solo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca del acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda existir entonces agravio cuando las afectaciones que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados, ante lo cual es estrictamente necesario acreditar verse afectado por el acto que se tilda de inconstitucional. Ilustra lo anterior, analógicamente al nuevo sistema constitucional, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, de julio a diciembre de 1988, página 224, del siguiente tenor: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. De manera reiterada la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico, para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por su naturaleza excepcional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad, según se desprende de las jurisprudencias 16/97 y 21/98, emitidas por la Segunda Sala, así como la tesis XXV/89 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos, respectivamente, señalan: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo. A partir de esas bases, se concluye que la afectación al interés jurídico como condición para la procedencia del amparo tiene como sustento la titularidad de un derecho que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley, y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material, y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial. Por ende, la comprobación del referido interés tiene que vincularse directamente con el bien jurídico que se aduce afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado, ya que de no ser de esa forma la acción constitucional resulta improcedente. En el caso, la peticionaria de amparo formuló la demanda de amparo, ostentándose como tercera extraña -natural- al proceso del que derivan los actos reclamados y, con tal carácter, reclamó, sustancialmente, la orden dictada por el Juez responsable de desocupar el inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Para acreditar que goza de un derecho protegido constitucionalmente, la parte quejosa ofreció el original del contrato privado de arrendamiento, que se afirma fue celebrado el quince de enero de dos mil diecisiete, efectuado entre *******, en su carácter de arrendador y la ahora quejosa, *******, en su carácter de arrendataria, respecto del inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, a cambio de la cantidad de $*******. Por las particularidades del caso, esa documental no confiere a la quejosa el interés jurídico necesario para defender su posesión en esta instancia constitucional. En principio, debe traerse a colación que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña en sentido estricto al no haber sido señalada como parte formal en el juicio natural, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que tiene la posesión del predio urbano de referencia al amparo del contrato de arrendamiento precisado. Bajo esas premisas, del examen de los presentes autos se advierte que la parte quejosa no allegó al juicio prueba idónea para comprobar su derecho de posesión sobre el predio materia de lanzamiento, de manera previa a la emisión del acto reclamado. Así se sostiene, pues el original del contrato privado de arrendamiento que celebró en su carácter de arrendadora, respecto del inmueble identificado, no es apto para acreditar que contara con interés jurídico que se viera afectado previamente a la existencia de la orden de desocupación del inmueble de referencia, pues se trata de un escrito que carece de fecha cierta; además, no tiene el alcance probatorio pretendido por la quejosa al tratarse de un documento privado, cuya fecha de celebración solo podría adquirir certeza hasta que un fedatario público lo certificara; o bien, cuando se presentara ante alguna autoridad. En efecto, el referido contrato de arrendamiento carece de eficacia demostrativa para acreditar el interés jurídico para instar la acción de amparo, porque la certeza de la fecha en que se suscribió la adquiere a partir del once de septiembre de dos mil diecisiete, cuando fue presentado ante este Juzgado Federal, lo cual es una fecha posterior a la orden de la ejecución de los actos de desposesión que se reclaman; por lo que, es insuficiente para acreditar el interés jurídico de la quejosa, quien se ostenta con la calidad de tercera extraña al juicio. En este orden de ideas, el contrato de arrendamiento únicamente acredita la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no que la suscripción del mismo haya sido con anterioridad a que se adjudicara y se ordenara su entrega a la ahora tercera interesada, cuenta habida que -como se indicó- no fue presentado ante alguna autoridad en ejercicio de sus funciones o ante fedatario público que le diera certeza a la fecha de su suscripción, lo que sirve para garantizar la legalidad que debe imperar en este tipo de operaciones y evitar el abuso del juicio de amparo, para fines distintos a los de vigilar por el pleno respeto de los derechos humanos reconocidos por la Constitución o por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo a esa consideración, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, tomo XXVII, abril de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2002, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XV, de Febrero de 2002, materia civil, página 5, del siguiente tenor: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la impetrante de amparo. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 790/2017-III, promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establecen los artículos 97, fracción I, inciso e) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de veintiuno de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la prueba testimonial ofrecida por la quejosa *******; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*eam

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de cinco días que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que cause estado el proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa; en consecuencia, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX. Doy fe.

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